El Parque Nacional Jeannette Kawas se enfrenta a su desaparición. Blanca Jeannette Kawas, la primera defensora de este parque y por quien lleva su nombre, fue asesinada en 1995 por su lucha en contra de la palma africana que –desde entonces– amenazaba la biodiversidad de la zona. Aunque en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Honduras por su muerte e hizo recomendaciones para preservar este parque, los defensores que siguen el legado de Kawas se siguen enfrentando hoy a más peligros.
Por: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen
Palma, solo palma. En eso, muy pronto, puede convertirse el Parque Nacional Jeannette Kawas. Todo lo que sus defensores sienten que pueden hacer es documentar su desaparición ante la acelerada expansión de la palma africana usada para producir aceite. Revisan Google Earth a diario, apuntan en sus libretas las nuevas zonas deforestadas, organizan patrullajes en carro y en lancha, toman fotografías. Pero no hay nadie que pueda detener la palma.
«Mientras nosotros estamos hablando aquí, en el parque suenan las sierras cortando bosques para sembrar palma», dice Francois Legard, exregidor de la municipalidad de Tela y ahora miembro de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), una ONG local que coadministra el parque. Francois deja de hablar y pone su mano en el oído, como si al hacer ese gesto pudiera escuchar las sierras.
El parque, que comprende 782 kilómetros cuadrados de bosques de manglares, playas rocosas de arena blanca, arrecifes coralinos y lagunas, sobre la costa del Mar Caribe en el noroccidente de Honduras, es tanto un destino turístico atractivo como un espacio de conservación de flora y fauna en peligro de extinción.
El parque fue declarado como humedal de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar en 1995, mismo año en que se declaró como parque nacional. El parque Jeannette Kawas –antes conocido como Punta Sal– tiene uno de los ecosistemas de manglares mejor conservados del norte de Honduras, con cuatro especies de manglares que, además, son refugio para una amplia diversidad de especies acuáticas y terrestres. En su área marina se encuentra uno de los arrecifes de corales más saludable en Mesoamérica y que alberga al coral cuerno de alce, un ejemplar catalogado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico de extensión.
Tanto los corales como otras especies marinas son amenazadas por la palma africana. Según Prolansate, la palma impulsa la deforestación de los bosques para ampliar el monocultivo y la erosión de los suelos, debido tanto a los sedimentos que genera su cultivo como a la contaminación por descargas de basura y desechos químicos en las fuentes hídricas que están contaminando diariamente el mar y las lagunas.
La palma ha venido apareciendo dentro del área del parque Jeannette Kawas desde antes de que fuera declarada parque nacional en 1995. Fue sembrada después de pequeños incendios provocados para deforestar. En el parque existen unas 38 comunidades que suman 13,000 habitantes, en su mayoría ubicados en las zonas de amortiguamiento. Son comunidades que subsisten de la agricultura y la ganadería. De acuerdo al plan de manejo del parque, el 30 % de su área terrestre se utiliza para esas actividades, pero en los últimos 20 años han sido desplazadas por la palma que ofrece mejores ingresos, se puede cultivar en suelos húmedos, solo usa mano de obra por estaciones y presenta riesgos de pérdidas menores.
Algunas comunidades, sin embargo, que viven tanto en zona de amortiguamiento como en zona núcleo del parque, han utilizado tanto la ganadería como la agricultura para esconder la siembra de palma: usan sus ganados para recortar la maleza y luego siembran maíz, para ocultarle a los patrulleros que en medio han sembrado la palma.
El legado de la lucha de Jeannette Kawas
El parque nacional Jeannette Kawas lleva su nombre por la defensora Blanca Jeannette Kawas, que en 1992 logró que lo declararan como Parque Nacional bajo el nombre de Punta Sal. Kawas formó parte de la Asociación Hondureña de Ecología en Tela, que luego pasó a ser la Fundación Prolansate, luchó porque declararan como parque nacional a Punta Izopo y también logró que la Secretaría de Educación creara el bachillerato en Ecología y Medioambiente, que cerró pocos años después de su asesinato.
Kawas fue asesinada el seis de febrero de 1995 poco después de organizar una marcha en la ciudad de Tela. Kawas se encontraba trabajando junto a su asistente en su casa en el centro de la ciudad de Tela, en Atlántida, cuando dos hombres armados le dispararon en el cuello y murió de forma instatánea.
Desde 1990 hasta su asesinato en 1995, Kawas se opuso al asentamiento de familias campesinas dentro del parque y a los proyectos de explotación de la palma aceitera de la empresa Hondupalma. También se opuso a la explotación maderera a la empresa Plywood Atlántida S.A. y logró que les cancelaran un contrato de aprovechamiento del bosque. Días antes de su asesinato, Kawas se pronunciaba en contra del otorgamiento de 15,000 hectáreas de tierra del parque a la Unión Nacional de Campesinos y a Hondupalma.
En últimas, Kawas denunciaba hechos parecidos a los que ahora siguen ocurriendo en el parque: la contaminación de las lagunas, la entrega de territorios a proyectos turísticos y la depredación de los bosques para la siembra de palma aceitera.
En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sentenció al Estado de Honduras como responsable de su muerte. Se comprobó que almenos un agente del Estado participó en el asesinato, cuyo motivo fue el trabajo de defensa del ambiente realizado por Kawas.
En su sentencia la máxima instancia de derechos humanos de la región declaró que el asesinato de Kawas y la impunidad –al no haber sido resuelto– «han tenido un efecto amedrentador sobre las otras personas que se dedican a la defensa del medioambiente en Honduras o se encuentran vinculadas a ese tipo de causas».
Las instalaciones de la fundación Prolansate en el centro de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, se ubican frente a la casa en la que vivió Kawas y donde fue asesinada. La familia de Kawas les da el espacio para tener oficinas de forma gratuita, como una forma de darle vida al proyecto por el que Jeannette fue asesinada. «Creemos que cada día que se abre esa puerta es para mantener ese legado que ella nos dejó. No queremos dejarlo caer», cuenta su actual director Nelbin Bustamante.
«La recordamos desde su muerte y, si no hubiese sido por ella, no tendríamos ese parque. Ya no existiera porque se lo habrían repartido», dice Francois Legard, agregando que Prolansate es todo lo que queda de su lucha.
Después de 26 años del asesinato de Kawas, el parque está en peores condiciones y, según los miembros de Prolansate, está casi condenado a su desaparición por el acelerado crecimiento de la palma africana. Nelbin dice que en 2005 la palma aceitera había invadido un 5 % del parque, pero ahora esa cifra ronda entre el 20 % y 30 %, y mucha de esa palma invade la zona núcleo del parque.
Mapa de la división del Parque Nacional Jeannette Kawas. Fuente: Plan de manejo del parque.
Los parques nacionales en Honduras se dividen en zona núcleo –un sector que se busca conservar con mayor fuerza y por eso tiene una protección con más restricciones en los tipos de cultivos que pueden haber o en la entrega de ese territorio a proyectos extractivos– y la zona de amortiguamiento, que busca mitigar cualquier impacto en esa zona núcleo y que tiene menores restricciones.
Prolansate es comanejadora de este parque y se encarga, junto al Instituto de Conservación Forestal y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, dos entidades del gobierno nacional, de dirigir acciones en busca de la protección de sus recursos y de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, las instituciones estatales, muy ausentes de lo que sucede en el parque, son quienes tienen la mayor autoridad sobre la zona.
El mismo plan de manejo del parque señala que la falta de fondos no permite que Prolansate tenga personal permanente y eso mismo limita la posibilidad de que el plan se cumpla. La fundación no tiene ningún tipo de autoridad para detener la palma, cuando la encuentran no pueden hacer más que apuntar que existe y amenazar a quienes la siembran con denunciarlos, aunque al final no pase nada. Honduras nunca ha procesado a ningún palmero por daños al medioambiente.
En 2016, el parque sufrió un incendio de aproximadamente 400 hectáreas, una parte en zona núcleo y otra en amortiguamiento. Prolansate descubrió que el motivo del incendio fue para sembrar palma. Nelbin cuenta que ni las Fuerzas Armadas de Honduras tuvieron la capacidad de controlar las llamas ese día y tuvieron que pedir apoyo a la base militar estadounidense en Palmerola, en el departamento de Comayagua, que, tras cuatro días, logró apagarlo con cuatro helicópteros.
El narcotráfico escondido entre la palma
«Hay intereses, dinero de por medio, políticos que tienen propiedades, militares. También hay narcotráfico dentro del parque, que nadie lo quiere decir, pero sí hay», cuenta Francois.
La palma aceitera no solo amenaza el parque por sus efectos ambientales. Al no requerir de mucho cuidado, las zonas de cultivo con frecuencia se encuentran sin mayor presencia de personas. Eso hace que un lugar tan escondido como el Parque Jeannette Kawas en el litoral atlántico, en medio de uno de los corredores más importantes de la droga desde Suramérica en camino hacia Estados Unidos, sea también propicio para el narcotráfico.
El 20 de mayo de 2020, en la comunidad de Río Tinto, que se encuentra dentro de la zona núcleo del parque, fue asesinado frente a sus hijos el líder garífuna Edwin Fernández. La comunidad garífuna –un grupo étnico descendiente de África con 225 años de existir en Honduras– había colocado un portón de seguridad como medida preventiva a la pandemia por COVID-19. Cuando decidieron no abrir después de cierta hora ni entregar la llave, según la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), un presunto grupo de narcos lo mató.
«Las comunidades garífunas desde hace años han venido siendo utilizadas como punto de desembarco de estupefacientes, dando lugar a hechos de violencia como represalia de los grupos de delincuentes que han controlado la costa norte de Honduras durante décadas, con una aparente complicidad de las autoridades», aseguró Ofraneh en un comunicado publicado días después del asesinato de Edwin.
En el departamento de Atlántida en los últimos siete años, la Policía Nacional de Honduras reportó haber detenido a 545 personas por tráfico de droga, 93 por facilitación del transporte para el tráfico de droga, 11 por facilitar locales y 559 por posesión de drogas.
El departamento de Atlántida es el segundo con mayor incidencia en homicidios, según datos del Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) en su último boletín nacional en 2019. El municipio de Tela, donde se ubica el Parque Nacional Jeannette Kawas, está calificado con niveles intermedios de violencia, con 71 homicidios en 2019.
A Río Tinto solo se llega en lancha, tras un recorrido de una media hora a través del mar. Antes de llegar, las olas se calman y comienzan a mezclarse con las de una laguna verde. Las personas de la comunidad ven llegar la lancha de Prolansate con recelo, guardan las redes de pesca que podrían ser decomisadas –ya que hay prohibiciones sobre los tipos de redes permitidas para la pesca–, y fingen estar haciendo otra cosa.
En la lancha van Nelbin, otro compañero de Prolansate y un guardaparques que la conduce. En la entrada se ven otras lanchas amarradas en la orilla, todas sin motor. Nelbin explica que la comunidad ha decidido guardar los motores en sus casas después de varios robos y que sufre un aumento en la delincuencia desde que la alcaldía de Tela construyó una carretera que la conecta con el departamento de Puerto Cortés en 2008.
Los miembros de Prolansate dicen que han sufrido amenazas de parte de personas «que no andan en buenas cosas» por intentar poner límites a la venta de tierras o a los cultivos de palma. En algunas ocasiones las amenazas han sido leves, como que desconocidos los detengan en la calle y les digan que ya saben quiénes son y que tengan cuidado o que tienen cámaras para vigilarlos; pero en el caso de Francois, un día le mandaron a decir que si seguía involucrándose con la defensa del parque, terminaría como Kawas, desde entonces Francois ha bajado su perfil.
Cuenta también que han tenido información de que dentro del parque nacional Jeannette Kawas había propiedades que le pertenecían a Víctor Hugo «El Rojo», pero que nunca fueron confiscadas por la fiscalía hondureña. «El Rojo» es un narcotraficante testigo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso de «Tony» Hernández, hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años de cárcel por narcotráfico a gran escala.
También añaden que durante el Gobierno del expresidente Hernández, quien fue extraditado el 21 de abril del 2022 a Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico, las comunidades comentaban que tanto él como su hermano Tony solían llegar con frecuencia a la zona en carros del Gobierno.
Corrupción en la titulación de tierras
La única actuación que ha llegado lejos sobre procesos en defensa del parque nacional fueron los requerimientos fiscales contra cuatro exempleados del Instituto de la Propiedad y otros 10 acusados que otorgaron ilegalmente propiedades dentro de la zona núcleo en 2011. Esto se dio tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que dio con el caso porque involucra a un grupo de personas vinculadas a casos de corrupción ligados al Gobierno del expresidente Hernández, específicamente a su hermana fallecida Hilda.
Sin embargo, los acusados están en libertad y no se ha dado siquiera una audiencia inicial porque el Juzgado del Circuito Anticorrupción se niega a seguir conociendo la causa, aduciendo que el caso se trata de un delito ambiental y no de corrupción.
La Uferco presentó en enero de 2022 requerimientos contra empleados del Instituto de la Propiedad que fueron acusados de los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, por supuestamente adjudicar 66 millones de varas cuadradas de la zona núcleo del parque.
Tras el requerimiento contra 14 personas, la fiscalía ordenó el aseguramiento de 18 propiedades en la zona Ramal del Tigre, una parte dentro de zona núcleo del parque y otra en zona de amortiguamiento. Según las declaraciones de Prolansate, dichas propiedades tenían cultivos de palma o estaban en el proceso de siembra. De acuerdo con las investigaciones de la Uferco, la red se creó en 2011 y era integrada por funcionarios del Instituto de la Propiedad y de la Dirección General de Regulación Predial, entidad creada de forma temporal el 11 de enero del 2010, precisamente para la inscripción irregular de predios o tierras nacionales.
La Uferco dio con este caso al encontrar que Claudia Noriega Gonzales, excoordinadora del proyecto «La Cachureca» –por el que enfrentó un proceso judicial en el caso «Corrupción sobre ruedas»–, había recibido una donación de una de esas tierras entregadas ilegalmente. También fue acusada en el caso Hermes, que destapó una estructura de corrupción para el asistencialismo y el control mediático a través del pago a periodistas.
Francois Legard, de Prolansate, dice que la noticia de ese caso lo alegró y que llegó a creer que por fin harían una intervención en el parque: «Miré una luz en el túnel, y creo que si Jeannette Kawas hubiera estado aquí habríamos celebrado ese día, pero los soltaron. Esa palma debió haberse destruido, debieron intervenir el parque», se lamenta.
«Dos instituciones que debían cuidar el parque (el Instituto de Conservación Forestal y la Secretaría de medioambiente) lo que vieron fue como hacerse sus navidades; políticos, funcionarios, alcaldes», añade.
La palma que invade a gran escala
Tras la Reforma Agraria en los años 70, Honduras priorizó el cultivo de palma y los gobiernos la han impulsado como el modelo productivo más importante. Si en 2004 los cultivos de palma eran de 69,000 hectáreas, para 2021 el número casi se triplicó hasta las 198,000 hectáreas. El Gobierno de Hernández en 2014 aseguró que destinaría millonarios presupuestos para lograr duplicar los cultivos de palma.
Honduras es el tercer productor y exportador de aceite de palma africana en América Latina; en 2021 recaudó 500 millones de dólares en aproximadamente 480,000 toneladas métricas del producto, de acuerdo con declaraciones dadas a medios por la Asociación de Productores de Palma en Honduras.
Los defensores del parque saben que la razón detrás de tanto cultivo es que las ganancias y la posibilidad de apoyo para la siembra son más elevadas si se trata de palma, a diferencia de los cultivos de maíz o frijoles.
Pero, aunque la palma sembrada en el parque no pertenece a grandes corporaciones sino a pequeños agricultores, estos venden la fruta de palma por toneladas a las plantas de extracción y finalmente terminan en la materia prima que comercializan las grandes compañías de aceite de palma.
Además, en la mayor parte de las tierras adyacentes existen plantaciones de palma africana, según explica una ficha informativa Ramsar sobre el parque publicada en 2021. La información del sitio Ramsar señala que empresas como Grupo Jaremar–una empresa nacional cuyos socios son de origen nicaragüense, entre ellos René Carazo, José Gonzales Holdmann, Ernesto Fernández Holdmann y Alberto Chamorro– o las de capital nacional como Hondupalma, Palcasa, Corapsa y varios productores independientes, tienen plantaciones legales muy cerca de la zona del parque.
En ese informe, denuncian que el parque tiene un 20 % de cambios negativos desde la última vez que analizaron el sitio en la década de los 90. También aseguran que hubo modificaciones ecológicas en el área por el proyecto turístico Indura Beach Resort, así como enlos ecosistemas del área debido a la política de incentivos de producción agrícola con mayor énfasis en palma aceitera por parte del Gobierno de Honduras.
Mapa sobre plantaciones de palma africana en el Parque Nacional Jeannette Kawas en 1994, un año antes del asesinato de su defensora. Fuente: Instituto de Conservación Forestal.
Mapa sobre el avance de las plantaciones de palma africana en el Parque Nacional Jeannette Kawas en 2016, último mapa actualizado. Fuente: Instituto de Conservación Forestal.
Nelbin y sus compañeros realizan patrullajes semanales en el parque, pero todo lo hacen con recursos propios de la organización, que vienen de donaciones extranjeras o de la pequeña cuota que recaudan a los turistas que visitan las playas de Punta Sal: 5 dólares para los extranjeros, poco más de un dólar para nacionales y menos de 50 centavos para estudiantes. El automóvil es antiguo y está muy dañado, la lancha se mueve con un motor que tiene menos capacidad de la que debería y la gasolina se consume rápidamente. Para un recorrido de tres horas en el mar y las lagunas, ocupan al menos 40 galones, unos 50 dólares, pero la fundación no tiene fondos más que para sobrevivir; así que cuando se ven sin fondos, o sea la mayor parte del tiempo,no hay patrullajes.
Cada tanto revisan a través de las imágenes aéreas de Google Earth los cambios que ven en el parque. Nelbin señala la pantalla y explica que unos puntitos parecidos a arbustos, verdes y bien organizados en la zona núcleo, son en realidad cultivo de palma. Ellos acuden a los lugares que ven deforestados o con siembras, apuntan en un GPS y toman fotografías con un dron que fue donado a la organización.
Prolansate dice que en la última década han puesto unas 50 denuncias en el Ministerio Público de Tela, pero estas no avanzan porque en Tela no hay un fiscal del medioambiente, a pesar de que existen cinco áreas protegidas en esa zona.
Contracorriente solicitó al Ministerio Público registros que indiquen denuncias sobre plantaciones de palma en el Parque Nacional Jeannette Kawas, la Fiscalía del Especial del Medioambiente contabiliza de 1995 a junio de 2022 un total de 16 denuncias. En cuanto a denuncias por delitos ambientales en todo el departamento de Atlántida, detallan haber recibido 620 denuncias de 2002 a 2022.
El nuevo Gobierno de Xiomara Castro –que asumió el poder en enero de 2022 ha prometido ser un defensor del ambiente y dedicarse a la recuperación de las áreas protegidas. En los primeros días de su gobierno, desde la Secretaría de Medioambiente realizaron un comunicado para declarar libre de explotación minera el territorio nacional, pero días después el ministro Lucky Medina aseguró que esa declaratoria tendría que esperar y trabajarían con las minas ya existentes para regularlas.
El Gobierno también había declarado que haría una intervención para frenar la deforestación e invasiones en la reserva de la Biosfera del Río Plátano –ubicada en el oriente del país y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco–, así como la destrucción de una carretera que se construyó ilegalmente en esta zona y que días después decidieron dejar y utilizar.
Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, explicó a Contracorriente que las áreas protegidas de Honduras las recibió su secretaría con altos niveles de degradación: «Las han tenido abandonadas y con poco apoyo presupuestario. Son altamente amenazadas porque han sido tituladas y porque tienen riquezas ecológicas, lo que se traduce en mucha presión de parte de las industrias con grandes presiones para nuevos cultivos, sobre todo monocultivos, o para urbanizaciones que afectan en menos áreas», dijo.
Medina afirma que es difícil actuar en delitos ambientales porque esa no es competencia de la secretaría, sino del Ministerio Público, por lo que desde el Gobierno la propuesta es un plan de reforestación que costará 725 millones de lempiras (unos 29 millones de dólares) y que involucrará a todas las secretarías.
Malcolm Stufkens, actual viceministro de medioambiente, añade que el problema en el Parque Jeannette Kawas con la palma son «los dragados y por eso se está perdiendo un montón de la zona marino-costera», aunque no detalla de qué forma podrían hacerlo. En su visión, la Secretaría debe aportar a detener esa frontera agrícola: «Hay que detener el crecimiento de la palma y, la que ya existe, regularla, tecnificarla, porque la que existe debe entrar en certificación para que sea viable», dijo.
La palma para exportación debe certificarse bajo la Mesa Redonda de la Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca reducir los impactos negativos del cultivo de aceite de palma y garantizar que no llega aceite fruto de la deforestación a mercados como Europa. Sin esa certificación, en todo caso, los productores pueden vender la palma localmente.
Contracorriente contactó a Hondupalma, la tercera empresa procesadora de aceite de palma en Honduras en conseguir un certificado RSPO, para conocer sobre este proceso y cómo se aseguran de no recibir palma de áreas protegidas, pero al cierre de este reportaje no habían respondido a la solicitud.
En declaraciones a medios de 2016, Hondupalma aseguraba no recibir fruto de palma de intermediarios y que aunque el 30 % de sus productores eran independientes y no cooperativas, se encargaban de visitar las plantaciones y asignarles un código al verificar que no afectaran zonas protegidas.
Nelbin explica que lo que ocurre con la palma del parque es una especie de «lavado» para lograr la venta del aceite de palma. Las grandes empresas de palma tienen que certificarse para asegurar que no dañan el ambiente en su proceso de obtención del aceite, sin embargo, para él, «no hay un verdadero chequeo para asegurarse que esa palma no viene de una zona núcleo. La gente que tiene plantaciones en zona núcleo supuestamente no puede venderla, pero el que tiene el código sí, entonces uno se la vende al otro y así la llevan al centro de acopio y la llevan a la extractora», explica Nelbin.
Nelbin cuenta haber seguido un caso de siembra en la zona núcleo en el que un dueño aseguraba tener un documento de certificación de una planta extractora. Pero cuando fueron a la planta, asegura, encontraron que ese permiso se había otorgado para otro sitio y que nadie había hecho una verificación de esas certificaciones. «El señor dijo que no seguiría, pero hace un mes que se hizo la gira y el señor sigue sembrando más palma y tiene palma pequeña para sembrar más», dice Nelbin.
Este defensor agrega que no ha tenido ningún acercamiento con el nuevo Gobierno y que actualmente Prolansate solo tiene cuatro guardabosques para cubrir el parque, pero que también ellos deben cuidar el Parque Nacional Punta Izopo, Lancetilla y Cuero Salado, así como el Refugio Marino Bahía de Tela. Si eso ya era demasiado trabajo y con pocos recursos, el fideicomiso del que recibían fondos estatales fue eliminado por el Congreso Nacional el pasado 27 de mayo, junto a 18 fideicomisos más. Esto significa que, para julio, Prolansate posiblemente ya no tendrá capacidad de seguir protegiendo estas zonas.
Antal Borcsok, dueño del acuario Tela Marine y representante de la cámara de Turismo de Tela, explica que el problema de la palma son la cantidad de incentivos que hay para su cultivo. «Si usted quiere sembrar, consigue palma prácticamente gratis en la fábrica, le dan asesoría para sembrarla y para poder darle mantenimiento. Tres años después ganará unos 30,000 o 40,000 lempiras al mes (entre 1200 y 1600 dólares) por unas manzanas. No tuvo que sacar ningún permiso, no le costó casi nada, más que el trabajo que fue a hacer. La licencia ambiental para este negocio son como 260 mil lempiras (10,400 dólares). ¿Para sembrar palma aquí mismo? Cero, y estamos fuera del parque», cuenta.
Borcsok añade que cuando se hacen legislaciones para prohibir las plantaciones de palma aceitera dentro de áreas protegidas pero no hay penalidades fuertes para eso que prohibieron, entonces no sirve de nada. «Y tampoco sirven las penalidades si no tenemos el recurso humano con policías y militares, ni recurso logístico como helicópteros y carros para poder tomar acción en el parque», explica.
Tela Marine es un acuario gratuito en el que han recolectado corales y especies de peces de toda la Bahía de Tela. Antal dice que no cobra la entrada porque espera que con su proyecto las personas que viven en Tela puedan acercarse más a conocer y se interesen más en la defensa del medioambiente. En la entrada de Tela Marine cuelga el esqueleto de una ballena de aleta azul que en 2018 llegó a vivir sus últimos tres meses de vida en la Bahía de Tela. La ballena fue llamada «La Gran Berta» en honor a la ambientalista hondureña Berta Caceres, asesinada en 2016.
El impacto de la actividad palmera no se limita a los ecosistemas terrestres, sino también a los marino costeros y arrecifes coralinos. Sobeida Núñez, directora de Amigos de los Arrecifes de Tela (Amatela), añade: “Ellos se conectan al parque a través de lo marino, cambia todo el sistema porque los manglares filtran el agua y sin ellos todo llega con más fuerza al mar. También los sedimentos de la deforestación van a dar a los arrecifes y se dañan».
Núñez explica que es difícil defender áreas protegidas en Honduras, especialmente al tratar con comunidades que solo buscan subsistir. «Por ejemplo, mucha gente cree que cuando patrullamos llegamos a quitarles su alimento, pero no ven que también uno está cuidando su futuro», explica. La solución, cree ella, está en lograr acuerdos con las comunidades en las que tanto la naturaleza como las personas puedan convivir.
Un mega complejo turístico que dañó los ecosistemas
Dentro del parque existe un conflicto de tierras que se agudizó con el despojo de comunidades garífunas que históricamente habían vivido en la zona de amortiguamiento del parque Jeannette Kawas, para la construcción del proyecto turistico Indura Beach Resort. Hay dos sentencias de la Corte-IDH a favor de comunidades garífunas. En 2014 se intentó despojar a la comunidad de Triunfo de la Cruz para ampliar la construcción del proyecto turístico Indura, a cargo de grandes empresarios de Honduras. De acuerdo a estudios en la zona por una delegación del Sitio Ramsar, la construcción de este complejo afectó los ecosistemas de estos manglares.
Indura se creó con una inversión de 116 millones de dólares tras una alianza entre el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo (FHIT), que es dueño del 51 % de las acciones, y el Estado de Honduras a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), con el 49 %. Y fue inaugurado en 2014 durante el Gobierno de Porfirio Lobo. Entre los dueños del proyecto figuran Camilo y Pedro Atala, miembros de una de las familias empresariales más adineradas de Honduras y también relacionada con la polémica presa de Agua Zarca, contra la que protestaba la reconocida líder indígena Berta Cáceres antes de su asesinato. Actualmente, Indura también forma parte de la cartelera de hoteles de la marca Curio, de Hilton Worldwide.
Indura Beach Resort se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del parque, pero está muy cerca de la zona núcleo, y obtuvo todos los permisos después de que fuese declarado proyecto de prioridad nacional. Una comisión de la convención Ramsar llegó a Honduras para analizarlo y recomendó no construirlo porque tendría un impacto severo en el manglar. El proyecto, sin embargo, siguió adelante.
«Durante su construcción, los jaguares andaban como locos cuando escuchaban las volquetas. Se pensó que traería beneficio para la comunidad, nos vendieron la idea con hoteles cinco estrellas y que todos íbamos a trabajar, a generar empleos a los garífunas, a levantar el turismo y no fue nada de eso» dice Francois Legard, explicando que, cuando él era regidor, la alcaldía estaba de acuerdo con ese proyecto, aunque al final no benefició a Tela.
El proyecto también es parte de un conflicto con los garífunas, porque incomunicó a comunidades que se conectaban a través de la playa, y también intentó despojar a la comunidad Triunfo de la Cruz de sus tierras para expandirse. Esa comunidad sufrió en julio de 2021 la desaparición forzada de cuatro pobladores, entre ellos el presidente del patronato.
César Benedith, presidente actual del patronato Triunfo de la Cruz, explica que para las comunidades garífunas ese tipo de megaproyectos turísticos han significado mucho sufrimiento y abandono: «A pesar de que tenemos más de 250 años en Honduras, mucha gente nos quiere tratar como extranjeros y esto pasa especialmente cuando defendemos nuestros espacios, nuestro territorio –dice—. Ahora esa zona donde están esos hoteles es donde estaban los cocos, árboles frutales y con eso nuestras familias se ayudaban, eran espacios abiertos».
Para Francois Legard, con el proyecto Indura no se midió el impacto real que tendría, especialmente el relleno de los humedales para su construcción. «Ahora usted mira una ciudad que apenas llueve un poco y se inunda, lógicamente todo el manglar que antes era una especie de esponja está rellenado, entonces hay un impacto en el momento de las lluvias», dice.
El proyecto estaba incluido en el plan maestro de la Bahía de Tela y era una esperanza para mucha gente porque prometía empleo y desarrollo sostenible en una zona empobrecida. Nelbin Bustamante cuenta que el negocio no fue el hotel sino la venta de villas privadas: construyeron 120 habitaciones de las cuales 60 ya están vendidas. «Quieren hacer viviendas y piscinas, pero se les solicita que hagan un nuevo licenciamiento porque fue en 2006. Pasaron16 años ya, pero ellos dicen que no», añade.
Bustamante explica que a Prolansate no la toman en cuenta en las decisiones de Indura; y recuerda que en 2007 habían llegado a un acuerdo en el que Indura proveería los salarios de 10 guardaparques, que en aquel momento sumaban 5,000 dólares mensuales, pero que en un punto dejaron de darlo completo, hasta que en 2016 se retiraron y les quedaron adeudando 98,000 dólares. Cuando denunciaron ante la Secretaría de Recursos Humanos y Ambiente de ese entonces, les respondieron que ese era un pago opcional, aunque el trato estaba contemplado como una medida para mitigar el impacto ambiental del proyecto.
Contracorriente contactó a Indura Beach Resort a través de un correo electrónico para conocer su versión de esta información, pero al cierre de este texto no habían contestado la comunicación.
Ahora, aunque el complejo Indura esté dentro del parque, los miembros de Prolansate no pueden ingresar a las instalaciones a menos que vayan con la fiscalía. Para algunas comunidades esa primera relación que tuvo Prolansate con Indura fue conflictiva.
Francois explica que a veces la comunidad culpa a la fundación por la quema o porque no hacen nada, «pero la fundación solo puede denunciar. Los entes que deben actuar como el Instituto de Conservación Forestal, la fiscalía, Mi Ambiente (La Secretaría de Ambiente) son quienes no hacen nada. Se han prestado durante décadas para la destrucción, para la titulación del parque».
Para él, y también para los demás defensores del parque nacional dedicado a una de las líderes ambientales más emblemáticas del país centroamericano, la única salida es la destrucción de la palma existente y garantizar los recursos suficientes para monitorear de manera sistemática que no haya nuevos frentes de deforestación. Esa es, en su opinión, la única manera de enfrentarse contra el monstruo de mil cabezas. Porque, como dice Legard, «¿quién no quiere un pedazo dentro del Parque Jeannette Kawas?».
