LECTURA (0%)

El Hatillo, la tensa lucha por no respirar carbón

Por Ivonne Rodríguez González

Fecha de publicación: 23 de abril de 2019





En el departamento de Cesar, en el nororiente colombiano, una comunidad campesina lleva casi una década esperando ser reasentada a causa de la contaminación generada por las  minas aledañas. En los últimos cuatro años, un líder fue asesinado y ocho más han recibido amenazas.

Quien vaya a El Hatillo encontrará que es un pueblo dejado a su suerte. La comunidad lleva el mismo nombre de una mina de carbón que el Gobierno concesionó hace 22 años sin que los campesinos supieran (ver página 11 del documento).

De la época agrícola solo les queda el recuerdo. No tienen agua potable, ni vías pavimentadas, las casas en su mayoría son de barro y palos. La poca infraestructura y oportunidades laborales en la zona dependen de las tres empresas mineras con las que han tenido que negociar su reasentamiento. Este último fue ordenado por el Ministerio de Ambiente desde el año 2010, tras concluir que la explotación de carbón afectaba a esta población así como a las comunidades vecinas de Plan Bonito y Boquerón.

“Acá el Estado nos dejó solos”, repiten los campesinos, describiendo el reasentamiento como un proceso que les arrebató la tranquilidad y los mantiene en vilo.

Por eso en este poblado a dos horas de Valledupar, la capital del Cesar, la comunidad cuida sus palabras.

Son pocos los que quieren hablar del asesinato de Aldemar Parra García, ocurrido el 7 de enero de 2017, y de las amenazas que comenzaron en el 2014 contra los líderes que participaban en las mesas de concertación con las empresas mineras. El riesgo se intensificó en el 2016 cuando presentaron una acción de tutela por la demora en el reasentamiento, al punto que la Defensoría del Pueblo -la entidad a cargo de velar por los derechos humanos de los colombianos- incluyó sus nombres en el informe que alertó sobre la vulnerabilidad de 80 líderes sociales de la región.

La situación no mejoró. “El peligro es latente”, afirma uno de los ocho líderes que cuenta con un esquema de protección provisto por el Estado colombiano, quien pide no revelar su nombre por temor.

Durante los próximos cinco años la comunidad entrará en un nuevo proceso: la implementación del llamado Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), un documento que les tomó seis años de negociación con las mineras y que finalmente firmaron el 29 de noviembre de 2018. Para los líderes de Hatillo, lo fundamental es que los compromisos pactados en sus 700 páginas no queden en el papel y, sobre todo, que existan garantías de seguridad para reconstruir sus vidas en otro lugar.

El campo que no fue

José del Carmen Correa habla con nostalgia mientras camina por las calles destartaladas y polvorientas de El Hatillo.

Es hatillano y evoca escenas de su infancia, corriendo con libertad por ese campo verde que de un lado es un cráter y del otro, una montaña de sedimentos que crece con la explotación del carbón. Es descendiente de colonos que llegaron a esta zona en el siglo pasado para cultivar maíz, plátano, algodón, sin que les preocupara si tenían o no títulos de propiedad sobre la tierra. Por tratarse de baldíos -o tierras de la Nación- tenían derecho a pedirlas en adjudicación tras algunos años de trabajo, pero los campesinos vivían entonces tranquilos cultivando su alimento, criando animales y pescando en el río Calenturitas. 

Ese paisaje agrícola cambió a finales de la década de los 80, cuando el Gobierno colombiano concesionó gran parte de las tierras para la minería y comenzó el auge de  la palma africana de aceite.

Hoy El Hatillo está rodeada no solo por la mina que lleva ese nombre, sino por otras cuatro más: las de Calenturitas, La Francia, El Descanso y Pribbenow-La Loma. Su explotación ha convertido al centro del Cesar en la primera región con mayor producción de carbón en Colombia, con exportaciones principalmente a Turquía, Corea del Sur, Brasil, Israel, Chile, Estados Unidos, España, Polonia, Puerto Rico y Portugal, según datos del Ministerio de Minas y Energía (Ver respuesta del Ministerio de Minas).

La primera de ellas la opera Prodeco, filial de la multinacional anglo-suiza Glencore Xstrata. La segunda es propiedad de Colombian Natural Resources (CNR), que pertenecía al banco de inversión Goldman Sachs y fue vendido al Murray Energy Group en el 2015. Y las dos últimas son de la minera estadounidense Drummond. La mina homónima de El Hatillo ha rotado por varios dueños: la Empresa Promotora y Explotadora de Carbón del Cesar y La Guajira (Emcarbón), Carbones del Caribe (hoy Sator, del Grupo Argos), la brasileña Vale Do Rio Doce y luego CNR. Al igual que la mina La Francia, la mina El Hatillo fue comprada por Murray Energy Group en el 2015, pero siguió operando bajo el nombre de CNR (Ver información de minas, Agencia Nacional de Minería). HECHOS DE VIOLENCIA DESARROLLO MINERO

Su único vecino no minero es Palmagro S.A., antes llamado Palmeras de Alamosa Ltda, que desde 1991 opera en un predio aledaño una planta extractora para procesar el fruto de la palma de aceite usado en industrias como la cosmética y alimenticia.

Para los pobladores, la minería y la agroindustria han sido las responsables no solo de los cambios en el uso del suelo, sino también de la contaminación del aire y los cuerpos de agua que los ha acompañado. Ya no hay cómo alimentarse de los cultivos porque, cuentan, la tierra se volvió infértil. Tampoco pueden cazar zainos, loches, venados, conejos, armadillos, chigüiros o ñeques, ni pescar bagres, bocachicos, comelones ni barbudos. Desaparecieron todos. El cañito de Piedra y los manantiales cercanos se secaron, y el río Calenturitas fue desviado, con autorización del Ministerio de Ambiente, para favorecer a la industria del carbón (Ver auto del Ministerio de Ambiente).

“La vocación de la vereda era la pesquería y la cacería y se trabajaba en las fincas aledañas que se dedicaban al ganado. Era una comunidad cien por ciento campesina. Con la llegada de la minería pues todo cambió”, dice Deiby Rojas, tesorera de la Junta de Acción Comunal local.

Con estos cambios también comenzaron los problemas de salud. Miriam Jaimes, conciliadora de la junta local, explica que se han vuelto constantes las infecciones respiratorias en niños y adultos mayores, y una peste que ataca a los pocos animales de corral que pueden criar.

“Hay mucha contaminación y han salido muchas enfermedades en los pulmones. A los animales también, a los cerdos les da una peste y se mueren; a las gallinas, lo mismo”, apunta.

La larga espera

Esa contaminación de la que hablan los campesinos es el origen de sus luchas. 

El Hatillo está a 10 minutos en motocarro de La Loma, el corregimiento más grande de El Paso. Este municipio hace parte del Distrito Minero de La Jagua, que integra además a Becerril, Agustín Codazzi, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y La Jagua de Ibirico, y que, según datos de la Agencia Nacional de Minería, produjo 3.025.662 toneladas de carbón en 2018. Aunque la mina de El Hatillo fue concesionada en 1997 y, según recuerdan los pobladores, comenzó a operar en 2007, solo hasta 2010 el Gobierno reconoció que su explotación y el de las minas circundantes afectaba a la población rural.

Así fue como en mayo de 2010, el Ministerio de Ambiente concluyó –al final del gobierno del presidente Álvaro Uribe- que el incremento en las emisiones de material particulado, que resulta de la minería de carbón, “ha generado graves afectaciones a la salud y a la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados ubicados en la zona de influencia de los proyectos mineros”. Junto con ese diagnóstico venía una orden a las empresas mineras Prodeco, CNR, Drummond y Vale Coal de reasentar de inmediato a las poblaciones de Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo (Lea Resolución 0970 del 20 de mayo de 2010).

Las mineras apelaron la decisión y en una nueva resolución del 5 de agosto del mismo año el Ministerio reiteró su orden perentoria, atribuyendo a cada minera porcentajes precisos de responsabilidad en el reasentamiento de las tres comunidades. 

Según la decisión del Gobierno, las empresas debían financiar el proceso y contratar un operador para formular y luego ejecutar un Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), que incluyese un diagnóstico de la población, un análisis regional y unas propuestas para el reasentamiento, además de una interventoría que vigilara el proceso. El plazo para terminar el reasentamiento era de dos años, que vencieron en septiembre de 2012 (Lea Resolución 1525 del 5 de agosto 2010).

Sin embargo, eso no ocurrió. 

En El Hatillo, los campesinos relatan que las empresas se demoraron en acatar las órdenes del Ministerio y en garantizar la participación de los habitantes. La ONG Pensamiento y Acción Social (PAS), que acompañó jurídicamente a la comunidad, documentó que en marzo de 2011 el Ministerio impuso una medida preventiva de amonestación escrita a las empresas por no haber contratado al operador. Un mes después, la Secretaría de Salud de la Gobernación del Cesar alertó sobre el agua “no apta para consumo humano” de El Hatillo y sobre la prevalencia de enfermedades respiratorias, de piel y oculares en el 51,48 por ciento de la población local.

Tras la amonestación, las empresas mineras contrataron a mediados de 2011 al Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade) del Gobierno central como operador del plan y a la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica (Cetec), una organización sin ánimo de lucro de Cali, como interventora. En el Hatillo, la comunidad decidió organizarse para comenzar a negociar el llamado Plan de Acción Reasentamiento (PAR), de manera que en abril de 2012 crearon un Comité de Concertación.

Una angustia permanente

Para los hatillanos, el anuncio de la negociación del reasentamiento coincidió con el inicio de la intranquilidad.

 Cuando la noticia de la concertación con las mineras corrió, cuentan los pobladores, llegaron a El Hatillo personas de afuera a comprar pequeños lotes en el poblado que les permitirían beneficiarse de las compensaciones que tendrían que hacer las empresas mineras. “Aparecieron 180 solares nuevos”, coinciden los campesinos.

Luego, vinieron las amenazas.

En junio de 2014, el entonces gerente de la Cooperativa de Trabajadores Multiactivos de la Vereda El Hatillo recibió varias llamadas telefónicas amenazantes. En septiembre del mismo año aparecieron panfletos amenazando a los líderes de la comunidad por la demora en el proceso de reasentamiento. En diciembre, se reanudaron las llamadas al gerente de la cooperativa, instándolo a retirarse de la negociación.

Durante 2015 esas llamadas se extendieron a otros miembros de la junta de acción comunal y del Comité de Concertación, que participaban en las reuniones del plan de reasentamiento. A esto se sumaron los mensajes de texto y los seguimientos por parte de desconocidos en moto, situaciones que llevaron a la comunidad a instalar alarmas en las casas de los líderes.

“Este proceso tuvo muchos ojos encima y las amenazas vinieron alrededor de que somos dos grupos: residentes y no residentes. Entonces cuando peleábamos por el proceso de residentes, no peleábamos por el proceso de los no residentes. Se sentía mucho miedo por la presión que teníamos de parte de ellos, era una presión constante”, recuerda uno de los integrantes del Comité.

Quienes participaron en la negociación aseguran que los años más críticos fueron los últimos tres. Sentían angustia cada vez que se sentaban en la mesa, cuentan varios miembros del Comité.

La demora en firmar no era un capricho personal, explican, sino que para ellos primaba la importancia de lograr acuerdos sobre temas fundamentales para la comunidad como el acceso a tierras, vivienda y proyectos productivos.

 Entre tanto, otros atrasos se debieron a que las empresas mineras cambiaron varias veces de aliados locales. Para 2015 el contrato de ejecución había pasado de Fonade a rePlan y por último a Socya, una institución privada sin ánimo de lucro. El de interventoría pasó de Cetec a Environmental Resources Management (ERM), una empresa de consultoría ambiental. 

En julio de 2016, hombres que se movilizaban en moto y con los rostros cubiertos continuaron merodeando las casas de los líderes, quienes siguieron recibiendo mensajes de texto con amenazas de muerte y señalamientos de estar retrasando el proceso de reasentamiento. Las intimidaciones se recrudecieron después de que, en noviembre de ese año, la comunidad del Hatillo interpuso una acción de tutela contra Drummond, Prodeco y CNR, las tres empresas que quedaron a cargo del reasentamiento después de que Vale Coal vendió la mina El Hatillo a CNR.

En su tutela, los locales exigían el cumplimiento de sus derechos a la vida, la vivienda digna, la salud, el territorio y la alimentación campesina, haciendo énfasis en el riesgo que sufrían los líderes en ese momento. “En la actualidad, 11 líderes y lideresas del proceso de reasentamiento han sufrido amenazas contra su integridad y su vida y las de sus grupos familiares. Todo lo anterior en consecuencia de su actividad como representantes de los Comités de Concertación y Transición en el proceso de reasentamiento de la vereda El Hatillo”, señalaron en su acción jurídica.

Ese final de 2016 fue una pesadilla para los líderes. En las noches comenzaron a ver hombres armados y vestidos de negro, con botas de caucho y pasamontañas, que rondaban por las calles y cerca de sus casas. Continuaron las llamadas a los miembros del Comité, incluido al único integrante que hasta entonces no había recibido amenazas.  

Lo que exacerbó el miedo de la comunidad fue el asesinato de Aldemar Parra García, el 7 de enero de 2017, en la vía que comunica hacia el corregimiento de La Loma. Un par de sicarios que se movilizaba en una moto de color rojo, sin placas y de marca Discover, le disparó cuatro veces. 

Amigos y familiares cuentan que Aldemar, de 31 años, no había recibido amenazas, pero su liderazgo era reconocido por la comunidad. Aunque no hacía parte del Comité de Concertación, desde el liderazgo comunitario impulsaba la mesa de empleo, exigiéndole a las empresas mineras que operan en el territorio oportunidades laborales para los hatillanos.

La comunidad cuenta que Aldemar era sindicalista, había trabajado como analista de carbón para CNR y buscaba un acuerdo económico con esa empresa. Según explican, una gran parte de los antiguos trabajadores de CNR fue despedida en 2015, cuando la compañía fue comprada por Murray Enery Corp. Pero Parra no quiso firmar la liquidación, argumentando que el trabajo había tenido efectos en su salud y exigiendo una indemnización justa por ello.

Su esposa Leanis Suárez explica que, mientras llegaba a un acuerdo económico con la empresa, Aldemar había decidido sacar adelante la Asociación Apícola del Cesar (Asograve), una iniciativa que se gestó en los cursos sobre proyectos productivos ofrecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Parra insistía en la necesidad de generar empleo para la comunidad. “A él le gustaba mucho trabajar en ese proyecto. En diciembre sacaron una buena cantidad de miel, 17 pimpinas, de la cual, sacando cuentas, él decía que les iba bien, porque a una pimpina le estaban sacando casi un millón de pesos”, dice Suárez.

Al preguntar a CNR sobre cuál era la situación laboral de Parra, la empresa respondió -por intermedio del Equipo Técnico de Reasentamiento de las empresas mineras- que era empleado de la compañía y estaba afiliado a un sindicato de la industria minera. “Al momento de su muerte, llevaba varios años sin trabajar en la mina debido a recomendación médica, aunque se mantenía su contratación vigente. No existía una demanda laboral contra la empresa”, señala.  

Las empresas consideran que Aldemar no representó un liderazgo en el proceso de reasentamiento. 

“Desde el Equipo Técnico de Reasentamiento y las Empresas Mineras no se evidenció una participación activa del señor Aldemar García en el proceso de reasentamiento, salvo por su involucramiento en el proyecto apícola desarrollado con el Pnud. Por tal motivo, no se podría asegurar que fue un líder en el proceso y no podemos asegurar que su muerte pueda ser atribuible de manera directa o indirecta al proceso de reasentamiento, teniendo en cuenta que su caso aún se encuentra en investigación”, señalaron las empresas en una respuesta conjunta el 22 de marzo, después de consultarles sobre la situación laboral de Aldemar y sus acciones sobre la situación de riesgo de los líderes de la comunidad.

En El Hatillo solo hay preguntas sobre ese crimen y sobre las amenazas que arreciaron durante todo el 2017 y el 2018, hasta que en noviembre pasado lograron firmar el PAR.

“Las presiones eran muchísimas, uno lloraba. Estábamos en una reunión para prepararnos, antes de llegar a la mesa, para defenderse ante las empresas porque la negociación era empresa-comunidad, cuando nos llamaban y nos decían que nos iban a picar los hijos, que sabían dónde estudiaban. Hubo tanta presión que algunos compañeros se retiraron”, cuenta un líder.

Los miembros del Comité de Concertación concuerdan en que ese periodo fue el más tenso porque en él se abordaron los aspectos más estructurales del reasentamiento, como el de acceso a tierras, vivienda y proyectos productivos. Varios reconocen que las empresas dispusieron transporte y presencia del Ejército para garantizar su movilidad segura hasta las mesas de reunión. Sin embargo, las autoridades no investigaron quiénes eran los autores de las amenazas ni los hostigamientos y –según cuenta uno de los líderes- “ya no nos querían recibir las denuncias en la Fiscalía de Chiriguaná ni en Bosconia”, dos municipios vecinos en el Cesar.

Tras más de 200 mesas de trabajo y de una negociación sobre 151 puntos, el 29 de noviembre de 2018 la comunidad y las empresas mineras firmaron el PAR. Después de seis años de negociación, ocho de los once líderes del Comité de Concertación recibieron medidas de protección por las amenazas. Varios creen que la angustia y la presión de tantos años tuvo efectos sobre la salud de los líderes Alberto Mejía y Alfonso Martínez, quienes fallecieron por enfermedad durante ese período. Otros decidieron desplazarse a otras ciudades por temor, agotamiento y la incertidumbre sobre las garantías de seguridad de los próximos años.

Del plan de papel al reasentamiento real

Para los hatillanos, en noviembre pasado comenzó un nuevo proceso que no está exento de nuevos riesgos.

De las 191 familias que integran originalmente la comunidad, ya 111 habían expresado participar del reasentamiento colectivo, lo que significa que las empresas mineras deben construirles un nuevo centro poblado en otro lugar. El predio donde proyectan ese reasentamiento se llama Mata de Palma, tendrá 400 hectáreas, está ubicado en el vecino corregimiento de Potrerillo y actualmente está en proceso de compra. Además de las viviendas, la infraestructura vial y el acceso a servicios públicos, cada familia deberá recibir un proyecto productivo.

A las otras 80 familias que han manifestado su preferencia por un reasentamiento individual, las empresas deberán garantizarles la compra de una vivienda en el lugar donde quieren reconstruir sus vidas y un proyecto productivo.

“El riesgo sigue porque ahora es exigir que nos cumplan”, repiten varios miembros del Comité.

Según el PAR, las empresas tendrán un plazo de cinco años en el ahora llamado Plan de Transición, por lo que la comunidad espera que esta vez sí tenga acompañamiento del Estado.

“El Plan de Transición nos preocupa, porque el traslado significa que en realidad debe mejorar la calidad de vida de la comunidad”, dice Jesualdo Vega, secretario de la Junta de Acción Comunal.

Aunque la negociación entre la comunidad y las empresas comenzó en 2012, el Ministerio de Minas y Energía reconoce que desde febrero de 2017 viene acompañando las mesas de concertación del PAR y que “mantiene su compromiso de acompañar el proceso en su fase de implementación”. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información el Ministerio aclara que, como el reasentamiento es producto de resoluciones del Ministerio de Ambiente, “corresponde a las autoridades ambientales exigir el cumplimiento de lo acordado en el Plan de Reasentamiento y derivados del proceso de licenciamiento”.

Desde el 4 de marzo solicitamos información de forma verbal y por escrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre su compromiso en acompañar a la comunidad de El Hatillo en la implementación del PAR y en exigir cumplimiento a las empresas mineras sobre los acuerdos. Sin embargo, al cierre de la historia no hemos recibido respuesta de la institución (Ver preguntas enviadas al Ministerio de Ambiente

Sobre la situación de riesgo de los líderes sociales, el Ministerio de Minas y Energía indica que formuló una política de Derechos Humanos del Sector Minero-Energético y que en la actualidad desarrolla planes de acción para su implementación. También que participa del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Carbón, que firmó una declaración conjunta de rechazo a las amenazas a la vida e integridad de las personas, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil como el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER-IHRB) y la Fundación Ideas para la Paz (Lea respuesta del Ministerio de Minas).

El Grupo está integrado por la Consejería de Derechos Humanos, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería y las empresas Cerrejón, Drummond, Prodeco y CNR, que trabajan en la formulación de un “Procedimiento para la activación de ruta para la protección de la vida e integridad personal de grupos de interés”.  

Al preguntar a Drummond, Prodeco y CNR sobre las acciones que tomaron para responder las situaciones de amenaza o riesgo de los líderes de El Hatillo, explicaron que sugirieron a los afectados presentar las denuncias, en varios casos los acompañaron a instaurarlas y desarrollaron talleres en competencias de seguridad, dirigidas a los representantes de la comunidad, con el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar.

“Igualmente, se contó con la participación de entidades como Ejército Nacional, Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes intensificaron sus unidades en la zona para acercar y brindar una mayor protección a la población de El Hatillo. Así mismo, en cada una de las ocasiones en donde era demostrable la amenaza a los representantes o miembros de la Junta de Acción Comunal, las Empresas Mineras enviaron comunicados de prensa, rechazando los hechos”, respondieron las tres empresas en un documento conjunto, que lleva sus tres logos y a nombre del Equipo Técnico de Reasentamientos liderado por José Link. 

Frente a las garantías de seguridad ahora en el proceso de transición, las tres empresas mineras señalan que la fortaleza del proceso pactado en 2018 es que involucra al menos dos Ministerios y tres agencias del Gobierno central, además de la Defensoría del Pueblo y los gobiernos regional y local. “Algunos de estos actores seguirán presentes durante el proceso de traslado y posterior acompañamiento de la comunidad en su sitio de reasentamiento”, afirman.

Sin embargo, subrayan que -a su juicio- el nivel de riesgo de las comunidades no ha aumentado, sino disminuido. “Cabe indicar que el riesgo que pueden vivir las familias de El Hatillo en el período de transición probablemente no será mayor al que han vivido hasta ahora, pues los riesgos están relacionados con la situación de falta de seguridad que vive la región y el país, por múltiples causas”, señalan, añadiendo que han propiciado reuniones de la comunidad con la Consejería de Seguridad del presidente Iván Duque, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las policías locales (Lea las respuestas completas de las empresas). 

En El Hatillo han sido las empresas mineras las que han fungido como Estado y la incertidumbre se debe a que una vez firmado el PAR, por ejemplo, al pueblo no volvieron el profesor de educación física ni la enfermera. Ambos eran pagados por las compañías. 

A marzo de 2019 ya se habían realizado tres mesas para comenzar el proceso de transición. Con incertidumbre, esperan que existan condiciones de seguridad para lograr el reasentamiento, que las becas de estudio universitario, técnico y tecnológico acordadas con las empresas mineras les permitan tener los primeros profesionales durante los siguientes 11 años y, sobre todo, que su lucha por no respirar carbón haya valido la pena.  

PROYECTO Y MEDIOS ALIADOS.
AUSPICIADO POR: