Mientras incendios forestales dejaban sin respiro a su capital, el Acuerdo de Escazú encontró en Paraguay el rechazo de políticos de derecha, grandes compañías agroexportadoras y la Iglesia Católica. La disputa está en el aire.
Soy monseñor Edmundo, el Arzobispo. Les invito a todos los agentes de vida y familia a una reunión extraordinaria el próximo sábado 30 de noviembre en el Seminario Metropolitano. Nos encontramos ante una amenaza que proviene de las Naciones Unidas, que quieren hacer un acuerdo de todos los acuerdos, prácticamente imponiéndonos aceptar todas las resoluciones anteriores de aborto, ideología de género, eutanasia. No faltes por favor, espero tu presencia. Recuerda que debemos trabajar unidas todas las iglesias y todos los que amamos la vida y la familia.
En tan solo un minuto de video con las palabras “Convenio Regional de Escazú” en letras rojas como subtítulo, el 29 de noviembre de 2019, el Arzobispo de Asunción y figura más importante de la Iglesia Católica en el país, Edmundo Valenzuela, sepultaba más de seis meses de trabajo en el Congreso para lograr la ratificación del acuerdo.
No importó que un mes después se desdijera a medias admitiendo que “no tenía toda la información”, aunque dejando abierta la vinculación entre aceptar un tratado de acceso a información pública ambiental y la imposición de una agenda contraria a las mayoritarias posiciones conservadoras del país. El gobierno del presidente Mario Abdo, sostenido por la Iglesia Católica y los gremios agroexportadores, retiró del Congreso el pedido de ratificación antes que se llegara a discutir. Un año y medio después, no se ha atrevido a intentarlo de vuelta.
La necesidad está en el aire
Silvia Ayala sabe por qué el aire que respira es desagradablemente dulzón. Desde el patio de la escuela donde es maestra en Minga Porá, distrito en las entrañas de la frontera sojera, se pueden ver los primeros brotes del verde que mueve los números macroeconómicos del cuarto exportador y sexto productor de la oleaginosa en el mundo. Silvia debería poder saber qué agroquímicos rocían a sus estudiantes cuando atraviesan el camino vecinal. A nombre de quién están los terrenos que violan la obligación de 100 metros de barreras ambientales obligatorios entre la soja y la gente. Dónde exactamente denunciar sin miedo a quedarse sin trabajo – o algo peor – un problema que afecta al menos 90 escuelas y más de 10 mil estudiantes en Paraguay en 2021.
Silvia no conoce mucho de Escazú, el nombre de esa ciudad centroamericana tan lejana entre los sojales de Minga Porá. Pero su realidad dialoga, aunque ella no lo sepa, con el texto que duerme un injusto sueño en Asunción.
En ese diálogo está también Benito Álvarez, un campesino que no sabrá escribir su nombre pero sabe llorar la muerte de sus dos nenas, Adela y Adelaida, bajo la sospecha de intoxicación por agroquímicos. Norma Portillo, que logró que la ONU condene al Estado paraguayo por no investigar la muerte de su hermano Rubén en un hecho similar. Mariela López, Celina Aguiar, Sonia Frentes y Graciela Silva, madres que por oponerse a que se fumigue ilegalmente cerca de donde estudiaban sus hijos terminaron imputadas por un fiscal. En los últimos cinco años, según datos oficiales del Ministerio de Salud de Paraguay, hubo un caso por día de intoxicación aguda por agroquímicos registrado en los hospitales. Y esos son los casos que llegan a los hospitales.
En el aire del campo están los agroquímicos, en el de la ciudad, el humo del aumento del transporte individual. Y en ambos, los incendios forestales. Cuando los ojos del mundo se encontraban en los incendios de la Amazonía, el Chaco paraguayo, uno de los sitios donde la deforestación es latente, relacionada especialmente a la ganadería extensiva, ardió por semanas entre septiembre y octubre del 2020. El viento llevó las cenizas a la otra margen del río, y en la Asunción pandémica, casi tres millones de personas debieron decidir si abrían las ventanas para ventilar su casa ante el COVID-19 o cerrarlas para evitar una intoxicación por la pésima calidad de aire.
Créditos: Cortesía Fridays for Future – Paraguay
La red de prevención y control de incendios creada hace una década quedó solo en buenas intenciones. Medio año después el Estado paraguayo todavía no tiene el nombre de un solo responsable de las quemas, que admitió que fueron provocadas para habilitar pasturas. En 2019 ya había sucedido lo mismo.
Paraguay es uno de los países de Sudamérica con el mayor porcentaje de población rural. Casi 4 de cada 10 paraguayos todavía vive en el campo en el país con la distribución de la propiedad más desigual del mundo según Oxfam, donde hay más de 100 líderes campesinos asesinados en el marco de la lucha por la tierra en democracia y con 19 pueblos indígenas, cuya expectativa de vida es la mitad que la población general.
Los primeros defensores del ambiente, dice Mirtha Pereira, de la Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas (FAPI). “Escazú podría ayudar a que pueblos indígenas puedan acceder al derecho a tener derecho a reclamar”, dice Pereira. “Hoy tenemos operarios de justicias incapaces, que trabajan en zonas rurales sin siquiera hablar guaraní, que es una de las dos lenguas oficiales, ni hablar del resto de las lenguas indígenas”.
Es un punto esencial que comparte Margit Gehre, abogada especializada en derecho ambiental que se encuentra trabajando actualmente en la actualización de la política ambiental del Estado paraguayo. Para Gehre “Lo que hace Escazú es obligar a los Estados parte a que toda la información que ellos pongan a disposición del público debe ser entendible para cualquier persona. Y eso incluye a los pueblos indígenas”.
“Escazú podría ayudar a que pueblos indígenas puedan acceder al derecho a tener derecho a reclamar (…), Hoy tenemos operarios de justicias incapaces, que trabajan en zonas rurales sin siquiera hablar guaraní, que es una de las dos lenguas oficiales, ni hablar del resto de las lenguas indígenas”.
Mirtha Pereira, de la Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas (FAPI).
Cuando representantes del Pueblo Ayoreo Totobiegosode, la última comunidad fuera de la Amazonía en Sudamérica en aislamiento voluntario frente al hombre blanco, llegaron a la justicia paraguaya para exigir que se respete una medida internacional de protección de sus tierras, no había nadie que pudiese traducir al español lo que reclamaban ante un juez, ni que traduzca al ayoreo de vuelta lo que el juez los decía. Mientras tanto, sus tierras son invadidas y deforestadas por empresas ganaderas capaces de exportar vacas por avión que luego terminan tapizando con su cuero autos de lujo en Europa.
“Yo puedo contar – dice la representante de FAPI – casos de comunidades que han denunciado delitos ambientales donde nunca han recibido la visita fiscal. Sitios a donde yo fui, hice unas denuncias por algunos casos y en su lugar lo que se iniciaba era una suerte de persecución hacia comunidades indígenas, en vez que a los vecinos que invaden sus tierras”.
El derecho a tener derecho a protestar, como dice Pereira, es uno de los aspectos que vuelve único a Escazú. Es el primer tratado de la región sobre asuntos ambientales y el primero del mundo que tiene disposiciones sobre los defensores del ambiente. Obliga a los Estados a garantizar la libertad de expresión y la vida de aquellas personas que en lugares vulnerables denuncian delitos ambientales.
De cada diez defensores de la tierra y el ambiente asesinados en 2016, seis eran de Latinoamérica. Significa que el Estado debe cuidar a Amada Martínez, lideresa indígena de la comunidad Tekoha Sauce, pueblo avá guaraní paranaense que busca que Itaipú, una de las empresas hidroeléctricas más grandes del mundo, les devuelva sus tierras.
Una semana después de reunirse con el vicepresidente de Paraguay y con representantes de la ONU para denunciar el caso, Martínez fue interceptada cuando caminaba con su hijo de 7 años y sus sobrinos de 1 y 8 por una camioneta con tres hombres armados con un revólver y escopetas. “Ya te vamos a agarrar sola en el camino, mujer bocona”, le dijeron. La camioneta tenía el logo de Itaipú. El Estado paraguayo es dueño de la mitad de la hidroeléctrica.
“En resumen, lo que yo creo es que Escazú lo que va a ayudar es a que haya menos discriminación”, dice Pereira, “porque si consideramos que la ciudadanía es votar o no votar, si, en Paraguay los pueblos indígenas son ciudadanos. Pero si consideramos el derecho a tener información pública, a ser consultados en los proyectos o decisiones que les afecta, deja todavía mucho que desear”.
“Un grave peligro que se cierne sobre la República del Paraguay”
Paraguay no fue ajeno a los argumentos de rechazo a Escazú más comunes en Sudamérica, como que el acuerdo atentaría contra la soberanía nacional. Abdo firmó el acuerdo porque “es políticamente correcto a nivel internacional estar a favor del ambiente”, sostiene la abogada Margit Gehre. Pero esa postura internacional es ambivalente a la posición local.
Antes del video del arzobispo de Asunción, en agosto de 2019, Rosanna Berino Arce. la cónsul paraguaya en Porto Alegre, le escribió directamente una carta al presidente Abdo pidiendo que retire al país del tratado que había firmado por el “grave peligro que se cierne ante la pérdida de la soberanía de la República del Paraguay sobre sus recursos naturales: fauna, flora, territorio, Acuífero Guaraní, Hidroeléctricas Itaipú, Yacyretá y las que llegaran a construir en el futuro”.
Berino no escatimó en calificativos, escribiendo al presidente “ALERTO de la estrategia foránea que encamina a una desestructuralización y o desnaturalización del Estado paraguayo tal y como lo conocemos (sic)”. Berino cerraba su carta llamando a Escazú “un caballo de troya” creado “debido a la infiltración de agentes extranjeros”.
En un tono similar, la poderosa Unión de Gremios de Producción (UGP) fue incluso más explícita en su oposición, expresando su preocupación debido a que “el Acuerdo vincula temas ambientales con temas de derechos humanos garantizando que grupos que promueven los derechos humanos puedan incidir en asuntos ambientales” según documenta un comunicado fechado el 2 de diciembre de 2019, aunque la Constitución paraguaya, a diferencia de por ejemplo, la chilena, ya considera desde 1992 en sus Artículos 5, 6 y 7 el derecho a un ambiente saludable.
La UGP fue creada para representar al sector más contrario a cualquier legislación ambiental. Nació para contrarrestar los intentos de avanzar en regulaciones ambientales en torno a la soja.
El diputado oficialista Walter Hams, representante de Itapúa, uno de los departamentos sojeros donde el niño Silvino Villasboa murió intoxicado por glifosato en 2003, introdujo un proyecto para instar al Ejecutivo, gobernado por su propio partido, a rechazar Escazú bajo los argumentos de que violaba la soberanía sobre recursos naturales. Además, porque según él introduce “conceptos ambiguos” que “nada tiene que ver con cuestiones ambientales” y que “luego nos llevarán a aceptar imposiciones foráneas que afectan a la Familia y las buenas costumbres del Paraguay”. También asegura que Escazú “pulveriza” el principio de la propiedad privada.
Pero antes de que prosperara la declaración de Hams, la cancillería paraguaya ya había retirado el proyecto del Congreso para hablarlo con el Arzobispo Edmundo Valenzuela en una mesa interinstitucional.
Aunque la vinculación entre un tratado ambiental y el aborto “pueda parecer un delirio” dice la politóloga e investigadora paraguaya Montserrat Fois, “es un error solo burlarse y no tratar de entender de dónde viene”.
Para Fois tiene sentido si pensamos que los autodenominados sectores “provida” y agroexportadores tienen “afinidades entre los intereses de clase y las visiones de mundo”. En un país que se define como “el último bastión de la moral en Sudamérica” y con una trágica historia de intervencionismo de Argentina y Brasil, “el discurso de la soberanía nacional ante los intereses extranjeros “construye una suerte de frontera entre ellos y nosotros que funciona muy bien”, aunque el artículo 3 de Escazú sea explícito al decir que se respetará el «principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales».
Fois explica que “en el ellos están los zurdos, la agenda globalista, Soros, Bill Gates, los ambientalistas, las feministas y en el nosotros estamos quienes defendemos la soberanía, quienes defendemos los valores tradicionales, la patria, la propiedad privada. Quienes nos oponemos al intervencionismo extranjero, que nos digan qué tenemos que hacer. Crea un grupo donde de pronto hay intereses comunes entre una Doña María, que con muchísima suerte tiene un pequeño terreno, y Fidel Zavala” el senador de extrema derecha, negacionista del cambio climático, relacionado con Bolsonaro, cuya familia fue beneficiada ilegalmente por la última dictadura militar con tierras y uno de los principales representantes del agronegocio en la política paraguaya.
Esas afinidades en las visiones de mundo pueden verse en la estrecha relación material entre el movimiento provida y el agroexportador en Paraguay. Aunque la mayoría del país es católico, la invitación de Valenzuela a “todas las iglesias” es un guiño al sector evangélico, minoritario – aunque creciente en números – pero que reside sobre todo en el sector agroganadero, donde se encuentran múltiples propietarios menonitas.
Empresas agroexportadoras menonitas como la Cooperativa Chortitzer – la misma acusada de invadir y deforestar tierras ayoreo – están entre las financistas de organizaciones provida que ingresan a escuelas y colegios a dar información falsa sobre VIH, población LGBTI y educación sexual. El actual ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, ingresó a la cartera declarando que “respetamos a las madres solteras, pero que para nosotros la familia tradicional es mamá y papá”.
Antes de ser ministro, Brunetti fue decano de la principal universidad privada ligada al agronegocio en Paraguay e impulsó, como representante ante el consejo de ciencias del país, el fin del financiamiento público a una investigación que revelaba el daño genético en niños y niñas expuestos a agroquímicos en sojales. El propio Arzobispo Valenzuela es cercano a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y al ex presidente Horacio Cartes, el hombre más poderoso del país, uno de los principales dueños de tierras y cuya familia también fue beneficiada con propiedades en la dictadura. Es el ala cartista del partido el más comprometido con la causa “de la vida y la familia” y fue durante el gobierno de Cartes que se eliminaron todos los materiales que contuviesen la palabra “género” del curriculum educativo. Representan, junto a Patria Querida, el partido de Fidel Zavala, lo que en Brasil fue llamado como la bancada BBB: Bala, Biblia, Buey, el sector más conservador que apoya a Bolsonaro.
Zavala y políticos cartistas fueron parte, de hecho, de la Cumbre Conservadora en Foz de Iguazú, ciudad limítrofe de Brasil con Paraguay, una reunión organizada por Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que juntó a negacionistas del cambio climático, apologistas de las dictaduras militares en Sudamérica, nuevas derechas inspiradas en figuras como el argentino Agustín Laje y el chileno José Antonio Kast y organizaciones religiosas antifeministas.
Fois cree que “no debemos caer en la ingenuidad de que relacionar todo con la ideología de género sea solo una cortina de humo para desviar la atención”. Para la politóloga también existe una ansiedad en los sectores conservadores en Paraguay “producto del auge de los movimientos feministas, sobre todo, que han ganado una presencia en el debate público, en las calles, en las redes sociales, y que meten temas que tocan las fibras más íntimas de la sociedad. Entonces, por primera vez varios sectores están preocupados de que en verdad avancen ciertas agendas, como ellos le dicen, que promueven derechos principalmente ambientales y de las mujeres. En su visión del mundo, esa libre asociación entre Escazú, ONU, globalistas y género tiene sentido”.
El futuro del país más vulnerable a la crisis climática de Sudamérica
La abogada y especialista en derecho ambiental Margit Gehre, en cambio cree que la ideología de género es como “una capa espesa de aceite sobre el agua, que no permite entrar a ver lo que realmente hay debajo”. “Se planteó la discusión en esos términos porque ciertos grupos sabían que si eran claros en el porqué de su oposición se iban a encontrar con un mayor rechazo ciudadano”.
Para Gehre “a diferencia de otros países donde se tiene la discusión sobre soberanía o el modelo de desarrollo – cita como ejemplo la disputa entre ambientalistas y desarrollistas en Argentina por la instalación de megaminería o granjas industriales de cerdos – en Paraguay nos quedamos sin tener la conversación de manera explícita”, aun cuando según datos del Banco Mundial y think tank CADEP dirigido por el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda, el actual modelo económico sostenido por la exportación de commodities como la soja, la carne y el cuero, sin valor agregado, ha llegado a su tope y cada vez le cuesta más al país: en recursos naturales y en dinero.
Son las actividades relacionadas a los commodities los principales emisores de gases del cambio climático según datos oficiales. Al mismo tiempo, Paraguay es considerado el país más vulnerable al cambio climático en Sudamérica en parte por misma dependencia a la exportación de materias primas y en 2021 el Green Future Index del MIT colocó al país penúltimo entre 74 en todo el mundo en los esfuerzos en pivotar hacia industrias y actividades con menos huellas de carbono.
Casi un año después del video del arzobispo Valenzuela, cuando entre septiembre y octubre de 2020 se detectaron más de 9000 focos de calor por incendios forestales y Asunción no podía respirar, 60 organizaciones ambientales incluyendo a WWF, Altervida y FAPI iniciaron una campaña exigiendo al ejecutivo que vuelva a ingresar al Congreso el pedido de ratificación.
Esta vez, el vocero del rechazo fue el propio ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni.
“Cualquiera tiene derecho a hacer una denuncia basado en estos acuerdos” dijo Bertoni. El ministro fue más allá e incluso envió una nota a su par de Relaciones Exteriores el 6 de octubre de 2021 pidiendo que no avanzara en el proceso de ratificación. Su posición fue celebrada por los 15 gremios del agronegocio, incluyendo a la UGP y la Asociación de Empresarios Cristianos. “Este acuerdo contempla el principio precautorio del cual el Paraguay se ha manifestado siempre en contra pues se basa en supuestos sin fundamentos científicos que causa trabas al comercio», decía Bertoni mientras el Chaco ardía y el Estado reducía el presupuesto al Ministerio del Ambiente – que de por ya equivalía al de una municipalidad – para el periodo 2021.
El principio precautorio del que habla Bertoni refiere a concepto jurídico que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos, actividades o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el ambiente Según define la Cepal, permite tomar la decisión política de suspender la actividad sin necesidad de requerir una certeza científica absoluta. “Absoluta es la palabra importante a subrayar” dice la abogada Margit Gehre. “No es que cualquiera denuncia sin ninguna base. Lo que pasa con la posición en contra del principio precautorio es que “hay sectores que piden que haya una certeza científica sobre el daño” al mismo tiempo que “niegan financiamiento para investigar esos temas” explica la politóloga Montserrat Fois. Ahí es donde Escazú se vuelve un peligro: “porque obliga a los Estados a generar datos que hoy no existen en Paraguay” dice Gehre.
Bertoni miente al decir que Paraguay se ha manifestado en contra de tal principio jurídico. Por el contrario, varios acuerdos internacionales ratificados por el país y leyes paraguayas lo contemplan. Paraguay no objetó La Declaración de Río en 1992, que introdujo el concepto a nuestra legislación. Está en el artículo 4 de nuestra ley de calidad de aire. Está en el artículo 1 del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. Está en el artículo 3 del Acuerdo Marco sobre Cambio Climático. Está en el artículo 1 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica –que sirvió a países como Estados Unidos, Canadá y Argentina para aprobar la introducción de maíz transgénico en mercados europeos.
Contrario a lo sostenido por gremios del agronegocio, es la no ratificación del acuerdo la que puede implicar futuros problemas comerciales dice Ezequiel Santagada, abogado director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). Santagada incluso cita que pese al rechazo religioso local, el tratado ambiental concuerda con el espíritu de dar participación e información que pide la Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco.
Mientras que mercados paraguayos como Rusia, Turquía y China no tienen en cuenta la aplicación de leyes ambientales de los productos que importan, la Unión Europea, todavía es destino de la soja y del cuero paraguayo
En marzo de 2021, el Parlamento Europeo votó a favor por una ley que vuelve a las corporaciones que venden productos en sus mercados responsables de las violaciones a derechos humanos y leyes ambientales en su cadena de producción, una decisión que pone en aprietos, por ejemplo, a BMW y Jaguar Land Rover, las empresas que compraban el cuero proveniente de la deforestación de tierras chaqueñas. O a quienes compran la soja de Cargill producida en territorios donde los pueblos son fumigados por agroquímicos ilegalmente. “Los mercados más tarde o más temprano pedirán legislaciones de transparencia ambiental para decidir invertir en el país” sostiene el director de IDEA.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur nació muerto debido a las objeciones de países como Francia por esa misma razón: la falta de protección ambiental en la producción agroexportadora del Cono Sur. “Países como Uruguay e incluso Argentina entendieron que es más fácil aprobar Escazú y asegurarse mercados con buenos precios. Si Paraguay no sigue esos pasos, la competencia le puede costar”.
“En Europa hay partidos ecológicos, movimientos ciudadanos que son los que hacen lobby, los que presionan. Comprar de un lugar donde se afecta la vida de un pueblo indígena tiene un costo altísimo en lo político. Y eso sirve para contrarrestar el lobby de las multinacionales, porque ningún Estado, ningún gobierno por si sólo se va a levantar un día y mejorar condiciones ambientales porque sí”, opina la abogada Margit Gehre. “La presión internacional, la presión de los mercados a medida que más países vayan ratificando y aplicando desde este año. Así nosotros estaremos cada vez más obligados a hacerlo porque para otros Estados sus commodities ya no van a tener un precio bajísimo como Paraguay, entonces encontrarán otros modos de competir en un contexto donde somos un país mediterráneo y necesitamos de ellos para sacar nuestros productos. Sería interesante que la ciudadanía también vaya entendiendo y vaya incorporando ese tipo de discusiones con respecto a la cuestión ambiental, pero que es trasversal a todo”.
Comisión de verdad y justicia ecológica
Si a Ana Díaz le preguntan cómo Escazú puede ayudar a un joven con menos de 30 años, de esos que hoy trabajan más de 8 horas por día sin seguro social ni contrato en una de las ciudades aledañas a la capital de Paraguay, no duda en responder que “es algo tan simple como saber y poder decidir sobre cómo va a afectar al aire de tu comunidad la obra que se está haciendo en tu barrio”. Díaz, estudiante universitaria, es una de las impulsoras del capítulo paraguayo de Fridays for Future, el movimiento climático internacional fundado por Greta Thumberg. Escazú es una promesa en cuanto sea tangible para quien hoy todavía no tiene tanta sensibilidad sobre justicia social o ambiental, piensa.
La historia de los movimientos ambientales organizados en la ciudad en Paraguay es relativamente reciente, pero vibra hoy entre las organizaciones no gubernamentales más establecidas y enfocadas a la conservación y las urgencias de jóvenes y adolescentes como Ana Díaz, que ven a un país que está tomando prestado el porvenir de una generación. “Cómo cualquier decisión política toca los afluentes del agua que consumo o a las comunidades más vulnerables que tengo alrededor, eso es lo que Escazú nos puede dar a nosotros”. El Acuerdo se vuelve especialmente relevante porque obliga a elaborar informes sobre la situación del ambiente en el país basada en evidencia científica: como la calidad del aire, que aún ante la comprobada correlación entre contaminación y salud pública está a cargo de la iniciativa privada Aire Paraguay a falta de datos del Ministerio del Ambiente.
Margit Gehre va más allá y piensa en tribunales ambientales, un nuevo órgano dentro del Poder Judicial para que todo lo que tenga que ver con denuncias, consultas, litigios. Escazú busca garantizar que existan los mecanismos judiciales para denunciar de forma simple, accesible y sin costos prohibitivos o burocracia. Este es un problema denunciado desde hace casi tres décadas por la Federación Nacional Campesina o la Organización de Lucha por La Tierra “Uno de los principios de Escazú es que cada Estado verá el modo de implementar efectivamente el acuerdo considerando su marco jurídico existente. Creo que también la oposición tan fuerte por unos sectores es porque están asesorados y saben que esta idea es una posibilidad. Porque hoy, por ejemplo, las gestiones relacionadas al ambiente son tratadas como meros trámites, formularios que debo llenar para tener mi estancia, mi industria, y punto”. Por ley, por ejemplo, cada intervención sobre el ambiente – por ejemplo, una plantación – debe contar con un relatorio de impacto ambiental y un plan de uso de la tierra y están a cargo de quienes estén interesados en ellos. Sobran las denuncias de falseamiento de datos en documentos y falta de recursos para controlar de manera certera si lo que dicen.
Tampoco existe una base de datos unificada para que cualquiera de manera fácil pueda acceder a esos documentos. “Para un propietario de tierras, el relatorio de impacto ambiental es más cómo completar una lista de super antes que un requerimiento serio” dice Gehre.
En casi toda Sudamérica al silencio atroz de las dictaduras militares les siguió una Comisión de Verdad y Justicia para documentar los quiénes, los cuándos, los cómos de las violaciones a los derechos humanos, los miles de desaparecidos, torturados, presos y exiliados. Con el cambio climático ya afectando nuestras vidas, la transparencia ambiental propuesta por Escazú no es inocua.
En el caso del Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más importante del Cono Sur, el acuerdo actual entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay es de igual responsabilidad. Pero es en Paraguay donde se encuentran los mayores sitios de recarga del acuífero, lo que vuelve de interés regional saber qué se vierte en los suelos por encima de la reserva. Otros acuíferos, como el Patiño, del cual depende el acceso a agua potable de tres millones de personas, ya tiene comprobada contaminación y riesgo de agotamiento, sin que hoy, aparte de exiguas investigaciones, sepamos qué fábrica en qué año y de qué manera contribuyó a su degradación.
En su libro “El Colapso Ecológico ya llegó”, los autores argentinos Enrique Viale y Maristella Swampa reflexionan sobre qué lugar ocupará Argentina cuando se haga una serie como Chérnobyl, por ejemplo, sobre el glifosato. Paraguay, un país que importa 7 litros de herbicida por habitante, es bastante seguro que tendrá un capítulo estelar en la hipotética serie. Escazú capaz sea citado, como parte del arreglo a los reactores defectuosos que siempre se supo y por intereses precisos se ocultó. No será el único motivo. Pero tal vez sea uno de los más elocuentes.
“Necesitamos que más gente sea parte de ese grito en masa”, dice Ana Díaz de Fridays For Future. “Porque la crisis climática nos va a pegar a todos. Nadie se va a quedar afuera. No importa lo que creas. Vamos a seguir luchando porque si no llegamos a un acuerdo, los que vamos a desaparecer somos nosotros, la humanidad”.
*Este reportaje hace parte de Tierra de Resistentes, proyecto coordinado por Consejo de Redacción en alianza con la organización colombiana Ambiente & Sociedad.
