La comunidad indígena Embera Karambá de Quinchía lleva 13 años resistiéndose a la exploración y explotación minera de oro a gran escala. Pese a que se desconoció su presencia omitiendo el derecho a la consulta previa, sus lideresas han recibido amenazas anónimas y el proyecto minero sigue avanzando en el municipio, su defensa por el agua, el territorio y el mismo oro no se detiene y no se detendrá, en sus palabras, “hasta que el sol se apague”.
Por: Maritza Palma Lozano / La Cola de Rata
Fotografías: Sandra Bejarano Aguirre
Cincuenta guardias indígenas de la comunidad Embera Karambá pasaron una noche del 2021 en medio de las montañas, sobre la vía que comunica el centro poblado de Quinchía, en el norte de Risaralda, con las veredas de Guerrero y Miraflores. La lluvia fue charco bajo sus carpas. Un amparo administrativo solicitado por la compañía minera Miraflores S. A. S. ante la Agencia Nacional de Minería se llevaría a cabo al día siguiente. No era el primero, tampoco el último. Pasó la noche y el agua. Con la luz llegaron los motorizados y las máquinas.
EORO ẼBẼRA WẼRA (MUJER TIERRA)
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Edith Lucía Taborda Guevara es una mujer inquieta, de cabello oscuro, crespo y caminar suave, pero si fuera una palabra sería fuerza. Sin importar a quién se dirija, su voz retumba histriónica. Desde hace 11 años es gobernadora mayor de la parcialidad indígena Embera Karambá, una comunidad que forma parte del pueblo Embera.
Para los indígenas Embera Karambá el territorio no se vende, ni se negocia. En su cosmovisión, como lo manifiesta Edith Lucía, el agua es un bien común que les permite avanzar, fluir: “así haya muchas cosas, si no hay agua, no hay vida, no hay naturaleza, no estaríamos nosotros”. Mientras, “el oro es la sangre que corre por las venas de la madre tierra. (…) La vida del territorio, la armonía, el oro es necesario donde está y por eso vemos muchas desarmonías en los territorios, en los lugares donde se perfora”, agrega.
En Quinchía siempre han convivido la vocación agrícola con la minera, exactamente artesanal, que hoy practican tanto indígenas como mestizos. Los indígenas no se niegan a esta forma de minería, aunque Edith Lucía reconoce que también es una manera de desangre “de a poquito”, justificable cuando se hace “no solamente por sacar y atesorar, sino por lo menos (para) que haya un mínimo vital para cada familia”. “Con esa práctica que han hecho durante muchísimo tiempo, muchos años, muchas décadas, vemos que seguimos sobreviviendo y seguimos perviviendo, y siguen comiendo y están ahí, hay naturaleza. Pero si ya entra un proyecto de extractivismo a gran escala, a cielo abierto o subterráneo, pues obviamente se va a acabar con absolutamente todo”, explica.
La gobernadora se refiere a la empresa minera que llegó en 2009 al municipio. Empezó llamándose Seafield S.A.S., propiedad de Seafield Resources Ltd., empresa canadiense. Lentamente, fue haciéndose lugar entre la Asociación de Mineros de Miraflores, que desde 1987 contaba con un título minero para la explotación subterránea de oro y plata.
Kevin Andrés Hernández Vargas, guardia indígena Karambá y minero artesanal, menciona que “cuando llegó la empresa minera cogió a estos 38 socios y les dijeron que ellos no eran capaces de tener el título, que no tenían lo de los recursos para poder sostener el título, entonces que en ese caso ¿por qué no se lo vendían más bien a ellos? Y se les comenzaron a entrar, a enredarlos”. Así, Seafield logró la cesión parcial de derechos de esa cooperativa de pequeños mineros: 10 % en junio de 2010, 30 % más a enero de 2013. A noviembre de ese mismo año ya eran 100 % suyos los derechos y obligaciones de ese contrato en virtud de aporte.
Seafield S. A. S. pasó en 2016 a llamarse Miraflores Compañía Minera S.A.S., quedando bajo el control de la empresa matriz North Hill Colombia Inc., con sede en Road Town, capital de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. Eso significa que está registrada en el mayor paraíso fiscal y la novena jurisdicción más opaca del mundo, según el índice de secreto financiero del Tax Justice Network, una ONG enfocada en denunciar la evasión fiscal, la opacidad financiera y los paraísos fiscales.
En ese mismo 2013, cuando tuvo el 100 % del título de los pequeños mineros y 10 contratos más de concesiones mineras en todo el municipio, Seafield recibió un crédito de la compañía RMB Australia Holdings Limited por 49,1 millones de dólares a cambio de una prenda minera: el derecho de explorar y explotar las concesiones como garantía del préstamo. En 2014, Seafield solo tenía deudas y poca capacidad financiera, por lo cual RMB asumió el control de la compañía.
Actualmente, Miraflores es filial de Los Cerros Limited (LCL), una compañía australiana de Metminco y Andes Resources Limited, dos empresas mineras de ese mismo país. Metminco igualmente recibió créditos de RMB Australia Holdings. Desde 2019, la minera Miraflores tiene calculada una reserva de oro por 0,84 millones de onzas en la vereda Miraflores, 1,3 millones de onzas en Tesorito (vereda Veracruz) y 0,46 millones de onzas en la vereda Dosquebradas: un total de 2,6 millones de onzas de oro en Quinchía. A eso se suma otro yacimiento de 54 gramos de oro por tonelada de mineral total extraído en Chuscal, que se explora en alianza con Anglo Gold Ashanti desde 2019.
En total, a 2022, la compañía minera Miraflores tiene 12 concesiones activas (minas en exploración o listas para explotación), tres terminadas o en proceso de liquidación y cuatro solicitudes en evaluación, que cubren en total 4861 hectáreas. Cuatro de las concesiones fueron cedidas por Anglo Gold Ashanti a Miraflores.
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En la entrada a la vereda Miraflores, un tubo de acueducto delgado cruza la vía por el cielo. A unos cuantos metros, una carpa grande ─de propiedad privada─ tiene el logo de la compañía minera que adoptó el nombre de la vereda, pese a que sus habitantes indígenas no quieren compartirla con ellos. La carpa cubre una plataforma de exploración: un planchón vasto por donde perforan la tierra con maquinaria pesada las 24 horas. Una cuadra más arriba hay un pozo para echar el lodo resultante de las exploraciones: es el tanque de cianuración. En una esquina, antes de llegar a la cancha de la vereda, hay una oficina y una camioneta Nissan blanca ronda cerca de la plataforma todo el día.
La compañía Miraflores está en fase de exploración en algunas concesiones; en otras ya terminaron y bien renunciaron a la concesión o están haciendo montaje para explotar. Las exploraciones en Veracruz, aledaña a Miraflores, se hicieron cerca a guaduales ─parte del bosque seco tropical─, al menos un cauce y casas. Por donde pasaron las plataformas quedaron, como tumbas, placas de cemento numeradas, atravesadas verticalmente por tubos PVC.
El título de Miraflores cuenta con un Plan de manejo ambiental aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) que según la compañía minera “fue tramitado por otra empresa”, aunque en el registro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aparece a nombre de Miraflores S.A.S. La minera explicó a La Cola de la Rata “que ese documento no se utiliza para ninguna actividad en este momento”, debido a que en la actualidad “nuestra empresa no está realizando ningún tipo de trabajo en el yacimiento, diferente de los estudios de viabilidad técnica y ambiental para el futuro proyecto”.
En 2013 ya habían explorado en Miraflores, uno de los lugares donde la compañía quiere pasar a explotar. Ante la Agencia Nacional de Minería, la compañía ha registrado como gran minería únicamente ese título minero; los demás los reporta para mediana (en ocho casos) y pequeña (en nueve), aunque cualquiera de estos proyectos podría crecer más adelante.
El problema es que nada más en Miraflores viven 141 indígenas Karambá, de los 4291 de Quinchía, de acuerdo con el censo de la comunidad indígena actualizado en 2022. Siete de las concesiones de la compañía minera afectan 11 veredas donde habitan familias Embera Karambá.
Exploraciones terminadas en la vereda Veracruz, aledaña a la vereda Miraflores / Video: Santiago Ramírez Marín
Kevin, el guardia indígena, explica que a la población minera, campesina, mestiza y hasta indígena, la compañía minera les ha “prometido (…) indemnización, pensión, proyectos productivos” y la mayor bandera: trabajo. Por eso, “los que están a favor dicen que por culpa de nosotros no les han podido cumplir” y, en cambio, “cuando se reúnen con comunidad indígena y con asociaciones mineras (…) dicen que no tienen dinero para dar porque son una empresa muy pequeña”.
Edith agrega que “los de la empresa buscan muchísimo a los presidentes de junta para entregarles dádivas, para que ellos mismos sean los que se encarguen de gestionar las reuniones y de hablar en la comunidad”.
En la visión de la empresa, se centraron en relacionarse con los no indígenas por ser más numerosos. “La gran mayoría de los vecinos de la comunidad de Miraflores son comunidades no étnicas, entonces, de hecho, el relacionamiento principal de la compañía ha sido con las comunidades no étnicas, con la Junta de Acción Comunal de la vereda, con las asociaciones de usuarios de acueductos de las cinco veredas, digamos que están en la zona vecina a Miraflores”, explica Rafael Mateus, director de Portex, empresa encargada de las comunicaciones de la compañía Miraflores.
Mateus dice que desde 2016 la compañía ha socializado acuerdos con 193 mineros que trabajan en las minas artesanales de Miraflores, incluidas personas de la vereda. De ellos, 180 los han firmado, lo que significa una inversión “por el orden de los 6000 o 7000 millones de pesos”.
Estas explicaciones las dio durante una videollamada del 11 de mayo que pidió para, en sus palabras, “contextualizar el trabajo de la compañía”, con el ánimo de que La Cola de Rata reformulara las preguntas que le había enviado a la gerente Catalina Cadena una semana antes. El segundo formulario fue respondido en junio. (Puede consultar las respuestas completas de Miraflores S.A.S. acá).
Finalizando 2021, la compañía entregó anchetas a los mineros que forman parte del acuerdo y el 13 de mayo pasado la gerente Cadena, junto con los trabajadores Carlos Trejos y Fernando Monroy, se reunió con mineros de la vereda Miraflores para socializarles un programa de incentivos en torno a acceso a trabajo, crédito mediante una cooperativa creada entre varios de los mismos mineros, impulso de proyectos productivos y educación superior a distancia para sus hijos e hijas. Esto se pudo constatar a través de un audio grabado por uno de los asistentes.
En el audio se escucha a Trejos, director social, explicar que “el plan de beneficios entrará a funcionar en el momento en que la compañía esté operando y tenga su licencia ambiental, o sea, empiece la construcción del proyecto”. Y recalcó a los asistentes: “Ustedes son conocedores de los inconvenientes que hemos tenido para terminar los estudios de impacto ambiental acá en Miraflores”. Se refería a los plantones en los que los Embera se negaron a dejar subir maquinaria pesada de la minera. “En 12 años que lleva la compañía aquí jamás nos había pasado”, les dijo.
Cadena, la gerente, concluyó diciendo: “Miraflores no es la empresa, Miraflores somos todos nosotros y nuestras veredas y nuestras familias. Y si esto sale adelante, realmente es para todos”.
La promesa no convenció a los Embera Karambá. “Vemos la compensación de las multinacionales igual que cuando llegaron los invasores a nuestro territorio, que se llevaban el oro y las riquezas”, dijo Edith Lucía Taborda.
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LAS INTIMIDACIONES
La gobernadora Karambá ve su labor de lideresa como un mandato de Dios “para creer, salvaguardar, proteger y velar por la madre tierra”. Se reconoce firme, aunque han existido “momentos en los que nos hemos sentido quebrantados”.
Cuenta que, finalizando 2012, mineros artesanales de la vereda Mápura se acercaron a la sede de la parcialidad indígena con la preocupación de no poder seguir haciendo minería de batea en el cauce entre la quebrada Aguas Claras y el río Mápura, que reciben las aguas del río Batero, como hace varias generaciones.
“En esos días, ellos veían que el agua bajaba blanca y se metían allá y de una salían con los pies quemados, con las manos quemadas, al hacerle el proceso de lavado de la batea”, dice Edith Lucía. “Entonces ya no podían meterse al río”.
Mineros e indígenas intuían que la sustancia que les causaba esa quemazón era un residuo de las perforaciones que tanto Seafield S.A.S. como otra compañía minera que opera en la zona con cinco concesiones, Sociedad Minera Quinchía S.A.S., venían haciendo en las partes altas, como parte de sus trabajos de exploración y explotación correspondiente. Para confirmarlo o descartarlo, solicitaron a la autoridad ambiental departamental (Carder) un estudio físico-químico del agua. En un primer momento su solicitud no fue atendida, pero, tras insistir, hubo una visita en 2013.
El día de la visita, cuenta la gobernadora, la funcionaria de la Carder y Taborda se encontraron en el centro poblado y se desplazaron hacia los puntos de inspección en una camioneta de la institución departamental. Al llegar a los puntos, la funcionaria le indicó que solo haría ─recuerda la gobernadora─ “una revisión ocular del terreno”, a lo que Edith Lucía contestó que “eso no servía para nada (…) sabiendo que lo que nosotros necesitábamos era saber qué era lo que estaba quemándoles los pies y las manos a nuestros compañeros”.
Minutos después, al celular de Edith Lucía llegó un mensaje:
“Ya vamos bajando con la gobernadora Karambá”.
Taborda concluyó que el mensaje, en realidad, iba para alguien de la compañía minera. Intuyó que la Carder había avisado a la compañía de la supervisión.
Terminaron el recorrido en Mápura, donde se cruzaron con un antiguo docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien en ese tiempo ya trabajaba con la empresa minera. Edith Lucía reiteró su descontento con que el análisis se hiciera a ojo, argumentando que las “trazas en el agua se quedaban por un tiempo si había verano, pero con el invierno se iban y ya no se encontraba nada” a simple vista. En un momento, el exdocente le recomendó que no fuera sola al territorio, recuerda Edith sobre ese día de 2013.
“Creo que lo dijo más que todo por ser buena gente, pero cuando uno dice las cosas es porque sabe que puede suceder algo feo (…) Yo tenía una guardia conmigo y ella puso la denuncia”, agrega la gobernadora.
Su preocupación se sumaba a que un año atrás, en 2012, había recibido una amenaza de muerte anónima a su teléfono, estaba recién posesionada en su mandato como gobernadora. En adelante, cuenta, ya no pudo desplazarse con frecuencia y seguridad por el territorio.
Instituciones del Estado colombiano confirman ese temor. La Defensoría del Pueblo registró el siguiente episodio:
“El 4 de mayo de 2019, aproximadamente a las 7:00 p. m., un hombre desconocido estuvo vigilando el frente de la casa de la gobernadora Edith Taborda en el corregimiento de Batero. El hombre, que se comunicaba permanentemente por celular y observaba constantemente a los integrantes de la familia de la gobernadora mayor, mirando hacia el interior de la vivienda. Estuvo ubicado frente al predio durante cerca de una (1) hora, luego se trasladó seis metros más arriba, en donde permaneció una (1) hora más. Los integrantes de la guardia indígena intentaron acceder al hombre para tratar de identificarlo, pero al percatarse de la presencia de la guardia, este se desplazó hacia la tienda, se devolvió y nuevamente llegó al mismo sitio. Finalmente, el hombre huyó entre los cultivos de café”.
En la misma alerta, la Defensoría detalló otras situaciones con actores armados, entre 2017 chamiy 2019, que afectaron la movilidad o intimidaron a líderes campesinos, reclamantes de tierra, ambientalistas y “autoridades étnicas del pueblo indígena Embera Chamí del municipio de Quinchía que integran las parcialidades Embera Karambá y Embera Chamí de Quinchía y el resguardo Escopetera Pirza”.
En otros momentos, Edith Lucía ha evidenciado que la vigilan hombres desconocidos en motocicletas y drones que sobrevuelan su casa de noche. “Se entiende que no es un delito, pero es un seguimiento que le están haciendo a uno”, acota.
Recientemente, en 2021, recibió otra amenaza de muerte por mensaje de texto: “que me van a matar por ser sapa”, le escribieron. Esta vez sucedió después de haber acompañado el plantón contra la subida de maquinaria minera.
Debido a esas amenazas, la líder Embera Karambá tiene un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Gobierno nacional desde 2019. Sin embargo, dice sentir preocupación porque su esquema ha menguado.
La situación de su comunidad también preocupa. Desde 2016, mediante un informe de riesgo, la Defensoría recomendó que la UNP adoptara un programa de protección colectiva para las comunidades y autoridades indígenas de Quinchía.
En la alerta de 2019, la entidad refirió que “solo hasta abril de 2018 se activó la ruta de protección colectiva para la parcialidad Embera Karambá, y en noviembre de 2018 se realizó el taller de concertación de medidas”. En 2020, en un documento de seguimiento, enviado al Ministerio del Interior, advirtió que no había avances en la implementación, pese a que el 30 de agosto de 2019 el caso había pasado por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cerrem) y que se había enviado la “propuesta diseñada por la UNP de la ruta de protección individual y de la ruta de protección colectiva, tanto a la Alcaldía de Quinchía como a la Gobernación de Risaralda”. Expresó su preocupación porque “no existe una respuesta oportuna por parte de las entidades cuando se trata de la protección de las comunidades indígenas”.
Buscado por esta alianza periodística para hablar de la participación de la alcaldía en los procesos relacionados con la comunidad indígena Karambá, el alcalde de Quinchía, Absalón Trejos Arias, no ha respondido hasta el día de publicación de este reportaje.
Otros integrantes de la comunidad dicen que, aunque no han recibido amenazas directas como su gobernadora mayor, sí han sido objeto de intimidaciones. El guardia Kevin Hernández ha visto hombres afuera de su casa que preguntan por él sin nunca identificarse, así como ha recibido llamadas en las cuales le cuestionan dónde está, para dónde va y qué planes tiene, siempre de personas que no se identifican. “Es mejor andar como con cautela”, acota.
¿Qué sostiene a Edith Lucía Taborda en su defensa pese a estos escenarios? Ella dice que “el mismo amor por el territorio, por la madre naturaleza, por la familia, por la gente que aquí vive” y, ante todo, “la voluntad y el ánimo de poder dejarles a nuestras próximas generaciones algo bonito” porque “el territorio es lo más sagrado que tenemos”.
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EL BORRAMIENTO
El 25 de abril de 2014, la sala penal del Tribunal Superior de Pereira notificó al Ministerio de Minas y Energía de una sentencia en primera instancia en respuesta a una tutela interpuesta contra la compañía minera Seafield S.A.S. por Edith Taborda y Luis Arley Guapacha, entonces gobernador de otra comunidad indígena ─Embera Chamí─ de Quinchía.
Las dos comunidades argumentaban que Seafield S.A.S. había vulnerado su derecho a la consulta previa, libre e informada al realizar acciones de exploración, con las cuales, según indicaban, había afectado a familias Karambá en Miraflores y familias Chamí en Limón, Santa María y El Naranjal.
La empresa minera se defendió manifestando que sus actuaciones se alineaban con la normatividad nacional. En su defensa, argumentó que en 2012 el entonces representante legal de Seafield S. A. S., Giovanny Ortiz Ramos, había solicitado a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior una certificación sobre la presencia de comunidades étnicas en seis puntos de influencia de su título minero 010-87M.
La respuesta del Gobierno nacional, según indicó la empresa ante el tribunal, certificó que allí no existían comunidades o parcialidades indígenas. “No hay registro de resguardos constituidos, comunidades por fuera de resguardo, consejos comunitarios, adjudicación de títulos colectivos (…) ni se identifica presencia de otros grupos étnicos”, declaró la ingeniera topográfica Beatriz Leguizamón en la Resolución 1952 de 2012 del Ministerio.
Esa respuesta, sin embargo, contradecía otra información oficial del Estado colombiano. La parcialidad indígena Embera Karambá está reconocida por un concepto de 2007 del antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que se encargaba de la gestión de tierras de minorías étnicas, mientras que la parcialidad Embera Chamí lo está desde 1997 (DET OFI6271). Por esta razón, en septiembre de 2013, el Ministerio del Interior debió emitir un nuevo concepto reconociendo la presencia de la comunidad indígena Karambá en las coordenadas de trabajo de la compañía minera.
La tutela de los indígenas fue negada por improcedente, pero ─en la misma decisión─ los magistrados instaron a Seafield S.A.S. a que “en el menor tiempo posible, y si aún no lo ha hecho, proceda a solicitarle a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior realizar la consulta previa con los miembros de las parcialidades indígenas”. Y resaltaba a la comunidad Karambá de Miraflores.
El Tribunal Superior de Risaralda insistió en que no había vulneración de la empresa ni del ministerio, “la primera porque inicialmente actuó amparada en una certificación que le decía que en el área de influencia del título minero 010-87M no existía presencia de comunidades indígenas, y la segunda porque, hasta la fecha, no le han solicitado que inicie el proceso de consulta”. Aun así, reiteró su orden: “Ello no quiere decir que la empresa accionada no deba realizar la consulta”.
Edith Lucía Taborda explica que los Karambá vienen de un resguardo colonial disuelto en 1948, por lo cual, desde 1995, han adelantado un proceso de reivindicación de ese territorio ancestral. A partir de 2001, cuando hacían parte de la comunidad Chamí Escopetera y Pirza, iniciaron la solicitud de constitución como resguardo. En 2003, el Gobierno nacional aprobó la constitución del resguardo de Escopetera, pero no el de los Karambá. En 2007, la coordinación de asuntos étnicos del Ministerio del Interior solicitó al Incoder constituir “el resguardo en favor de la comunidad indígena, con la unificación territorial del mismo”, añadiendo que se habían registrado 150 predios donados por indígenas.
“Son más de 25 años en esa espera constante de tramitología que nos pone zancadillas por todos lados, hay momentos en los que dicen ya les falta un poquito, pero ese poquito nunca se da”, dice Taborda.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ─sucesora del Incoder─ señala que, a 2022, el proceso se encuentra en solicitud de constitución debido a que, en sus palabras, “se necesita primero que la comunidad indique con claridad cuáles son los predios y el área pretendida para su formalización como resguardo”. Para ello, dice, “es imperioso que dichos predios pasen de ser propiedad privada de comuneros a ser propiedad o estar a nombre del cabildo indígena”.
El laberíntico proceso jurídico del resguardo, en todo caso, no excluye que, como comunidad indígena, tienen derecho a la consulta previa, independiente de si son parcialidad o resguardo como lo ratifica Fernando Herrera, abogado constitucionalista de la organización legal Akubadaura, que acompaña a comunidades indígenas. “El convenio 169 de la OIT es claro en que el derecho a la consulta previa es para todos los pueblos étnicos del mundo” agrega. Una abogada constitucionalista y experta en consulta previa, que pidió no usar su nombre por ser funcionaria pública, confirma esa afirmación. Por ende, las parcialidades tienen los mismos derechos que los resguardos.
Herrera detalla que este tipo de consulta debe aplicarse ante toda norma, programa o proyecto que afecte “en el corto, mediano o largo plazo” a una comunidad étnica y que “si un proyecto afecta la calidad de vida de una comunidad étnica, tiene que ser sometida a consulta previa, así no esté dentro de los linderos”. Eso significa que los Karambá tienen derecho a ser consultados por los siete títulos que afectan a 11 de las veredas donde habitan y por los títulos que interfieran en veredas aledañas a ellos.
En efecto, el convenio 169 de la OIT ─aprobado por Colombia en 1991─ detalla que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados (…) a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos”. Por “pueblos indígenas” se refieren a todos los descendientes de quienes habitaron cualquier región geográfica durante la colonización que, sin importar “su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas”. A su vez, el Decreto 1320 de 1998 menciona que “se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas”.
La compañía argumentó ante el Tribunal Superior que “las plataformas de exploración que se han instalado no están en predios de familias indígenas, sino de campesinos con quienes se firmaron contratos de servidumbre y en ningún momento ello se ha hecho en la vereda Mápura, solo en Miraflores”. En un informe presentado por Seafield en 2015, dio algunos indicios de la magnitud del proyecto: indicó que, para la fase de exploración, necesitaba hacer 2300 muestreos de suelos (excavaciones de 25 centímetros de diámetro con 1,8 metros de profundidad), 2550 metros lineales de trincheras, 115 plataformas para máquinas perforadoras y 115 perforaciones de 600 metros de profundidad y 5 o 10 centímetros de diámetro.
Apenas en 2015, la compañía Miraflores inició los encuentros para la consulta previa con la comunidad Embera Karambá. Es decir, seis años después de haber empezado a explorar allí.
Rafael Mateus explica que esta se hizo necesaria porque, aunque en 2011 les dijeron que no había, “cuando empezamos a hacer el levantamiento de línea base social, nos dimos cuenta que ahí en Miraflores había unas familias que se autorreconocían como Embera Karambá”. “Se hizo todo el esfuerzo por parte de la empresa de llegar a acuerdos con ellos”, dice Mateus, y agrega que la consulta comenzó tanto con los Embera Chamí como con los Embera Karambá. Con los últimos, en todo caso, no hubo acuerdo.
Edith Lucía relata que el 22 de septiembre de 2016, un día después de cerrada la consulta previa sin acuerdos, funcionarios de la compañía Miraflores se ufanaron ante los indígenas insinuando que ellos podrían trabajar en la vereda a su antojo, usando áreas como la cancha para hacer un campamento.
Todo 2015 fue tenso. En la visión de los indígenas, la consulta se configuró como una disputa para que se aceptara, sí o sí, el proyecto minero. Para la gobernadora Karambá, incluso los funcionarios públicos, en sus palabras, “no venían como garantes de este proceso” o “eran sumisos solamente a lo que la empresa dijera”, mientras que aquellos que “hablaban algo a favor de la comunidad (…) los hacían vetar y de una los sacaban del tema y mandaban otras personas”.
Eso motivó a que antes de la reunión final, Edith Lucía buscara la asesoría de organizaciones legales como Dejusticia, Tierra Digna y Podion, además de denunciar la cooptación de garantes ante la sede nacional de la Defensoría del Pueblo. Logró que confirmaran el acompañamiento de distintos delegados de las instituciones nacionales para el cierre de la consulta.
En septiembre se cerró una discusión técnica que giró en torno a cómo socializar los estudios de impacto ambiental y territorial que permitirían a la comunidad indígena tener información real sobre las afectaciones a su territorio para, posteriormente, decidir si aceptaban o no la explotación. La postura de los Karambá fue que se hiciera en conjunto entre la empresa minera y la comunidad indígena, para lo cual propusieron una ruta metodológica de 14 meses que consistía en socializar los impactos, recolectar información para identificar las afectaciones ambientales, socioculturales, económico-productivas y político-organizativas y, por último, activar un “laboratorio de aguas para examinar las afectaciones actuales y posibles (futuras) de las fuentes de agua” que les permitiera elaborar un plan de mitigación, de acuerdo con el relato de Taborda.
Las reuniones de la consulta se hicieron en el teatro de Quinchía. “Ellos no pidieron estudio para un solo título, sino para 11 títulos (e) iniciar con el título de Miraflores. Nosotros les dijimos que no, (…) que dejaran a Miraflores de último, entonces (a) ellos tampoco les gustó eso porque ellos están enfocados en iniciar es acá”, recuerda Edit Ladino, otra indígena Karambá. En cuanto al tiempo de aplicación de la consulta previa, indica, la compañía les dijo “que lo único eran seis meses, sino que nos pegamos en los 13 meses”.
Frente a esto, Rafael Mateus indica que el proceso de preconsulta duró 17 meses y “se hizo todo el intento, primero para llegar a acordar la ruta metodológica, y no se logró”.
Hubo varios hechos que molestaron a los Karambá. Edit Ladino relata que una de las personas que estuvo asesorando a la comunidad fue el ingeniero químico Alejandro Pulido, integrante de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD); una noche antes de las reuniones de la consulta, la policía llegó hasta su hotel y amenazó con detenerlo por representar una amenaza subversiva. Ante la ausencia de pruebas se retiraron, pero por seguridad la Plataforma lo sacó de Quinchía. La gobernadora Taborda menciona que ese día “todos los (de la) institucionalidad (estuvieron) volcados en contra de la comunidad, y a las cinco de la tarde ya todos los delegados de la Defensoría del Pueblo se habían retirado y nos quedamos solos (…) Después que ellos se fueron fue como una batalla campal, porque a las seis la gente ya dijo ‘Nos vamos’”.
“Fue tal la postura rígida que no fuimos nosotros lo que lo dijeron, fue el Ministerio de Interior el que dijo: mire, aquí claramente les han puesto todo”, señala Mateus. La compañía agregó que “la Dirección de Consulta Previa dio por cerrada la Consulta Sin Acuerdos, dando por garantizado el derecho para la comunidad y facultando a la empresa a continuar con su proceso exploratorio y de explotación para el título 010-87M y por lo tanto, la elaboración de los estudios necesarios para la solicitud de licenciamiento ambiental”.
Al final, solo llegaron a la fase de preconsulta, en la que se expone el marco jurídico de la consulta previa. Kevin Hernández también recuerda que, al cierre, una funcionaria del Ministerio del Interior dijo: “Aquí no se llegó a ningún acuerdo, entonces esto se cierra y le doy permiso a la empresa de que trabaje, que haga lo que quieran, pero sin tocar lo de la comunidad indígena”. Pero el problema era que, cuestiona el guardia, para la compañía llegar a las tierras que compraron en Miraflores debían pasar por las servidumbres y lotes de otros propietarios, entre ellos indígenas. Además, unas tierras ubicadas en la entrada de la vereda están en conflicto porque la empresa se las compró a un tercero, pero quien ostenta como heredero de las tierras nunca se las vendió a la empresa. El certificado de tradición y libertad le da la razón a Jaime Emilio Vargas, tío de Kevin.
Frente a la afirmación de la vocera del ministerio, Edith Taborda dice públicamente: “Si usted le está dando esa autorización les va a tocar entrar en helicóptero” porque “desafortunadamente para usted, los está mandando para Miraflores y Miraflores es de la comunidad Karambá, y allá no van a poder entrar”.
El abogado Fernando Herrera explica que, en efecto, las consultas se pueden cerrar por varios motivos, incluyendo que hubiese acuerdos, que fuesen parciales ─es decir, que la comunidad autoriza el proyecto bajo ciertas condiciones─ o no hubiese acuerdos. En este último caso, argumenta, aplica el decreto 1397 de 1996, que dice que “ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, comunidades y sus organizaciones”, a lo que se suma que “no se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas, los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental”.
“Si esos proyectos no son aprobados por la Asamblea de Autoridades, no son proyectos legales y lo que se exige ahí a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es que no se les otorgue licencia ambiental”, dice Herrera.
“Lo que dice la institucionalidad es que la consulta previa se empareja con el proceso de licencia ambiental, pero como la exploración no tiene licencia ambiental, entonces comienzan a explorar sin consulta previa”, dice Julio Fierro Morales, geólogo que trabajó en temas mineros en la Contraloría de Sandra Morelli y que lidera la Corporación Terrae.
Por este tipo de escenarios, en Colombia se han emitido sentencias a favor de otras comunidades indígenas que han tutelado a entidades del Estado por prácticas arbitrarias que afectan su derecho a la consulta. En una de ellas, la Corte ha admitido que las afectaciones tanto de exploración como explotación pueden impactar el ambiente, la salud o la estructura social, económica y cultural de una comunidad indígena.
Rafael Mateus argumenta que “se le ha dado ya las garantías suficientes a la comunidad Embera Karambá para que ejerza su derecho fundamental de consulta previa”. Según su interpretación del convenio 169 de la OIT, la consulta previa “es la participación efectiva de las personas que puedan tener algún tipo de efecto, para que lo conozcan y participen y puedan acordar con el operador la manera en que se van a manejar los efectos”, pero, advierte, “no es una herramienta para oponerse”.
Después del fallido proceso de consulta, la compañía minera ha seguido haciendo mesas de concertación con mineros artesanales en las que invita a lideresas de la comunidad Karambá. La más reciente se hizo en mayo de 2022. Edit Ladino explica que han asistido como oyentes, pero los Karambá exigen que haya presencia del Ministerio del Interior y que, de cualquier manera, esas mesas no reemplazan el proceso de consulta.
La compañía respondió a esta alianza periodística que “el trámite de consulta previa en este caso ya se encuentra surtido”, pero que esto “no significa que el diálogo con esta comunidad esté cerrado por parte de la compañía”. “Todo el equipo humano de nuestra compañía continúa presto a escuchar a la comunidad y tener un diálogo”, reiteró.
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─¿A usted no le han informado del encuentro que tenemos mañana de comunidad indígena? ─pregunta Edit Ladino a un guardia indígena de camisa leñera y machete llamado Noé Cardona.
─Eso me contó Albeiro: yo estaba pa’ allá en el montaje y él me gritó. No le escuché bien, así que me fui fue pa’ allá. Fue el miércoles que bajé por allá, porque el jueves me fui pal pueblo. Siquiera me dijo con tiempo ─explica Noé, extendiéndose en palabras imparables.
Es abril de 2022. Personas de la comunidad Embera Karambá se están reuniendo con familias de la vereda Miraflores para un círculo de la palabra. La montaña está hecha niebla y aún antes de empezar el círculo ─cerca del mediodía─ sigue lloviendo fuerte, lo que acalla las palabras. Alrededor de las cuatro de la tarde, abajo, donde la compañía minera tiene una plataforma, una máquina trabaja: es una caja del tamaño de una retroexcavadora pequeña con un largo brazo de aspas en espiral que perfora a 600 metros de profundidad. Hay más seguridad privada que días atrás, cuando no funcionaba: un guardia afuera de la plataforma, otro en la esquina de la vía hacia la vereda Guerrero, otro asciende por el camino hacia el centro poblado.
BANIA ẼBẼRA WẼRA (MUJER AGUA)
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Quinchía es un cúmulo de montañas sobre la cordillera occidental de Colombia, cercada por siete cerros. Su historia reciente carga marcas del conflicto armado que no tuvieron mayor eco, como el encarcelamiento de 117 personas en 2003 durante la Operación Libertad, por orden de la Fiscalía, señaladas de colaborar con grupos guerrilleros. Resultó ser un falso positivo judicial: detenidos durante casi dos años, fueron todos liberados al no encontrarse pruebas en su contra. Se le suman masacres, desplazamientos y asesinatos selectivos que se hicieron agua en un departamento de silencio.
En uno de los costados de la plaza se apilan los jeeps cortos que conducen hacia las zonas rurales del municipio. Uno de ellos reza “La mina”, que, como los demás los domingos, sube repleto de personas y costales con mercados.
Por el camino, primero se impone el platanal entre humedales, luego la ancha montaña muta a bosque con casas graneaditas entre el verde, hasta el ascenso, donde cumbres y bases son parcelas rapadas con linderos forestales. Cuando acaba la pavimentada, grandes rocas quedan a la orilla de la carretera. A la derecha y arriba un hilo de río desciende entre una pared de rocas pequeñas; a la izquierda y abajo se agranda el caudal. La destapada se halla empinada, llena de abismos, donde el jeep se balancea sobre filos de roca y arcilla desbordada.
─El día que murió su mamá fuimos a Cantamonos y nos escurrimos a Opiramá. Allá no hay cerros, sino jeroglíficos de sal ─aclara Edit Ladino.
─Se ve toda esa agua que viene de la propia cordillera (del cerro Cantamonos). Esas agüitas las cogen ellos de abajo, por eso es que las empresas tienen ganas de atacar por ese lado ─le responde Noé, mientras se le pronuncian los pómulos y extiende las manos entusiasmado.
Edit Ladino es una mujer de pecas anchas bajo los ojos, mirada aguda y pelo lacio oscuro trenzado por la mitad, pero si fuera una palabra sería apacible. Es guardia y lideresa Embera Karambá.
Conoce las dos caras de la moneda. En 2012 trabajó para la compañía minera como auxiliar de lavandería en los campamentos donde se reunían los trabajadores a cargo de la exploración. “Ya uno ahí empieza a notar (…) cuando mueven maquinaria todo el daño ambiental que hacen, todos los lodos que dejan enterrados, todos los químicos que utilizan para poder perforar la peña”, dice. Desde 2014, Edit se integró al censo de la comunidad Karambá y, en la medida en que su participación aumentó, también su oposición a la minera.
Como la minera le había entregado en comodato una casa cerca de los socavones de la vereda Miraflores, en octubre de 2016 le pidieron que se fuera en máximo 30 días.
Un mes después sucedió algo inexplicable: la Comisaría de familia le hizo una visita de verificación debido a una queja recibida que argumentaba “que en esta casa se fabrican artefactos explosivos para utilizar en el oficio de la minería” y su hija “es quien los entrega a los compradores”, según quedó consignado en un informe de la entidad. Edit explicó ante la Comisaría que ella no fabricaba artefactos explosivos, sólo compraba pólvora en el área urbana para detonar en pequeñas cantidades en la mina de oro. Aclaró también, en sus palabras, “que eso era mentira porque mi hija se mantenía estudiando y en la casa nunca se vendía pólvora”.
Edit interpeló a la compañía a través de un derecho de petición indicándoles que debido a la queja anónima “me he sentido perseguida y considero que con ello han vulnerado mi dignidad” y agregó que “esta situación al parecer también ha interferido en el comodato”. En respuesta la minera le indicó que “dicha decisión se tomó ya que de acuerdo al cronograma de desarrollo del proyecto minero Miraflores, la empresa requiere dicha propiedad para el desarrollo de actividades propias de la compañía”.
Desde lo sucedido con la comisaría Edit notaba la presencia de personas extrañas en los alrededores, así que interpuso una denuncia ante la Defensoría del Pueblo que fue escalada a la Policía departamental. En el testimonio, radicado ante la Defensoría, Edit manifestó:
“Hace tres años ella fue amenazada por parte del señor Fernando Ladino Bermúdez, un vecino, quien a raíz de un problema que se presentó con la mujer de él, le dijo al esposo de la peticionaria (Edit), el señor Wilber, que ella estaba el peligro y que él tenía gatilleros en el pueblo. El señor Ladino en este momento (2016) trabaja para la empresa minera, por lo cual la peticionaria considera que este señor podría estar detrás de las acusaciones y calumnias consistentes en que en la casa donde ella vive venden explosivos como una forma para hacer que ella se tenga que ir de ese lugar (…) Desde esa fecha se escuchan muchos rumores que dicen que en cualquier momento llegan o la sacan”.
A Edit le asignaron un plan de protección de la Policía Nacional, con el cual aún cuenta.
Ya uno ahí empieza a notar (…) cuando mueven maquinaria todo el daño ambiental que hacen, todos los lodos que dejan enterrados, todos los químicos que utilizan para poder perforar la peña”
Edit Ladino. Indígena Embera Karambá.
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LA DEFENSA ES POR EL AGUA
“Para nosotros que no haya oro, pero que no falte el agua”, dice Wilber Barrientos, reiterando que en el agua está la vida, el alimento y es la riqueza sin precio. Edit Ladino añade: “Si nosotros como mineros artesanales que somos no podemos trabajar en la mina, pues que no trabajemos, pero que la empresa tampoco venga a acabarnos el territorio”.
Como integrante de la guardia indígena ha acompañado caminatas para verificar la construcción de plataformas en zonas cercanas a la vereda Miraflores y revisar las condiciones de los cauces. Entre ires y venires la comunidad menciona que reconoció cómo en nueve veredas, incluido Miraflores, “están sufriendo de agua ya por tiempos de verano, hay racionamiento de agua y hasta en invierno también las aguas ya bajan muy turbias”, además “hay muchos derrumbes en los nacimientos de agua, pero porque ya las tierras están movidas con las exploraciones”, explica Edit. Las empresas con exploraciones de oro activas cerca a estas veredas son la Compañía Miraflores y Sociedad Minera Quinchía S.A.S., entre otras tres empresas con exploraciones del mismo tipo que operan en el municipio.
Con ayuda de la ONG Enda Colombia, desde 2018 los Karambá vienen haciendo monitoreos ambientales comunitarios y estudios de calidad del agua.
Kevin explica que “el agua de Miraflores está contaminada con arsénico. Tengo entendido que cierta cantidad de arsénico en el cuerpo humano sería veneno, entonces en ese momento, por comunidad indígena, se hizo un proyecto donde se dieron filtros para tratar el agua allá dentro de las viviendas”.
Tras análisis de identificación de metales pesados en los acueductos de la vereda Miraflores encontraron “concentraciones, por ejemplo, en mercurio dos veces superiores a lo que permite la norma y otros metales pesados que tienen que ver con la minería” además de “problemas de lixiviación de drenajes de las minas, que alteran el pH y la conductividad”, explica Andreiev Pinzón, sociólogo y coordinador de proyectos de Enda. Eso deja, asegura, “una huella en el territorio que a largo plazo va contaminando el agua y va afectando la vida, la cosmovisión, la supervivencia y la pervivencia de las comunidades en la región”.
Los análisis del 11 y 12 de marzo de 2020 consistieron en dos muestreos de metales pesados en las aguas que descienden de La Cumbre y el Cerro para abastecer el acueducto de la vereda Miraflores, soportados en un informe de Enda. Las tomas se localizaron en la cancha de fútbol y la escuela de la vereda ─como puntos de referencia─ y en los resultados identificaron la presencia nociva de 0,08 miligramos de arsénico y 0,0023 miligramos de mercurio para las aguas que descienden de la vereda La Cumbre, así como 0,004 miligramos de mercurio en las aguas del Cerro. En todos los casos, el nivel está por encima de lo establecido por el Ministerio de Ambiente desde 2007: el agua puede concentrar máximo 0,01 miligramos de arsénico y 0,001 miligramos de mercurio para que no represente riesgos para la salud humana. En la zona de la Cumbre, donde opera la Minera Quinchía S. A. S., “se encuentra que no cumplen con los parámetros de Escherichia coli y coliformes totales, por lo tanto, esta agua no puede ser considerada potable y ofrece alto riesgo para el consumo humano”, indica el informe.
Enda también reportó desecamientos de los caudales de Quebrada Seca, en dos afluentes que conectan con la quebrada El Brillante y en un afluente de la quebrada Aguas Claras, todas relacionadas con actividades de exploración minera.
En un recorrido realizado el 21 de mayo con Edit Ladino y Wilber Barrientos, esta alianza periodística confirmó que hubo exploraciones de Miraflores S.A.S. cerca a un caudal y a guaduales en la vereda Veracruz, zona que la compañía minera denomina Tesorito, aledaña a la vereda Miraflores.
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Wilber Barrientos también es indígena Karambá, contundente al relatar sus descontentos, pero también divertido al bromear con Edit Ladino, su compañera. Se mueve entre la huerta, su casa y con tres perros que nunca lo dejan solo. Narra que en 2021 en la vereda Miraflores construyeron otro acueducto comunitario para el cual la compañía minera puso los materiales y la comunidad la mano de obra; se suponía que sería para los habitantes, pero rápidamente se enteraron que la compañía, dice, “iba a coger el agua de ese acueducto para ellos poder perforar con las máquinas”. Wilber, así como Edit, Kevin y Albeiro de Jesús Trejos, gobernador menor de la vereda, se sintieron inconformes. “Ellos hacen una cosa, pero con la intención de que ellos lo puedan utilizar (…) Solamente que porque ellos aportaron en los materiales, entonces ya quieren ser los dueños de ese acueducto”, dice Wilber. Kevin agrega que el acueducto lo quisieron hacer para mitigar el impacto de las disminuciones del agua.
Otro intento por calmar las preocupaciones frente a la disponibilidad de agua, según describen Wilber y Edit, ha sido ofrecerles conectar el agua de Palo Grande para abastecer Miraflores. Sin embargo, Wilber menciona que no han ido a socializar con los dueños de esas aguas. Edit explica que Eduardo Castañeda, trabajador de la compañía minera, les indicó que la empresa asumiría los costos de tal concesión durante cinco años y luego la comunidad de Miraflores debería hacerse cargo. En su momento, Edit le confrontó si ya habían hablado con las personas de la otra vereda y si estaban dimensionando que ese lugar abastecía cinco veredas más.
─¿Esa agua sí va a alcanzar para todos? ─interrogó Edit.
En un informe de Seafield y Portex de 2015, la compañía detalló que para las 2300 excavaciones necesarias para la fase de exploración ─500 de ellas en Miraflores─ “no hay impactos”, debido a que “se requiere únicamente el permiso de los propietarios de predios, porque las muestras se toman en los caminos y quebradas”. Y respecto a las 115 plataformas para la perforación con taladro ─50 en Miraflores─ el impacto solo implicaba la “remoción de tierra y suelo” y el “retiro de vegetación”.
Rafael Mateus sostuvo durante la videollamada de mayo que no habrá afectaciones hidrogeológicas porque, según sus estudios, “no se identificaron cuerpos subterráneos de agua”. Para él, “la conclusión grande es que no había unos impactos significativos para las seis familias Embera Karambá” porque “como va a ser explotación subterránea, todo el manejo del PM10 se queda dentro de la mina”. No obstante, en la respuesta escrita la compañía expresó en junio que “En este momento se están terminando los Estudios de Impacto Ambiental necesarios para el trámite de la correspondiente licencia ambiental ante la Carder, por lo que no existen todavía documentos oficiales”.
Sin embargo, Edit aclara que cuando realizan las exploraciones “eso rompe muchos acuíferos y los profundizan”. Albeiro complementa que los residuos que quedan de las exploraciones los entierran o los depositan en los tanques de cianuración, por lo que se filtran en la tierra hasta llegar a las fuentes hídricas y contaminar aguas subterráneas.
Mateus insistió en que después de las perforaciones para explorar “se hace un relleno con bentonitas, (…) se meten en esos huecos (y) se sella el hueco porque se dice que es que por ahí se sale el agua y que hay fracturas, eso no es cierto”.
El geólogo Julio Fierro Morales dice que para las exploraciones se penetra el subsuelo, lo cual implica “afectar los cuerpos de agua subterránea porque (…) toda el agua subterránea de un volumen de roca tiende a irse hacia esa perforación” y si tiene suficiente presión puede salir durante meses o años. Además, como “son aguas que salen muy enriquecidas en minerales (…) puede ser un vertimiento tóxico”. El riesgo de la salida de estos tóxicos, aclara, se da puntualmente con las perforaciones que, según el mismo informe de Portex, se hacen a 600 metros de profundidad.
Esto también va en contravía del convenio 169 de la OIT, el cual describe que “los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”.
Mateus también indicó que la compañía planea hacer explotación por medio de túneles. Para Fierro esto conlleva a que “el efecto de atracción de las aguas subterráneas que están en toda la montaña se vuelva muy grande”, generando una alta salida de aguas subterráneas y disminuyendo los niveles freáticos de las mismas aguas en las inmediaciones del túnel. En consecuencia, cuando las aguas se van hacia los túneles, se presenta el secamiento de manantiales y quebradas “que empiezan a tener problemas cuando no llueve y además tenemos una afectación en términos de contaminación de agua porque el agua se acidifica en estas rocas que contienen el oro y que contienen sulfuros acompañando el oro”. Esto genera “no solamente un impacto ambiental sobre los seres que viven, sobre el ecosistema acuático, sino también la posibilidad de que se disuelvan metales pesados y arsénicos y las quebradas se conviertan entonces en aguas tóxicas”.
Al funcionar como un ciclo, recalca el geólogo, son las aguas subterráneas las que regulan las corrientes superficiales durante las épocas sin lluvias. “En el momento en que se afecta el agua subterránea, la corriente superficial también se afecta en cantidad y muchas veces en calidad”, afirma.
Fierro menciona que la fase de explotación, además de demandar el consumo de grandes cantidades de agua, genera unos “relaves en las colas”, es decir, unos desechos acumulados después de triturar las rocas, que “suelen ser tóxicos y se convierten en una bomba de tiempo encima de los pobladores en el territorio” porque pueden generar derrumbes o avalanchas.
En cambio, Mateus expuso que al finalizar la explotación “esa roca se muele, al molerse se hace el proceso de beneficio: por un lado sale el oro y por el otro lado salen los lodos y la mayoría de esos lodos se van a reinyectar. Se coge y se reinyecta, esa roca que se murió, con cemento para que quede nuevamente lleno y no pierda estabilidad geológica”.
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DE DONDE SALE EL ORO
Una de las tierras donde se encuentra la compañía minera en la vereda Miraflores pertenece a los herederos de Julia Rosa Tapasco, entre ellos su hijo Jaime Emilio Vargas, según consta en el certificado de tradición y libertad.
Jaime se fue de la vereda Miraflores entrando los años noventa por amenazas del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL) y para proteger su vida se regó el rumor de que había muerto. Cuando regresó, la compañía minera Miraflores se declaró propietaria de una parte de sus tierras desde marzo de 2012, alegando que lo había comprado, con contrato de compraventa, a Jaime Ladino Tapasco. Este último, actual concejal de Quinchía, dice haberle comprado a Aliria Largo.
Era 2016 cuando Jaime Emilio regresó a sus tierras para empezar el arduo proceso de demostrar que por sucesión le pertenecían y que nunca había vendido ni a la empresa ni a otras personas naturales o jurídicas. Actualmente también hace parte del censo de la comunidad indígena.
La compañía minera tiene señalizado el lote Las Pilas como propiedad privada, ubicando allí un tanque de cianuración y una vivienda dada en comodato a otro habitante de la vereda que trabaja para ellos como auxiliar de vigilancia.
El 19 de abril de 2021 funcionarios de la minera ingresaron al lote Las Pilas, dispuestos a hacer una plataforma para el proceso de exploración. Tanto Jaime como Edit y Wilber les reclamaron por adelantar trabajos en territorio indígena y en propiedad privada de Jaime sin autorización. Tras ese suceso, el 10 de mayo del mismo año, la minera interpuso una querella policiva contra los tres indígenas Karambá ─Jaime, Edit y Wilber─ alegando “perturbación a la posesión”.
La compañía minera explica que tanto “Jaime Vargas como Wilber y Edit, han salido a la vía pública a impedir la libre circulación de vehículos al servicio de la Empresa en los que se transportan trabajadores de la misma o maquinaria y equipo, e igualmente han utilizado vías de hecho amedrentando a los trabajadores diciéndoles que es mejor que no vuelvan por allá”. Por esa razón “ha interpuesto dos querellas y en ambos casos ha sido contra personas naturales y no contra la parcialidad de los hermanos Embera Karambá o contra colectividad indígena alguna”.
El proceso contra Jaime Emilio Vargas se extendió entre junio y octubre de 2021 a manos de la inspección de policía rural n° 3 de Quinchía.
Durante su testimonio el 16 de julio en el proceso verbal abreviado, el concejal Ladino Tapasco argumentó que “llevaba más de 25 años en ese predio”, que él construyó la casa y que el predio se lo vendió Aliria Largo “como una herencia de su esposo, el señor Nicolás Vargas”. Sin embargo, Jaime Ladino nunca ha aparecido en el certificado de tradición y libertad correspondiente a la matrícula 293-10065, en la que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), se encuentra ubicado el lote Las Pilas. Lo que sí aparece en el certificado es que en 1988 Nicolás Vargas se la vendió a Aliria Largo sin tener propiedad de la tierra, lo que se constituyó como falsa tradición, pero el dueño desde 1973 era Jesús Didacio Ibarra Pescador, quien en 1989 le vendió a Julia Rosa Tapasco, última persona que registra como propietaria de la tierra.
Aliria tampoco heredó ninguna propiedad de Nicolás Vargas por tratarse de una relación fuera del matrimonio; solo su hijo Nicolás Emilio Vargas Largo heredó un porcentaje de tierra, pero del lote El Oro, con matrícula 293-0012175. Es decir, Aliria nunca tuvo propiedad sobre el lote Las Pilas, ni otros aledaños.
En el documento de compraventa que porta la compañía minera indica la adquisición de la posesión y mejoras, pero el Código Civil colombiano dice que “el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”. Así que aunque la empresa reclame posesión y actúe como dueña, el indígena Karambá Jaime Emilio Vargas tiene documentos que justifican su herencia sobre la tierra.
La inspección de Policía Rural no tuvo en cuenta el certificado de tradición y libertad del Lote Las Pilas (matrícula 293-10065) durante la audiencia; en cambio, manifestó que era “evidente para este despacho, la posesión que ostenta y prueba Miraflores Compañía Minera S.A.S. sobre el predio objeto de la litis y no el señor Jaime Emilio Vargas Tapasco”, dándole importancia al hecho de que la empresa tuviera presencia en el lote y que Jaime Emilio Vargas no había reclamado antes.
Miraflores S.A.S. sustenta que la querella se resolvió a su favor declarando a Jaime Vargas “como perturbador por impedir a la empresa acceder a un predio que se demostró por los medios idóneos en el proceso, que es de su propiedad (reconocimiento pericial y documental)”. Y agrega que “en el proceso de adquisición de tierras siempre se han respetado las garantías y derechos de las comunidades, con un debido acompañamiento de las instituciones y autoridades competentes” basados en lineamientos de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.
Carlos Trejos Obando, trabajador de la compañía minera, indicó en testimonio del 23 de julio que él era “el encargado de la compra de predios de la compañía” y que esta paga los impuestos prediales desde que compró el lote. Sin embargo, al menos en los impuestos prediales de 2019 y 2021 del lote Las Pilas o Pedregal, aparecen a nombre de Julia Rosa Tapasco.
El abogado de Jaime Emilio Vargas presentó un recurso de nulidad procesal que fue rechazado, además de un recurso de reposición y apelación, justificando, entre otras cosas, que “la minera Miraflores aporta solamente una prueba superflua y con carácter de declararse como ilegal (contrato privado que parte solo de la buena fe), sin demostrar ninguna clase de titularidad” e indicios de “falta de imparcialidad de la inspección (…), además de un afán desmesurado de obtener un fallo”. Este también fue rechazado. Incluso la petición de que una representante de la Defensoría del Pueblo acompañara el proceso en representación de la comunidad Embera Karambá fue declarada como improcedente por la inspección rural. El primero de octubre la Policía declaró a Jaime Emilio Vargas como perturbador.
A Edit Ladino y Wilber Barrientos los citaron aparte el 3 de septiembre. Fueron señalados también de perturbación realizada, según la compañía, el 27 de julio y “en otras oportunidades”, como indica en la querella. Edit y Wilber manifiestan que durante la primera citación se reunieron con la gerente de la compañía minera Catalina Cadena y el abogado Gildardo Trejos; ellos, por su parte, estuvieron con la gobernadora Karambá, la personera de Quinchía y el abogado de la comunidad indígena. Wilber cuenta: “Los de la empresa dijeron que si nosotros dejamos de estar molestando para subir la maquinaria, ellos retiraban la querella. (…) Nosotros dijimos que no, que nosotros seguíamos, que si se venían los amparos administrativos, ¡que se vengan! Ahí estaremos”.
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A MIRAFLORES NO PASARÁN
“Ellos dicen que entran como sea al territorio, que así estemos nosotros de acuerdo o no, entran por encima del que sea, entonces nosotros siempre hemos salido cuando van a subir maquinaria, cuando van a hacer plataformas, cuando hacen estudios, siempre hemos salido a preguntarles ‘¿qué están haciendo o con permiso de quién?’”, indica Edit Ladino con la mirada firme.
La compañía minera ha tenido un especial interés en iniciar la explotación y hacer más exploraciones en Miraflores. Ha recurrido a la compra de tierras, algunas con documentos que soportan la tenencia (como 33,333 % del lote El Oro), otras no; ha impuesto actos administrativos contra los mineros artesanales ante la Agencia Nacional de Minería; ha instaurado querellas contra los líderes y lideresas indígenas Karambá de la vereda y ha enviado personal para adelantar labores de investigación o exploración aun sin consulta previa o permiso.
Todo lo ha detenido la comunidad Karambá con la convicción de que en su territorio son autónomos.
Rafael Mateus, de la compañía minera, justifica que sí “se ha tratado de mover maquinarias sin permiso de la comunidad Embera Karambá, primero (porque son) vías públicas y las vías públicas son de libre tránsito para todos los colombianos, incluyendo las empresas”. Aclara que “las actividades de exploración se han hecho en predios o de la empresa o de personas privadas que han permitido” y defiende que “no es como si fuera territorio colectivo. (…) Quienes son dueños de los predios actúan como personas naturales”. En conclusión, dice, solo deben tramitar permisos ante las entidades del Gobierno.
Edit relata que recientemente, el concejal Rafael Molina les hizo una insinuación a ella y a Wilber. El 9 de mayo de 2022 los visitó en su casa indicando que podían garantizar trabajo a un hermano de Edit, quien previamente envió su hoja de vida a la compañía. En el audio de la visita se escucha cuando el concejal les dice: “Ella (Catalina Cadena) me les manda a decir que está muy interesada en que ustedes, que son los que manejan en Miraflores, le autoricen y le permitan a ella poder subir la máquina hasta ahí (lote Las Pilas) por 15 días”.
La compañía minera expone que “se siguen buscando canales de diálogo con los hermanos Embera Karambá de la vereda Miraflores para poder trasladar el taladro e iniciar los trabajos de perforación donde trabajarán personas de la vereda, como lo vienen haciendo en los demás lugares de perforación, recibiendo ingresos para ellos, ellas y sus familias”.
Al menos en tres ocasiones la compañía ha subido acompañada de la fuerza pública: en febrero de 2020, durante una visita de la Agencia Nacional de Minería (ANM) por un acto administrativo; en abril de 2021, cuando la compañía intentó subir maquinaria, y en octubre de 2021, durante otro intento por subir un taladro de perforación para exploraciones, asistieron agentes de la Policía, entre ellos, agentes antiexplosivos. En el acto administrativo de 2020 hubo presencia del Ejército, pese a que en el informe de la misma ANM dicen: “Durante la visita no se contó con acompañamiento de la Policía Nacional, se hicieron presentes algunas unidades del Ejército Nacional que tampoco acompañaron el recorrido”. En todos los casos, la presencia de la fuerza pública quedó registrada en fotografías recolectadas por la comunidad indígena.
Miraflores S.A.S. sostiene que durante el 2022 también “se ha intentado llevar un taladro”.
Albeiro reitera: “Nos ha tocado, como el dicho, pararnos duro para atajar esa maquinaria para no dejarlos subir acá (…). Estamos dispuestos a defender nuestro territorio”.
El 17 de febrero de 2021, cuando cincuenta guardias indígenas de la comunidad Embera Karambá pasaron la noche en medio de las montañas bajo la lluvia, la Agencia Nacional de Minería solicitó que debían dejar pasar a sus funcionarios a los lotes donde aplica el título minero 010-87M. Los indígenas se interpusieron en el camino obstruyendo las vías con el verde bosque de sus uniformes.
¿Su motivación? Está ligada a su ombligo. “Uno sigue luchando porque uno en lo espiritual y en lo de uno como indígena la prioridad es la madre tierra y para nosotros lo más importante es decir que donde nacimos ahí morimos”, sostiene Edit Ladino.
“Nos ha tocado, como el dicho, pararnos duro para atajar esa maquinaria para no dejarlos subir acá (…). Estamos dispuestos a defender nuestro territorio”.
Albeiro Trejos.
*Esta investigación fue llevada a cabo por La Cola de la Rata y Consejo de Redacción (CdR), gracias al apoyo de la Deutsche Welle Akademie (DW) y la Agencia de Cooperación Alemana.
