La pesca requiere paciencia y silencio. Y eso fue lo que perdieron los pescadores de El Estor en mayo de 2017. Esta es la historia mínima, imperceptible casi, a punto de ser olvidada, de unos pescadores que decidieron dejar las balsas cuando su lago empezó a teñirse de rojo. Ellos acusan por la contaminación a la mina de níquel que opera en este municipio del nororiente de Guatemala desde hace 50 años. Carlos Maaz Coc, Alfredo Maquín y los demás miembros de la gremial de pescadores se hartaron del olvido y salieron a manifestar a la carretera. Uno está muerto, otro lleva una bala incrustada en el cuerpo, dos están presos y otras cinco personas están ligadas a procesos y viven con miedo.
Aún le dio tiempo de ir a almorzar a su casa al mediodía. Pudo darse un respiro con Cristina y el pequeño. La rutina tranquila del pescador Carlos Maaz ya se había interrumpido dos semanas atrás, cuando una mancha roja apareció en el lago y él decidió unirse a las protestas de la gremial de pescadores.
A Carlos Maaz no le dio tiempo de gritar. Ni una exhalación, ni un gemido. La bala se incrustó en el corazón. El pescador se desplomó y quedó tendido en el pavimento, mientras otras tantas balas silbaban entre los pescadores que habían decidido tapar la carretera que lleva de El Estor a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) instalada a siete kilómetros del parque central de la población –o 15 minutos en auto e, igual que El Estor, situada a la orilla del lago Izabal.
Todos corren, gritan, las bombas lacrimógenas retumban. Las piedras rebotan de un bando al otro. Mientras, el cuerpo de Carlos Maaz está congelado, sin vida, en medio de la escena dantesca. Así queda registrado en las fotos del 27 de mayo de 2017.
Hay pocos retratos de Carlos Maaz en vida: la foto de su cédula y otra borrosa con la familia, que servirá para que Cristina, su viuda, pueda mostrarlo a los periodistas que aparecen, aunque cada vez menos, para intentar desentrañar una historia que lleva décadas enredada. En cambio, hay decenas de fotos de Carlos Maaz muerto, tendido boca arriba, con una camisa tipo polo, de un blanco resplandeciente estampada con estrellas. Se alcanza a ver la tímida mancha rojo pálido, del tamaño de un clavel, en el pecho.
Desde hace cincuenta años (1971) es también ‘el estor’ de la minera de níquel que opera junto al lago más grande de Guatemala
Poco se habló de esta revuelta en un municipio del departamento de Izabal dado a los esporádicos bochinches. El pueblo funcionó por décadas como un puerto lacustre con salida al Atlántico donde se situaba la única tienda que abastecía a las fincas de la región tropical, conocida, entonces, como The Store. La aldea fundada en 1886 creció y se convirtió en un municipio de 40 mil habitantes, que aún es el centro de comercio para las fincas de monocultivos del área –ahora de palma africana, plátanos y ganado-. Desde hace cincuenta años (1971) es también ‘el estor’ de la minera de níquel que opera junto al lago más grande de Guatemala, habitado originariamente por la etnia maya q’eqchi’ y en la que ahora cohabitan lo q’eqchíes, mestizos y al menos 216 trabajadores extranjeros de la mina.
Ese sábado 27, por unos minutos más, todos siguieron con la coreografía de una manifestación, de un bloqueo, de un contingente policiaco que disolvió el levantamiento a punta de golpes y gases… y, posiblemente, balas. Pasaron horas para que levantaran el cadáver de Carlos Maaz. Nunca llegó el Ministerio Público que debió recoger evidencia, tomar fotografías, anotar los nombres de posibles testigos y llevarse el cuerpo a Puerto Barrios, la cabecera departamental, para hacer el examen forense.
Han transcurrido casi dos años y pocos dicen algo respecto al caso de Carlos Maaz, el pescador de 27 años que llevaba toda la vida pescando, que en dos semanas se convirtió en activista, en ambientalista, en defensor del lago y en mártir. Los testigos señalan a la Policía, al Estado, pero eso en Guatemala no es motivo para escándalo.
Los olvidados de los olvidados
El oficio del pescador requiere mucha paciencia. Carlos Maaz tuvo que ser paciente hasta muerto.
Transcurrieron siete horas, bajo el sol, con ese calor tropical que rondaba los 30 grados, hasta que supieron que el Ministerio Público no llegaría a levantar el cadáver y lo llevaron a su casa. Al día siguiente lo enterrarían, y pasarían siete meses hasta que la Fiscalía volvió para exhumar el cadáver, sacar la bala e iniciar el trabajo forense en el mismo cementerio.
A casi dos años de su muerte, no hay resultados de la investigación. Los testigos entrevistados, muchos de ellos parte de la gremial de pescadores, pero también trabajadores de la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (Aepdi) conocida también como Defensoría Q’eqchi’, aseguran que las balas venían del bando de la Policía que llegó, junto a los antimotines, a dispersar el bloqueo. Robin Sicaján, director ejecutivo de Aepdi, proporciona el álbum de fotografías. Se ve a algunos policías armados. Aunque no se alcanza a ver ninguna fotografía en la que alguno esté disparando. No hay registro de algún manifestante armado.
Los pescadores están convencidos de que el agua se tiñó por la evacuación de material tóxico desechado del proceso de extraer níquel.
La prensa no publica más sobre la muerte de Maaz. Excepto el medio digital Prensa Comunitaria, que tiene a uno de sus periodistas, Carlos Choc, ligado a un proceso por el mismo caso. También se considera cerrado el debate por el que los pescadores salieron a manifestar: una sospecha de contaminación. Los pescadores están convencidos de que el agua se tiñó por la evacuación de material tóxico desechado del proceso de extraer níquel, la mina asegura que es tierra arrastrada por el río Polochic en temporada de invierno y el Ministerio de Ambiente cerró el caso dando la misma respuesta que la mina.
Francisco Vivar, el abogado a cargo y miembro del Bufete Jurídico de Derechos Humanos que asume casos de violaciones de derechos humanos, poco habla del caso de Carlos Maaz. En la entrevista para este reportaje enfoca sus respuestas en los dos pescadores presos y los cinco que están en libertad condicional.
Dice confiar en que el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) están haciendo su trabajo. Se escabulle cuando se le cuestiona sobre la demora en resolver un caso, investigar, hallar a los responsables de los disparos en contra de Maaz y de Alfredo Maquín y llevarlos a juicio. No quiere entorpecer un caso abierto, dice el integrante del bufete que ha llevado casos tan importantes como el del juicio por genocidio contra el ex presidente Efraín Ríos Montt o el proceso contra unos militares acusados de esclavitud y explotación sexual a las mujeres de Sepur Zarco.
“Lo que ocurrió es que la población no permitió que el MP realizara su trabajo; no obstante , se comprende por su contexto social y cultural”.
Julia Barrera.
Sonia Montes, fiscal a cargo del caso en el Ministerio Público (MP), da largas para responder a una entrevista. Primero estuvo de vacaciones, luego trasladó las preguntas a otra fiscal y, finalmente, sugirió que se haga el proceso a través de la oficina de comunicación. En la única conversación telefónica con la fiscal Montes, ella explicó que si el Ministerio Público no llegó a recoger el cuerpo de Carlos Maaz, el 27 de mayo, fue porque evaluaron el riesgo y consideraron que sería contraproducente que la Fiscalía se presentara en el municipio, debido a que la población estaba enardecida. “Lo que ocurrió es que la población no permitió que el MP realizara su trabajo; no obstante , se comprende por su contexto social y cultural”, explica Julia Barrera del MP y explica que los casos están en investigación y no pueden dar información relacionada a éstos.
La Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación niegan información relativa al caso. Al hacerse la solicitud de información pública, deniegan la solicitud de las actas y reportes de aquel: “No es posible proporcionar la información solicitada… toda vez que el informe policial contiene nombre del personal policial y esta institución policial está exenta de la obligación de publicar los nombres del personal policial… por el decreto 11-97 de la Ley de la Policía Nacional Civil toda la información que la institución conozca en el desempeño de sus funciones debe guardarse bajo riguroso secreto profesional”, dice la respuesta a la solicitud. Se solicitó entrevista con el director de la Policía y se pidió información institucional a la oficina de prensa, pero no dieron respuesta.
Es decir, poco se sabe sobre la situación en la que se encuentra la investigación y la fecha de un eventual juicio.
Cristina Xol Pop, la viuda de Carlos Maaz, habla sobre el abandono en que se encuentra. Su idioma materno es el q’eqchi’ y se disculpa por las dificultades del idioma, con pausas, busca cuidadosa las palabras.
“Cuando a mi marido lo mataron, nosotros seguimos denunciando que por culpa de la empresa se murió Carlos Maaz. Entonces, los empresarios siempre nos persiguen en su carro, en un carro nos persiguen…. Me da miedo”, dice Cristina, de 24 años, quien ya no sale a la carretera a vender las empanadas y las tostadas que ella misma preparaba. “Por miedo dejé de vender, porque tal vez voy a estar allí sentada, tal vez me van a disparar, eso es lo que pienso yo, pues”.
Poco esperan de nadie, del Estado nunca tuvieron nada, las organizaciones llegaron y no volvieron.
Cristina se mudó de la casa de sus suegros a una casa de bejucos, como la de muchos pobladores de El Estor, frente a sus padres. Son ellos quienes ayudan ahora a su manutención y a la de su hijo de 10 años. No saben qué pasará con la investigación y con el juicio. Así, en la distancia, con pocos recursos, es casi imposible hacer una llamada y dar seguimiento telefónico y, mucho menos, incurrir en los gastos del viaje de siete horas hasta la capital de Ciudad de Guatemala. Poco esperan de nadie, del Estado nunca tuvieron nada, las organizaciones llegaron y no volvieron.
“Sí me están ayudando ellos, los abogados, porque ya hubo la exhumación y ahorita pues ya sabemos que fue la Policía, ahorita no me han llamado pero vamos a seguir”, dice Cristina.
La gota roja
De El Estor podría escribirse una novela en tono Stephen King: la historia de un pueblo olvidado, donde todos los personajes desconfían unos de otros, se miran sobre el hombro y murmuran y chismean. Una novela donde los grandes capítulos para recordar están marcados por la violencia. Un territorio del trópico que parece construido sobre pólvora, donde basta un cerillo para una explosión que se esfumará como si nada hubiera pasado, sólo queda esa tensión subterránea. Hay una línea de tiempo de muertos –asesinados- relacionados por sus denuncias o por liderar manifestaciones que terminaron en brutales desalojos.
Una trasnacional opera en el vecindario de un pueblo cuyas condiciones de vida poco han mejorado en décadas. Desde antes de que iniciara operaciones en mayo de 1971, Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (Exmibal), que luego se convertiría en la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), pobladores y líderes se han enfrentado y se han opuesto a la presencia de la mina, han denunciado contaminación, condiciones de trabajo poco seguras (que la mina niega asegurando que se rige por los estándares de la International Finance Corporation –IFC-) y, también, una baja cantidad de puestos de trabajo para los locales (que la mina explica que llena las cuotas exigidas por la IFC. A través de su oficina de prensa, explica que el 51% de los trabajadores son de El Estor y el que no contrate más personal local se debe a la baja escolaridad y poca capacitación especializada de los locales). A dos años de la manifestación de los pescadores, la aparente calma ha vuelto. Las manifestaciones que se realizan en la carretera o en el parque vuelven a ser para exigir trabajo en la mina. En El Estor las muertes, los crímenes, las quejas se hunden pronto como una piedra en el fondo del agua.
Las manifestaciones y las violencias quedan guardadas en los informes de las organizaciones de derechos humanos, como el desalojo del barrio La Unión donde los pobladores exigían que se reconociera la propiedad de sus tierras originarias que estaban en el territorio concedido a la Compañía Guatemalteca de Níquel (385 kilómetros cuadrados en total) y donde fue asesinado Gustavo Ich.
No se definieron los métodos de auditoría y fiscalización de la mina, no se estableció qué sucedería con la posesión de las tierras de quienes ya vivían en los territorios y no se pusieron reglas sobre el impacto ambiental.
Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH).
La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), que se llevó a cabo después de la guerra civil guatemalteca de 36 años, deja registro de un turbio proceso de concesión: no se definieron los métodos de auditoría y fiscalización de la mina, no se estableció qué sucedería con la posesión de las tierras de quienes ya vivían en los territorios y no se pusieron reglas sobre el impacto ambiental.
Hay al menos un muerto relacionado con la concesión: el diputado Adolfo Mijangos que fue asesinado en 1971 y que públicamente se oponía a la instalación de la mina. Tras la muerte de Mijangos, se vio forzado a salir al exilio el político e intelectual Alfonso Bauer Paiz, que criticaba un marco regulatorio precario y un debate con poca claridad sobre el impacto ambiental y social que podría dejar la mina, además de los pobreslos beneficios para el Estado o los vecinos de El Estor.
En 2007 fueron violadas once mujeres en la cercana localidad de Lote Ocho e inició en Canadá un proceso judicial contra Hudbay Minerals, la compañía que en ese momento era propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel y que había comprado la operación minera a Exmibal. Las mujeres señalaron a los guardias de seguridad contratados por la mina. En Guatemala nunca se inició una investigación y fueron organizaciones canadienses las que impulsaron el juicio en el extranjero, aduciendo que el Estado guatemalteco no estaba en capacidad de investigar e impartir justicia.
También viven los estoreños, como una telenovela que les es ajena, la misteriosa muerte de tres estudiantes universitarios que, en 2012, hacían un conteo de cocodrilos en la zona pantanosa de la mina que está registrada como área natural protegida. Se realiza en estos meses un juicio en que se busca esclarecer el crimen y en que es acusado un técnico de la empresa CGN. Sucede en el mismo tribunal de Puerto Barrios, la cabecera del departamento de Izabal, donde se lleva el caso de la gremial de pescadores artesanales.
Ahora, después de la marcha contra la contaminación del lago de hace dos años, están presos los pescadores Cristóbal Pop y Eduardo Bin Poou.
El precio de no callar
Después de las manifestaciones y bloqueos en que murió Carlos Maaz; el presidente y vicepresidente de la gremial fueron acusados de amenazas, instigación a delinquir, retención ilegal, daños y asociación ilícita.
“La empresa puso la denuncia y solicita las órdenes de captura. La municipalidad, en el contexto, es complaciente con los de la empresa”
Francisco Vivar.
Las acusaciones provienen de la mina, según su abogado Vivar, aunque ésta se ha intentado desligar del caso. “La empresa puso la denuncia y solicita las órdenes de captura. La municipalidad, en el contexto, es complaciente con los de la empresa y el alcalde como represalia del incendio en su casa -de lo que la gremial se declara inocente- señala a los líderes”, explica Vivar. La defensa busca demostrar la inocencia de los acusados y exponer una persecución que busca silenciar los motivos de la manifestación por la que están presos. El mismo día de la manifestación, por la tarde, una turba incendió la casa del alcalde y la estación de la Policía. Las autoridades buscan responsabilizar a los pescadores, mientras que testigos, acompañantes de caso, la defensoría q’eqchi’, aseguran que fue otro grupo de pobladores que aprovechó la confusión para causar caos.
La gremial empezó a organizarse en mayo de 2017, cuando los pescadores vieron el lago rojo e inició una serie de denuncias: ante el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la Gobernación Departamental, la Municipalidad y el Ministerio de Salud. La prensa local deja registro de aquel intento por hacerse oír frente al Estado. Sin embargo, no obtenían respuesta. Ante el hermetismo de las autoridades, decidieron bloquear la carretera que lleva a la mina. Catorce días estuvieron así, hasta que les llegó la noticia: sí, les escucharían, sí, se sentarían a conversar con ellos.
Hay registro de una reunión en el palacio municipal de El Estor ese mismo mes. Al alcalde le falló la logística y se olvidó colocar sillas. El Ministro de Ambiente y otros funcionarios llegaron dos horas tarde, aseguran pescadores y testigos. Los pescadores entrevistados, la Defensoría q’eqchí’, los familiares no dejan de mencionar esos detalles, que parecerían puros despistes de etiqueta, pero que para ellos eran símbolo de algo más grande: de que no los tomaban en serio.
El ministro en tono jocoso les ofreció unas gallinas a cada uno, para desvirtuar las denuncias por contaminación y, según él, intentar sobornarlos.
Un pescador, de los que ahora se esconde por tener abierto un proceso judicial en el que se les acusa de amenazas e instigación a delinquir, asegura que el ministro en tono jocoso les ofreció unas gallinas a cada uno, para desvirtuar las denuncias por contaminación y, según él, intentar sobornarlos.
De aquella reunión salieron con el compromiso de que los pescadores cancelarían el bloqueo de la carretera, que el Ministerio haría las investigaciones necesarias y que se volverían a reunir el 27 de mayo de 2017.
Pero esa reunión nunca sucedió: los pescadores dicen que el Ministerio de Ambiente dio el aviso de la reunión el 26 a medianoche y les daba cita en Puerto Barrios, por lo que les era imposible llegar a tiempo; y el Ministerio dice que no ellos no llegaron. El 27 de mayo los pescadores volvieron a bloquear la carretera y el Ministerio de Gobernación envió a un contingente de policías y antimotines desde varias partes del país. La veloz reacción genera sospechas en los miembros de la gremial, que piensan que ya estaba todo planeado.
(Intentamos preguntar cuánta gente envió al Ministerio, pero éste se negó a responder cuál fue el número de agentes enviados).
No le tengo miedo a la mina, no le tengo miedo a la Policía
La bala que mató a Carlos Maaz no fue la única que se disparó en la ruta ese día. Los pobladores recogieron varios casquillos, que aseguran haber entregado al Ministerio Público.
Una de las balas disparadas se quedó en El Estor, metida en el cuerpo del pescador Alfredo Maquín.
Maquín vive con una incomodidad permanente, con dolores constantes. Contrasta ese enojo, ese malestar, con la delicadeza con que lija el remo que tiene a sus pies. Maquín hace remos porque ya no puede salir a pescar. No pesca, hace remos y tiene ensartada una bala en el culo. Está rabioso y abandonado.
Pasa horas en la hamaca, rumiando cuánto dinero necesita para comprar los analgésicos, cuánto para comprar comida para su familia y la medicina, para su pequeña que se quebró un brazo al caer de la cama y para su esposa que está famélica con una tos necia.
Alfredo Maquín ya está harto, también, de dar entrevistas. Nadie lo menciona, dice, nunca sale su nombre, nunca se cuenta que de aquel 27 de mayo, además de un pescador muerto, quedó otro pescador que constantemente piensa en que quizás hubiera sido mejor morir. Lo dice sin pudor, frente a sus esposa y sus hijos: “Hubiera sido mejor morirme”.
Los compañeros de la gremial –los que viven a salto de mata, porque aún enfrentan un proceso judicial- no lo mencionan y el licenciado Vivar del bufete de defensa apenas da detalles de cómo va el caso. Sí, ha tomado tiempo, pero todos los casos toman tiempo y ese es uno más.
No hay respuestas para el caso de Maquín.
¿Nadie ha podido hacer nada para extraer la bala de la cadera? ¿No necesita el Instituto Nacional de Ciencias Forense la prueba del delito? ¿Aliviaría su dolor, le harían una reconstrucción? ¿Podría volver a la pesca y dejar de pulir, con hermosura pero con rabia, sus remos? No hay respuestas para el caso de Maquín. Sonia Montes del Ministerio Público no responde sobre el caso y el abogado Vivar prefiere dar tiempo y el beneficio de la duda a los investigadores.
Alfredo Maquín ya no cree en nada. Él no era más que un pescador que iba todas las madrugadas a pescar y eso le permitía llevar comida a su familia y darles medicina cuando enfermaban. Pero decidió salir a la calle a tirar piedras para quejarse por la mina, por el lago rojo, y ahora está postrado en una hamaca.
“Yo tiré piedras”, lo reconoce. Casi tiembla cuando habla de aquella mujer policía que gritaba “¡Mátenlos, mátenlos, mátenlos!”. Nadie da respuesta de ella. La Policía calla, mientras la mina explica que fueron las autoridades las responsables de algo que no estuvo nunca en sus manos. Maquín no tiene duda de que la bala que mató a Carlos Maaz y la bala que él lleva incrustada en el cuerpo son de la Policía.
Pareciera que a Alfredo Maquín ya no le da miedo nada. Despotrica contra los medios, que solo le hacen perder tiempo para hacerle contar la historia que nunca publican. Despotrica contra las organizaciones no gubernamentales que lo visitan y le ofrecen ayuda pero que nunca regresan. Y despotrica contra la mina a la que llegó a tocar sus puertas, a pesar del pacto que hicieron en la gremial de pescadores. Les pidió trabajo: no le dieron. Les pidió que le sacaran la bala en el hospital que tiene para los empleados: se negaron.
“Yo no le tengo miedo a la mina. No le tengo miedo a la Policía. Yo le tengo miedo a la pobreza”.
Alfredo Maquín.
Allí está Alfredo Maquín, exiliado en su propia casa de bejucos, junto a su esposa que estruja y dobla y desdobla las recetas de medicinas con sus huesudas manos. Allí están sus hijos que juegan sobre el piso de tierra, que ríen, pero que también alcanzan a escuchar que su padre preferiría haber muerto.
-¿Le teme a la mina, le tiene miedo a la Policía? – pregunto a Maquín.
-Yo no le tengo miedo a la mina. No le tengo miedo a la Policía. Yo le tengo miedo a la pobreza –dice el pescador.
Los escondidos
“Nosotros no éramos así”, dice Eduardo Bin en aquella reunión, en mayo de 2017, en la municipalidad; antes de ser apresado, “me temblaban las patas cuando vine al Estor”, cuenta la anécdota Bin para explicar lo que un funcionario le dijo sobre el carácter estoreño.
“No vamos a pedir trabajo a una empresa que está haciendo daño del más chiquito al más grande y a los que vienen por detrás”.
Eduardo Bin.
No eramos así, dice, “nuestra gente no era violenta, no era como la de hoy, ¿por qué creen que nuestra gente se volvió violenta? Porque esta gente que administra la empresa cuando hacen un bloqueo… los sobornan y se murió la cosa. Y el problema sigue igual, como se fueron malacostumbrando un grupo tras otro y por esa razón ha habido tantos bloqueos, porque la misma empresa los originó. Nosotros somos una organización diferente a como lo pensaba la empresa, pensó que queríamos dinero o trabajo. No vamos a pedir trabajo a una empresa que está haciendo daño del más chiquito al más grande y a los que vienen por detrás”.
Ellos no piensan callarse, pero ahora están callados. Eduardo Bin y Cristóbal Pop apresados y otras cinco personas ligadas a proceso, con orden de captura.
A pesar del miedo y de la desconfianza, de que sus abogados en el bufete de derechos humanos les recomendaron no reunirse y no ir a lugares públicos para que no los impliquen en ningún delito, aceptan reunirse en una pequeña casa, a la orilla del lago, alejado de todos. Están en el zaguán seis personas de la gremial; dos de ellos tienen orden de captura por los mismos delitos por los que están presos Pop y Bin.
Sugieren que han dado decenas de entrevistas y que no han recibido nada a cambio. Que justo ayer los dejó plantados un periodista español, que justo hace unos meses llevaron en lancha a unos periodistas franceses que no les dieron ni para la gasolina. Que ellos dan su tiempo y que no pasa absolutamente nada. Algo se ha contado de los dos pescadores presos y los otros perseguidos de la gremial. Lo cuenta especialmente Prensa Comunitaria, que cubre con constancia el juicio y las audiencias de sus líderes, presos en Puerto Barrios, y a donde se les dificulta mucho ir porque no tienen para el pasaje. Y llegan los periodistas extranjeros. Y los pescadores ya no se enteran si publicaron. Piensan que no, porque no pasa nada.
“Lo que nosotros queremos es que se haga saber a nivel internacional, todo lo que está sucediendo acá. Los compañeros están encerrados injustamente por defender el medio ambiente, el cerro, el agua”, dice uno de los miembros de la gremial. No quieren que se les identifique.
Vivar está convencido de que hay una clara violación a los derechos a la libertad de expresión y al derecho a la información.
“Parte de lo que busca la criminalización, la persecución judicial, es involucrar a la persona a un proceso penal. Cuando se da orden de captura, la sometés a un anonimato, la persona se tiene que esconder, le restringís a la persona en sus derechos, la privás de su relación familiar, laboral pero ante todo la privás a que se manifieste, se pronuncie, se oponga y eso conlleva un mensaje que dice ‘a vos también te va a pasar eso’”, explica el abogado Vivar en la entrevista en la Ciudad de Guatemala. Vivar está convencido de que hay una clara violación a los derechos a la libertad de expresión y al derecho a la información –en el caso de Carlos Choc, periodista que también está acusado junto a los periodistas-. “La persona o tiene que estar escondida o huyendo”, dice Vivar.
En efecto, la junta directiva de la gremial ahora da entrevistas en lugares apartados, exige el anonimato, no se pueden reunir en lugares públicos, pero les interesa que se publiquen las acusaciones que tienen contra la mina. Aseguran que dos investigaciones demostraron que la mina contaminaba, pero no tienen los documentos que lo prueban. Los tienen los líderes en prisión, aseguran. Intentamos buscar las investigaciones que los pescadores citan, pero fue imposible conseguirlas.
Hasta ahora no hay ninguna investigación definitiva que determine qué sucedió en el lago en mayo de 2017. “El Ministerio de Ambiente debe ver si todo es legítimo, si todo está orden, ¿acaso es gerente de la empresa?”, señalan al Ministerio y a la misma Presidencia de ser complacientes con la empresa minera.
Ahora, mientras esperan el juicio y confían en que los siete acusados sean declarados inocentes y los dos presos sean liberados, aseguran que la contaminación sigue. Que ellos, así como vieron que el lago se tiñó de rojo, siguen siendo testigos de la contaminación.
“Nosotros salimos a pescar temprano, ¡vieras la polvazón que expulsa la chimenea!. Yo pesco ahí frente a la empresa, vieras que así como cae la nieve, así shhhh, así cae la polvazón encima del agua y como la gente está durmiendo no se da cuenta, pero nosotros los pescadores no nos dormimos. Miramos todo”, dicen.
Ellos siguen pescando, y mirando, pero, por el momento, tienen prohibido hablar y manifestarse. Los pescadores volvieron a las balsas.
