{"id":6873,"date":"2022-06-30T11:17:51","date_gmt":"2022-06-30T11:17:51","guid":{"rendered":"https:\/\/tierraderesistentes.com\/es\/?p=6873"},"modified":"2022-06-30T13:01:50","modified_gmt":"2022-06-30T13:01:50","slug":"defender-el-agua-para-terminar-criminalizado-por-el-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tierraderesistentes.com\/pt\/2022\/06\/30\/defender-el-agua-para-terminar-criminalizado-por-el-estado\/","title":{"rendered":"Defender el agua para terminar criminalizado por el Estado"},"content":{"rendered":"\n

En trece a\u00f1os, siete defensores ambientales han sido asesinados en El Salvador, un pa\u00eds que no los reconoce sino que los acosa y criminaliza. Seis de estos casos son atribuidos a pandillas, lo que explica que estos ataques que sufren los ambientalistas queden registrados como delitos comunes o relacionados con pandilleros. Adem\u00e1s, muchas personas que defienden el territorio o los recursos naturales han sido objeto de procesos judiciales tortuosos en su contra.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Carolina Amaya – MalaYerba<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Julia Gavarrete – El Faro<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esa noche de viernes una tormenta abati\u00f3 a la comunidad ind\u00edgena de San Jos\u00e9 La Majada, ubicada en el municipio de Juay\u00faa, a 85 kil\u00f3metros de San Salvador. El padre Cecilio P\u00e9rez Cruz, como era costumbre, se sent\u00f3 en su sill\u00f3n, hizo sus oraciones y encomend\u00f3 su alma al creador. La defensa por el ambiente lo puso en el ojo de los depredadores del cerro El \u00c1guila. Sab\u00eda que lo matar\u00edan, como en efecto ocurri\u00f3 la noche del 17 de mayo de 2019. Tres sacerdotes y cuatro defensores ambientales dan fe de que el asesinato del presb\u00edtero \u201cfue por proteger los bienes ambientales\u201d, como lo afirma Juan Pablo L\u00f3pez Beltr\u00e1n, un defensor del cerro El \u00c1guila, quien ha sido perseguido, judicializado y criminalizado desde mayo de 2019 y a\u00fan lo era en mayo de 2022.<\/p>\n\n\n\n

El asesinato del padre Cecilio silenci\u00f3 las voces de los defensores del cerro El \u00c1guila, disolvi\u00f3 al movimiento ambientalista de Juay\u00faa, instal\u00f3 el miedo y permiti\u00f3 que los depredadores siguieran talando este bosque nebuloso. Este es precisamente el hogar del \u00e1guila negra crestada<\/a> (Spizaetus tyrannus<\/em>), una de las especies en peligro de extinci\u00f3n<\/a> que habita en este cerro del municipio ind\u00edgena de Juay\u00faa, en el occidental departamento de Sonsonate. En la cosmovisi\u00f3n ind\u00edgena, el \u00e1guila representa un s\u00edmbolo espiritual por su proximidad al sol. Seg\u00fan el documento de zonificaci\u00f3n del Cerro El \u00c1guila, esta colina \u2014cuya altura oscila entre los  1,620 y 2,020 metros sobre el nivel del mar\u2014 . Forma parte de la zona n\u00facleo de la Reserva de la Bi\u00f3sfera Apaneca-Ilamatepec, una cordillera de casi 60 mil hect\u00e1reas que incluye \u00e1reas protegidas y bosques de caf\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

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En febrero de 2019, se report\u00f3 la tala indiscriminada del cerro El \u00c1guila, en Juay\u00faa, departamento de Sonsonate.  
CR\u00c9DITO: V\u00edctor Rodr\u00edguez<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Una revisi\u00f3n de seis expedientes en distintas instancias judiciales, solicitudes de informaci\u00f3n al Ministerio de Agricultura y Ganader\u00eda, a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y a la Polic\u00eda Nacional Civil, as\u00ed como la  consulta de los registros de seis organizaciones ambientales, revelan que en El Salvador hay un patr\u00f3n de criminalizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de las personas defensoras del ambiente. <\/p>\n\n\n\n

Son muchos los casos que lo ilustran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los casos, es el asesinato del padre Cecilio que, seg\u00fan fuentes presb\u00edteras y de organizaciones sociales consultadas, ocurri\u00f3 por denunciar la tala indiscriminada de \u00e1rboles en el cerro El \u00c1guila. Ese mismo lugar est\u00e1 relacionado con la judicializaci\u00f3n de Juan Pablo L\u00f3pez Beltr\u00e1n y Carlos \u2014quien no usa su nombre porque sigue en el proceso penal\u2014 , defensores de Juay\u00faa, procesados por delitos con los que se suele encarcelar a pandilleros en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Est\u00e1 el de los defensores de Caba\u00f1as, reconocidos por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)<\/a> y cuyas muertes oficialmente quedaron registradas en El Salvador como v\u00ednculos con pandillas. O el de los nueve defensores del agua en Tacuba, en Ahuachap\u00e1n, perseguidos por la alcald\u00eda bajo cargos de usurpaci\u00f3n de inmuebles y hurto de fluidos durante cinco a\u00f1os y cuyo proceso judicial sigue vigente. <\/p>\n\n\n\n

O tambi\u00e9n el juicio por difamaci\u00f3n en contra de Sonia S\u00e1nchez, quien defend\u00eda una zona boscosa de Santo Tom\u00e1s, que fue sustituida por un proyecto urban\u00edstico. La judicializaci\u00f3n fue promovida por Grupo Roble, empresa de la familia Poma y de la que Sonia finalmente fue absuelta. Este 2022, en el contexto del D\u00eda Mundial del Agua el 22 de marzo, Sonia y su red enfrentaron el asesinato de Bernarda Elizabeth de Le\u00f3n de Ch\u00e1vez, defensora de Santo Tom\u00e1s que denunci\u00f3 abusos de un militar. El caso de Bety, como era conocida, es el ataque m\u00e1s reciente registrado en El Salvador; despu\u00e9s que en 2021 se procesara a siete defensores del agua en La Labor, Ahuachap\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Todos estos casos de violencia han ocurrido en medio de la falta de un marco legal que reconozca a las personas defensoras del ambiente. Sin un reconocimiento de la labor que realizan, el Estado salvadore\u00f1o ha criminalizado y judicializado a defensores, vivos y tambi\u00e9n muertos, usando como instrumento programas de seguridad p\u00fablica como el Plan Control Territorial, que se permea legalmente en la figura delictiva \u201cagrupaciones con pandillas\u201d establecida en el art\u00edculo 345 del C\u00f3digo Penal, o la Ley Antiterrorista aprobada en 2006. Sobre esta \u00faltima, organismos internacionales como Human Rights Watch<\/a> y la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/a> han advertido  que son mecanismos legales para criminalizar desde el Estado a defensores de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Criminalizados despu\u00e9s de muertos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La criminalizaci\u00f3n de defensores muertos tambi\u00e9n ha sido evidente en el feminicidio de Dina Yaseni Puentes<\/a>, defensora de la Red de Ambientalista Comunitarios de El Salvador (Racdes). El 9 de agosto de 2018, Dina fue asesinada en el interior de su casa ubicada en el caser\u00edo las Mesas de Jujutla, Ahuachap\u00e1n. Pese a que hab\u00eda evidencia de su trabajo de educaci\u00f3n ambiental y de denuncias sobre da\u00f1os ambientales en su comunidad, su feminicidio fue procesado por \u201cv\u00ednculos con pandillas\u201d<\/a>. Seg\u00fan la ecofeminista de Racdes, Adela Bonilla, la protectora ambientalista asesinada viv\u00eda en la zona de conflicto entre polic\u00edas y pandilleros, su casa divid\u00eda al puesto policial y al territorio de pandilleros. <\/p>\n\n\n\n

La criminalizaci\u00f3n ha ocurrido incluso despu\u00e9s de que las personas murieron, como ocurri\u00f3 con Marcelo Rivera<\/a>, Dora Sorto, Ramiro Rivera y David Ur\u00edas, asesinados en el departamento de Caba\u00f1as en 2009 y 2012. La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) cerr\u00f3 las investigaciones atribuyendo como motivos sus supuestos -aunque no probados- \u201cv\u00ednculos con pandillas\u201d o unas supuestas \u201crencillas familiares\u201d, que -seg\u00fan las autoridades- llevaron a personas cercanas a contratar a sicarios de las pandillas. Con esas l\u00edneas de investigaci\u00f3n, el Estado ignor\u00f3 la defensa ambiental en torno a cada asesinato.<\/p>\n\n\n\n

Su resistencia por proteger el agua de la amenaza minera empez\u00f3 en 2002 con la llegada de la empresa canadiense Pacific Rim, ahora llamada OceanaGold, que inici\u00f3 actividades de exploraci\u00f3n de oro y plata en la mina El Dorado, en Caba\u00f1as. <\/p>\n\n\n\n

Varios abogados sienten que este ha sido un proceder com\u00fan en muchos casos en el pa\u00eds. \u201cEs un hilo conductor hist\u00f3rico de nuestro pa\u00eds, que viene de las instituciones encargadas de investigar, encubrir y proteger a los autores intelectuales o financieros de grupos de sicarios\u201d, dice el abogado H\u00e9ctor Berrios, quien fue parte del movimiento en contra de la miner\u00eda en Caba\u00f1as, que se form\u00f3 desde 2004. Ah\u00ed conoci\u00f3 a Marcelo y Ramiro Rivera, dos de los tres defensores asesinados en 2009. Durante los procesos judiciales previos y posteriores a los asesinatos, H\u00e9ctor sufri\u00f3 amenazas y ataques.<\/p>\n\n\n\n

El defensor de derechos humanos y abogado, David Morales, estuvo al frente de la Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cuando ocurrieron los asesinatos de los defensores antiminer\u00eda. \u00c9l considera que los casos de Caba\u00f1as son solo un ejemplo de muchos otros asesinatos de ambientalistas en El Salvador, en donde las hip\u00f3tesis de investigaci\u00f3n de las autoridades responsabilizan a las v\u00edctimas como si se tratara de un problema personal. Esto ocasiona que nunca se investiguen a los autores intelectuales. En este caso era evidente \u201cel desequilibrio de la negligencia de investigar cr\u00edmenes graves como ejecuciones extralegales contra ambientalistas en Caba\u00f1as. Se dio paso a tesis, hip\u00f3tesis de investigaci\u00f3n, relacionadas a problemas personales, perfil personal de la v\u00edctima, con estigma, en el caso de Marcelo\u201d, recuerda Morales.<\/p>\n\n\n\n

Doce a\u00f1os despu\u00e9s del asesinato de Marcelo Rivera, \u00edcono de los defensores de Caba\u00f1as, El Salvador avanz\u00f3 en la creaci\u00f3n de una vasta legislaci\u00f3n ambiental, pero el Estado sigue sin reconocer ni proteger a los defensores en una ley. El marco legal que pod\u00eda reconocerles de manera oficial era el art\u00edculo 9 del Acuerdo de Escaz\u00fa, promovido por la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, firmado inicialmente por 24 pa\u00edses y ratificado ya por 12, pero que el presidente salvadore\u00f1o Nayib Bukele rechaz\u00f3 firmar para priorizar la construcci\u00f3n de viviendas<\/a>.  <\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 9 del acuerdo, el primero regional de su tipo en el mundo, establece tres elementos fundamentales que deben asumir los pa\u00edses partes. Adem\u00e1s de asegurar el acceso a informaci\u00f3n sobre proyectos y facilitar la participaci\u00f3n, deben \u201creconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales\u201d, describe el Acuerdo. El jefe de la Secretar\u00eda T\u00e9cnica del Acuerdo de Escaz\u00fa de la Cepal, Carlos de Miguel, a\u00f1ade que el pacto exige que \u201chaya medidas de respuestas, es decir, que cuando haya personas asesinadas, haya las investigaciones correspondientes, las sanciones y se sigan los procedimientos que existen en todos los pa\u00edses de la regi\u00f3n cuando hay actos criminales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El problema es mucho mayor a juicio del coordinador del Equipo Impulsor de Escaz\u00fa en El Salvador, C\u00e9sar Artiga, quien apunta que la \u201cdesidia estatal\u201d sobre el tema ha llevado a se\u00f1alar que \u201ctoda persona que tiene una posici\u00f3n cr\u00edtica al modelo de desarrollo es considerada opositora o enemiga del gobierno\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Procesos judiciales largos y tortuosos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En ese contexto de desprotecci\u00f3n, persecuci\u00f3n, criminalizaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n es que cientos de personas defensoras del ambiente en El Salvador realizan acciones para proteger principalmente el agua, denunciar la tala y urbanizaci\u00f3n de zonas de recarga h\u00eddrica, se\u00f1alar la sequ\u00eda y contaminaci\u00f3n de fuentes de abastecimiento, y mantener el control de las juntas de agua que autogestionan el servicio desde las comunidades. Esas acciones son las que han llevado a que la criminalizaci\u00f3n estatal intente frenarles.<\/p>\n\n\n\n

Ning\u00fan caso puede verse de manera aislada en El Salvador, donde se inician procesos judiciales, largos y tortuosos, para quienes defienden el territorio o el derecho a acceder a los recursos naturales. <\/p>\n\n\n\n

Tacuba, en Ahuachap\u00e1n, es otro ejemplo. Ah\u00ed, un municipio situado al occidente del pa\u00eds, a tan solo 33 kil\u00f3metros de Juay\u00faa, nueve defensores han sido procesados desde 2016, luego de una demanda que les interpuso la misma alcald\u00eda por un sistema de agua comunitario que data de 1995, y cuya administraci\u00f3n recae en la Asociaci\u00f3n de Desarrollo Comunal Bendici\u00f3n de Dios (Adescobd). <\/p>\n\n\n\n

En esta comunidad se han denunciado conflictos por el agua y por el deficiente servicio que reciben. El proyecto comunitario de gesti\u00f3n del agua conocido como \u201cLas siete comunidades de Tacuba\u201d naci\u00f3 para beneficiar a las 940 familias de ese entonces, explica David Aguirre, defensor y uno de los que trabaj\u00f3 en la construcci\u00f3n del sistema. En 2005, el inter\u00e9s de la alcald\u00eda municipal por tomar el control del agua fue evidente. \u201cCon la idea de que entregara el sistema de agua, el alcalde no legaliz\u00f3 la junta directiva\u201d, relata. El alcalde de Tacuba de esa \u00e9poca, Joel Ernesto Ram\u00edrez Acosta, detenido recientemente por homicidio<\/a>, demand\u00f3 a los defensores por el inter\u00e9s de la comuna de intervenir y apropiarse del sistema de agua comunitario. <\/p>\n\n\n\n

Sobre este conflicto estuvieron al tanto la Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos, la Sala de lo Contencioso y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que resolvi\u00f3 en favor de los l\u00edderes de Tacuba, luego de que el 25 de agosto de 2009, en el Diario Oficial<\/a>, se publicara que la administraci\u00f3n pasar\u00eda a la municipalidad. Desde entonces, los defensores siguen con protestas, en medio de \u201cconstantes amenazas, hostigamientos y agresiones\u201d, como confirm\u00f3 la PDDH en un informe en el que document\u00f3 el caso.<\/p>\n\n\n\n

El 22 de julio de 2016, a la medianoche, seis de los nueve defensores fueron detenidos. A David El\u00edas Aguirre, Tom\u00e1s Humberto Z\u00faniga Gonz\u00e1lez, Marco Antonio Garc\u00eda Jim\u00e9nez, Wilfredo Aguilar Rivera, Manuel Bert\u00edn Reyes y Celedonio Santos los sacaron de sus casas, algunos en ropa interior, y los subieron a una patrulla. Estaban confiados, nunca se imaginaron que ir\u00edan por ellos. Ten\u00edan medidas cautelares, emitidas por el entonces procurador David Morales, pero no fueron respetadas. \u201cA la misma hora nos llegaron a capturar a todos\u201d, recuerda David Aguirre, defensor de 69 a\u00f1os, y uno de los que estuvo detr\u00e1s del proyecto comunitario de agua desde sus inicios. <\/p>\n\n\n\n

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El proceso judicial en contra de siete defensores de Tacuba lleva 5 a\u00f1os sin definirse. 
CR\u00c9DITO: Julia Gavarrete<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En una resoluci\u00f3n emitida en diciembre de 2017, tomando en cuenta los expedientes AH-0005-2005 y AH-0062-2008 sobre el caso Tacuba, la PDDH determin\u00f3 que en la detenci\u00f3n los defensores \u201cfueron tratados como criminales de alta peligrosidad\u201d, omitiendo por completo su labor por la defensa del agua. \u201cNosotros estamos reconocidos como defensores del derecho humano al agua\u201d, reitera Aguirre e insiste que tal reconocimiento ha existido, al menos, para la PDDH de David Morales y por la gente de su comunidad. <\/p>\n\n\n\n

Solo tuvieron su primera audiencia hasta el 27 de julio de 2016, tras seis d\u00edas en la bartolina de Atiquizaya, Ahuachap\u00e1n. Quedaron libres, pero acusados de hurto agravado, hurto de energ\u00eda o fluidos y usurpaci\u00f3n de inmuebles. De los tres delitos, el primero sigue abierto y pendiente de juicio. <\/p>\n\n\n\n

Para agilizar su proceso legal, los defensores de Tacuba cabildean un acuerdo con el alcalde reci\u00e9n electo del partido oficialista Nuevas Ideas, Carlos Milla. Este equipo period\u00edstico busc\u00f3 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico y llamadas telef\u00f3nicas a la alcald\u00eda de Tacuba, para conocer si mantendr\u00e1 la demanda por usurpaci\u00f3n a\u00fan vigente en contra del grupo. El alcalde no respondi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Los defensores de Tacuba son ancianos, uno que otro roza los 80 a\u00f1os. El conflicto con la comuna les ha complicado la vida: no pueden aplicar a trabajos porque cargan con un antecedente legal para ser contratados en alg\u00fan lugar, y ni hablar de los problemas de salud que esto les ha generado. \u201cEstamos todos enfermos, a m\u00ed me dio un derrame cerebral\u201d, relata David.<\/p>\n\n\n\n

Cuando la justicia condena a los defensores<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Antes de que las denuncias p\u00fablicas por la tala del cerro El \u00c1guila llegaran a su punto m\u00e1ximo, en febrero de 2019, en sus homil\u00edas el padre Cecilio hablaba del tema ambiental y de los abusos de poder. Como buen seguidor del santo salvadore\u00f1o<\/a>, Monse\u00f1or \u00d3scar Romero, hab\u00eda creado las organizaciones de base de San Jos\u00e9 La Majada, con quienes tambi\u00e9n abordaba la problem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

\u201cActu\u00f3 antes, actu\u00f3 aisladamente, no estableci\u00f3 contacto con nosotros (movimiento ambiental), y tiene l\u00f3gica porque ah\u00ed en La Majada est\u00e1n los dos puntos de acopio de estos madereros del cerro El \u00c1guila\u201d, explica un defensor ambiental colaborador de la Unidad Ecol\u00f3gica Salvadore\u00f1a (UNES), quien por motivos de seguridad pide ser identificado como Carlos Deras.<\/p>\n\n\n\n

Los depredadores del cerro El \u00c1guila son diversos: van desde pandilleros que extraen madera de cipr\u00e9s ilegalmente, due\u00f1os de fincas que no cumplen con las gu\u00edas que el Ministerio de Agricultura otorga para el aprovechamiento de la madera y mafias que han cooptado a la Polic\u00eda, seg\u00fan denuncian habitantes y defensores ambientales de Juay\u00faa que prefieren el anonimato por temor a represalias. <\/p>\n\n\n\n

El padre Cecilio fue una de las pocas voces que rompi\u00f3 con el silencio que genera el miedo a los saqueadores ambientales. Este equipo period\u00edstico analiz\u00f3  seis audios de las homil\u00edas del presb\u00edtero, que confirman que el sacerdote denunciaba las injusticias de, en sus palabras, \u201caquellos hombres que tienen el poder en sus manos y no aprenden a ser justos\u201d. En las misas hablaba de los abusos de empresas y empresarios como un \u201cesp\u00edritu inmundo que se ha vuelto due\u00f1o de las alcald\u00edas\u201d. \u201cSaquemos los esp\u00edritus inmundos que se han apoderado\u201d, dec\u00eda el sacerdote frente a una feligres\u00eda que repet\u00eda con fervor sus palabras. \u201cNo podremos cambiar si aquellos hombres que tienen el poder en sus manos no aprenden a ser justos\u201d, repet\u00eda constantemente el padre Cecilio. <\/p>\n\n\n\n

Mientras el sacerdote sosten\u00eda estas cr\u00edticas en p\u00fablico, en la Iglesia Cat\u00f3lica no hay un protocolo de protecci\u00f3n para sacerdotes perseguidos, asegura el presb\u00edtero Antonio Rodr\u00edguez, conocido como padre To\u00f1o. \u201cMuchos sacerdotes viven lidiando solos con problemas que tienen en los territorios. Entonces, tienes dos caminos: denunciar y atenerte a las consecuencias como Monse\u00f1or Romero, como Cecilio, o callarte y ser parte del problema\u201d, dice.<\/p>\n\n\n\n

El padre To\u00f1o ha sido el \u00fanico en denunciar y mantener con el tiempo que el asesinato del cl\u00e9rigo Cecilio fue por defender el ambiente. Cuenta que en febrero de 2019, en medio del boom de las denuncias por las talas del cerro El \u00c1guila y tres meses antes del asesinato, caminando por un centro comercial de San Salvador, conoci\u00f3 al padre Cecilio. Esa ma\u00f1ana tomaron un caf\u00e9 y tuvieron una pl\u00e1tica de dos horas. \u201cHablamos de las juntas de agua, de las mafias que hay en el control de las fuentes del agua. Hablamos del agua y de los \u00e1rboles casi todo el tiempo\u201d, recuerda tres a\u00f1os despu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Aunque Cecilio no mencion\u00f3 nombres, le dijo que se sent\u00eda \u201cvulnerable\u201d y con \u201cmiedo\u201d. \u201cYo sent\u00ed que en ese momento estaba en el peor momento de su vida, en el tema de las amenazas, de las presiones, porque s\u00ed lo sent\u00ed con muchas ganas de hablar\u201d, cuenta el padre To\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Para \u00e9l, la frase de despedida marc\u00f3 esa pl\u00e1tica. \u201cMe van a matar\u201d, fueron las \u00faltimas palabras que el padre Cecilio le dijo en esa ma\u00f1ana de febrero.<\/p>\n\n\n\n

Tras el asesinato de Cecilio el 17 de mayo, el padre To\u00f1o fue el \u00fanico en sostener p\u00fablicamente que la mafia de la madera de Juay\u00faa fue la que mat\u00f3 al padre Cecilio<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Bajo anonimato por el mismo temor que campa en la zona, un sacerdote de Sonsonate que conoci\u00f3 al padre Cecilio lo describe como una persona en\u00e9rgica, tajante y enf\u00e1tica en la denuncia ambiental durante las misas. Tambi\u00e9n, reconoce las fallas. \u201cNo podemos hacer luchas espor\u00e1dicas solos; no han sido luchas articuladas y nos enfrentamos a un monstruo que mata, que tiene todos los recursos\u201d, dice. Este sacerdote tambi\u00e9n critica el \u201csilencio eclesial\u201d con el que se ha manejado el asesinato de Cecilio.<\/p>\n\n\n\n

Para esta investigaci\u00f3n se solicitaron entrevistas desde abril de 2021 con el Arzobispo de San Salvador, Monse\u00f1or Jos\u00e9 Luis Escobar Alas, y con el obispo de la Di\u00f3cesis de Sonsonate, Monse\u00f1or Constantino Barrera Morales. Las asistentes de ambos afirmaron que se comunicar\u00edan con este equipo, pero hasta el cierre de esta investigaci\u00f3n, no lo hicieron.<\/p>\n\n\n\n

La \u00fanica persona de la Iglesia Cat\u00f3lica que brind\u00f3 informaci\u00f3n fue Claudia Soriano, abogada de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador. Ella explica que en un inicio se consider\u00f3 que Tutela Legal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana Jos\u00e9 Sime\u00f3n Ca\u00f1as (Idhuca) har\u00edan la defensa del caso del padre Cecilio pero que, para que no se \u201centorpeciera\u201d o \u201cviciara el proceso\u201d. \u201cla Iglesia opt\u00f3 por dejar que quien ejerciera las acciones pertinentes fueran las instituciones del Estado, en este caso, la Fiscal\u00eda\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Los asesinos del padre Cecilio dejaron sobre el cad\u00e1ver un mensaje escrito. \u201cNo pag\u00f3 la renta\u201d, dec\u00eda. Fue por eso que la primera hip\u00f3tesis<\/a> que se manej\u00f3 en los medios de comunicaci\u00f3n sobre el magnicidio fue un crimen de pandillas. Sin embargo, esa hip\u00f3tesis fue descartada por la Iglesia y por el director de la Polic\u00eda Nacional Civil en ese momento, Howard Cotto. \u201cSin ser concluyente, aparentemente este hecho no tiene que ver con acciones de los grupos criminales de pandillas, sino que obedece a otras circunstancias, no puedo dar m\u00e1s informaci\u00f3n\u201d, expuso<\/a> a los medios de comunicaci\u00f3n el exdirector policial.<\/p>\n\n\n\n

En este momento, la C\u00e1mara de la Segunda Secci\u00f3n de Occidente analiza la apelaci\u00f3n al fallo que conden\u00f3 a 25 a\u00f1os de c\u00e1rcel al sacrist\u00e1n Abraham Heriberto Mestizo P\u00e9rez, acusado de matar al padre Cecilio. Aunque el expediente tiene reserva, en una de las audiencias Mestizo reclam\u00f3 que: \u201cSolo porque soy el sacrist\u00e1n piensan que yo soy (el asesino)\u201d<\/a>. Por su parte, la Fiscal\u00eda calific\u00f3 la condena<\/a> como un logro de \u201cefectividad en la persecuci\u00f3n del delito\u201d, aunque no estableci\u00f3 el m\u00f3vil del crimen y bas\u00f3 el caso en pruebas <\/a>de p\u00f3lvora en ropa y grafot\u00e9cnica que incriminan al sacrist\u00e1n. <\/p>\n\n\n\n

Ante esto, el defensor ambiental Deras y el padre To\u00f1o creen que el sacrist\u00e1n fue utilizado para cometer el crimen, ya que adem\u00e1s de tener el control de las llaves en la casa parroquial, Mestizo P\u00e9rez es hijo de una l\u00edder ind\u00edgena que conoc\u00eda los pasos de los ambientalistas en Juay\u00faa.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSegu\u00ed las investigaciones, me di cuenta de la captura del sacrist\u00e1n, compr\u00e9 los medios de comunicaci\u00f3n, vi c\u00f3mo hab\u00eda sido abierta la puerta, c\u00f3mo lo hab\u00edan matado, c\u00f3mo lo hab\u00edan dejado. Entonces, pude corroborar una vez m\u00e1s que me parece que fue un ni\u00f1o al que utilizaron y le pagaron para hacer esto. Me parece que pagaron poco con una persona bastante vulnerable y me imagino que el mismo muchacho que lo mat\u00f3, tambi\u00e9n fue amenazado. Estaba amenazado, me imagino que al sacrist\u00e1n lo amenazaron: o lo haces o te matamos a ti\u201d, concluye el padre To\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

En todo caso, m\u00e1s all\u00e1 de la determinaci\u00f3n final de la justicia sobre si el sacrist\u00e1n fue el autor material, no hay ninguna indicaci\u00f3n de las autoridades sobre el autor intelectual que lo orquest\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Bajo anonimato, otros defensores locales tambi\u00e9n aseguran que el padre Cecilio particip\u00f3 activamente en marchas de la Iglesia Cat\u00f3lica en contra de las talas de otros bosques. Juan Pablo L\u00f3pez Beltr\u00e1n, el defensor judicializado de Juay\u00faa, recuerda haber subido al cerro El \u00c1guila con el sacerdote.<\/p>\n\n\n\n

El 23 de abril de 2021, a casi dos a\u00f1os del asesinato del padre Cecilio, Juan L\u00f3pez vuelve a subir el cerro El \u00c1guila, en Juay\u00faa. Este municipio de Sonsonate es uno de los diez lugares con altos \u00edndices de violencia en El Salvador, por lo que la embajada de Estados Unidos recomienda no visitarlo<\/a>. Tras dos a\u00f1os de ser perseguido, criminalizado y judicializado, con un grillete electr\u00f3nico en su pie izquierdo, Juan camina sobre la alfombra de aserr\u00edn fresco que dejaron los taladores de los \u00e1rboles derrumbados, a la entrada del cant\u00f3n El Portezuelo. Varios fueron alguna vez cipreses. \u201cAhora ya no se esconden, lo hacen a la vista de todos\u201d, lamenta el defensor. <\/p>\n\n\n\n

Juan recoge del suelo un poco de calaguala (Polypodium sp) <\/em>una especie de helecho que se distribuye por Centro y Sur Am\u00e9rica y que el defensor describe como medicinal. Tiradas en el suelo junto a los cipreses tambi\u00e9n est\u00e1n decenas de bromelias (Tillandsia yunckeri)<\/em>. El bi\u00f3logo salvadore\u00f1o, N\u00e9stor Herrera, identifica a la bromelia, una planta que com\u00fanmente se conoce como \u2018gallito\u2019 y que, seg\u00fan el listado oficial<\/a> de especies en amenaza y peligro de extinci\u00f3n de El Salvador, est\u00e1 en estado \u201camenazado\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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