Una familia poderosa de Panamá se quedó con una isla en el océano Pacífico para un megaproyecto con hoteles cinco estrellas, aeropuerto y residencias de lujo. Para hacerlo, arrasó con los espacios y la vida de una comunidad de más de 300 habitantes en un paraíso olvidado del archipiélago Las Perlas. Un título de propiedad dudoso, represión, persecución judicial y un pueblo partido para siempre.
Las comunidades de indígenas nasa de Florida, en el Valle del Cauca, denuncian la violencia que sufren por la lucha que han emprendido contra una carretera de 1490 kilómetros que, dicen, afectará a los páramos de Las Hermosas y Las Tinajas, y podría obligarlos a desplazarse del territorio. Sus líderes están recibiendo amenazas.
Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente. Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones doblemente peligrosas en Chile.
El crimen de este líder ambiental en 2020 dejó al descubierto que mafias del oro y la madera han venido explotando sin control el Parque Nacional Farallones de Cali, una fábrica de agua y oxígeno en el Pacífico colombiano.
Desde 2015, la comunidad de Valparaíso, en el sur del Caquetá, se ha organizado para defender el agua ante la exploración petrolera. José Antonio Saldarriaga ha sido uno de los líderes de esta resistencia. Encadenados a un puente o haciendo huelga de hambre, los campesinos y organizaciones de la región han logrado frenar el avance extractivista en medio de amenazas y ataques armados, de acuerdo con las denuncias de la comunidad.
Una familia poderosa de Panamá se quedó con una isla en el océano Pacífico para un megaproyecto con hoteles cinco estrellas, aeropuerto y residencias de lujo. Para hacerlo, arrasó con los espacios y la vida de una comunidad de más de 300 habitantes en un paraíso olvidado del archipiélago Las Perlas. Un título de propiedad dudoso, represión, persecución judicial y un pueblo partido para siempre.
Las comunidades de indígenas nasa de Florida, en el Valle del Cauca, denuncian la violencia que sufren por la lucha que han emprendido contra una carretera de 1490 kilómetros que, dicen, afectará a los páramos de Las Hermosas y Las Tinajas, y podría obligarlos a desplazarse del territorio. Sus líderes están recibiendo amenazas.
Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente. Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones doblemente peligrosas en Chile.
El crimen de este líder ambiental en 2020 dejó al descubierto que mafias del oro y la madera han venido explotando sin control el Parque Nacional Farallones de Cali, una fábrica de agua y oxígeno en el Pacífico colombiano.
Desde 2015, la comunidad de Valparaíso, en el sur del Caquetá, se ha organizado para defender el agua ante la exploración petrolera. José Antonio Saldarriaga ha sido uno de los líderes de esta resistencia. Encadenados a un puente o haciendo huelga de hambre, los campesinos y organizaciones de la región han logrado frenar el avance extractivista en medio de amenazas y ataques armados, de acuerdo con las denuncias de la comunidad.
En la puna de Jujuy, en el noroeste argentino, treinta y tres comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, resisten hace una década el avance de la minería de litio. Ni los conflictos judiciales ni las amenazas que son moneda corriente en la provincia paralizaron su reclamo: defienden el agua, quieren sostener su modo de vida ligado a los salares y exigen que las empresas que ponen en riesgo hídrico la zona se vayan de sus territorios.