Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina nunca había sido tan peligroso.
Tanto así que seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales están en la región, según un deshonroso listado que apareció en el informe que el ex relator especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016.
Por eso, un nutrido equipo de periodistas, fotógrafos, videógrafos y desarrolladores de 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela) nos juntamos desde 2018 para investigar episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. El resultado de este proyecto investigativo en el que hemos trabajado desde hace dos años documenta una base de datos con 2.460 hechos victimizantes en los últimos doce años (2009-2020) y 36 reportajes en profundidad.
No pretendemos contar con un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Pero sí aportar pistas de qué tan grave es el panorama con nuestra base de datos construida a partir de más de 100 fuentes, entre entidades oficiales, organizaciones sociales, archivos de prensa y reportería en terreno.
¿Qué encontramos?
En nuestra investigación encontramos 2.209 hechos victimizantes contra hombres y mujeres y 252 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio.
El 79% se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario. Sin embargo, también encontramos 457 ataques contra mujeres – incluidos los que pueden leer en las historias sobre la dirigente mapuche Francisca Linconao, la pemona Lisa Henrito Percy en Venezuela, la siona Martha Liliana Piaguaje en Colombia o la kichwa Patricia Gualinga en Ecuador.
Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos -selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales- dentro de sus territorios.
Las minorías étnicas muy golpeadas
El blanco de un alarmante 48,8% de esos episodios de violencia (1.202 registros) pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales.
Los datos nos arrojan 947 ataques contra integrantes de 160 etnias indígenas diferentes. Las que más presentan ataques son los lenca de Honduras (69), pueblo al que pertenecía la asesinada líder Berta Cáceres, seguidos por los guarani-kaiowá (54) y munduruku (39), ambos de Brasil.
Diecinueve de nuestros reportajes documentan ataques y afectaciones contra comunidades indígenas que buscan salvaguardar sus tierras ancestrales – los mapuche en Chile, los lenca en Honduras, los kollas y atacamas en Argentina, los pemones en Venezuela, los shuar y kichwa en Ecuador, los piratapuyo, tucano, pijaos, siona, zenú, nasa y nutabe en Colombia, los guarani-kaiowá, munduruku, karipuna y uru-eu-wau-wau en Brasil, los rarámuri y ódami en México, los moxeños trinitarios y torewa en Bolivia o los asháninka y tikuna en Perú.
La base de datos también muestra 150 casos de violencia contra poblaciones afrodescendientes y 105 contra los garífuna, otra minoría étnica también de origen afro, en Honduras. Tres de nuestras investigaciones evidencian ataques sufridos por comunidades afro en el Pacífico colombiano y en el noreste de Brasil.
¿Qué defienden y de qué se defienden?
Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, en esta investigación tuvimos en cuenta el recurso principal defendido por ellos.
De igual manera, en muchos casos los líderes y comunidades se vienen defendiendo de distintos tipos de actores. En nuestra investigación solo tuvimos en cuenta el principal sector que las comunidades defensoras citan como aquel al que se han intentado oponer o que tiene un interés directo en el área donde han ocurrido los ataques: desde agroindustria, explotación petrolera, minería, hidroeléctricas y carreteras hasta narcotráfico o comercio ilegal de madera.
Los siguientes son los tipos violencia contra los líderes que mapeamos con la base de datos, sin dejar de mencionar que en varios casos los líderes o comunidades defensoras del medio ambiente han sufrido más de un hecho victimizante, por lo que decidimos escoger el principal o el primero registrado.
Aunque los patrones de violencia cambian entre los distintos países y también en el tiempo, se ven algunas posibles correlaciones en los datos: por ejemplo, hay un alto número de asesinatos donde se sospecha la influencia del narcotráfico, uno de amenazas donde se le atribuye al sector forestal y uno de hostigamientos judiciales donde hay proyectos de infraestructura. En otras zonas con presencia de agroindustria o minería se han presentado todo tipo de violencias.
Hay un alto número de asesinatos donde se sospecha la influencia del narcotráfico
Comprobamos que un porcentaje significativo de los hechos victimizantes han ocurrido en las vastas regiones de la selva que albergan parte importante de la riqueza natural que ha convertido a América Latina en la región más biodiversa del mundo.
La Amazonia, centro de ataques
Un número importante de ataques contra líderes, comunidades y funcionarios públicos ambientales se concentra en la Amazonía, la selva tropical continua más grande del mundo y cuya conservación constituye una de las mayores contribuciones de la región a mitigar la crisis climática global.
Acá se puede ver el número y tipo de ataques en todos los estados, departamentos o provincias situadas en la Amazonia.
Asimismo, la mitad de nuestros reportajes se centran en casos de violencia que han ocurrido la cuenca amazónica – en seis países distintos. Estos 17 reportajes evidencian cómo decenas de territorios indígenas, comunidades ancestrales y parques nacionales en toda la cuenca amazónica han sido blanco constante de ataques, de intereses criminales y de una ausencia casi absoluta de administración de justicia.
Allí encontramos y documentamos casos de colonos que invaden tierras comunales y de militares que agreden a dirigentes indígenas, de petroleras que omiten su responsabilidad por fuentes de agua contaminadas y narcotraficantes que obligan a comunidades a cultivar coca, de guardaparques asesinados por cumplir su vocación de conservar patrimonios colectivos y de taladores de maderas finas que persiguen a quienes protegen las especies que codician.
La deuda de la justicia
La información más difícil para nosotros ha sido entender el estado actual de los casos en la justicia. Solamente encontramos datos concluyentes de decisiones judiciales (bien sean sentencias condenatorias o absolutorias) en 296 casos -o 12% del total- mostrando que la administración de justicia tiene una inmensa deuda con los defensores ambientales – algo que el recién estrenado Acuerdo de Escazú busca corregir.
En buena parte de estos casos esas sentencias cobijan a los autores materiales, mas no a los intelectuales, como sucedió con las sentencias en México y Honduras a los asesinos de Isidro Baldenegro y Berta Cáceres, ambos ganadores del Premio Ambiental Goldman.
En todo caso, en más de mil casos –el 46% del total- no encontramos información sobre el estatus de las investigaciones.
Igual de alarmante fue haber encontrado indicios de que, al menos en 1.366 casos (o 55% del total) las víctimas o sus comunidades habían interpuesto denuncias ante las autoridades, tanto instituciones estatales hasta instancias internacionales. Eso sucedió de manera marcada en casos de acoso judicial, amenazas y asesinato.
Encontramos que ni siquiera llevar un caso ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos organismos encargados de velar por los derechos humanos en América Latina, traduce en todos los casos en medidas efectivas de protección.
Trágicamente, a pesar de que la sabiduría popular dice que soldado advertido no debería morir en guerra, la violencia continuó o inclusive arreció contra líderes y comunidades en cinco países –Brasil, Colombia, Honduras, México y Venezuela– cuyos Estados no hicieron lo suficiente por proteger a esos ciudadanos pese a contar con medidas cautelares o haber sido alertados del riesgo que corrían a nivel internacional.
Esa situación es particularmente aguda en Honduras, México y Brasil, donde hay información que sugiere que –en muchos casos de asesinatos y de ataques físicos- sí existían alertas de que algo podría suceder.
Si bien la nuestra no es una medición científica sino periodística, observamos un número incremental de casos entre 2017 y 2018 (que creemos se extiende hasta 2019, cuyos datos aún no tenemos completos en todos los países). En general, los datos del año más reciente –en este caso de 2020- son fragmentarios porque al cierre de nuestra base de datos muchas de las fuentes consultadas no habían cerrado sus investigaciones.
Aunque aún no tenemos una foto del problema durante el año que lleva la pandemia, los asesinatos de decenas de líderes mostraron que ni la crisis de salud pública y económica lograron frenar la violencia.
Ni la crisis de salud pública y económica lograron frenar la violencia.
Estos defensores protegen la tierra que les da vida a ellos, pero también las montañas que nos proveen de agua y los bosques que nos traen aire limpio a las ciudades. Están siendo amenazados y asesinados en números francamente aterradores.
Cada uno de ellos es más que un número. Estas son sus historias de vida, de lucha, de resistencia.
