Una familia poderosa de Panamá se quedó con una isla en el océano Pacífico para un megaproyecto con hoteles cinco estrellas, aeropuerto y residencias de lujo. Para hacerlo, arrasó con los espacios y la vida de una comunidad de más de 300 habitantes en un paraíso olvidado del archipiélago Las Perlas. Un título de propiedad dudoso, represión, persecución judicial y un pueblo partido para siempre.
Las comunidades de indígenas nasa de Florida, en el Valle del Cauca, denuncian la violencia que sufren por la lucha que han emprendido contra una carretera de 1490 kilómetros que, dicen, afectará a los páramos de Las Hermosas y Las Tinajas, y podría obligarlos a desplazarse del territorio. Sus líderes están recibiendo amenazas.
Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente. Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones doblemente peligrosas en Chile.
El crimen de este líder ambiental en 2020 dejó al descubierto que mafias del oro y la madera han venido explotando sin control el Parque Nacional Farallones de Cali, una fábrica de agua y oxígeno en el Pacífico colombiano.
Desde 2015, la comunidad de Valparaíso, en el sur del Caquetá, se ha organizado para defender el agua ante la exploración petrolera. José Antonio Saldarriaga ha sido uno de los líderes de esta resistencia. Encadenados a un puente o haciendo huelga de hambre, los campesinos y organizaciones de la región han logrado frenar el avance extractivista en medio de amenazas y ataques armados, de acuerdo con las denuncias de la comunidad.
Una familia poderosa de Panamá se quedó con una isla en el océano Pacífico para un megaproyecto con hoteles cinco estrellas, aeropuerto y residencias de lujo. Para hacerlo, arrasó con los espacios y la vida de una comunidad de más de 300 habitantes en un paraíso olvidado del archipiélago Las Perlas. Un título de propiedad dudoso, represión, persecución judicial y un pueblo partido para siempre.
Las comunidades de indígenas nasa de Florida, en el Valle del Cauca, denuncian la violencia que sufren por la lucha que han emprendido contra una carretera de 1490 kilómetros que, dicen, afectará a los páramos de Las Hermosas y Las Tinajas, y podría obligarlos a desplazarse del territorio. Sus líderes están recibiendo amenazas.
Francisca Linconao y Alberto Curamil son mapuche y defensores del medioambiente. Ambos lograron la protección judicial de entornos naturales y luego fueron acusados de delitos graves, enjuiciados y absueltos. Sus casos evidencian que pertenecer a un pueblo originario y defender la tierra pueden ser condiciones doblemente peligrosas en Chile.
El crimen de este líder ambiental en 2020 dejó al descubierto que mafias del oro y la madera han venido explotando sin control el Parque Nacional Farallones de Cali, una fábrica de agua y oxígeno en el Pacífico colombiano.
Desde 2015, la comunidad de Valparaíso, en el sur del Caquetá, se ha organizado para defender el agua ante la exploración petrolera. José Antonio Saldarriaga ha sido uno de los líderes de esta resistencia. Encadenados a un puente o haciendo huelga de hambre, los campesinos y organizaciones de la región han logrado frenar el avance extractivista en medio de amenazas y ataques armados, de acuerdo con las denuncias de la comunidad.
En la frontera colombo ecuatoriana, a más de dos horas río abajo de Puerto Asís en Putumayo, dos mujeres siona -Milena Payoguaje y Martha Liliana Piaguaje- gobiernan territorios indígenas en medio de una de las zonas más disputadas de Colombia. Hay una empresa que quiere sacar petróleo y unos explosivos para sísmica que no se sabe si serán detonados.
Cuidar un parque nacional en Colombia, con su longevo conflicto armado, es una profesión riesgosa y poco agradecida. Tras años de impunidad y olvido, las familias de tres guardaparques asesinados podrían por fin entender qué les sucedió, ahora que sus casos podrían llegar a la justicia transicional creada por el Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en 2016.