De los 10 países más violentos contra los defensores ambientales, tres se encuentran en Centroamérica. El istmo también es la región más vulnerable al cambio climático, por lo que el acceso a la información es clave para mitigar sus impactos. Sin embargo, solo dos países han ratificado el Acuerdo de Escazú. Esto es lo que hay detrás de esa negativa generalizada.
Centroamérica no solo es una de las regiones más vulnerables a desastres -solo en noviembre de 2020 sufrió el embate de dos huracanes con apenas semanas de diferencia- sino que también es donde los defensores ambientales pagan con su vida la oposición a industrias intensivas en carbono y extractivas de los bosques, las cuales aceleran el calentamiento global y minan la posibilidad de adaptación de los ecosistemas frente al cambio climático.
Según Global Witness, en 2019, entre los 10 países que contabilizaban más asesinatos a ambientalistas, siete eran latinoamericanos y, de estos, tres se encontraban en Centroamérica: Honduras, Guatemala y Nicaragua.
De hecho, la base de datos de Tierra de Resistentes da cuenta de 2367 hechos victimizantes ocurridos en los últimos once años (2009-2019). De ese total, 2133 acciones fueron contra ambientalistas y 234 contra comunidades u organizaciones.
En este recuento estadístico vuelven a sobresalir Honduras y Guatemala, dos de los países que han guardado silencio con respecto a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, el nombre común del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe .
Pero no son los únicos. El Salvador ya desistió de firmarlo y Costa Rica aún no lo ha ratificado, a pesar de haber sido su promotor e incluso haberle dado nombre. Escazú es la ciudad donde se consensuó el texto del tratado en 2018, y su nombre se deriva de Itzkatzu, una palabra propia de los indígenas huetares.
Para George Hanily, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) de Panamá, el Acuerdo de Escazú “establece estándares mínimos para el ejercicio de los derechos del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental y en la gestión de recursos naturales, los cuales contribuyen al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud”.
En otras palabras, lo que busca el tratado es fijar una base sobre la cual cada país pueda construir normativa para garantizar -desde la óptica del acceso a la información, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos- el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
“El Acuerdo de Escazú hay que entenderlo desde varias aristas. En primer lugar, este es un acuerdo internacional que debió ser negociado entre todos los países de América Latina y el Caribe, que eso de por sí es complejo por el idioma y la diversidad de instituciones, y se logró porque es un ‘piso mínimo’ que todo país debe tener”, explica Patricia Madrigal, abogada especialista en derechos humanos y ambiente, quien fuera viceministra de Ambiente de Costa Rica en el periodo 2014-2018.
“Segundo, no tiene un enfoque punitivo, represivo, porque el enfoque es más de fortalecimiento de capacidades y promoción de la cooperación internacional. Este es un ejemplo de multilateralismo regional. Más que un tratado exigible en sí mismo, su enfoque es totalmente progresivo de acuerdo a las capacidades de cada país”, añade.
En Centroamérica, solo Nicaragua y Panamá lo han ratificado y, gracias a ello, se alcanzó la cuota necesaria para que entre en vigor a partir de este 22 de abril.
¿Qué pasa en el resto de Centroamérica y el Caribe? El silencio y la desidia han imposibilitado que los países lo ratifiquen .
“La ausencia de Centroamérica y el Caribe del Acuerdo de Escazú demuestra una falta de voluntad política para atender algunos de los problemas más graves de la región, entre ellos, los ataques a personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Este tratado vinculante es el primero que incluye disposiciones para protegerlas”, manifesta Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional.
GUATEMALA
Guatemala firmó el acuerdo, pero aún no lo ha ratificado. Tras la adopción, el gobierno de Jimmy Morales convocó a una serie de talleres de socialización liderados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en agosto de 2018, pero con la llegada al poder de Alejandro Giammattei en 2020 el proceso se detuvo.
“El Acuerdo de Escazú se encuentra prácticamente engavetado, pues no es de interés para el actual gobierno puesto que colisiona con el modelo económico extractivo impuesto y adoptado por el gobierno de Alejandro Giammattei. Durante la administración pasada se firmó, se abrió un compás de espera y, al agotarse, finalmente no hubo iniciativa alguna por parte del Estado para su ratificación”, comenta Julio González, activista ecológico del colectivo Madreselva.
Guatemala se encuentra entre los 10 países más afectados por el cambio climático. La deforestación sufrida en los últimos 50 años lo ha dejado con apenas 35 % de cobertura forestal, su ciclo hidrológico se ha visto seriamente alterado y, aunque cuenta con abundantes ríos, el 95 % de sus cuencas están contaminadas.
“Al no ratificar el Acuerdo de Escazú, Guatemala no contaría con las medidas de protección para evitar la destrucción del ambiente y el respeto a los derechos y garantías para los defensores de derechos que actúan en defensa de la vida, el agua, el territorio y la biodiversidad existente”, dice González y añade: “a pesar de lo que ordena la Constitución Política y las normativas ambientales, no se cumple con la protección ambiental que permitiría el derecho a un ambiente sano y una vida digna. Antes bien, se retuerce la ley para beneficiar y legalizar el saqueo y el despojo de los bienes comunes y los derechos de los ciudadanos”.
Aún así, González no pierde la esperanza. “En la actual coyuntura no existe posibilidad de ratificación. En el futuro, Guatemala podría adherirse si cambia la correlación política de fuerzas en los espacios de gobierno” .
“El Acuerdo de Escazú se encuentra prácticamente engavetado, pues no es de interés para el actual gobierno puesto que colisiona con el modelo económico extractivo impuesto y adoptado por el gobierno de Alejandro Giammattei (…)”
Julio González, activista ecológico del Colectivo Madreselva.
HONDURAS
Si bien sus representantes participaron en el proceso de negociación, Honduras no firmó el acuerdo.
Según Kelly Sorto, representante de la Red Hondureña por Escazú, en diversas ocasiones, el gobierno ha manifestado estar de acuerdo con las agendas internacionales en materia de conservación y protección al medio ambiente, así como en cambio climático, las cuales no dejan de estar relacionadas al Acuerdo de Escazú.
Antes de la pandemia, el gobierno inició un proceso de consulta que involucró a 13 instituciones y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En el marco de este proceso, y según Sorto, se plantearon varios talleres con sociedad civil.
“Solo hubo un primer acercamiento, porque luego llegó la pandemia”, dijo Sorto y agregó: “la excusa del gobierno ha sido la pandemia sumada a los huracanes Eta e Iota. Hace poco tuvimos un acercamiento con ellos y nuevamente manifiestan que no han podido volver a mandar los documentos para exigir que estas instituciones dictaminen si están a favor o en contra. Nosotros vamos a ver la manera de hacer presión para que estas instituciones se manifiesten”.
Laura Palmase, directora ejecutiva del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho), fue enfática en decir que no existe interés. “La adhesión al Acuerdo de Escazú no está dentro de las prioridades de este gobierno, eso se comprobó nuevamente con la respuesta al Examen Periódico Universal, donde Honduras aceptó 203 recomendaciones, pero no aceptó y tomó nota de las 20 restantes, en las que se incluye la adhesión al Acuerdo de Escazú”.
Tanto Sorto como Palmase coincidieron en que será necesario esperar a la próxima administración, ya que en noviembre se celebrarán elecciones presidenciales. La persona que será electa como presidente o presidenta asumirá el cargo a partir de enero de 2022.
¿En qué beneficia el tratado a Honduras? El país cuenta con leyes que garantizan la participación ciudadana, el acceso a la información pública, acceso a la justicia y también se tiene un mecanismo de protección. “Aunque se cuenta con esas leyes, no se cumplen en su totalidad. Con el Acuerdo de Escazú, todas esas debilidades que existen vendrían a erradicarse, es decir, reforzaría las leyes existentes”, destaca Sorto.
Para la representante de la Red Hondureña por Escazú, la adhesión brinda la oportunidad de que existan órganos de justicia ambiental y también se puedan capacitar a los funcionarios administrativos y judiciales tanto en materia de derecho ambiental como en temáticas que suelen desencadenar conflictos socioambientales.
“También, a nivel internacional, se presiona al Estado a garantizar las investigaciones y sanciones ejemplarizantes. Tendríamos la reparación del daño que, si bien existe en la ley hondureña, realmente no se da. Necesitamos que la celeridad sea para todas las instituciones e instancias judiciales”, afirma Sorto.
Otro punto destacado por la sociedad civil sobre cuan necesario es que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú es la participación ciudadana.
“Es importante que Honduras se sume a este tratado porque, desde el golpe de Estado de 2009, hemos visto cómo se han ido cerrando los espacios de participación ciudadana, se ha reformado el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en dos ocasiones, cada vez reduciendo aún más la participación del público en este sistema. También en 2018 se declararon como información reservada los estudios de carácter técnico contenidos en las licencias ambientales. Esto refleja la importancia que tendría la adhesión al Acuerdo de Escazú para adaptar la legislación a parámetros internacionales de acceso a la información, participación y justicia”, explica Palmese.
“La adhesión al Acuerdo de Escazú no está dentro de las prioridades de este gobierno,”.
Laura Palmase, directora ejecutiva del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho)
EL SALVADOR
El 24 de septiembre de 2020, en una cadena nacional, el presidente Nayib Bukele manifestó que El Salvador no firmará, por el momento, el tratado internacional por discrepancias con dos artículos que no precisó.
“Lo firmaríamos si se hicieran pequeños cambios que parecerían de forma, pero son importantes para garantizar que se cuide el medioambiente, que es lo que pretende el Acuerdo, sin evitar el desarrollo de nuestros países, que les falta desarrollo. Es decir, nosotros no podemos dejar de construir viviendas”, manifestó el mandatario .
Dos años atrás, después de nueve rondas de negociación, El Salvador adoptó el tratado. El siguiente paso era la firma por parte del Poder Ejecutivo y, finalmente, la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa.
“Es importante mencionar que la administración de Bukele no fue quien negoció el Acuerdo, sino la de Salvador Sanchez Cerén, quien tampoco completó la tarea dejando firmado Escazú antes del cierre de su mandato, que fue el 30 de mayo del 2019”, declara César Neftalí Artiga, coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú SV.
“El motivo real de la negativa de Bukele es que, desde que asumió su mandato como presidente de la república de El Salvador, ha mostrado nulo compromiso con avanzar en democracia y gobernanza ambiental, ha flexibilizado permisos ambientales para favorecer inversiones tanto públicas como privadas en detrimento de la protección ambiental, ha debilitado las instituciones públicas que tienen mandatos en temas de acceso a la información pública y ha cerrado todos los espacios de diálogo y participación ciudadana que venían funcionando desde administraciones anteriores. La cultura de la impunidad en delitos ambientales ha sido la norma en su administración, por lo que su compromiso con los pilares y elementos centrales del Acuerdo de Escazú es más que claro que está ausente y nulo”, continuó.
Como el plazo para firmar se cerró el 26 de septiembre de 2020, ahora la única vía es la adhesión. En su normativa interna, El Salvador establece que la adhesión a un instrumento internacional debe venir por iniciativa del Poder Ejecutivo, el cual deberá presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa para ser discutido en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores y, si cuenta con un dictamen positivo, entonces se somete a votación en el plenario donde necesitaría mayoría simple (43 votos) para ser aprobado.
No obstante, las elecciones legislativas -celebradas en febrero de 2021- darán mayoría simple (43 votos) y la mayoría calificada (56) a partir de mayo al partido Nuevas Ideas (NI) que llevó a Bukele a la presidencia.
“Desde las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento social y las redes comunitarias y territoriales vemos con mucha preocupación el abandono deliberado de la dimensión ambiental en la gestión pública gubernamental, y ahora las amenazas de que suceda lo mismo en la Asamblea Legislativa, consumando así las amenazas de retrocesos en democracia, Estado de Derecho y derechos humanos en El Salvador”, manifiesta Artiga.
¿En qué beneficiaría el tratado a El Salvador? La adhesión al Acuerdo de Escazú vendría a ampliar la normativa, llenando vacíos de procedimiento y creando figuras de las que actualmente carece. “Por ejemplo, en el país no existe reconocimiento a la labor de las personas defensoras ambientales, ni siquiera contamos con un mecanismo de protección o protocolo de denuncias para este grupo significativo de la población. Con Escazú, el Estado estaría obligado a dar protección y a generar un contexto seguro y propicio para la realización de esta labor que realizan para el bien común y para el cuidado y defensa de los bienes comunes naturales en el país”, explica el coordinador de Equipo Escazú SV.
El tratado también permitiría profundizar en los derechos de acceso a la información en el país. “Si bien es cierto hemos dado algunos pasos con la Ley de Acceso a la Información Pública, aún falta ampliar y profundizar en estos derechos que permiten acceder a otros derechos y permiten un efectivo ejercicio de ciudadanía y gobernanza social con participación significativa desde los territorios, sobre todo aquellos que se encuentran sometidos a contextos de conflictos socioambientales por su labor de resistencia y defensa del ambiente”, destacó Artiga.
“en el país no existe reconocimiento a la labor de las personas defensoras ambientales, ni siquiera contamos con un mecanismo de protección o protocolo de denuncias para este grupo significativo de la población. Con Escazú, el Estado estaría obligado a dar protección y a generar un contexto seguro y propicio para la realización de esta labor.
César Neftalí Artiga, coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú SV.
NICARAGUA
El gobierno liderado por Daniel Ortega firmó el acuerdo el 27 de septiembre de 2019 y la Asamblea Nacional lo ratificó apenas tres meses más tarde en tiempo récord.
Aún así, Heizel Torres, oficial de minería del Centro Humboldt, se muestra suspicaz, ya que el proceso de ratificación no estuvo exento de cierta ironía. “Cuando se firmó el Acuerdo de Escazú, nosotros -como sociedad civil- nos enteramos por una nota pública en el periódico oficial del gobierno y porque Naciones Unidas, CEPAL y otros ponen en práctica el derecho al acceso a la información. Le dimos seguimiento, no hubo mayor información y desde ahí, ya se estaba viendo cómo se estaba incumpliendo con el proceso”, relata .
“Sociedad civil se enteró que se firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú porque estamos en redes regionales, porque formamos parte de la Alianza Centroamericana, porque estamos trabajando con la gente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)… Como estamos en estas redes es que nos dimos cuenta que existe Escazú; si dependiera del Estado, simplemente no estaríamos enterados”, agregó Torres.
De hecho, la oficial del Centro Humboldt confiesa que, inicialmente, no pensaban que el gobierno fuera a firmar y ratificar el tratado, esto debido a “toda la historia de violencia en contra de los derechos humanos que el gobierno de Ortega-Murillo ha venido emprendiendo en contra de toda la sociedad civil, pero principalmente en contra los defensores ambientales”.
“Nosotros, como organización, consideramos que Nicaragua se sumó al Acuerdo de Escazú para ‘lavarse la cara’ a nivel internacional, para decir que es un Estado que promueve la preservación, la defensa de los derechos humanos a través de la participación ciudadana y que está llevando a la práctica el acceso a la información”, comenta Torres y agrega: “si bien el acuerdo no se ve como un comodín para que los países puedan tener acceso a créditos internacionales, sí les beneficia. No es lo mismo decir que es un país que firmó el Acuerdo de Escazú a uno que no lo ha firmado”.
Centro Humboldt realizó un diagnóstico sobre el estado actual del acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en Nicaragua. En este se señala que el país cuenta con tres leyes que se vinculan directamente con los pilares del tratado: Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley de Participación Ciudadana y Ley de Acceso a la Información Pública.
“Nicaragua tiene los tres pilares fundamentales que el Acuerdo de Escazú manda. Viéndolo desde esa óptica, uno dice: wow, Nicaragua cumple con ese requisito, lo firmó y lo ratificó’. Pero, en la práctica, es otra historia. El cómo se lleva a cabo el cumplimiento de estas leyes es muy diferente a lo estipulado en el Acuerdo de Escazú”, comenta Torres.
“Para la aplicación de un acuerdo de este tipo, en Nicaragua es necesaria la recuperación de la institucionalidad y la independencia de los poderes de la república. Seguido de una revisión profunda del marco legal ambiental y de derechos humanos para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, donde las comunidades y los defensores ambientales juegan un rol importante en la toma de decisiones”, añadió.
“Nosotros, como organización, consideramos que Nicaragua se sumó al Acuerdo de Escazú para ‘lavarse la cara’ a nivel internacional, para decir que es un Estado que promueve la preservación, la defensa de los derechos humanos a través de la participación ciudadana y que está llevando a la práctica el acceso a la información (…)”
Heizel Torres, oficial de minería del Centro Humboldt.
COSTA RICA
Al igual que muchos países centroamericanos y caribeños, Costa Rica firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre de 2018. Se esperaba que, tras haber liderado el proceso de negociación, el país fuera de los primeros en ratificarlo.
El tratado inició el trámite legislativo en febrero de 2019. Un año más tarde, superó el primer debate por votación unánime y fue enviado a consulta constitucional. En marzo, la Sala Constitucional encontró un vicio de procedimiento: no se le consultó al Poder Judicial.
Entonces se procedió con la consulta y la Corte Suprema de Justicia argumentó que el tratado afectaría el funcionamiento del Poder Judicial y pidió aclarar el financiamiento. “Es la primera vez que se hace semejante relación en lo que atañe a un tratado de derechos humanos o de derecho ambiental”, manifesta Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional en la Universidad de Costa Rica (UCR).
En agosto, la Sala Constitucional resolvió que efectivamente el acuerdo podría afectar el funcionamiento del Poder Judicial y esto podría generarle gastos adicionales.
“La misma Sala Constitucional ha dicho, anteriormente y en reiteradas ocasiones, que la falta de recursos no exime del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos”, explica la abogada y exviceministra de Ambiente Patricia Madrigal.
“La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política; y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial, y menos tratándose de un tratado de derechos humanos”, continúa Madrigal.
“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que, coincidentemente, son las mismas que ha encontrado la Unión de Cámaras (UCCAEP) para oponerse al proyecto”, añadió la exviceministra.
Para Boeglin, el retraso en la ratificación ha causado un gran daño y ha dado pie a una campaña de desinformación que corre por toda América Latina, la cual ha permeado a algunos sectores empresariales y políticos costarricenses.
De hecho, las cámaras empresariales no se manifestaron en contra del tratado cuando este fue aprobado en primer debate en febrero. Esperaron hasta octubre y noviembre para enviar misivas a la Asamblea Legislativa.
“Señoras y señores diputados, como hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis”, se lee en la carta enviada por UCCAEP que continúa: “Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica”.
“Una gran parte de los argumentos esbozados contra el Acuerdo de Escazú son los mismos que se han utilizado en otros países de la región”, destaca Mario Peña, coordinador de la Maestría en Derecho Ambiental de la UCR, en un artículo suyo publicado en Derecho al Día, donde se dedica a desmitificar el tratado.
En este texto, Peña explica que el Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional de mínimos y nada de lo dispuesto allí limita o deroga derechos y garantías ya establecidas en la legislación de cada país. En el caso de Costa Rica, muchas veces, la normativa interna es mucho más exigente de lo que establece el acuerdo.
Por ejemplo, y según explica Madrigal, en cuanto al acceso a la información, la jurisprudencia de la Sala Constitucional -en diversos fallos- ha obligado a las instituciones públicas a responder peticiones de información en períodos de 10 días hábiles. “El Acuerdo de Escazú establece ese período en 30 días, incluso prorrogables”, dice .
Con respecto al argumento de los empresarios de que el tratado reduce la seguridad jurídica para inversiones y desarrollo de proyectos económicos, Peña responde que más bien se aumenta y garantiza tanto la seguridad jurídica como la transparencia y la rendición de cuentas, principios que exigen organismos internacionales como la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“De igual forma, los tratados de libre comercio y acuerdos de asociación suscritos por Costa Rica promueven la implementación efectiva de los tres derechos de acceso regulados en el Acuerdo de Escazú. Al efecto basta revisar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), en su artículo 17.6, y el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE), en su Título VIII”, subrayó Peña.
En cuanto a que el Acuerdo de Escazú se negoció a espaldas de los sectores, Madrigal explica que se contaba con mecanismos de participación durante el proceso de negociación. De hecho, la empresa CropLife Latin America se inscribió en el Mecanismo Público Regional y participó en las rondas de negociación.
¿Por qué Costa Rica necesita el Acuerdo de Escazú? Para Peña, si bien el país cuenta con normativa interna y jurisprudencia en los tres derechos que promueve el tratado, “dicho instrumento internacional vendría a reforzar el Estado de derecho ambiental, otorgando coherencia al marco normativo interno que es abundante, disperso y fragmentado, y ayudaría a cumplir los compromisos ambientales asumidos por el país a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivo 16), así como las obligaciones OCDE y de los tratados de libre comercio y acuerdos de asociación suscritos, brindando seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera”.
Madrigal, por su parte, argumentó que el tratado -mediante el derecho al acceso a la información ambiental- obligaría al Estado a sistematizar información ambiental para ponerla a disposición de la ciudadanía. “No hemos sido sistemáticos con el Informe Ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente que debe ser anual. Tenemos los informes del Estado de la Nación, pero esa debería ser la versión desde la academia y el gobierno debería tener su propia versión”, comenta .
En su Constitución Política, Costa Rica garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la vez que faculta a sus ciudadanos a denunciar cuando este se transgrede. La Sala Constitucional ha sido clave en este sentido, generando jurisprudencia en materia de derechos humanos y ambiente.
Sin embargo, y según Boeglin, en los últimos años se ha visto una línea jurisprudencial regresiva con votaciones relativas a pesca de arrastre y acueductos comunitarios, entre otros. “El Acuerdo de Escazú nos vendría ayudar en aquellos ámbitos donde no tenemos ley, sino lo que hay es jurisprudencia de la Sala Constitucional. Y como estamos viendo que la Sala se está echando para atrás con el tema ambiental, entonces sería bueno contar con este tratado”.
En cuanto a la ratificación, el segundo fallo de la Sala Constitucional devolvió el proceso a cero. El Poder Ejecutivo desconvocó el Acuerdo de Escazú y otros proyectos de ley de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para darle prioridad al proyecto de Ley de Empleo Público. El gobierno tiene de plazo hasta el 31 de julio para enviar el acuerdo a ratificación.
“Hemos estado generando diversas convocatorias y se prevé que una vez que se supere la fase de reiteraciones sobre Empleo Público (proyecto de ley actualmente en discusión), retomaremos las convocatorias de forma progresiva, no solo contemplando los proyectos previamente convocados como otros que se encuentran en proceso de integración”, respondió la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, consultada para este reportaje.
“Una gran parte de los argumentos esbozados contra el Acuerdo de Escazú son los mismos que se han utilizado en otros países de la región”.
Mario Peña, coordinador de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica.
PANAMÁ
En el caso de Panamá, el país canalero firmó el tratado en septiembre de 2018 y lo ratificó en marzo de 2020.
“Este acuerdo empodera a la ciudadanía a asegurar la conservación ambiental en el desarrollo de la nación e involucrarse, pues Panamá -al ratificarlo- se compromete a que toda persona deberá tener acceso a la información sobre la gestión de los recursos naturales que dispongan las autoridades públicas y empresas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que puedan presentar riesgos a comunidades y los recursos de los cuales ellos dependen, así como la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones”, manifiesta George Hanily, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) de Panamá.
Asimismo, el director de ANCON ve el libre acceso a la información como una oportunidad, pues “permite a los defensores de los recursos naturales actuar de forma más precisa y efectiva, al poder generar acciones basadas en información, análisis y ciencia”, destaca.
Para Hanily, el Acuerdo de Escazú también promueve la creación y fortalecimiento de capacidades, así como la cooperación “en pro de la protección del derecho constitucional de cada panameño a vivir en un ambiente sano”, subrayó.
“permite a los defensores de los recursos naturales actuar de forma más precisa y efectiva, al poder generar acciones basadas en información, análisis y ciencia”.
George Hanily, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) de Panamá.
REPÚBLICA DOMINICANA
En el Caribe, y siendo uno de los socios comerciales de Centroamérica, República Dominicana firmó el tratado en 2018, pero aún no lo ha ratificado.
“En este momento, en que la región de América Latina y el Caribe está convulsa, requiere que la democracia sea transformada de democracia representativa a participativa y el Acuerdo de Escazú promete mayor participación de las personas en la toma de decisiones, lo que reduciría los conflictos socioambientales”, manifestaron organizaciones de la sociedad civil, en febrero de 2020, con motivo de la presentación de una misiva dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.
Desde entonces, las discusiones alrededor del Acuerdo de Escazú se ralentizaron debido a la pandemia y también porque, en agosto de 2020, un nuevo gobierno asumió las riendas del país caribeño.
De hecho, en septiembre las organizaciones nuevamente enviaron una carta al nuevo mandatario, Luis Abinader, lamentándose por la demora en el proceso de ratificación de la administración anterior y solicitándole que lo active durante su mandato.
Para que República Dominicana ratifique el Acuerdo de Escazú, requiere que la Cancillería envíe el documento a consultoría jurídica del Poder Ejecutivo; este deberá enviarlo al Tribunal Constitucional y luego al Congreso.
“Nos hemos reunido con senadores y diputados y han dicho que están en la disposición de aprobarlo”, declaró a Diálogo Chino Euren Cuevas, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma).
JAMAICA
En cuanto a Jamaica, este país se convirtió en el sexto en rubricar el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo ha ratificado.
Según Ingrid Parchment, directora ejecutiva de la Fundación para la Gestión de las Zonas Costeras del Caribe (CCAM, por sus siglas en inglés), la razón detrás de la demora es que “el Gobierno quiere asegurarse de que existe el marco legal para su aplicación. Además, quiere sensibilizar a la población sobre el Acuerdo de Escazú”.
De hecho, CCAM -con el apoyo del World Resources Institute (WRI)- está trabajando con el Gobierno en la realización de una evaluación legal y también en una campaña de comunicación a través de las redes sociales para sensibilizar al público, esto con el fin de desarrollar una hoja de ruta con miras a la implementación.
“Es importante garantizar el derecho de los ciudadanos a tener libre acceso a la información y a participar en la toma de decisiones relacionadas con las actividades de desarrollo que afectan a sus vidas. La participación de los ciudadanos garantizará la apropiación o aceptación de estos procesos, lo que conducirá a un desarrollo sostenible. Garantizará que se tengan en cuenta las necesidades de los más vulnerables”, recalcó Parchment.
Otros países caribeños que han firmado el tratado son Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía, Haití, San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nevis. De este grupo, la mayoría lo han ratificado con excepción de Granada y Haití.
“La participación de los ciudadanos garantizará la apropiación o aceptación de estos procesos, lo que conducirá a un desarrollo sostenible. Garantizará que se tengan en cuenta las necesidades de los más vulnerables”.
Ingrid Parchment, directora ejecutiva de la Fundación para la Gestión de las Zonas Costeras del Caribe (CCAM, por sus siglas en inglés)
*Este reportaje hace parte de Tierra de Resistentes, proyecto coordinado por Consejo de Redacción en alianza con la organización colombiana Ambiente & Sociedad y financiado por Rainforest Foundation Norway.
