En Panamá, el país de los Papers, las pocas personas y organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y otros derechos humanos son víctimas de una violencia que no mata pero atormenta: demandas judiciales, abuso policial, uso de la fuerza pública, campañas de odio, restricciones al derecho a asociación y otras formas de criminalización de la protesta. El Estado, lejos de cumplir su rol regulador, suele inclinarse a favor de los negocios de las empresas que avasallan el medio ambiente y los derechos de los habitantes.
La base de datos de Tierra de Resistentes comprende más de 2.400 hechos victimizantes contra organizaciones, comunidades y defensores del medio ambiente ocurridos durante 10 años en 12 países de Latinoamérica. Esta información es pública.