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La Toma: más que un nombre, un presagio

Por: Hugo Mario Cárdenas López | DIARIO EL PAÍS

Publicado: Abril 23 de 2019





Ni con amenazas de muerte contra sus líderes detuvieron la lucha de esta comunidad negra, asentada en el departamento del Cauca, por defender el agua y la tierra del interés de las multinacionales, del menosprecio del Gobierno y la arremetida de la minería ilegal.

La Toma, un corregimiento ubicado en el municipio de Suárez (Cauca), bien podría ser catalogado como la ‘capital mundial de las paradojas’.

Bañada por siete ríos, pero no tiene agua potable. Sus tierras albergan una hidroeléctrica, pero pagan la energía más costosa del país. Jamás se sintieron tan inseguros como cuando instalaron una base militar en su territorio. Y nunca fueron tan pobres como el día que el mundo supo que estaban llenos de oro.

Cada paradoja resume una etapa de la lucha que lleva librando esta comunidad desde hace tres décadas en el suroccidente colombiano, a la que decenas de años atrás le dieron por nombre ‘La Toma’, como si su bautizo fuera una premonición.

Desde 1851, año en el que se abolió la esclavitud en Colombia, muchos de esos negros se asentaron en el corregimiento más grande del municipio de Suárez porque sus montañas engalanadas de múltiples verdes les garantizaban tierras fértiles, los ríos Cauca y Ovejas les proveía el agua y la pesca, y allí permanecían lejos de los ojos de quienes creían que su libertad era demasiado regalo.

Durante 150 años la comunidad de La Toma jamás existió para el Estado colombiano. Sobrevivió a su suerte en las haciendas Portugalete, Honduras y Gelima, donde se dedicaron a la pesca, a las labores agrícolas o a arañar -con una batea y una barra- la tierra tras una chispa de oro. Siempre en una relación de complicidad y armonía con la naturaleza. 

Pero esta comunidad negra, conformada por 1300 familias, habría preferido continuar en el anonimato. Porque cuando se ocuparon de ellos -a mediados de los años 2000- fue porque quedaron como un obstáculo en el mapa de megaproyectos de extracción de oro del Estado.

El primer gran reto como comunidad lo tuvieron a mediados del 2004, cuando el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez otorgó a la Sociedad Kedahda S.A. un título de exploración que abarcaba 50.000 hectáreas entre los municipios de Suárez y Buenos Aires para la explotación de oro. El tamaño del área donde el Gobierno les permitía explorar era tan grande, dice la comunidad, que no se salvaba ni el cementerio de La Toma.

La Sociedad Kedahda se había registrado en Colombia un año antes y para 2007 había recibido  2 licencias de explotación y 49 contratos de concesión, según la consulta de expedientes de la Agencia Nacional de Minería, para hacer exploración en 11 millones de hectáreas en todo el país. Posteriormente, esta empresa inscrita en las Islas Vírgenes adoptó el 29 de octubre de 2007 el nombre de su principal subsidiaria, la multinacional surafricana AngloGold Ashanti (AGA), que aún conserva.

Isidoro Lucumí fue uno de los primeros empleados de la multinacional en La Toma. “Llegaron con el nombre de Kedahda y como no encontraron cabida, aparecieron como AngloGold Ashanti y empezaron a medio invertir en una carreterita y a dar incentivos. Un día le dije al geólogo jefe, ¿por qué invertimos tanto tiempo en esta zona? Me respondió que ‘La Toma está sentada sobre el oro; por eso es tan codiciada’”.

De esos primeros días recuerda la comunidad el exceso de bondad. Les dieron herramientas a los agricultores; en el inicio de la jornada escolar donaba libros a los niños; a quienes les gustaba el fútbol les compraban balones y uniformes, y a los grupos musicales les donaban los instrumentos.

“Algunos dijeron, ‘esta gente como que sí quiere el progreso’, pero otros pensamos que ‘de eso tan bueno no dan tanto’; alguna intención tienen. Ya se hablaba de un proyecto minero, escuchamos a nuestros mayores y le dijimos ‘no’ a la AngloGold”, señala Francia Márquez, una mujer que dedicó su vida a la minería ancestral y que lideró la lucha contra la minería ilegal en sus territorios. Ese esfuerzo, poniendo en riesgo su vida, le mereció en el 2018 el Premio Goldman Ambiental, considerado el Nobel verde.

Las relaciones con AngloGold Ashanti, la tercera productora de oro en el mundo, quedaron en los peores términos. En medio de esa lucha por el territorio, dicen miembros del consejo comunitario, llegaron los primeros panfletos amenazantes a sus líderes.

Las amenazas provenían de supuestos grupos paramilitares. Para entonces sembraba el terror en la región el Bloque Calima de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, cometió 119 masacres entre 1999 y el 2004. El temor era latente.

Solo tres años atrás el Bloque Calima había ejecutado una masacre en la cercana región costera del Naya, en la que asesinaron a 27 personas, y en su recorrido desde Timba (Cauca) hasta el océano Pacífico trazó su rastro de muerte por el municipio de Suárez.

“Para nosotros fue muy duro cuando llegaron esas amenazas dándoles ocho días a los compañeros para salir del territorio. Cuando llegaron a la ciudad, sin saber qué hacer, no soportaron y a los dos meses se devolvieron. Dijeron: ‘que me maten aquí porque no me voy más de La Toma”, rememora Márquez de esa época.

Fueron días en los que esta comunidad, cuya cultura se expresa al ritmo de chirimías, torbellinos y fugas, y el sonido envolvente de violines y tambores, se encerró en silencio. Las calles del caserío en lo alto de la montaña, donde cada amanecer juguetea la neblina, eran un desierto. La recomendación era que en cada casa hubiera un teléfono con al menos un minuto para advertir algún movimiento extraño. Todos permanecían atentos.

Jairo Chará, coordinador del comité de minería y quien sobrevivió a un atentado en su vivienda el 6 de diciembre del 2006, en medio de la disputa territorial con la AngloGold, recuerda que la comunidad se organizó para autoprotegerse. “Desde entonces el que entra a La Toma debe decir de dónde viene y cuáles son sus pretensiones. Si no tiene una razón clara, la comunidad lo retiene y tiene que explicar con pelos y señales lo que vino a hacer”, dice.

Pero en La Toma no lograban contener aún los intereses de la minera de oro cuando debió abrir otro frente de lucha. Esta vez eran las pretensiones de la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) de ampliar otro megaproyecto que ellos también han visto históricamente como un riesgo.

La empresa española Unión Fenosa propuso desviar el río Ovejas hacia la represa hidroeléctrica de Salvajina –que fue construida sobre el cauce del río Cauca en 1986 por la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC)- con el propósito de aumentar en un 20% la capacidad de producción de energía.

“La gente dijo ‘el río Ovejas para nosotros es la vida, es la dignidad y eso no tiene valor. Ni por toda el dinero del mundo vamos a permitir que ese río se desvíe’. Así que la gente se organizó para pelear también por su río”, explica Francia Márquez. 

Aseguran varios líderes que en ese entonces la EPSA utilizó como estrategia el desprestigio de los representantes de las comunidades y los puso en riesgo en una región con fuerte presencia de grupos armados ilegales. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), una de las organizaciones indígenas más fuertes de la región, denunció en 2005 de manera extraoficial que directivos de la represa intentaron presentar las firmas de asistencia a dos reuniones como supuesto respaldo de las comunidades negras a la desviación del río.

Aún fresco en el recuerdo está para los habitantes de La Toma el dolor por la forma en la que aseguran que les arrebataron hace tres décadas el río Cauca, el segundo más importante de Colombia y que les proporcionaba el sustento. Por eso es sensible para ellos todo lo que tenga que ver con la represa de Salvajina, construida para generar 270 mil kilovatios de energía.

Esa mole de hierro y concreto alteró por completo el cauce del río Cauca a lo largo de 31 kilómetros y elevó el nivel del agua más de cien metros por encima de las tierras ancestrales de los afrocolombianos de La Toma. Bajo 849 millones de metros cúbicos de agua quedaron sumergidas tierras, cultivos, las mejores minas y buena parte de sus tradiciones.

En la memoria del mayor Isidoro Lucumí permanece fresco el recuerdo de la impotencia que sintieron cuando fueron sacados de sus tierras con lo que hoy describen como una falsa ilusión de progreso para su comunidad.

“Cuando llegó esa gente nos cogió con los pantalones abajo. Un ingeniero decía ‘lo suyo es tanto y vale tanto’. Yo tenía un terreno de 9.720 metros y me pagaron $300.006 (pesos) y le dije al ingeniero, ¿esos 6 pesos son de qué, de dónde salen? La respuesta fue ‘usted verá si los toma o los deja. Si no los toma, se los depositamos en una cuenta sin nombre en un banco y después verá cómo los saca’. Eso fue una humillación total. Por eso no queremos más multinacionales”, dice Isidoro.

Los mayores de la comunidad aseguran que con la represa les prometieron que la obra de infraestructura más importante que se realizaba en el suroccidente colombiano en ese entonces, les traería turismo, vías, colegios, salud y calidad de vida. Esa ilusión también se hizo agua. Les vistieron el lobo con piel de oveja. 

El Grupo Celsia, propietario de la represa y perteneciente al Grupo Argos, aseguró en respuesta a una solicitud de información que: “En el momento de la construcción (de Salvajina) los compromisos se dieron entre la comunidad y el Gobierno Nacional. Los compromisos que como compañía nos corresponden hoy, son los que se definieron a partir del proceso de tutela y sentencia fallada por la Corte Constitucional a favor de los resguardos indígenas de Cerro Tijeras (Suárez) y Honduras (Morales) en el año 2014, en el que EPSA es responsable de un componente de movilidad, en articulación con las alcaldías municipales, Gobierno departamental y Nacional”.  

“Lo que dejó la Salvajina fue miseria para mi comunidad. En Suárez la gente no tiene electricidad; la energía es de una microcentral y a la gente de Estrato 1 le llega el recibo de $300 mil o $400 mil pesos (US$100 a US$130 dólares). Además tenemos ese lago y mi comunidad no tiene agua potable. La gente debe esperar a que llueva para poder tomar agua”, cuestiona Márquez.

La construcción de la Salvajina obligó el desplazamiento de más de 6.000 personas. El municipio de Suárez pasó de tener 23.500 habitantes en 1993 a 18.000 en el 2006, según el Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones sociales más fuertes de los afrocolombianos a nivel nacional.

De nuevo el río Ovejas

Resistir con dignidad, impedir que se partiera la montaña para desviar el río Ovejas y detener la llegada de la AngloGold Ashanti a su territorio no cesó el interés de foráneos en sus tierras. Lo peor estaba por venir, esta vez por cuenta de la minería ilegal.  

Desde el 2004 -recuerda la comunidad- hubo escaramuzas con personas que intentaron ingresar a hacer minería en el río, pero las lograban expulsar de su territorio. Sin embargo, ese asedio de personas forasteras, usualmente llegadas del Oriente antioqueño y el Urabá chocoano, se fue haciendo más intenso al punto que desde 2010 han vivido las peores épocas que ellos recuerden.

Las amenazas contra los líderes ambientales por parte de bandas criminales como Las Águilas Negras – Nueva Generación y Los Rastrojos, todas surgidas tras la desmovilización de los paramilitares, se incrementaron desde agosto del 2009. Esa zozobra se convirtió en miedo a partir del 7 de abril del 2010 cuando hombres armados asesinaron a ocho mineros a orillas del río Ovejas. En el patio de La Toma.

Producto de ello, quienes llegan al municipio de Suárez, ubicado a más de una hora de Cali (Valle del Cauca), encuentran uno de esos cuadros que parece pertenecer a una exposición equivocada.

Lo que de lejos parece ser el bunker de una misión diplomática extraviada de Bogotá, es en realidad una humilde casa en la entrada polvorienta al pueblo, amoblada solo con una mesa de plástico y varias sillas blancas, que sirve de sede a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

En su interior, un puñado de líderes discute a diario los temas que los afecta, mientras afuera los espera una caravana de camionetas Toyota último modelo, blindadas y un pequeño ejército de hombres armados de la Unidad Nacional de Protección, la agencia del Gobierno que se encarga de cuidar a las personas amenazadas.

Pero una tragedia a 40 kilómetros de La Toma les traería el nuevo lío. El 2 de mayo del 2014 hubo un derrumbe en la mina San Antonio, en el cercano municipio de Santander de Quilichao, sepultó a trece personas mientras 150 retroexcavadoras ilegales destrozaban el lecho del río Quinamayó.

Francia Márquez participó en el consejo local de seguridad que se hizo entonces para discutir sobre minería ilegal y recuerda que las máquinas se retuvieron, pero no hubo en qué transportarlas “y se fueron desapareciendo en las noches hasta que no quedó ninguna”. Una veintena de ellas fue a dar al río Ovejas, en su territorio.

“Los líderes no podíamos ni acercarnos a observar desde la montaña porque a cada uno nos pusieron un vigilante para que les diera informes de lo que hacíamos. Sabían que no estábamos de acuerdo con ese destrozo que estaban causando y de allí nacieron nuevas amenazas que por ‘oponernos al desarrollo’”, cuenta Aníbal Vega, fiscal en el Consejo Comunitario de La Toma.

Del desespero de la comunidad surgió la célebre Marcha de los Turbantes en defensa de la vida y el territorio, en noviembre del 2014, en la que 30 personas caminaron desde La Toma hasta Bogotá para pedirle al Gobierno Nacional que detuviera la destrucción del río.

Un mes después, la Fuerza Pública destruyó las retroexcavadoras y se empezó a perfilar el liderazgo de mujeres como Francia Márquez, Marilin Machado, Alexa Leonor Mina, Sofía Garzón, Yineth Balanta, Marlin Mancilla o Clemencia Fory.

Aún así, la minería ilegal llevó al Ovejas al borde de la destrucción. El ataque feroz de retroexcavadoras y mineros ilegales desbarató en varios tramos el lecho del río. Al río deformado se sumaron otras secuelas trágicas como las piscinas de cianuro y el agua envenenada con mercurio, pero sobre todo una para las mujeres.

“La fiebre del oro trajo gente de muchas partes del país que en su mayoría eran personas malas y resultó que muchas mujeres fueron violadas y a la hora de demandar, no sabíamos a quién porque no conocíamos esa gente. Hay muchas mamás, muchas mujeres en nuestro territorio que tienen hijos y que no conocen el papá”, denuncia Aníbal Vega.

Ni el mismo consejo comunitario conoce la cifra exacta de mujeres que vivieron esa situación porque no existen denuncias y presumen que otras mujeres optaron por guardar silencio frente a su situación.

Con la destrucción de las retroexcavadoras en el río Ovejas llegaron también las amenazas de muerte contra Francia Márquez y sus hijos, proferidas por grupos criminales que pretendían que les pagara el valor de la maquinaria incinerada por las autoridades. Francia debió salir desplazada en enero del 2015.

“Cuando uno es mujer y está asumiendo estas luchas, lo ven como un ser más débil y te pueden dañar. El mejor ejemplo es mi situación: todos mis compañeros están allá en la comunidad, pero yo soy la que no puedo estar y a mí fue la que me tocó salir huyendo con mis hijos. Yo soy la que no ha podido regresar porque no tengo garantías”, asegura Márquez, quien tras la marcha de las mujeres recibió también el Premio Nacional de Derechos Humanos, de la ONG católica Diakonia y la iglesia católica sueca.

En defensa de lo ancestral

El consejo comunitario de La Toma está convencido que las batallas que han debido librar fueron promovidas por un Estado que, antes que reconocer su territorio legalmente registrado y sus derechos colectivos como el de la consulta previa, optó por ignorarlos y ceder sus tierras para que particulares fueran tras el oro en el subsuelo.

Según la respuesta de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), la máxima autoridad ambiental en la región, a un derecho de petición enviado para este informe, en La Toma se concedieron una decena de títulos de exploración y explotación a particulares como Alonso Giraldo, Miguel Antonio Carabalí, Eusebio Lucumí y Raúl Fernando Ruiz.

También a empresas como AngloGold Ashanti y la firma canadiense Cosigo Resources, que protagonizó un sonado pleito legal en los Llanos Orientales y a la que le otorgaron un título minero en el Cauca en el 2007 a su representante legal para Colombia y Brasil, Andrés Rendle.

Un fallo histórico de la Corte Constitucional en septiembre del 2015, mediante la Sentencia C-035, evitó que Cosigo Resources pudiera explotar el oro en la zona que le había sido titulada dentro del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, en plena Amazonia, amparado en un derecho que le otorgó el gobierno de Álvaro Uribe posterior a la creación del área protegida y en contravía con la prohibición constitucional de hacer minería dentro de parques nacionales.

Esta misma sentencia ha abierto la puerta para que varias empresas mineras hayan convocado tribunales de arbitraje en el marco del Convenio del CIADI sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, el cual fue formulado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial para promover la inversión internacional.

Hasta la fecha son cinco las compañías que han solicitado arbitramento frente al Estado colombiano  que, además del deterioro de las condiciones ambientales y sociales que se describen, se ve ahora abocado a millonarias demandas que reclaman: Gran Colombia Gold Corp., Galway Gold Inc., Red Eagle Exploration Limited, Eco Oro Minerals Corp. y Glencore International A.G. and C.I. Prodeco S.A.

Sin embargo, los mayores desvelos en La Toma los ocasionó el título otorgado por el antiguo Ingeominas (cuyas labores de titulación heredó la actual Agencia Nacional de Minería), a Héctor Jesús Sarria, un personaje desconocido para los habitantes locales, para extraer oro en una extensión de 99 hectáreas en el sector de La Carolina durante diez años, contados a partir de marzo de 2006 y prorrogables hasta 2026.

El Ministerio del Interior, en un informe de comisión y verificación del 12 de junio del 2009 expidió un certificado para avalar el proyecto BFC-021 indicando que no existía población negra en 18 kilómetros a la redonda. Ese aval significaba que Sarria no tendría que realizar el proceso de consulta previa que ordena la Constitución colombiana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas que Colombia firmó.

Después de que la comunidad de La Toma no permitió su ingreso, Sarria solicitó un amparo administrativo pidiendo retirar a las comunidades negras del territorio. Ese amparo le fue concedido en abril del 2009 y, en marzo del 2010, el Juzgado Primero del Circuito Administrativo de Popayán ordenó el desalojo de las comunidades afro.

“Cuando supe que nos iban a sacar, decidí estudiar derecho. No tenía para el transporte, ni para pagar la universidad, pero recordé que para nuestros ancestros tampoco fue fácil y gracias a ellos hoy no tenemos los grilletes”, señala Márquez, quien tras 30 años corriendo libre entre montañas y ríos, atiende esta entrevista en un pequeño apartamento que le sirve de refugio tras las amenazas en su contra.

En segundo semestre supo que los derechos fundamentales se pueden tutelar y que la consulta previa es uno de ellos. Con sus compañeros Gabino Hernández y Yair Ortiz preparó una acción de tutela que interpuso en mayo del 2010 ante el Tribunal Superior de Popayán, argumentando la violación a sus derechos a la vida digna, la consulta previa, el trabajo el debido proceso y la autonomía e integridad cultural.

La tutela fue negada en primera instancia porque La Toma supuestamente no era una comunidad negra con un título colectivo y así lo ratificó en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia. La comunidad no se rindió y solicitó la revisión de la Corte Constitucional.

El 14 de diciembre, el máximo tribunal de la justicia colombiana revocó la decisión y tuteló los derechos fundamentales de los afros de La Toma a la consulta previa y al debido proceso. Ordenó, entre otras cosas, a Ingeominas “que se abstenga de otorgar o suspenda, según el caso, la o las licencias de explotación minera en el proyecto del señor Héctor Jesús Sarria o cualquier otro en el corregimiento La Toma de Suárez, Cauca, hasta tanto se realice, de manera adecuada, la consulta previa ordenada en esta sentencia y se expida, en su momento legal y si hubiere lugar, la licencia ambiental respectiva”.

No cesa la lucha

La comunidad de La Toma no baja la guardia y permanece atenta ante la posibilidad de cualquier intento legal o ilegal por arrasar el agua o su territorio. Lo que los mueve en la actualidad es hacer valer sus derechos y que se realice una consulta previa que dé vía a un plan de manejo ambiental (PMA) en la represa de Salvajina.

“Han pasado 35 años desde que se construyó la represa y no hay un plan de manejo ambiental. Puede pasar cualquier cosa grave con ese muro y se lleva todo lo que hay de ahí para abajo porque tampoco existe un plan de contingencia. Ahora, la EPSA empezó a hacer un remedo de PMA sin tener en cuenta los consejos comunitarios ni los resguardos indígenas”, cuenta Marilyn Machado, integrante del consejo comunitario.

“La empresa dispone de un plan de contingencia, el cual es de conocimiento de las comunidades desde el inicio del proceso de consulta previa en 2012”, respondió el Grupo Celsia, y aclaró que de acuerdo con la legislación vigente, “son las alcaldías las llamadas a liderar los planes de gestión del riesgo en los municipios.

Agrega en su comunicación, que “el plan de contingencia fue socializado con la Oficina de Gestión de Riesgo de Suárez en una reunión realizada el 9 de mayo de 2017” y que la Procuraduría Ambiental y Agraria del Cauca ha liderado unas mesas de trabajo con entidades competentes para revisar el plan de contingencia de la Central, el cual se ha venido concertando con las comunidades aguas abajo”.

La EPSA fue creada en 1995, cumpliendo con lo ordenado en la Ley 99 de 1993, que obligó a separar la regulación ambiental de negocios como la generación de energía eléctrica. Entonces la Salvajina era propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), autoridad ambiental del vecino departamento del Valle, y era administrada por la empresa Colinversiones.

Ahí empezó una lista larga de propietarios nacionales y extranjeros. Del Estado pasó a la estadounidense Houston Industries y a la venezolana Electricidad de Caracas, quienes a su vez cedieron su participación accionaria a la empresa española Unión Fenosa en el 2000 y luego a Gas Natural Fenosa. 

El control actual lo tiene Colener S.A.S., sociedad que pertenece en un 100% a Colinversiones S.A y que hoy tiene entre sus accionistas a Inversiones Argos S.A., con su generadora de energía Celsia, y a la Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera. Ambas pertenecen al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), uno de los más grandes del país.

Sin embargo, no ha prosperado el diálogo con ninguna de las empresas, dice la comunidad.

No obstante, las directivas de EPSA aseguraron que con el consejo comunitario de “La Toma, se está adelantando la fase de formulación de acuerdos  asociados a las medias que harán parte del PMA (Plan de Manejo Ambiental) de la operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Salvajina, la cual inició en abril del 2018”.

Aseguró la empresa que la consulta previa con los consejos comunitarios ha tenido una inversión de $2.802 millones de pesos, cerca de US$950.000 dólares, y que se han hecho inversiones voluntarias en La Toma, entre el 2017 y 2018, por $881 millones de pesos, aproximadamente US$300.000 dólares.  

“Aquí hubo una reunión para hablar de consulta previa y llegaron los directivos de la EPSA escoltados por camionetas llenas de militares y todos decíamos, ‘¿qué pasó si es que nosotros no somos unos delincuentes?”, recuerda Machado. 

Antes de ampararle esos derechos, el Estado colombiano instaló en 2013 una base militar en predios de la comunidad de La Toma. De repente empezaron sus tierras a figurar en los mapas de estrategia militar con el rótulo de ‘zona roja’.

Un documento del 2013, dice la comunidad, señala que fue mediante un convenio entre el Ministerio de Defensa, EPSA y la minera Anglo American, que se instaló una base de la Brigada 29 del Ejército en La Toma.

Ese ‘dolor’, como ellos llaman a la ironía de que una base militar sea la única presencia permanente de las instituciones del Estado en su territorio, ha quedado plasmado en varias canciones tocadas al ritmo del lamento de las cuerdas de los violines, ese instrumento europeo que los esclavos aprendieron a fabricar artesanalmente para imitar las fiestas de sus amos. 

Canciones representativas como ‘Mi compadre no se va’, compuesta por Sabino Lucumí, representante legal del consejo comunitario y que logró el segundo lugar en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en el 2013, el más emblemático del Pacífico colombiano.

“Esta es una canción que no solo expresa el sentir nuestro en La Toma, sino que nos sentimos muy orgullosos porque otras comunidades también la han tomado como himno y como fuente de reflexión porque debemos proteger el oro y el territorio”, señala Eliomar Lucumí, compositor e integrante del grupo musical Cañabrava.

“Míralo bien compadrito mira, mira lo que vas a hacer…

El territorio de La Toma, lo vamos a proteger…

Contra multinacionales que nos quieren desplazar

Y de las transnacionales no nos dejamos sacar

Explotemos nuestro oro de forma tradicional

Nos respeten la cultura y que nos dejen en paz”.

“Los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fueron un regalo; les costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas esclavistas”, reitera Márquez.

Entre tanto Jairo Chará, quien además toca la guitarra en el grupo Cañabrava, sentencia que, “el tomeño va a esgrimir hasta la última gota de su sangre por defender el territorio”.

CERCA DE 40 AÑOS LLEVA LA COMUNIDAD DE LA TOMA, EN EL NORTE DEL CAUCA, RESISTIENDO EL EMBATE DE LA MINERÍA ILEGAL, LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS MULTINACIONALES Y EL MENOSPRECIO DE UN GOBIERNO QUE, PARA OTORGAR TÍTULOS MINEROS EN SUS TIERRAS, CERTIFICÓ HACE UNA DÉCADA QUE EN ESTE TERRITORIO ANCESTRAL NO HAY PRESENCIA DE COMUNIDADES NEGRAS EN 18 KILÓMETROS A LA REDONDA.

PROYECTO Y MEDIOS ALIADOS.
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