Los defensores de los ríos Cahabón y Oxec, en Guatemala, han mutado sus formas de resistencia. Tras una persecución penal que mantuvo a uno de sus principales líderes, Bernardo Caal, cinco años en prisión, el pueblo maya q’eqchi’ busca ahora su autodeterminación en las urnas. Se prepara políticamente para incidir en las elecciones y así participar en las decisiones públicas sobre asuntos que le afectan, entre ellos los ríos.
Por: Cindy Espina
María Josefina Caal Xol cruza un río que no es el suyo. La mujer maya q’eqchi’ regresa de dar un curso sobre la participación de mujeres indígenas en la política a un grupo de mujeres de Sepur Zarco en Panzós, en el departamentod de Alta Verapaz. El invierno recién ha iniciado y el caudal aún no es profundo. El agua le sube unos pocos centímetros sobre los tobillos y para pasar tiene que levantar su corte, la falda larga y holgada que es la indumentaria tradicional de la etnia q’eqchi’. “Mi hermano me preguntó que qué andaba haciendo yo aquí porque este no es mi territorio”, dice María, mientras recoge del río dos piedras alargadas y planas que le servirán luego para adornar su altar de ofrenda espiritual.
El territorio de María está a tres horas y media de donde recogió esas piedras. También en Alta Verapaz, a 200 kilómetros al norte de la capital de Guatemala. Está después de atravesar un valle tapizado por cientos de hectáreas de palma africana. Está después de subir montañas que son rasgadas por maquinarias que extraen su tierra roja en busca de níquel.
Al final de esa ruta, ya en su territorio, la mujer maya q’eqchi’ señala hacia la falda de la montaña. “Ahí está el río, mire cómo me lo tienen”. La poca visibilidad por la vegetación que cubre la falda de la montaña y la bruma que se eleva entre el calor y la lluvia hacen ininteligible la expresión de María, pero diez minutos después sus palabras cobran sentido. Un río ancho y verdoso, pero inmóvil. Su caudal natural ha sido detenido por una represa y lo poco que se cuela por el muro de concreto es lo que queda del río Cahabón. Hace unos nueve años, ahí mismo, pasaba una parte del río Oxec, un afluente del río Cahabón, pero ahora es solo un canal seco, cuyas aguas corren en tubos.
Es sobre el río Oxec donde se encuentran instaladas las plantas hidroeléctricas de Oxec S.A. y Oxec II, dos nombres que empezaron a sonar en los oídos de los comunitarios de esta zona del nororiente de Guatemala a inicios de 2012. Un año después, en 2013, Oxec S.A. fue el primero de los dos proyectos en obtener la licencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pese a no haber realizado antes una consulta comunitaria, como lo establecen los convenios internacionales que Guatemala ha firmado.
Así pudo iniciar operaciones en noviembre de 2015. Ambos proyectos pertenecen a Energy Resources Capital Corp, una compañía panameña vinculada a otras empresas hidroeléctricas que pertenecen, a su vez, al empresario español Florentino Pérez.
Él es famoso desde hace veinte años sobre todo por haber sido en dos periodos distintos presidente del Real Madrid, uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo y lugar donde juegan algunas de las mayores estrellas de ese deporte. Bajo su liderazgo y su célebre política de contratar jugadores ‘galácticos’, el club merengue ha ganado seis títulos de España y seis europeos. De hecho, hace apenas un mes ganaron su décimocuarto campeonato continental, tras vencer al Liverpool en la final.
A más de 8 mil kilómetros de distancia del estadio Santiago Bernabeu, donde hace un par de semanas el Real Madrid de Florentino también ganó la liga española, las consecuencias de las irregularidades del inicio operaciones de Oxec S.A. hace siete años aún persisten. Los proyectos hidroeléctricos ligados al empresario español generaron una serie de manifestaciones y acciones legales de parte de las comunidades de Santa María Cahobón, que buscaban con ellas que se declarara inconstitucional la licencia que el MEM le otorgó a Oxec S.A. en 2013 y que permitió a la empresa empezar operar en 2015. Los comunitarios de Cahobón también interpusieron denuncias por la tala ilegal de árboles y la criminalización de los líderes comunitarios que se oponían al proyecto.
Ellos llamaron a esta serie de acciones legales una “resistencia” para defender los ríos que atraviesan su territorio. Esta organización de las comunidades indígenas q’eqchi’ de Santa María Cahobón, liderada por el profesor Bernardo Caal, provocó que, en la última década, los propietarios de Oxec S.A. y Oxec II S.A., junto a las cámaras empresariales que integran el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), iniciaran campañas mediádicas. Por medio de conferencias y comunicados de prensa, solicitaron a la Corte de Constitucionalidad resolver a su favor los amparos que Bernardo Caal interpuso en representación de la resistencia. En 2017 este tipo de acciones eran constantes y exigían al alto tribunal resolverlos.
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“Yo estaba ahí cuando capturaron a mi hermano. Yo lo acompañé al juzgado de Cobán -Alta Verapaz-”. Así recuerda María Josefina Caal el momento exacto en que decidió ser más activa en la política e involucrarse más en la defensa del río Cahabón y Oxec. Su hermano es Bernardo Caal Xoc, principal líder e impulsor de la resistencia de las comunidades indígenas q’eqchi’ por el río Cahabón.
María habla del 30 de enero de 2018, cuando también cambiaría la estructura y la visión de la organización comunitaria que defiende los ríos. Ese día Bernardo fue detenido por un hecho que supuestamente había ocurrido el 15 de octubre del 2015, durante las primeras manifestaciones que las comunidades q’eqchi’ se organizaron para oponerse al inicio de operaciones de la empresa hidroeléctrica Oxec S.A.
Ese 30 de enero en Cobán, la cabecera departamental de Alta Verapaz, Bernardo Caal resolvía una acusación en su contra por supuesto fraude. El Ministerio de Educación Pública lo acusó de haber cobrado 20 meses de salario como maestro sin haberse presentado a trabajar. Ese día pasó de estar en una audiencia defendiendose por un caso de frude, a ser arrestado y trasladado en un juzgado de turno donde se le notificó que era sindicado por otros delitos. Una empresa de servicio cable llamada Netzone S.A. lo denunció de robo y detención ilegal a sus y trabajadores trabajadores.
María Josefina, de 33 años, es la última de ocho hermanos. Al igual que Bernardo, también es maestra. En 2018, cuando su hermano mayor fue encarcelado, la junta directiva del grupo de la resistencia comunitaria tuvo que hacer cambios en sus integrantes, porque Bernardo era el principal dirigente. Fue ahí cuando ingresó a la junta directiva, siendo nombrada vocal I.
Esa también fue la primera vez que la resistencia de la defensa del río Cahabón y Oxec incluía a mujeres en ese espacio de toma de decisiones.
El inicio de la organización de las comunidades q’eqchi’
En 2012, tres años antes de que Oxec S.A. iniciara operaciones, la empresa firmó un acuerdo con once comunidades cercanas a las instalaciones de la hidroléctrica. Ese acuerdo fue utilizado por la empresa para argumentar ante el Ministerio de Energía y Minas que se había consultado a las comunidades y de esa manera podría obtener la licencia de operaciones, la cual les fue otorogada un año depués, en 2013. En virtud de ese convenio, la empresa hidroeléctrica se comprometía a dar ayuda a once aldeas a cambio de que éstas no se opusieran al desarrollo de las hidroeléctricas Oxec S.A. y Oxec II S.A.
Cuatro años más tarde, en 2017, la Corte de Constitucionalidad (CC) estableció que ese acuerdo no era una consulta comunitaria tal como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La CC dio un amparo a Bernardo Caal Xol por la acción de inconstitucionalidad que planteó, dándole la razón en que el MEM había otorgado licencia de operaciones a Oxec S.A. sin que ésta hubiese realizado la consulta comunitaria bajo los parámetros de convenios internacionales para la protección de pueblos indígenas y sus territorios. En este tipo de consultas, los integrantes de una población indígena deciden de forma libre y ordenada si están de acuerdo con la instalación de actividades económicas de actores externos en sus territorios. Mientras el acuerdo que había hecho la hidroelétrica había reunido a representantes de solo 11 comunidades de Santa María Cahobón y fueron éstas las que decidieron por las demás.
Tras ese amparo, la construcción de la hidroeléctrica se detuvo en febrero de 2017. Pero en mayo de ese mismo año la misma CC les permitió continuar, después de un segundo amparo interpuesto por los empresarios propietarios de los proyectos hidroléctricos.
El acuerdo con las once comunidades que fue anulado por la CC por no cumplir con los requisitos de una consulta comunitaria, sin embargo, abrió una nueva ventana para los empresarios. En la sentencia, la Corte de Constitucionalidad obligó al Congreso a crear una ley de consultas comunitarias y al MEM a generar un reglamento que las regule, pero al mismo tiempo les trazó el camino a cómo debe ser esa regulación. La CC limitó el quiénes pueden ser consultados y especificó que son solo las comunidades del “área de influencia”. Es decir, las aldeas más cercanas a la infraestructura e instalaciones de Oxec S.A. y no a otras que viven en otros puntos del curso del río cuyo cauce interrumpirían. Esto significa que serían solo las 11 aldeas cuyos líderes firmaron el acuerdo y no a las 195 que conforman Santa María Cahabón, que pedían ser incluidas porque bordean al río Cahobón y Oxec, y también temían afectaciones en su suministro de agua.
De esta forma, en 2017 finalmente se realizaron dos consultas paralelas. Una la hicieron las empresas y fue basada en la resolución de la CC. Y la otra la hizo las comunidades en resistencia y utilizaron como respaldo el derecho a consulta establecido en el Código Municipal. Oxec S.A. dice que el proceso de consulta con la población q’eqchi´ del área de influencia se realizó según los parámetros que estableció la sentencia de la CC, concluyendo con un documento denominado “Acuerdos por la Paz y el Desarrollo Sostenible de las Comunidades del Área de Influencia de los Proyectos Hidroeléctricos Oxec y Oxec II. Este convenio, firmado en Santa María Cahabón el 24 de noviembre de 2017, es el proceso que le permitió a Oxec S.A. cumplir con los requisitos para poner en orden el proceso de construcción y continuar con sus operaciones, mientras Oxec II pudo empezar a construir la planta hidroeléctrica. Según explica Ana Valeria Prado, directora de Sostenibilidad de Oxec, S. A. y Oxec II, las empresas ya cumplieron con ese proceso de la consulta ante el MEM y por esa razón los dos proyectos hidroeléctricos actualmente operan con normalidad y sin ninguna restricción de parte de las autoridades reguladoras.
Por su parte, las comunidades opositoras realizaron su propia consulta el 27 de agosto de 2017. Los comunitarios q’eqchi’es, amparados en el artículo 60 del Código Municipal que permite a los vecinos realizar consultas sobre decisiones que impactan su territorio. La junta electoral de esa consulta contabilizó 26 mil 537 votos, en los cuales incluyeron también la participación de 8,700 niños y niñas. Solo 11 expresaron estar de acuerdo con la instalación de la hidroeléctrica, el resto rechazó los proyectos de Oxec S.A. y Oxec II. Sin embargo, el Consejo Municipal de Santa María Cahabón nunca consideró vinculante ese resultado.
Aún se encuentran en este impase. Desde entonces la criminalización en contra sus líderes comenzó. Cinco meses después de haber realizado la consulta comunitaria, el 30 de enero de 2018, Bernardo Caal Xol fue detenido. Los hechos por lo que la empresa de servicio de cable le acusa supuestamente ocurrieron afuera de las instalaciones de Oxec S.A.
“Acusan a mi hermano de que robó y retuvo personas aquí, donde se encuentra la zona de seguridad de la hidroeléctrica, pero eso no fue así. Mi hermano no llegó nunca hasta este punto. Él se quedó en la cuchilla”, dice María y asegura que ella lo vio personalmente durante la primera manifestación que hicieron contra el inicio de operaciones de Oxec S.A. en 2015. La cuchilla de la que habla es un punto de encuentro ubicado a 15 minutos después de las puertas de ingreso a Oxec S.A. Según María, Bernardo se quedó en ese cruce que también lleva a Sepos Semococh, aldea de donde es originaria la familia Caal Xol y donde vivía Bernardo en ese entonces.
Durante el trayecto en la oscuridad de la noche, en las montañas de Santa María Cahabón, María profundiza más sobre la división que enfrentan con las comunidades que se observan a lo largo del camino, que están cercanas a las instalaciones de las hidroeléctricas y son parte de las 11 que firmaron el acuerdo con sus promotores. Muchos de sus habitantes trabajan en esas empresas, dice, mientras busca no ser vista a través de las ventanas del vehículo en que viaja.
Un cambio de estrategia
Ese impase que provocan las dos consultas contrarias, más el encarcelamiento de Bernardo Caal por delitos que supuestamente cometió cuando manifestaba en contra de la instalación de la hidroeléctrica, hizo que las comunidades que defienden la protección del Cahabón y Oxec tomaran la decisión de ir más allá.
En las elecciones generales de 2019 se postularon para ocupar puestos en la alcaldía municipal de Santa María Cahabón y en la representación de Alta Verapaz en el Congreso nacional.
María Josefina Caal Xol llama a este proceso la “libre autodeterminación de los pueblos indígenas”.
“Después de la criminalización de mi hermano, niños y mujeres participaron más en la resistencia. En las primeras manifestaciones para pedir la liberación de Bernardo, las mujeres q’eqchi’ llevaron en sus cabezas tinajas hacia abajo y los niños y niñas llegaron con botes vacíos. Eso significó que nos estaban dejando sin agua. Había más participación de las comunidades y mayor organización, la cual también procuraba visitas de apoyo a Bernardo a la cárcel”, cuenta.
La menor de los hermanos y hermanas Caal Xol tomó ese cambio –o, en sus palabras, “nueva fuerza” de las comunidades- como una oportunidad de introducir cambios en la estrategia de los opositores. Actualmente ya no solo es parte de la junta directiva de la resistencia, sino que desde 2020 también es la concejal IV del Consejo Municipal de Santa María Cahabón.
Fue una decisión que tomaron durante asambleas que hicieron en 2019. Dice que los hicieron para tener más incidencia en las decisiones municipales y aprobar la consulta que realizaron en 2017 en rechazo de los dos proyectos hidroeléctricos.
“Queremos tener nuestra autoderteminación local, porque las comunidades están cansadas que cada cuatro años nos lleguen a engañar”, dice Guadalupe Choc sobre la participación en las elecciones de 2019. Ella es una maestra indígena q’eqchi’ de 41 años y fue la candidata a diputada de la resistencia. También es la encargada de impartir talleres de formación a otras mujeres de la comunidad para que estén informadas sobre las causas que mueve la organización que defiende los ríos Cahobón y Oxec.
El plan inicial era constituir un comité cívico para buscar la alcaldía municipal. Pero una división en la resistencia retrasó estos planes. El Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido político que nació del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), inició conversaciones con otros líderes de la resistencia sin previa consulta a la asamblea que los reúne a todos. Postularon a un integrante de la junta directiva de la resistencia, Francisco Tec, como candidato a alcalde de la planilla municipal que presentó el MLP.
Esto causó discusión y molestia dentro de la organización comunitaria. Los disensos y discusiones por la acción del MLP los llevaron al límite de tiempo para crear un comité cívico. Cuando decidieron continuar con el plan de participar en las elecciones, los plazos para la inscripción se habían agotado. Así que decidieron participar con Convergencia, un partido político cuyos candidatos también provenían de distintas luchas sociales y que fue finalmente cancelado por no lograr ingresar ningún representante al Congreso.
El candidato a alcalde de la asamblea de la resistencia fue Raúl Caal, quien había presidido la junta electoral de la consulta comunitaria en 2017. Pero él tenía, al igual que Bernardo, orden de captura por una denuncia de supuesta usurpación agravada por la invasión de fincas junto al Comité de Unidad Campesina (CUC). Fue arrestado y a los dos días fue puesto en libertad tras pagar una fianza.
Esto hizo que la delegación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negara a inscribirlo como candidato a alcalde, pero Convergencia ya había constituido su planilla en asamblea municipal y decidió continuar con la lista de candidatos aprobada. Fue ahí donde María Josefina Caal Xol, que originalmente no había sido la elegida para ocupar el primer puesto en la planilla, tomó más relevancia dentro de la organización, porque ella era la candidata a concejal I. Ante la negativa de inscripción del candidato a jefe edil, ella sería la que los representaría si ganaban la alcaldía.
En las elecciones de 2019 obtuvieron el tercer lugar en las elecciones municipales al recibir 2012 votos, según el acta de la Junta Electoral Departamental del TSE en Alta Verapaz. Este resultado fue suficiente para ingresar al Concejo Municipal.
María Josfeina Caal, hermana de Bernardo, primera mujer en la directiva de la resistencia, era también concejal de la municipalidad.
Desde el 25 de marzo de 2022 Bernardo Caal se encuentra afuera de prisión. Recobró su libertad por la sentencia que lo condenó a siete años de prisión por robo y retención ilegal de personas que supuestamente cometió durante las protestas en contra de la instalación de los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II.
Pero Caal aún se mueve en arenas movedizas. La libertad aún no es un terreno seguro para él.
“Como ya había cumplido la mitad de su pena y le otorgaron un beneficio penitenciario, el cual consiste en una suspensión condicional de la pena, es decir, le suspenden el cumplimiento de la pena bajo la condición de que no puede cometer otro delito mientras cumpla el resto de la condena”, dice Edgar Pérez, director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, encargado de la defensa del líder q’eqchi’. “Se debe cuidar de que no lo señalen de cometer otro delito, pero de eso no puede haber garantía porque ha sido víctima de criminalización”, dice.
Durante los días de su liberación Bernardo no ha tenido descanso, el defensor comunitario se encuentra entre revisiones de su estado de salud y la preparación de su defensa ante el Ministerio de Educación, aunque tiene planeado regresar pronto a Santa María Cahabón. La maestra, Isabel Matzir, quien también es compañera de vida y de lucha de Bernardo, explica que planea llevar su testimonio a las comunidades en resistencias y así seguir inspirando y reforzando la lucha de la población q’eqchi’ que defiende los ríos Cahabón y Oxec. La familia apoya la idea de que la resistencia participe en las elecciones.
“Es importante recordar que muchos pueblos hermanos, hablando de pueblos originarios, se ha tomado de una forma relevante que las luchas también se llevan a cabo en las calles y en las urnas”, dice Isabel Matzir. “Esto es importante considerarlo y en este caso serán las las comunidades quienes defiendan, como parte de la autonomía de autodeterminación de los pueblos, si se participa o no”, agrega la maestra de educación primaria. Ella está convencida de que ese es el camino a seguir, en el cual aún no aparece Bernardo como una opción política.
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A orillas del río Cahabón, María y Guadalupe reflexionan sobre lo que ha significado este logro para la resistencia.
Cumplen ya una década de haber iniciado. Cinco de esos años han sido de detención para Bernardo. “Cuando mi hermano fue encarcelado las comunidades se organizaron para irlo a visitar y llevarle comida. Era una manera de decirle que no estaba solo… También vi que aumentó la participación, por ejemplo, creo que más mujeres se unieron cuando realizaron la protesta de las tinajas de cabeza”, dice María. Según la menor de los hermanos Caal, la marcha de las mujeres q’eqchí’ con sus tinajas hacia abajo, fue una de las manifestaciones que se hicieron para denunciar la criminalización de Bernado y para decir que la hidroeléctrica “los estaba matando”, porque colocarse la tinaja hacia abajo significa que “los están dejando sin agua”.
Sin embargo, este espacio dentro del concejo municipal aún no es suficiente porque no representa una mayoría y ella suele estar en desventaja al momento de tomar las decisiones. A nivel personal, ambas están de acuerdo que la resistencia debe participar de nuevo en las elecciones generales de 2023 en Guatemala.
Las orillas de la ruta ecológica de Santa María Cahabón, un camino de terrecería que recorre el río Cahobón hasta encontrar la vía de asfalto, son un jolgorio sonoro, donde se mezcla el cantar de los pájaros, con el ruido que genera la corriente del río y la conversación entre las mujeres q’eqchi’ que se encuentran ahí sentadas mientras discuten quien debería ser el o la candidata para dirigir la municipalidad de Santa María Cahabón. María asegura que no será ella, pero quisiera que fuera de nuevo una mujer la que los representara. Prefieren no decir los nombres de sus propuestas. Una de las razones para no ser abiertas en revelar esta información es porque no quieren generar división, ya que es algo que se debe decidir en asamblea. La otra razón es por seguridad.
Dicen que al mencionar un nombre ponen en el foco de atención a esa persona y podría ser víctima de criminalización. No quieren dar muchos detalles de sus movimientos políticos y omiten el nombre de los partidos políticos con los que han conversado. No dan certeza si de nuevo intentarán conformar un comité cívico.
Lo único que María y Guadalupe pueden asegurar es que la resistencia participará en el proceso electoral. Es un asunto con el cual los líderes están de acuerdo y que ya se ha abordado en asamblea, aunque saben que dependen de que las instituciones de justicia de Guatemala no sean utilizadas para criminalizar a sus líderes y sobre todo que el TSE les permita inscribirse en el proceso electoral.
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Ana Paredes Marín es investigadora de la Universidad Rafael Landívar (Icesh) y conoce bien las razones que justifican la participación de la resistencia de la defensa de los ríos Cahabón y Oxec en los procesos electorales. La socióloga política ha documentado cómo las organizaciones de resistencias comunitarias que se han generado en los últimos veinte años en Guatemala, en torno a la defensa del ambiente y de los territorios, han decidido competir en las urnas. Afirma que es otra manera válida de resistir y que no solo sucede en Guatemala, sino que ha sido parte de la historia de las resistencias y movimientos sociales a lo largo de la historia.
“Una acción de protesta, bloqueo o dar información en las instituciones no va a tener eco si no hay alguien de la institución que sea tu aliado y que entienda por qué te opones”, dice la investigadora social, autora de la tesis “Industria Minera y represión en Guatemala’. “Hay una percepción negativa de la participación en estos espacios (políticos), porque han sido utilizados para corromper, pero los movimientos sociales y organizaciones necesitan tener aliados en las instituciones para cambiarlas o transformarlas y eso es complicado, porque es enfrentarte a Goliat”.
De esta manera explica la razón que mueve a estos grupos organizados a dar el paso de ingresar a “la política institucional”. Según sus investigaciones, la resistencia de ‘La Puya’, una comunidad que se opone al proyecto de exploración minera para ubicar y extraer oro en San José del Golfo, cerca de la capital guatemalteca, decidió participar en elecciones y eso les permitió ganar puestos en el concejo municipal desde donde fiscalizaron y detectaron que el proyecto extractivo no contaba con licencia.
También menciona el caso de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, lugar donde operaba la mina Marlin. En ese municipio cercano a la frontera con México, los integrantes de la oposición comunitaria al proyecto minero de extracción de oro también participaron en los comicios municipales y ganaron espacios, solo que en este caso utilizaron esa victoria para gestionar el conflicto entre las comunidades y la mina. La socióloga añade que este caso no puede generalizarse a otros, porque en muchas ocasiones no todas las personas están de acuerdo con esta clase de medida.
“El desempeño de estas resistencias y organizaciones dentro de las instituciones debe analizarse de forma particular, porque es una de las formas donde se pueden observar los grises porque no todo es blanco y negro. No todos los casos son de éxito o de fracasos”, dice Paredes Marín. En su análisis, ha encontrado que siempre suelen tener más visibilidad los proyectos políticos de organizaciones sociales que han fallado a los ideales iniciales que marcaron el inicio de la resistencia.
Para ella, este enfoque deja a un lado los casos exitosos y solo considera un “logro” si las organizaciones y resistencias que obtienen puestos institucionales logran detener el proyecto extractivo, lo cual “es casi imposible” en Guatemala y no debería ser el único indicador de éxito. Cree que las evaluaciones sobre la participación política institucional también debe medirse tomando en cuenta otros criterios, como el trabajo de fiscalización o del peso legal o peso que pueden tener sus votos en las decisiones de los gobiernos centrales y municipales del país.
Mientras María descansa sentada sobre una piedra a orillas del río Cahobón en la ruta ecológica, Guadalupe hace lo mismo pero desde la arena de la rivera. Es ahí cuando las mujeres conocedoras del río señalan el remolino que la corriente de agua forma frente a ellas.
“Saben que la mejor forma de cruzar el río no es en línea recta, sino que es de una forma como cruzada. A veces se piensa que es mejor hacerlo en línea recta porque se llega más rápido, pero no es así, porque no se esquivan las corrientes fuertes y los puntos hondos”, explica María. Su mano señala el lugar donde ella cruzaría y al mismo tiempo dibuja la forma en que lo haría.
Su metáfora aplica igualmente para su estrategia política.
