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“Ataques contra comunidades indígenas tienen como objetivo militarizar nuestro territorio”









Por Lisseth Boon – Lorena Meléndez | RUNRUN.ES

Publicado: Abril 22 de 2020

Lisa Lynn Henrito Percy, guardiana del  pueblo pemón

Ha sido acusada de secesionista y traidora a la patria por el alto mando militar venezolano lo que activó una acción urgente de Amnistía Internacional. En un contexto de liderazgo predominantemente masculino, la dirigente destaca por la singularidad de ser mujer indígena en una región amenazada por la minería y el contrabando y por su tenacidad en la defensa de la tierra y la autodeterminación de su pueblo









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Lisa Henrito defiende la integridad de su pueblo y el territorio indígena. Foto Lorena Meléndez





Una mujer pequeña de cabellera larga y oscura encara a un mayor del Ejército venezolano que es custodiado por tres uniformados verde oliva. Ni las insignias ni la estatura de los hombres parecen cohibirla. “Si ustedes quieren hacer en este municipio lo que están haciendo en todo el país, están muy equivocados. Porque aquí hay pueblo y no lo vamos a permitir”, les dice. Con gestos altisonantes, se impone en la discusión con el militar que pretendía burlar un punto de control indígena en una carretera de la Gran Sabana, al sur oriente de Venezuela.  “Ustedes están cuidando sus intereses. Nosotros estamos defendiendo los nuestros. Tú sabes bien quiénes son los corruptos aquí y ahora pretendes acusar a todo un pueblo”, remarca ella en un video anónimo. 

La mujer que con tono firme logró el retiro de los militares de la vía es Lisa Lynn Henrito Percy, lideresa nativa del pueblo pemón, el mismo que desde tiempos ancestrales habita en el territorio donde fue demarcado el sureño estado Bolívar que limita con Guyana y Brasil.

El video, que termina con aplausos y vítores de un grupo de indígenas, registró uno de los tantos encontronazos que la dirigente ha tenido con los uniformados en los últimos cuatro años. No está colgado en YouTube ni se ha filtrado en las redes sociales. Es  compartido entre las comunidades indígenas mediante modestos celulares como un amuleto de coraje y orgullo en una región sin conexión a internet ni servicio de electricidad. En donde escasea la gasolina para moverse por la Troncal 10, carretera que atraviesa el sector oriental del Parque Nacional Canaima y conecta a Venezuela con Brasil.

A sus 46 años, Lisa Henrito está convencida de que la lucha que ha enarbolado desde finales de los 90 la llevará a la muerte o a la cárcel. Eso no le aterra. Lo ve como parte de un futuro inexorable. 

“Siempre le digo a mi gente: si a mí me toca morir en esto, yo no quiero morir en vano. Quiero estar segura de que ustedes van a seguir en la lucha. Y si caigo presa, no traten de liberarme. Entiendan que lo que quieren (los militares) son las tierras, no a mí. No pierdan el esfuerzo tratando de sacarme, la lucha es para allá”, dice a sus paisanos pemones mientras extiende ambos brazos y manos al frente, como si tratara de cercar el camino que deben seguir los suyos si algo le llega a pasar.

Lisa ha dedicado más de la mitad de su vida a enfrentar al poder y ese ejercicio ha sido tan intenso que quizás por eso siente que el tiempo le ha pegado más de la cuenta. “Siento que he vivido mil años”, sentencia. 

En esa lucha, afirma, ha desarrollado una “mentalidad colectiva” que no le deja pensar en sí misma cuando recibe alguna amenaza. Eso pasó cuando se enteró de que en un programa de horario estelar en la televisora del Estado venezolano VTV, emitido el 23 de julio de 2018, un alto funcionario militar, el general de brigada Roberto González Cárdenas, la acusó de ser la líder de un movimiento secesionista en el seno de la etnia pemón y de “traicionar a la patria”. En ese momento Lisa recordó a sus padres y le inquietó cómo les podría afectar lo que habían dicho de ella en pantalla. El instante también sirvió para razonar sobre la verdadera intención de aquella calumnia.









Video del general de brigada Roberto González Cárdenas donde acusa a Lisa Henrito de “secesionista” y “traidora a la patria”.





Documento que presentó el general de brigada Roberto González Cárdenas en el programa de televisión nacional donde acusa a Lisa Henrito de “secesionista” y “traidora a la patria”.









“Comenzó el ataque y están tratando de justificar la intervención militar”, fue lo que pensé. Intento ser racional cuando pasan cosas así. El ataque fue dirigido hacia mí, pero para crear una matriz de opinión –reflexiona- También estaba claro que no tenían pruebas de nada y, si venían con pruebas, serían fabricadas. Querían justificar una intervención militar, para seguir su tráfico de oro y armas. El fin de todo esto es militarizar nuestro territorio”, añade. 

La acusación infundada del uniformado de alto rango desencadenó una serie de acciones de repudio. Amnistía Internacional elevó una alerta sobre el ataque y envió llamamientos a los ministerios de Interior, Justicia y Paz, de Pueblos Indígenas y a la Defensoría del Pueblo.













“Lisa Henrito está siendo estigmatizada por su labor como activista de organizaciones de mujeres indígenas pemones que exigen el fin de la militarización y la explotación minera de sus territorios ancestrales sin consulta informada ni estudios del impacto social previos”, dice el comunicado enviado por la organización en agosto de ese mismo año. “El Estado debe garantizar la protección de la integridad física de Lisa Henrito y poner fin a su difamación y a la estigmatización de sus acciones de defensa de los derechos de sus comunidades”.

Amnistía Internacional fundamentó su alerta en la Constitución venezolana y los mecanismos internacionales que protegen a los pueblos indígenas y su territorio, al mismo tiempo que instó a las autoridades a “abstenerse de utilizar expresiones que los desacrediten, estigmaticen, insulten o discriminen”.

Las acusaciones contra Lisa también fueron condenadas por el Consejo de Caciques Generales, la autoridad representativa del pueblo pemón, que en un comunicado del 25 de julio de 2018 rechazó la “campaña de desacreditación de las luchas indígenas y sus voceros”, ratificando al mismo tiempo la identidad ancestral del pueblo pemón y sus derechos territoriales como legítimos pobladores. 

Pero más allá de la cárcel y la muerte, hay cosas a las que Lisa Henrito sí le teme. Le preocupa que su pueblo, la etnia pemón, se desintegre. Que sus sobrinos, traumatizados por la persecución de los militares contra los indígenas, nunca más puedan regresar a su casa después de haber sido desplazados hasta Brasil luego de la masacre de Kumarakapay, en febrero de 2019. Que los jóvenes que se levantan contra el gobierno de Nicolás Maduro vean, para siempre, sus esperanzas enterradas. “Están destruyendo una generación completa y algunos líderes (pemones) no ven eso”, pronuncia en un tono frágil, muy diferente al que usa para alzar la voz ante los uniformados. 





Kumarakapay (San Francisco de Yuruaní), el pueblo pemón en la Gran Sabana donde el 22 de febrero de 2020 ocurrió el asalto militar que dejó cuatro indígenas muertos y 13 heridos. Foto: Lorena Meléndez





Desde hace al menos dos décadas, esta activista de 46 años decidió unirse a la defensa de la tierra de sus ancestros y enfrentar toda injerencia sin importar su origen. Eso le ha costado que hoy no pueda salir del sur del estado Bolívar por el riesgo de ser apresada; o tema viajar a Caracas, Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz para exponer las amenazas y riesgos que deben encarar los suyos. 

A Lisa la criminalizan desde el poder a pesar de que durante el gobierno de Hugo Chávez llegó a ocupar cargos en el Ministerio para la Salud. “Solo por el hecho de hablar inglés y haber nacido en Guyana, los militares me acusan de ser pieza del Departamento de Estado de Estados Unidos y hasta de estar detrás del levantamiento de las carpas de Acnur”, dice. Se refiere a los campamentos asistenciales instalados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la frontera brasileña que albergan a los venezolanos desplazados que huyen de la miseria. Son, además, toda una evidencia de la emergencia humanitaria en Venezuela que el gobierno de Nicolás Maduro tardó meses en admitir.





Los habitantes de Kumarakapay (San Francisco de Yuruaní), viven con temor desde el asalto militar que dejó cuatro indígenas muertos y 13 heridos, el pueblo pide justicia. Foto: Lisseth Boon





“Lisa Henrito es una lideresa reconocida no solo por la comunidad pemón local sino también en el ámbito internacional. Se ha formado en universidades extranjeras como experta de pueblos indígenas avalada por la ONU y ha sido asesora del Consejo de Caciques del sector 6 del territorio pemón. Por eso Amnistía Internacional emitió el alerta de protección apenas un militar la criminalizó en un programa del canal del Estado”, resalta Olnar Ortiz, defensor de derechos humanos y coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal. 

Lexys Rendón, activista e investigadora para la ONG Provea sobre derechos indígenas, explica que la formación que ha recibido Lisa le ha permitido estar lejos del común de los líderes indígenas y tener “una cualidad extra para analizar y entender los hechos”. La describe, además, como una mujer comprometida, orgullosa de su cultura y “un referente de líder mujer indígena pemón”.

Blandiendo con solvencia las herramientas jurídicas y constitucionales,  Lisa se jacta de defender el territorio y la autodeterminación del pueblo pemón, el cuarto más numeroso de Venezuela según el último censo de 2011. La población de “los hijos del sol”, como los describe su mito de origen, supera los 30.000 indígenas que en su mayoría habitan al sur del estado Bolívar.  

Un cerco minero









La creación del Arco Minero del Orinoco en febrero de 2016 marcó la agudización de los conflictos que aturden al pueblo pemón. Para este mega proyecto oficial de minería que ocupa 12% del territorio nacional destinado a la explotación de minerales estratégicos como el oro, diamante, coltán, hierro y bauxita, el gobierno de Nicolás Maduro no realizó la debida consulta previa, libre e informada a los habitantes originarios de las tierras ancestrales afectadas, tal como establece la Constitución venezolana y la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. Tampoco realizó estudios de impacto ambiental sobre una zona de biodiversidad singular, en la que conviven 151 especies de mamíferos, 587 de aves, 111 de reptiles y 95 especies de anfibios, según inventarios de la Fundación La Salle.  

Aunque la poligonal del Arco Minero del Orinoco está en teoría confinada al norte del estado Bolívar, impacta al vecino municipio Gran Sabana, donde se encuentra el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1974 por su inmenso valor natural. Dentro de  3 millones de hectáreas de bosques, ríos, valles, sabanas y tepuyes, las formaciones rocosas más antiguas del planeta, se practica minería de forma ilegal a pesar de estar  prohibida por ser un Área Bajo Régimen de Protección Especial (Abrae). Lo hacen en buena medida sus habitantes originarios, los pemones, empujados por el colapso económico y la caída del turismo, principal fuente de recursos de este entorno paradisíaco. 









Este es el paisaje de la Gran Sabana, situada en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Natural de la Unesco en 1974





Los efectos perniciosos del Arco Minero del Orinoco fueron destacados en el informe actualizado en diciembre de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registra “los altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales”. Indica que entre el 22 y 23 de noviembre de 2019, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena pemón y un adolescente. 

Sobre la presencia de fuerzas militares, bandas de delincuentes y grupos armados en territorio pemón como una de las causas de pérdida del control de las tierras indígenas ya había advertido la Alta Comisionada de Derechois Humanos de la ONU en un informe previo de julio de 2019 dedicado a Venezuela. En el documento destaca que ¨la extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”. 

Todo esto lo denuncia Lisa Henrito, altiva lideresa del pueblo pemón.

Comienzos de una lucha

Lisa rememora sus inicios como activista en el patio de una casa con paredes de piedra en Mana-krü, asentamiento indígena en la ciudad fronteriza Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, que entre el 22 y 28 de febrero de 2019 fue asediada  por militares y colectivos armados que impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria promovido por la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó. La incursión dejó 8 muertos, 57 heridos de bala, 65 presos y 960 desplazados que debieron huir de la represión y las balas.  





Lina Henrito: “Mi papá me decía: vas a estudiar, pero para apoyar y ayudar a tu pueblo. Y seguí su consejo”. Foto: Lorena Meléndez





“Mi nombre no es indígena, es más bien gringo. Pero realmente mi nombre resume todo lo que pasó en mi vida: la influencia de los misioneros sobre mis padres, ese encuentro cuando los misioneros adventistas entraron en las tierras de lo que hoy es la Gran Sabana, el choque con los católicos”, cuenta Lisa Henrito, hija mayor del primer pastor adventista pemón que se graduó en teología. 

Nació en Paruima, Guyana, una zona fronteriza que es parte del extenso territorio pemón repartido entre ese país, Venezuela y Brasil. Aunque su madre es oriunda de esa comunidad a orillas del río Kamarang, sus abuelos son indígenas taurepanes de Kavanayén, en pleno corazón del venezolano Parque Nacional Canaima. 

“Mi linaje es de líderes”, dice elevando la postura. Motivados por los estudios del padre, los Henrito Percy vivieron un tiempo en Trinidad y Tobago para luego volver a Guyana, donde Lisa estudió bachillerato. Inglés y el dialecto taurepán fueron sus primeras lenguas. No sería hasta la mayoría de edad cuando ella junto con su familia se mudaría Venezuela y aprendería el español. En una universidad adventista en Nirgua, estado Yaracuy, cursó y se graduó en administración de empresas.

Fue tras esta experiencia que Lisa arribó a la tierra de sus ancestros y se estableció en Maurak, una comunidad indígena a unos 30 minutos de Santa Elena de Uairén, la capital del municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil. En su mente llevaba el consejo que siempre le repitió su padre: “vas a estudiar, pero para apoyar y ayudar a tu pueblo”. Ella lo siguió.









Lisa no tardó en sumarse a la defensa del territorio. En 1995, alzó su voz contra la edificación del Complejo Hotelero Empresa Nacional de Turismo del Sur (Turisur), un proyecto privado que contó con el aval del Instituto Nacional de Parques (Inparques) mas no de los indígenas para la  construcción de un hotel en la Sierra de Lema, puerta de entrada de la Gran Sabana. Por ende, desestimó el derecho de las comunidades indígenas a decidir y participar en la administración y utilización de los recursos naturales existentes en su hábitat.

Una Lisa veinteañera se unió a los dirigentes pemones que reclamaban por la construcción y fue ahí cuando halló inspiración en líderes indígenas como Juvencio Gómez, Silviano Castro y Alexis Romero, a quienes todavía hoy considera su “modelo de lucha” por sus posiciones frontales y firmes. Las manifestaciones en Ciudad Bolívar y Caracas contra Turisur lograron que los aborígenes fuesen escuchados en una audiencia ante el Ministerio de Ambiente, institución que detuvo el proyecto en octubre de 1996 cuando, luego de una auditoría de gestión, se determinó que los permisos otorgados por Inparques eran inválidos por violar el Plan de Zonificación de Canaima. 

Con ese mismo ímpetu, Lisa participó en las legendarias protestas contra el tendido eléctrico en la Gran Sabana a finales de los 90 y también se levantó para frenar el Decreto 1850 que autorizó la minería dentro de la Reserva Forestal de Imataca.

Sin embargo, ambas luchas fueron infructuosas y los proyectos se llevaron a cabo.  y Eso la llevó a replegarse y a trabajar como administradora en la minera canadiense Crystallex, que en ese momento operaba en la zona de explotación aurífera de Bolívar. Fue allí donde conoció de cerca las rudas condiciones de los obreros mineros. Luego se encargó de la administración de un colegio privado adventista de Maurak, una de las 119 comunidades indígenas del municipio Gran Sabana.

Poco después, Lisa se convirtió en la capitana de Maurak, la comunidad indígena donde todavía vive. Su carácter recio, su trabajo por la defensa del territorio, su preparación académica y el conocimiento que tenía para elaborar proyectos que beneficiaran a los indígenas fueron las razones que los líderes aludieron para postularla en 2002 al cargo de tres años. Hasta ahora ha sido la única mujer que ha alcanzado ese estatus en Maurak. Tenía 29 años.

Lisa se ha destacado como lideresa del pueblo pemón en un contexto donde el rol de las mujeres, garantes de la cultura indígena y permanencia de sus pueblos, está apegado a la maternidad, a la siembra del conuco, a la preparación del casabe, kachiri y el tumá, la sopa típica pemón que se come de manera colectiva. Ha ganado el respeto de sus hermanos y hermanas en el  contexto latinoamericano, donde solo una de cada 10 niñas indígenas termina la escuela secundaria, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 

Pero el ser lideresa le ha llevado a chocar con la discriminación. Uno de los ancianos de su comunidad le confesó que no estaba de acuerdo con que ella ocupara la capitanía simplemente porque era mujer. 

La misma resistencia la encontró hasta en sus propias vecinas. “Una vez cuestionaron mi participación en una asamblea para discutir sobre el problema del embarazo precoz en las comunidades indígenas porque qué iba yo a saber de ese tema si no tenía marido ni hijos”, relata Lisa. 

Hay quienes critican a Lisa por su carácter fuerte y combativo, pero eso puede ser parte del quiebre que su figura produce dentro de las mismas costumbres y roles de su cultura. “Creo que es una mujer muy frontal, que es muy beligerante y cuando algo le molesta lo manifiesta de esa misma forma. Eso puede ser muy difícil de comprender en un pueblo donde la mujer no es quien tiene ese liderazgo, sino que lo tienen los caciques masculinos”, señala Lexys Rendón, directora de la organización Laboratorio de Paz.

La misma especialista explica que ese rechazo de algunos puede tener otra explicación. “Es más fácil echarle la culpa a ella y mantener la posición de la no confrontación porque se saben vulnerables y porque los líderes favorecen al gobierno en temas políticos o se involucran con este en áreas comerciales, económicas, mineras. El pemón ha atravesado un cambio cultural muy fuerte por la cooptación e intervención del gobierno. Lisa es diferente a muchas mujeres líderes y hombres indígenas. Tiene un carácter fuerte, me consta, y puede ser que en algunas discusiones se muestre como saturada por los problemas de su pueblo. Pero yo lo puedo entender desde aquí, porque ella sí está consciente de que parte del pueblo pemón no tiene la voluntad para sumarse a la lucha”, subraya.

Lisa también vivió el machismo más allá de las fronteras de Maurak. El hecho de haber sido capitana por tres años le permite usar penacho en las ceremonias. Cuando lo ha llevado a reuniones indígenas fuera de Venezuela, las mujeres líderes la miran asombradas. El privilegio de vestir esa prenda está reservado para los hombres en varios países de Latinoamérica.

Lisa reprocha que en el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón nunca haya habido una mujer. Admite que ha pensado en postularse, pero sabe que es una tarea compleja. “Esa es la máxima autoridad. Es mucha responsabilidad. Yo sé que lo puedo hacer, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien”, asevera.

Entre sus intereses tampoco está una carrera política. No le interesa ser alcaldesa, mucho menos gobernadora. “Como indígena, la ley ampara mis derechos constitucionales. En cambio, si me meto a la política, me llevan presa”, sentencia. 

Cercanía con el poder

Luego de ser capitana, Lisa fue nombrada tesorera de la Federación Indígena del estado Bolívar durante 2005, un cargo público que le entusiasmó hasta que comenzó a ver cómo las redes de la corrupción habían comenzado a cercar a la institución que hoy considera cooptada por el gobierno chavista. 

Eran los días del proyecto Canaima-GEF, un plan de gestión de recursos naturales dentro del parque nacional para armonizar las actividades económicas y sociales de la cuenca del río Caroní junto con  los derechos originarios de los pemones sobre esas tierras. Aquellos fondos provenían del Banco Mundial, tras haber sido aportados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). “El dinero que cayó en manos de la Federación jamás se usó para el fin previsto”, asegura Lisa.









Mapa de Global Forrest: proceso de deforestación en el estado Bolívar





La lideresa decidió renunciar solo nueve meses después de haber asumido. Seis años más tarde, el Ejecutivo le abrió un procedimiento administrativo por supuestamente aprobar movimientos de dinero relacionados con el Fondo. Nunca pudieron probar su culpabilidad.

El paso siguiente de Lisa fue enrolarse en 2006 en el programa de Salud Indígena del Ministerio para la Salud. Desde pequeña tenía inclinación por atender a los enfermos, por eso solía entrar al hospital de su comunidad para hablar con los pacientes. Cuando se hizo adulta, continuó yendo los domingos en la tarde para cantarles y animarlos.

Los líderes de las comunidades le propusieron que presentara y manejara una asociación de salud para sus paisanos, la cual devino en el Servicio de Atención y Orientación al Indígena (SAOI) que se instaló en los principales centros de salud en los estados venezolanos donde viven etnias aborígenes. El Ministerio de Salud la comisionó como la coordinadora regional operativa del estado Bolívar de un nuevo departamento que hoy, en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, desapareció de los hospitales.

La emergencia humanitaria compleja puede entenderse como el resultado de una mezcla de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y pobreza que, en el sector de la salud, se traduce en el éxodo de médicos, la falta de tratamientos, escasez de medicinas y precarias condiciones en la atención dentro de la red hospitalaria pública.

El acercamiento al servicio público duró poco. Lisa relata que en 2007,  un año después de comenzar su labor en la administración pública, se retiró. “Comenzaron los ataques políticos”, asegura. Ante la incapacidad del gobierno para proveer a los indígenas de medicinas e insumos, ella pidió la colaboración de médicos adventistas estadounidenses, quienes fueron expulsados por el Ejecutivo cuando apenas llegaron. A Lisa comenzaron a llamarla “agente del imperio”.

Lisa es una lideresa que también se ha formado en la academia. En 2010, cursó el diplomado de Fortalecimiento para el Liderazgo de la Mujer indígena, perteneciente al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y la Universidad Indígena Intercultural (UII), que le permitió viajar en 2010 a Guatemala y México para su formación. Seis años más tarde,  se graduó en experta en derechos humanos de los pueblos indígenas al cursar el programa del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, en Bilbao, que la hizo viajar a Europa y hacer pasantías en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH), en Ginebra. 

Al regresar a Venezuela en julio de 2016, en plena crisis económica y social, recibió un golpe bajo.

Lisa vio en el centro de Caracas cómo los venezolanos rebuscaban comida en los contenedores de basura, cómo le pedían alimento cada vez que ella se sentaba en la mesa de un restaurante. Al llegar a Santa Elena de Uairén, vio cómo el terminal terrestre había sido tomado por delincuentes. Cada escena la describe con el rostro aún compungido, impresionado por lo que vio. De inmediato comenzó a enviar mensajes a los líderes indígenas que conocía. “¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue que ustedes permitieron esto?”, cuestionó. 

Ese fue el germen de la acción más rebelde que ha encabezado en toda su trayectoria activista: la creación de una oficina de jurisdicción especial indígena, figura contemplada en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que otorga la potestad de solucionar de forma autónoma sus propios conflictos, siempre en resguardo de los derechos humanos.

La Tuenkaron de la Sabana

“Tuenkaron es un personaje que vive en las aguas, ríos y quebradas.

Es una persona pequeña, normalmente mujer con una

larga cabellera muy bonita. Ella cuida la naturaleza ante los

profanadores del medio donde vive, es celosa de su hábitat,

castiga al que profana y la persona que la ve se enferma o le provoca un desmayo

Historia de los pemón de Kumarakapay

Roroimókok Damúk

Ediciones Ivic, 2010





Una de las primeras tareas de esa jurisdicción especial fue crear una Guardia Territorial Pemón en 2016 para garantizar la seguridad del territorio. Lo decidieron debido a la presencia cada vez más patente de grupos armados en el territorio indígena y el asesinato de la madre y dos hijos de una familia no indígena asentada en Santa Elena de Uairén, caso en el que estuvo involucrada la policía de la gobernación del estado  Bolívar junto con grupos delictivos. Lisa fue una de sus organizadoras y principales dirigentes. 

El incremento de la violencia en la idílica Gran Sabana tiene fecha de estallido: 2016, que justo coincidió con el año en que el gobierno de Maduro oficializó el Arco Minero del Orinoco. 

La Guardia Territorial Pemón también surgió por la inacción de las autoridades militares frente a delitos contra los indígenas, pese a las denuncias de los caciques generales sobre las acciones de bandas armadas en la región. Desmintiendo las acusaciones oficiales, Lisa insiste en que sus miembros (más de 300) nunca han llevado armas. “Si lo hubiésemos estado, otro sería el resultado”, dice, subrayando que en los tres ataques militares a comunidades indígenas de los últimos dos años, las víctimas han sido indígenas. Nunca militares. 

Bajo la jurisdicción especial, las patrullas indígenas instalaron puntos de control en las carreteras para poner freno al contrabando de gasolina, un bien escaso que en la Gran Sabana tiene precio internacional mientras que en el resto del país es prácticamente gratuito. Con esas patrullas también recaban una especie de impuesto a los mineros ilegales por el oro extraído en la región dado que no reciben nada del Estado venezolano. “Nos amparaba la ley de Pueblos Indígenas que establece que toda actividad económica que se realiza en el territorio debe beneficiar a las comunidades”, asegura Lisa.  Y agrega que a diferencia de los ilegales puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana, “los nuestros sí se retribuían los recursos a las comunidades indígenas. Tenemos derechos, pero también deberes. Llevábamos una relación detallada en los gastos como medicina; incluso compramos cauchos para los carros de la GNB”.





Salto Soroape Gran Sabana Parque Nacional Canaima. Foto: Lorena Meléndez





La Guardia Territorial Pemón se convirtió en una especie de fiscalía que impartía justicia en la zona. “Por cometer ciertos delitos como robo, tráfico de drogas y prostitución, aplicábamos castigos de la normativa indígena: rapar el cabello ‘coco pelao’, encierro de 72 horas dentro de un silo, latigazos, cámara de ají (colocar picante en las partes íntimasy trabajo comunitario”. Lisa es de las que piensa que el principal problema de Venezuela no es la corrupción sino la impunidad. “Si no se aplican sanciones, la persona sigue robando”. 

Lina Henrito: “Guardia Territorial Pemón nace por una necesidad de defensa y seguridad”





Durante casi dos años, la Guardia Territorial tomó el puesto de la policía regional en Santa Elena de Uairén. Hicieron “limpieza” de delincuentes en Ikabarú, comunidad indígena históricamente minera a unos 70 kilómetros de la capital del municipio Gran Sabana. “No íbamos a permitir grupos armados en nuestro territorio, vengan de donde vengan. Los indígenas adquirimos cierto prestigio porque veían que sí estábamos haciendo algo por la seguridad de la región”, dice.  

Pero tres años después de su creación, el radio de acción de la Guardia Territorial Pemón ha quedado reducido a las comunidades indígenas tras el ataque militar a la comunidad de Kumaracapay (también conocida como San Francisco de Yuruaní) el 22 de febrero de 2019, por el que perdieron la vida tres indígenas pemones, habitantes de este poblado que sirve de campamento base en la ruta hacia el mítico tepuy Roraima, monte sagrado para ellos y uno de los íconos turísticos más famosos de Venezuela. 

 “La amenaza más grande contra el pueblo pemón es la militar”, afirma Lisa sin titubeos. 

La dirigente no sólo habla de los asaltos más recientes como el de el sector 2 de Canaima (diciembre 2018), Kumarakapay y Santa Elena de Uairén (febrero 2019) e Ikabarú (noviembre 2019), en los que otros  cinco indígenas perdieron la vida de forma violenta. También se refiere a los homicidios de cinco pemones a manos de grupos  criminales que operan en las zonas mineras del estado Bolívar entre 2016 y 2017

El 26 de septiembre de 2018, fue asesinado José Vásquez, comandante de la Guardia Territorial  Pemón en la comunidad de Tusaren. Las investigaciones policiales apuntaron hacia el exfuncionario de la Fuerza Armada Nacional, Edward Frederick Curuma,  como autor del homicidio agravado intencional

Las tensiones entre pemones y militares se remontan a finales de la década de 1990 con el tendido eléctrico que se instaló sobre las comunidades pemonas para llevar el servicio desde la central hidroeléctrica en el estado Bolívar de Venezuela hasta Brasil.  Se han registrado episodios en los cuales los indígenas han activado la jurisdicción especial indígena y han apresado a funcionarios militares en prácticas que han considerado abusivas e infractoras de la ley. Tal es el caso de lo ocurrido en octubre de 2011 en el sector minero Amanaimü de La Paragua, que colinda con el Parque Nacional Canaima, en el que unos 550 miembros de 13 comunidades pemón detuvieron y desarmaron  a 19 funcionarios de la Fuerza Armada a quienes sorprendieron practicando minería ilegal en un yacimiento que había sido clausurado dos meses antes. 

Dos años más tarde, representantes de 12 comunidades indígenas del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana, detuvieron y quitaron las armas a 43 efectivos del Ejécito, luego de que la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana (Redi Guayana) suspendiera las autorizaciones de vuelo de aviones consideradas ilegales, cuando en realidad facilitaban el traslado de alimentos y pacientes desde las comunidades remotas del sur del país.

“La amenaza a los dirigentes indígenas es proporcional a la lucha por la resistencia de sus pueblos y por la reivindicación de sus territorios”, recalca Vladimir Aguilar, abogado experto en derecho indígena y director del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, en Mérida. 

No puede concebirse al pueblo pemón como un conglomerado compacto,  homogéneo, advierte el sociólogo e investigador Isaam Madi. Basándose en las diferentes concepciones religiosas de los misioneros católicos y protestantes que evangelizaron las comunidades en la región desde comienzos del siglo XX, explica que dentro del territorio pemón, hay líderes y sectores que han sido cooptados por el chavismo y se pliegan a sus lineamientos mientras que otros defienden su identidad, su autonomía como que suelen ser los más atacados desde el poder. A ese pertenece Lisa Henrito. 

Aguilar completa la idea del sociólogo y destaca que los pemones han sido divididos por la partidización política. “Es obvio que quienes se han mantenido en la primera línea de la lucha por la reivindicación territorial han sido sometidos a cualquier tipo de escarnio. Pero esta es una dura realidad que no solo padecen los indígenas Pemón que resisten, sino cualquier dirigente indígena de cualquier pueblo”, subraya.

El gobierno negó la participación de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército en el ataque contra Kumarakapay. Lejos de reconocer la muerte de tres pemones, Diosdado Cabello, presidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), alegó que se trató de un “falso positivo” y acusó  de ser autores de los hechos al partido opositor Voluntad Popular y al diputado Américo de Grazia, consecuente denunciador del Arco Minero del Orinoco y de los abusos militares contra la población del estado Bolívar.  

Tampoco la ministra de Ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Nuñez, condenó el ataque al pueblo pemón de febrero de 2019. A un mes de la masacre de Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, la funcionaria redujo estos eventos a un “enfrentamiento entre los contrabandistas de oro y las Fanb (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)” provocado por “grupos mercenarios contratados por el alcalde de Gran Sabana que intentaron provocar violencia”. 

Sangre en Kumarakapay 

A Lisa le estremece la masacre de Kumarakapay como si fuese nativa de este poblado indígena situado sobre la carretera que atraviesa el sector oriental del Parque Nacional Canaima. 

Le duelen los muertos y la tierra herida que dejó el ataque militar ocurrido en la madrugada del 22 de febrero del año pasado, en momentos en que la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó activaran un operativo para ingresar al país, desde Colombia, islas del Caribe y Brasil, la ayuda humanitaria destinada a aliviar la más grave urgencia de su historia. 









Galeria fotos Kumarakapay





Los indígenas de Kumarakapay esperaban ansiosos la llegada de insumos médicos, medicinas y alimentos y, por esa razón, frenaron el paso de cuatro convoyes militares que pretendían cerrar la frontera por orden del gobierno de Nicolás Maduro. La respuesta de los efectivos del Ejército ante la acción de la comunidad fue dispararles con sus fusiles. Así mataron a tres indígenas e hirieron a otros 14. Algunos todavía tienen balas alojadas en sus cuerpos, otros quedaron con discapacidades motoras o parapléjicos. 

La represión militar no quedó allí. En los días siguientes, los uniformados también abrieron fuego contra quienes exigían la entrada de la ayuda humanitaria en Santa Elena de Uairén. La  persecución continuó en Kumarakapay, porque esa misma noche del ataque hubo allanamientos ilegales en el pueblo. Temerosos, los indígenas se refugiaron en las montañas cercanas o se encerraron durante días en sus casas sin ni siquiera poder movilizarse hacia sus conucos para buscar alimentos. Al menos ochenta habitantes de la comunidad huyeron hacia Brasil ante el acoso militar. En Kumarakapay nada volvió a ser igual.

Parte de la familia de Lisa está entre aquellos que decidieron cruzar la frontera para no volver. Llora al recordar a su hermano y a sus sobrinos que tuvieron que huir por las trochas a Brasil debido a la persecución armada contra los pemones. Se le corta la voz cuando cuenta que los niños indígenas en los refugios de las fronteras dibujan sus casas dejadas atrás con la bandera de Venezuela, preguntando cuándo van a volver.





Niños pemones juegan en las calles de Kumarakapay. Decenas de familias indígenas debieron huir tras el asalto militar a este pueblo en febrero de 2019 y se encuentran en refugios en la frontera con Brasil. Foto: Lorena Meléndez





No sólo se trata del pueblo de Kumarakapay, que cuenta con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el 28 de febrero de 2019, luego de que se determinara que estaba en “situación de gravedad o urgencia” porque los derechos a la vida y a la integridad personal de sus habitantes estaban en “riesgo de daño irreparable”. También del asalto de la Guardia Nacional Bolivariana en el sector 2 de Canaima, donde fue asesinado el indígena pemón kamarakoto Charly Peñaloza en diciembre de 2018 cuando trabajaba como minero en el río Carrao. Y más recientemente, de la masacre de la comunidad minera Ikabarú en noviembre de 2019, en la que perdieron la vida ocho personas, entre ellas un indígena pemón, Edison Ramón Soto Suárez.





Medida Cautelar CIDH No. 18… by Open Data 2019 on Scribd

Seis días después la masacre de Kumarakapay, la CIDH emitió una medida cautelar para proteger a los habitantes de esta comunidad indígena en la Gran Sabana

“Todos estos ataques forman parte de la militarización progresiva del territorio pemón”, sentencia Lisa. 

Cree que “con la masacre de Kumarakapay e Ikabarú, se abrieron unas heridas muy profundas en el pueblo pemón”.  A un año de la primera tragedia, está convencida de que el supuesto bloqueo a la ayuda humanitaria fue una excusa para atacar a los pemones y militarizar la Gran Sabana. “Todos somos víctimas. El tiroteo y la toma del pueblo fue por el control de nuestros recursos: oro, agua y madera. Por el control del paso fronterizo por donde cruza el contrabando de mercancía y de materiales estratégicos”. 

Lisa Henrito: “Asalto militar a Kumarakapay fue una excusa para atacarnos”





Lisa considera que Kumarakapay siempre fue una comunidad “organizada, muy ejemplar“ a la que no le perdonaron su posición política independiente. “Bien sabemos que para el gobierno, no puede haber nadie independiente: o eres rojo, o no eres de ellos. Al defendernos, estamos afectando muchos de sus intereses como el tráfico de dinero, oro, armamento, combustible”. 

Admite que después del asalto militar en Canaima, algunos capitanes negociaron con el poder. Cree que aquel ataque del 8 de diciembre de 2018 donde murió Charly Peñaloza no fue un accidente, sino una manera de medir su fuerza. “Lograron cuadrar con algunos líderes indígenas y echaron toda la lucha para atrás”, dice.









Lisa está abiertamente en contra de la minería en territorio pemón, aunque entiende que se trata de una actividad a la que los indígenas han recurrido ancestralmente para subsistir, no para enriquecerse según la concepción occidental. “Algunas comunidades siguen manteniendo esta visión, otras no tanto, sobre todo algunas instancias superiores, que no son el pueblo. Claro que existen aquellos que no les importa acabar con su río sólo porque quieren tener los últimos zapatos Nike. Yo no apoyo explotar oro, salvo si el pueblo decide participar, eso sí, como socio del Estado, porque este es nuestro territorio”.  













Las amenazas no  amilanan a Lisa Henrito sino todo lo contrario. “¿Qué militar está preso por la matanza en Kumarakapay? Están matando indígenas y no hay justicia. Nosotros los pemones no somos los culpables por los ataques, pero sí tenemos la responsabilidad de ser críticos y defensores de  nuestra agenda. Debemos valorar lo que somos, lo que tenemos, continuar con nuestra lucha. Si vienen a dividirnos, están pelados conmigo. Yo no estoy aquí para que la gente me quiera, sino para pelear por mi pueblo”.     

 

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