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Muerte y olvido en el bosque Tol









Vestigios del antiguo aserradero en la comunidad de San Francisco, Locomapa, 16 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.





Por Vienna Herrera | CONTRA CORRIENTE

Publicado: Abril 22 de 2020





La tribu tolupana San Francisco de Locomapa, en Yoro, ha sufrido asesinatos, acoso judicial y ataques por su oposición a la industria extractiva que busca explotar madera, minerales y ríos para la generación de energía en territorios donde siempre han vivido, pero que ahora están en disputa. En los últimos 20 años hubo 40 asesinatos de indígenas tolupanes, una población que se enfrenta a su propio exterminio.  

Consuelo Soto habla sin dejar de ver al otro lado de la calle, como si esperara otra vez un ataque de miembros de su comunidad que la han hostigado por años. Hace un par de semanas llegaron una última vez a amenazarla. Responde a las preguntas casi en un susurro, frente a su casa que aún conserva la memoria de la violencia que persigue a su tribu.

Consuelo es una de varios líderes tolupanes que enfrentan amenazas y ataques por la defensa del territorio Tolupán de San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro, al norte de Honduras. El conflicto en la tribu se disparó cuando en 2009 las empresas Venta Local de Madera y Transformación Ocotillo (Velomato) y la Industria Maderera Rene Eleazar (Inmare), en conjunto con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), desarrollaron planes de manejo forestal que dan lugar a la venta de la madera extraída de los bosques situados dentro del territorio Tolupán.

En San Francisco de Locomapa hay una división que radica en las distintas visiones que hay sobre el manejo del territorio. Aunque los tolupanes se manejan a través de una estructura jerárquica que cuenta con un cacique, quien asesora la toma de decisiones, y un Consejo Directivo de Tribu, encargado de tomarlas, en Locomapa no todos están de acuerdo con las decisiones de ese cuerpo.

A una orilla están el Consejo y unas 800 personas de los 3000 que conforman la tribu, que están de acuerdo con la entrada de las motosierras para extraer madera y venderla. El resto rechaza esa posibilidad o tiene miedo de manifestar una opinión. Para hacerle frente a la contraparte, decidieron crear una entidad paralela llamada Consejo Preventivo de Tribus.

El presidente del Consejo Directivo de la Tribu, José Alberto Vieda, asegura que el bosque es “renovable” y que la mayoría de la tribu está tomando la decisión sobre la venta. El hombre, de más de 40 años, dijo haberle vendido 14.800 metros de madera, a 250 lempiras ($10) cada uno, al empresario hondureño Wilder Domínguez. Asegura posteriormente haber repartido la ganancia en la asamblea. Del total de las ventas, la comunidad le paga un 15% a la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (Fetrixy), una organización que agrupa a todas las tribus tolupanas del país, y otras 40 lempiras ($1.62) por metro cúbico tablar por impuestos a la municipalidad, de acuerdo a una investigación del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).

Esto significaría que para la comunidad quedan aproximadamente 2 millones 500 mil lempiras (unos 100 mil dólares). Las aproximadamente 800 personas que se encuentran de acuerdo con los cortes de madera reciben 500 lempiras (20$) por cada 5 mil metros de madera cortada que aprueban en las asambleas, según la información publicada en una página de Facebook del Consejo Directivo.

Un 93,9% de los tolupanes apenas puede cubrir los costos de la canasta básica alimentaria, lo que los sitúa en la línea de pobreza extrema, de acuerdo a un informe de la relatora de la ONU sobre Pueblos Indígenas. “Enfrentan una situación de discriminación que los hace vulnerables a condiciones laborales injustas y precarias”, dice la relatora Victoria Tauli-Corpuz.













Su situación de precariedad es notoria incluso en un país que ocupa el puesto 132 de 189 países en el Informe de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y donde, según otras organizaciones, más de la mitad del país (67.4%) vive en pobreza.

Como casi todos los pueblos indígenas del país, las condiciones de la tribu de San Francisco de Locomapa son precarias. Sin embargo, el abandono estatal es mucho más evidente para el pueblo tolupan: las calles son de tierra, no hay alumbrado público, ni señal de telefonía celular en casi toda la comunidad y muchos deben movilizarse caminando por horas para asistir a centros de salud.

Para comunicarse con Consuelo, uno debe esperar a que una vez a la semana ella pague 10 lempiras ($0.45) por cargar su teléfono celular. Cuando lo tiene funcionando, lo coloca sobre baldes cercanos al techo, donde dice que agarra señal a veces.

Los tolupanes históricamente se han dedicado a la agricultura, producen especialmente maíz, frijol y café para subsistir. Esta relación les produjo tener lazos cercanos con la naturaleza y tener un sentido de responsabilidad y cuidado sobre el tratamiento que se le debe dar a los bienes naturales.

Llegar al territorio tolupán requiere un carro apto para el terreno de montaña. En medio de los mejores bosques de pino de Honduras y una tierra rica en minerales como óxido de hierro, plata y antimonio, se registran más de 40 asesinatos de indígenas tolupanes en los últimos 20 años, de acuerdo con un informe del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Bosque de pino en las montañas del territorio tolupán en la comunidad de Locomapa, 16 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.









En San Francisco de Locomapa los asesinatos vinculados al conflicto extractivo comenzaron en 2013. Desde ese momento el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) contabiliza 10 asesinatos que no sólo vinculan al conflicto con la madera sino también al de una mina de antimonio. Ellos fueron María Enriqueta Matute, Armando Funez, Ricardo Soto, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo Vieda, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute Ávila, José Salomón Matute, Milgen Idan Soto Ávila, estos últimos 3 ocurrieron en 2019.

Uno de los asesinados era el compañero de hogar de Consuelo, Luis de los Reyes Marcía, asesinado en 2015 cuando regresaron a San Francisco de Locomapa luego de vivir fuera de la comunidad durante seis meses debido a las amenazas que también recibió por parte de personas que apoyaban una minera y la venta de madera en la comunidad.

Consuelo se vio obligada a huir una segunda vez. Regresó un mes después, pero alguien la esperaba para asesinarla en su propia casa.

“Tuve que volver a salir de emergencia y no me deseo ni acordar -dice Consuelo- Mis hijas me dicen que no denuncie, que espere a que se calmen las cosas y que hay justicia divina. Pero las leyes humanas para eso son, para castigar a quien comete estos crímenes. Pero la ley no sirve para nada porque, si algo estuvieran haciendo, hubieran capturado a todas las personas que cometen los crímenes”.

Consuelo, retratada en el patio de su casa en la comunidad tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro. 16 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.









A mediados de febrero de 2020, el Ministerio Público capturó a uno de los presuntos asesinos de Reyes Marcía: Fredy Antonio Matute Soto. En el comunicado oficial la entidad estatal asegura que “el capturado junto a otros miembros de la banda, han sido los responsables de varios asesinatos de indígenas tolupanes” aunque se desconocen detalles del móvil exacto del crimen. Su captura le ha significado nuevas amenazas a Consuelo.

Reyes Marcía y Consuelo forman parte de un grupo de 38 personas a las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA les había otorgado medidas cautelares el 19 de diciembre de 2013 tras el asesinato de otros tres indígenas de la tribu durante una protesta.

Contra Corriente buscó a Jany del Cid, titular de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público, responsable de investigar estos hechos, pero respondió que no está autorizada a dar entrevistas. El área de comunicaciones de la entidad confirmó haber solicitado la información para proporcionar una entrevista sobre el avance de las investigaciones, pero no volvió a dar una respuesta.

Días después del asesinato de José y Juan Matute, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA conminó a Honduras a investigar sus muertes violentas y recalcó la necesidad de “incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que el crimen haya tenido como móvil sus actividades como defensores de derechos humanos”. La CIDH denunció no tener información sobre el cumplimiento de las medidas que debía implementar el Estado para su protección.

En conflicto con la industria maderera

“Se sataniza un corte de madera en el sentido de que sí está con un plan de manejo aprobado por el ICF, pasando todas las normas técnicas, que no conozco mucho porque no soy ingeniero. Fetrixy no puede negarse a poner el visto bueno porque ellos decidieron. Uno instruye a su pueblo de que es necesario que se hagan proyectos sociales si hacen ventas”, manifestó Noé Rodríguez, coordinador de Fetrixy, cuya organización dice dedicarse a la recuperación de territorios.

Consuelo explica que cuando varios miembros de la comunidad se dieron cuenta de los cortes de madera, empezaron a reunirse para protestar en contra y el Consejo Directivo convocó a una asamblea donde no les dieron la palabra. “Al día siguiente aparecieron diciendo que no debíamos estar ahí, que las ventas estaban aprobadas por la asamblea. Y que para eso se había hecho la reunión de asamblea: para que se aprobaran, porque ya habían aprobado el antimonio y las ventas de madera. Pero es mentira porque en la reunión la opinión estaba dividida”, añade Consuelo.

El pueblo tolupán, al igual que otros pueblos originarios de Honduras, viven en una batalla constante por la protección de su territorio. Esa defensa está amparada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, del que Honduras es firmante. Ese es el convenio internacional que protege el derecho de no desplazar a los pueblos indígenas por la fuerza y a no adelantar proyectos en los territorios «sin el consentimiento libre, previo e informados de los pueblos indígenas interesados».

Uno de los proyectos de ley que el Congreso Nacional (CN) trabaja actualmente es la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada. Después de anunciarlo públicamente en enero de este año, organizaciones de pueblos originarios se manifestaron frente al CN para declararse en contra del proyecto. Sus observaciones incluyen que la ley no cumple con los estándares internacionales al no consensuar con todos los pueblos indígenas y que aborda la consulta desde una perspectiva homogénea, sin respetar las diferencias de cada pueblo.

Esta falta de consulta con comunidades locales ocurre en un ambiente tenso en Honduras. Distintos proyectos extractivos han generado muchos conflictos y episodios de violencia contra líderes e integrantes de comunidades que se han opuesto a proyectos mineros, hidroeléctricos, madereros y de turismo, sin que el Estado haya logrado aclarar las circunstancias o los responsables de cometerlos.

El asesinato en 2016 de la reconocida líder indígena Berta Cáceres, fundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), dio a conocer esa realidad de violencia que enfrentan los defensores ambientales. Sin embargo, Honduras contabiliza muchos más asesinatos por esta causa. 

Desde 2010 hasta 2017 se registraron 120 líderes ambientalistas asesinados, de acuerdo con los informes de la Global Witness, ONG británica que monitorea este tema en todo el mundo. Esa cifra cataloga a Honduras como el país más peligroso para el activismo por el ambiente en el mundo.

Miembros de OFRANEH y el COPINH protestan por la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, o lo que ellos llaman «la Ley Nájera», en alusión al diputado nacionalista Óscar Nájera, que propuso la ley en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.





Berta Zúniga, actual coordinadora de Copinh e hija de Berta Cáceres, se muestra preocupada por el modelo económico extractivo promovido por el gobierno. “El obstáculo principal son los pueblos indígenas que han defendido con su vida, con su cuerpo, con su lucha comunitaria, esos territorios de empresas nacionales y trasnacionales”, dice. Además, denunció que en las comunidades indígenas se ha profundizado la miseria para jugar con las necesidades básicas de las personas y prometer proyectos sociales a cambio de aprobar este tipo de leyes.

Esta dinámica existe en San Francisco de Locomapa donde, ante la falta de empleo, las empresas madereras han ofrecido a la gente un sustento y una promesa de traer programas sociales que mejoren la situación de la comunidad.

En 2001 había 9.617 tolupanes en Yoro y Francisco Morazán (dos departamentos de Honduras unidos por montañas), según el Censo del Instituto Nacional de Estadística. La antropóloga franco-estadounidense Anne Chapman que estudió a los pueblos tolupán y lenca en Honduras, calcula que el primero tiene aproximadamente 5.000 años de existencia. Por su parte, Global Witness establece que “son el grupo indígena más marginado de Honduras, que vive en condiciones de pobreza extrema en zonas rurales remotas, con un acceso limitado a los servicios básicos”.

Toda esta situación es aprovechada por las industrias madereras que talan los bosques sin el consentimiento de la comunidad entera.

Inmare, un aserradero que tiene como propietario al empresario Wilder Domínguez, opera con “la compra directa de productos forestales madera en rollo proveniente de diferentes de diferentes sitios aprobados por el ICF”, según una auditoría realizada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) gubernamental en 2018. Uno de ellos es San Francisco de Locomapa.

En la región también trabaja el aserradero Velomato, que pertenece al empresario hondureño Kenton Landa Uclés y se ubica en la aldea Las Tejeras, municipio de Yoro. La madera es utilizada en la empresa Inversiones del Atlántico (Invertlan) que forma parte del Grupo Landa, un conjunto de empresas creadas por su director corporativo, el mismo Kenton Landa Uclés.

Las auditorías del ICF señalan que, en los últimos tres años, ambos aserraderos poseen entradas de madera superiores a las que se reportan en sus informes mensuales. También observa que las ventas de madera aserrada son mayores a los volúmenes producidos con los ingresos de madera, lo que indica que se vendió o salió más madera de la industria producida en la sierra.

Ambos empresarios tienen conexión a través de la empresa Inversiones del Atlántico (Invertlan), según consta en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Kenton Landa Uclés es socio con 60% de las acciones, mientras que Wilder Domínguez, socio con el 40% de las acciones, también es el gerente general de la empresa.

Invertlan y Grupo Landa dicen que se dedican a proveer madera tratada o sin tratar para tendidos eléctricos, y son proveedores de empresas gubernamentales y privadas que trabajan en la distribución y administración de energía del país.

Aún no queda claro a donde termina la madera que es cortada por Inmare. Los registros públicos no lo explican y el ICF de Yoro tampoco respondió sobre el destino de esa madera. Igualmente, Invertlan y Grupo Landa comparten un mismo número de teléfono. Contra Corriente intentó comunicarse con ambas empresas pero no obtuvo respuesta. Tampoco respondieron a través de correos electrónicos enviados a sus datos públicos de contacto.

“Si nosotros decidiéramos procesar la madera por nuestra cuenta, nosotros miramos qué parte nos afecta y qué parte no. La empresa no mira eso, no le importa. Ellos ocupan su capital porque de lo que ganan de este bosque se pueden ir a vivir a Miami o cualquier parte del mundo y quiénes quedamos jodidos somos nosotros”, dice Celso Cabrera Matute, quien forma parte del rival Consejo Preventivo de Tribus y actualmente está procesado judicialmente por la defensa de su territorio. 

Celso caminó varios minutos desde la montaña que se encuentra atrás de su casa. Sus manos y su ropa aún tienen la tierra fresca que se impregnó durante su trabajo cultivando granos básicos. Vive en una casa de madera muy pequeña, el suelo es de tierra y su techo aún tiene agujeros que, según cuenta, provienen de piedras que le han tirado para amenazarlo.

“Nosotros no tenemos miedo a morir ni a caer preso, pero si debo decirles que me siento un poco mal, una porque perdí a mi Nana (mamá) y las autoridades no han hecho cambios. En su lugar nos siguen procesando”, añade.













Los procesos judiciales contra los tolupanes

En marzo de 2010, el empresario Kenton Landa Uclés interpuso una denuncia en contra de los indígenas José María Pineda, Tomás Matute, Melvin Castro, Carlos Martínez, Bernardo Martínez, Celso Cabrera Matute, Juan Matute y Armando Fúnez Medina, según consta el expediente 36-2010 en los juzgados de Yoro.

Los acusó del delito de obstaculización de la ejecución de un plan de manejo forestal otorgado por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), en perjuicio de su empresa maderera Velomato.

El proceso duró tres años y tras un fallo de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula en 2013 los tolupanes obtuvieron un sobreseimiento definitivo.

“La protesta indígena no puede ser considerada una acción ‘ilegal’ ya que los mismos estaban legitimados en el Convenio 169 de la OIT el cual les ampara para reclamar su derecho de ser consultados ‘antes’ de emprenderse o autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de recursos existentes en sus tierras”, señala el documento de la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, el fallo no fue tomado en cuenta cuando, en enero de 2012, Landa Uclés inició un segundo proceso judicial contra dos de esos miembros de la comunidad (José María Pineda y Celso Cabrera Matute) y otro nuevo (Oscar Cabrera Matute). Una vez más, solicitó que les imputaran el delito de obstaculización de la ejecución del plan de manejo aprobado por el ICF, en perjuicio de su empresa Velomato, después de que la tribu realizara manifestaciones en el predio que ocupa la empresa.

En la audiencia inicial el juez que conoció el caso dictó medidas cautelares para los líderes indígenas, pero finalmente obtuvieron sobreseimiento definitivo. Durante un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015, el Estado admitió que la protesta no podía ser considerada ilegal porque el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contempla el derecho que tienen a ser consultados antes de la explotación de los recursos en sus tierras.













Ante ambas medidas, el informe “Violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Honduras: El caso del pueblo tolupan”, realizado por varias organizaciones de derechos humanos, señaló que, “las medidas cautelares que obligaron a los indígenas acusados a presentarse periódicamente al juzgado ubicado en la cabecera departamental de Yoro, por cinco años, también impactó en su precaria economía debido a que la zona de San Francisco de Locomapa es altamente pobre, sin fuentes de empleo y el costo del autobús que debían pagar cada 15 días les privó de situaciones básicas de subsistencia”.

A pesar de tener dos fallos en los que se determinó que la protesta de los indígenas no podía considerarse ilegal, en 2017 nueve miembros de la tribu fueron acusados por el mismo delito, esta vez por la empresa maderera Inmare. Los indígenas acusados fueron: Allison Pineda, Ángela Murillo, Oscar Vieda, Ramón Matute, Sergio Ávila, Wendy Ávila, Oscar Cabrera Matute y por tercera vez, Celso Cabrera Matute y José María Pineda.

“Estos tipos estaban invadiendo la decisión de la asamblea y estaban obstaculizando un plan de manejo y después de tantos abusos que estaban haciendo ellos, ahí también hubo gente de la asamblea agredida donde ellos lanzaban piedras, tiraban armas de cortopunzantes, pincharon carros, quebraron vidrios”, dice José Alberto Vieda, presidente del Consejo Directivo, que es una de las partes demandantes. Según este líder, pusieron la denuncia contra sus autoridades rivales por las constantes protestas que realizaban. 

Para Ariel Madrid, coordinador del área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que ha llevado los casos de los tolupanes, este nuevo proceso judicial es ilegal debido a que la resolución del proceso anterior sentaba jurisprudencia y no se puede declarar ilegal la protesta de los indígenas. Madrid, además, denunció que durante las audiencias la jueza tuvo conductas racistas y pedía que se verificase la pobreza de los indígenas acusados.

De igual manera, el ICF asegura no conocer los procesos judiciales en contra de los indígenas. “No tenemos conocimiento de procesos que se hayan llevado por lo menos del ICF hacía ellos, lo más que hay es armonía y trabajo conjunto, desconozco si a través de alguna persona tercera hay algún proceso”, manifestó Samuel Arturo Núñez, jefe regional del ICF en Yoro.

Mientras tanto, Celso Cabrera Matute y Oscar Cabrera Matute aún esperan el inicio del juicio oral y público. Ambos son hijos de una de las primeras tolupanas asesinadas en la zona.





Una mina ilegal y el reclamo constante por justicia

En 2013 arreció la violencia. El 25 de agosto, durante una toma de carretera en contra de una mina de antimonio, un grupo de sicarios asesinó a tres tolupanes que protestaban: Armando Fúnez Medina (44), Ricardo Soto Fúnez (40) y María Enriqueta Matute (71), la madre de los hermanos Cabrera Matute.

Celso aún vive en la casa donde su madre fue asesinada, señala al suelo, cerca de un poste de madera. “Ahí solo le puso la escopeta en la cabeza y ni sonó”, dice sobre la muerte de Ricardo. Uno de los sicarios preguntó quiénes eran los cabecillas de la comunidad en contra de la extracción de madera y minerales, recuerda. Armando Fúnez le respondió que no había cabecillas y que estaban defendiendo los derechos de todos. En ese momento el sicario le disparó a él, causándole la muerte. A su madre la asesinaron por haber presenciado todo.

Una fotografía en la que Enriqueta aparece con su hija menor es sostenida en las manos de su hijo Celso, Locomapa, 16 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.





Consuelo dice que ese día los sicarios habían llegado al lugar preguntando por ella. Que si no hubiera salido antes por unas fotocopias, su nombre formaría parte del listado de los asesinados ese día, meses antes había recibido amenazas con mensajes machistas. “Deja de estar en la calle. ¿Sabes qué estás haciendo? Que te van a matar, mejor salí de esto y anda a tu casa que tenés mucho trabajo en la cocina. No sé por qué andas perdiendo el tiempo”, le dijeron en una de las veces que pidieron hablar con ella durante las tomas de carretera.

Según los miembros de la comunidad, los sicarios tenían vínculos con la empresa minera Lachansa Co, cuya información oficial dice que se dedica a la extracción del antimonio. 

A partir de 2012, los tolupanes vieron cómo el agua del río del río Guayma, una vertiente que baja a San Francisco de Locomapa, comenzó a ponerse café producto de la contaminación durante la extracción del antimonio.

La exposición a este mineral -que sirve para la aleación con otros metales como el plomo y para la fabricación de baterías, armas, revestimiento para cables y otros productos industriales- durante largo tiempo puede provocar irritación en los ojos, piel, pulmones y hasta ulceras estomacales. Aún no se sabe si también podría provocar cáncer o fallos reproductores, según afirma la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos.

La alcaldía había dado los permisos de manera irregular, sin consultar a las comunidades. Por eso en 2019 el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de las Etnias procesó por abuso de autoridad al jefe de Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro, Medardo Varela Bustillo.

El Ministerio Público constató que la empresa solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio en los sitios La Mina y Lagunitas en Yoro (que forman parte de la tribu de San Francisco de Locomapa). La solicitud fue recibida por la alcaldía bajo el número 432688 y, aunque no se especifica la cantidad, está señalado que Varela Bustillo recibió “una suma de dinero” por ésta. Todo se dio sin la debida delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros.

La minería es considerada por científicos y organizaciones sociales como una de las amenazas ambientales más graves en Honduras. En el país existen 310 concesiones mineras otorgadas, de las cuales 92 son metálicas, 210 no metálicas, una artesanal y siete están en suspenso, según la base de datos del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). Además, existen otras 199 esperando ser aprobadas.   

De aprobarse todas las concesiones que están solicitadas, el 75% de los ríos del país se verían afectados, advierte la ONG internacional Oxfam en su último informe Territorios en Riesgo. Pero no sólo el agua se estaría contaminando, las poblaciones río abajo de las operaciones mineras también se exponen a la contaminación de los cultivos. Al menos un 27% de la tierra utilizada para agricultura en Honduras se encuentra en áreas expuestas a contaminantes vinculados a la minería.

“La muerte de mi madre fue porque estábamos en la calle defendiendo el medioambiente, la tierra, el bosque, la piedra, la arena, el río, todo. Porque si dejamos ir eso, ¿con qué nos vamos a fortalecer?”, dice Celso Cabrera, hijo de María Enriqueta.

En 2018, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Etnias obtuvo sentencia condenatoria de 45 años de prisión contra Carlos Roberto Luque Varela por el asesinato de María Enriqueta y los otros dos tolupanes. Su comunicado oficial señala que el sentenciado “despojó de sus machetes y asesinó a Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, posteriormente le dio muerte a la señora María Enriqueta Matute por haber presenciado los hechos”.

Luque se fugó ese mismo año de la cárcel junto a siete reos más, a través de un túnel y posteriormente fue asesinado por desconocidos .

En 2019 la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Selín Eliazar Fúnez Bonilla, también acusado de esos tres asesinatos y quien desde 2013 tenía una orden de captura en su contra. Actualmente está en prisión, a la espera de un juicio. Las comunidades denunciaron que Fúnez Bonilla ofrecía seguridad a una de las empresas madereras.

El Ministerio Público no dio información oficial sobre la sentencia condenatoria de los autores materiales del asesinato de los tres tolupanes, ni tampoco si existe información sobre una autoría intelectual. Mientras tanto, los hijos de María Enriqueta no sienten que hayan tenido justicia porque los capturados sólo fueron los autores materiales, no quienes ordenaron los crímenes.









La situación de abandono de los tolupanes

Las tribus tolupanas tienen una historia de desplazamiento. Llegaron a las montañas de Yoro y de Francisco Morazán huyendo de la esclavitud y la violencia que la época colonial significó para los pueblos originarios. Ahora llevan viviendo en estas zonas remotas boscosas desde hace más de un siglo.

La situación de violencia y esclavitud provocó que los tolupanes estuvieran “recluidos en las sierras y en los densos bosques tropicales de la costa, todavía inaccesibles para los conquistadores buscaban en el aislamiento, la supervivencia de su propia cultura y la libertad”, según cuenta el sacerdote jesuita José María Tojeira en el libro Los Hicaques de Yoro.

Por esto, en el siglo XIX el sacerdote Manuel de Jesús Subirana intercedió por los indígenas para que el Estado reconociera y titulara sus tierras con el fin de liberarlos de la esclavitud. Varias tribus tolupanas obtuvieron su título de esta manera: San Francisco de Locomapa lo tiene desde 1864, y aunque ahora lo denominan “ancestral” es un título legal que les fue otorgado por el primer presidente de la República de Honduras, el general José María Medina.

En la década de 1980, el general del Ejército, Filander Armijo Uclés, que ahora se encuentra retirado, llegó al territorio de la tribu de San Francisco y comenzó a adueñarse de tierras. Llegó a la zona y obtuvo del Instituto Nacional Agrario (INA) un título supletorio, un documento que se utiliza ante la ausencia de un título de propiedad. Esto afectaba directamente el territorio que desde 1864 pertenecía legalmente a los tolupanes.

En Locomapa ubican a Filander Uclés como un terrateniente con conexiones directas con el clan político de los Urbina, quienes durante los años 90 llegaron al poder en el municipio. Uno de sus líderes es el exalcalde Arnaldo Urbina, quien fue pedido en extradición por Estados Unidos en 2019 acusado de conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense. Aún no ha salido del país porque todavía debe responder en Honduras por 24 presuntos delitos de malversación pública y 87 de abuso de autoridad.

El ex general Ucles estaba bien conectado. En los años 80 había sido director del Centro Regional Entrenamiento Militar (CREM), como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional firmada con Estados Unidos, de acuerdo con un boletín informativo del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH).

En 2014, llegó a la casa de los Córdoba Soto y amenazó con quemar la casa y asesinarlos. Por esto, el general fue condenado en enero de 2019 por daños y amenazas contra la familia indígena. Desde que inició el proceso en 2015 en los tribunales, se le impuso una orden de alejamiento y prohibición de acercarse a la familia, que incumplió al llegar a amenazarlos una última vez en 2015.

Uclés siempre andaba armado, por lo que los 11 integrantes de la familia Córdoba Soto tuvieron que desplazarse y ahora sólo regresan a la propiedad a limpiar de vez en cuando, según el abogado Madrid. Los Córdoba Soto figuran entre los tolupanes beneficiarios de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2013.

Los conflictos sobre las tierras de los tolupanes se repiten en las 31 tribus que se distribuyen en varios  municipios de Yoro, al norte de Honduras, y en los municipios de Orica y Marale, del departamento de Francisco Morazán.

Comunidad de la Tribu San Juan en la Montaña de La Flor, 14 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.









Las tribus que no tienen conflictos contra empresas parecen ser más olvidadas, pero entre sus bosques de pino también hay muerte. En la Montaña de la Flor, departamento de Francisco Morazán, hay 5 tribus tolupanas que enfrentan problemas por la tenencia de tierras. Gertrudis Bustillo, quien fue coordinadora del Consejo de Tribus de San Juan, cuenta que campesinos ladinos (término utilizado para referirse a las personas mestizas que no eran parte de la élite dominante ni de la población indígena) han llegado a sus territorios. Hasta el momento registran ocho tolupanes asesinados por defenderlos.

Hace cuatro años el Instituto Nacional Agrario (INA) llegó a la zona para hacer una remedición del territorio tolupán después de que en varias ocasiones las comunidades lo pidieran en un intento de mitigar el conflicto con otras personas. Bustillo dice que esa visita les trajo amenazas a los coordinadores y caciques de la comunidad y que no sirvió de nada porque dejaron la medición incompleta. En una visita que hizo el presidente, Juan Orlando Hernández, en 2016, prometió resolver el problema de los títulos de propiedad y que mientras él fuera presidente “la Montaña de la Flor nunca será olvidada”.

Los tolupanes en San Juan dicen que les han mentido. “Ahora todo el mundo comenta que ya los indios no valemos nada. Morimos como animales y eso rectifica que es cierto lo que dicen, en leyes ya no creemos”, dice Bustillo.

Anastacio Martínez, el cacique de la tribu San Juan, no quiso dar declaraciones. Señala que ya ha hablado muchas veces, que no ven una respuesta y su situación de vida no mejora. 

“Yo creo que los tolupanes están atravesando por el peor momento de su historia”, asegura Héctor Flores, un sociólogo que ha trabajado de cerca con este grupo. “Se están encerrando tanto en sí mismos que, no importa que les vayas a hacer, están cansados del mundo exterior, hastiados de no encontrar respuesta y están cruzando los brazos”.

La violencia parece aumentar con el tiempo. En 2015, ante la situación de abandono y violencia, los tolupanes realizaron una huelga de hambre en Tegucigalpa, frente a las instalaciones de Casa Presidencial, exigiendo la captura de las personas responsable de los asesinatos de sus compañeros. Además, exigían el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas por la CIDH y la realización de una consulta previa, libre e informada ante la extracción de recursos naturales.

La huelga no logró que el gobierno ni el Estado hondureño asuma sus obligaciones y compromisos con el pueblo tolupan.

Después de 32 días sin comer, los tolupanes decidieron suspenderla y emitieron un manifiesto. “Nuestra hambre histórica ha llenado y sigue llenando de dolor, luto, insalubridad, ignorancia y despojo a nuestro pueblo –dijeron- La criminal frialdad y dureza de los actuales gobernantes alimentaron nuestra milenaria indignación y rebeldía y hoy más que nunca asumimos nuestro legítimo derecho de impedir, a cualquier costo, todo atropello contra nuestro territorio”.

Casi cinco años después de esa huelga de hambre, las condiciones de los tolupanes parecen haber empeorado. Dos familiares de Santos Matute, uno de los huelguistas, fueron asesinados en 2019. Olvidados en las montañas continúan enfrentándose -a veces gritando, otras en silencio- contra industrias y terratenientes en defensa de sus territorios llenos de riqueza en madera, caudalosos ríos y tierras abundantes en minerales.

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