{"id":5518,"date":"2021-04-22T06:24:24","date_gmt":"2021-04-22T06:24:24","guid":{"rendered":"https:\/\/tierra.jerre-dev.xyz\/es\/?p=5518"},"modified":"2021-05-07T19:44:58","modified_gmt":"2021-05-07T19:44:58","slug":"el-reto-de-dar-vida-al-acuerdo-de-escazu-en-un-pais-donde-se-asesina-a-los-defensores-ambientales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tierraderesistentes.com\/pt\/2021\/04\/22\/el-reto-de-dar-vida-al-acuerdo-de-escazu-en-un-pais-donde-se-asesina-a-los-defensores-ambientales\/","title":{"rendered":"El reto de dar vida al Acuerdo en un pa\u00eds donde se asesina a sus defensores ambientales"},"content":{"rendered":"\n

En M\u00e9xico, el innovador tratado para Am\u00e9rica Latina y el Caribe que nace para garantizar el acceso a los derechos de informaci\u00f3n, participaci\u00f3n y justicia ambiental, buscar\u00e1 tener vida m\u00e1s all\u00e1 del papel en un contexto donde no cesan las agresiones contra quienes defienden el ambiente y el territorio. Tan solo en 2020, en el pa\u00eds fueron asesinados 18 defensores de derechos humanos en temas ambientales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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A Carlos M\u00e1rquez Oyorz\u00e1bal lo mataron la noche del s\u00e1bado 3 de abril de 2021. Un grupo de hombres lo intercept\u00f3 en uno de los caminos de la sierra de Guerrero, al sur de M\u00e9xico, cuando iba en su cuatrimoto con dos de sus hijos (de 18 y 12 a\u00f1os) despu\u00e9s de comprar v\u00edveres. Antes de liberar a los muchachos, los obligaron a mirar c\u00f3mo torturaban y asesinaban a su padre.<\/p>\n\n\n\n

Carlos M\u00e1rquez ten\u00eda 43 a\u00f1os y cuatro hijos. Era comisario municipal de Las Conchitas, una peque\u00f1a poblaci\u00f3n del municipio de San Miguel Totolapan, zona serrana donde a\u00fan es posible encontrar tierras habitadas por \u00e1rboles pese a la expansi\u00f3n de los cultivos de amapola y la presencia del crimen organizado que durante los \u00faltimos a\u00f1os ha hecho de la tala ilegal parte de sus negocios.<\/p>\n\n\n\n

Hace poco menos de un a\u00f1o, Carlos y otros habitantes de peque\u00f1os poblados de San Miguel Totolapan se organizaron para crear su propia polic\u00eda comunitaria y defenderse del grupo que, adem\u00e1s de controlar el cultivo de amapola, entra a sus bosques para talarlos y \u2014en asociaci\u00f3n con empresarios de aserraderos de la zona\u2014 comercializa esa madera con documentos falsos, de acuerdo con integrantes del Observatorio para la paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero.<\/p>\n\n\n\n

Desde finales de 2019, integrantes de ese Observatorio informaron sobre la urgencia de contar con presencia institucional en la zona para proteger a las comunidades y sus bosques. Sus denuncias no se escucharon. Ahora, el nombre de Carlos M\u00e1rquez Oyorz\u00e1bal se suma a la lista de defensores de medio ambiente y territorio asesinados en M\u00e9xico. Tan solo durante los primeros cuatro meses de 2021 se han contabilizado seis casos; cinco de ellos en Paso de la Reyna, Oaxaca.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Cortes\u00eda. Campesinos de San Miguel Totolapan crearon una polic\u00eda comunitaria para defender sus bosques. En la imagen, el primero a la izquierda es Carlos M\u00e1rquez, asesinado el 3 de abril de 2021. Cortes\u00eda: Observatorio para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El asesinato de Carlos M\u00e1rquez sucedi\u00f3 19 d\u00edas antes del 22 de abril de 2021, fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de Escaz\u00fa, el tratado de Am\u00e9rica Latina y el Caribe que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.<\/p>\n\n\n\n

El Acuerdo de Escaz\u00fa, adem\u00e1s de impulsar la protecci\u00f3n de los defensores de ambiente y territorio, tiene como objetivo que los Estados de la regi\u00f3n garanticen el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, a la participaci\u00f3n ciudadana y a la justicia en temas ambientales.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico \u2014uno de los doce pa\u00edses que ratific\u00f3 el tratado y con ello impuls\u00f3 su entrada en vigor<\/strong>\u2014 el Acuerdo de Escaz\u00fa buscar\u00e1 implementarse en un contexto en el que historias como la de Carlos M\u00e1rquez tambi\u00e9n se encuentran en zonas como la Tarahumara o la sierra de Jalisco; en una naci\u00f3n donde se han documentado m\u00e1s de 500 conflictos ambientales, en donde los mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana \u2014como las consultas\u2014 se han transformado en meros tr\u00e1mites; en un pa\u00eds donde las dependencias ambientales intentan funcionar con el presupuesto m\u00e1s bajo de toda su historia y en donde el gobierno federal es el principal promotor de megaproyectos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Acuerdo de Escaz\u00fa llega en un contexto nacional bastante complicado, un contexto hostil e impune, sobre todo para los defensores\u201d, reconoce Tom\u00e1s Severino, director de Cultura Ecol\u00f3gica, una de las organizaciones de la sociedad civil que desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada impulsaron la existencia del tratado regional.<\/p>\n\n\n\n

Pese al contexto adverso, Tom\u00e1s Severino conf\u00eda en que Escaz\u00fa ser\u00e1 una herramienta poderosa para la defensa del medio ambiente, que no se quedar\u00e1 en el papel como ha sucedido con otros tratados ambientales. \u201cEste es un acuerdo de derechos humanos y eso hace una gran diferencia. Escaz\u00fa es un paraguas mucho m\u00e1s amplio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Acuerdo de Escaz\u00fa llega en un contexto nacional bastante complicado, un contexto hostil e impune, sobre todo para los defensores\u201d<\/p>Tom\u00e1s Severino, director de Cultura Ecol\u00f3gica.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

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Foto: Adolfo Valtierra. <\/em>En la comunidad de Cedros, municipio de Mazapil, Zacatecas, muchas familias dependen del agua que les distribuye la mina; la empresa es la que tiene las concesiones para la extracci\u00f3n de agua. <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Un primer paso: acceso a la informaci\u00f3n ambiental<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Las organizaciones de la sociedad civil jugaron un papel vital para impulsar el Acuerdo de Escaz\u00fa. Fueron ellas las que, ya hace ya algunos a\u00f1os, promovieron la creaci\u00f3n de un instrumento para Am\u00e9rica Latina y el Caribe que se enfocara al cumplimiento del Principio 10 de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, el cual se\u00f1ala que toda persona debe tener acceso a la informaci\u00f3n, participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en asuntos ambientales. Para esto se tom\u00f3 como ejemplo el Convenio de Aarhus, que adoptaron los pa\u00edses europeos desde 1998.<\/p>\n\n\n\n

La bi\u00f3loga Olimpia Castillo, de Comunicaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Ambiental, recuerda que fue durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de 2012, conocida como R\u00edo+20, cuando se promovi\u00f3 la creaci\u00f3n de un tratado para Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Tuvieron que pasar seis a\u00f1os para que, en marzo de 2018, se concretara lo que formalmente es el \u201cAcuerdo Regional sobre Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe\u201d, pero que se conoce coloquialmente como el Acuerdo de Escaz\u00fa, nombre de la ciudad de Costa Rica donde se adopt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

En pa\u00edses como Per\u00fa, Chile o Paraguay, los sectores empresariales y pol\u00edticos presionaron para que Escaz\u00fa no prosperara. En M\u00e9xico eso no sucedi\u00f3. Integrantes de la sociedad civil que impuls\u00f3 el tratado coinciden en que en el pa\u00eds su ratificaci\u00f3n tard\u00f3 dos a\u00f1os por el cambio en la administraci\u00f3n p\u00fablica y la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. <\/strong> <\/p>\n\n\n\n

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Foto: Cortes\u00eda Relaciones Exteriores<\/em>. En M\u00e9xico, adem\u00e1s de las organizaciones, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, impuls\u00f3 la ratificaci\u00f3n de Escaz\u00fa. Antes de ser funcionaria, Delgado form\u00f3 parte de la sociedad civil que empuj\u00f3 la existencia del acuerdo. <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Hoy son las mismas organizaciones civiles que promovieron el acuerdo las que, junto con la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores, realizan una evaluaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se encuentran M\u00e9xico y sus leyes ambientales respecto a lo que establece el Acuerdo de Escaz\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Un primer diagn\u00f3stico muestra que el pa\u00eds tiene un camino recorrido en el tema de acceso a la informaci\u00f3n, al contar con una ley sobre el tema y con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI). Pero a\u00fan se tienen pendientes para garantizar el derecho al acceso a la informaci\u00f3n en temas ambientales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, el Acuerdo de Escaz\u00fa se\u00f1ala que es obligaci\u00f3n del Estado contar con sistemas de informaci\u00f3n ambiental actualizados, los cuales incluyan, entre otras cosas, el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localizaci\u00f3n. Esta informaci\u00f3n no est\u00e1 disponible en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

El Estado tambi\u00e9n deber\u00e1 promover el acceso a la informaci\u00f3n ambiental que se encuentre en manos de privados y que tenga que ver con concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado e involucren el uso de bienes, servicios o recursos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Xavier Mart\u00ednez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), recuerda que con la entrada en vigor el Acuerdo de Escaz\u00fa, M\u00e9xico tambi\u00e9n debe construir un sistema de alerta temprana relacionado con amenazas inminentes a la salud p\u00fablica o al medio ambiente.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el pa\u00eds tendr\u00e1 que presentar, por lo menos cada cinco a\u00f1os, un informe sobre el estado del medio ambiente<\/strong>. Toda esa informaci\u00f3n debe difundirse en forma accesible para todas las personas.<\/p>\n\n\n\n

Las acciones que el pa\u00eds debe realizar para garantizar el acceso a la informaci\u00f3n en temas ambientales son m\u00ednimas si se comparan con los grandes retos que tiene para cumplir con lo que marca el Acuerdo de Escaz\u00fa en temas de  participaci\u00f3n ciudadana, justicia ambiental y protecci\u00f3n a los defensores de ambiente y territorio.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Luc\u00eda Vergara. <\/em>Panor\u00e1mica de la Mina Pe\u00f1asquito, ubicada en el estado de Zacatecas, M\u00e9xico. Desde 2008, autoridades mexicanas entregaron a la mina concesiones de agua, bas\u00e1ndose en estudios realizados por la propia empresa. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Rescatar el derecho a participar<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Cuando el Acuerdo de Escaz\u00fa a\u00fan era una promesa, cuando estaba en el per\u00edodo de firma y no hab\u00eda certeza sobre su futuro, en tribunales mexicanos ya se le invocaba para exigir derechos.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed sucedi\u00f3 en, por lo menos, dos casos. Uno de ellos fue en la denuncia contra  la construcci\u00f3n de una presa de jales de Grupo M\u00e9xico, cerca de la comunidad de Bacanuchi, en el estado de Sonora. Cuando se present\u00f3 esta demanda, los habitantes del poblado localizado al norte del pa\u00eds ya conoc\u00edan bien los efectos negativos de la miner\u00eda. En 2014, una mina perteneciente a Grupo M\u00e9xico derram\u00f3 40 millones de litros de sulfato de cobre en los R\u00edos Sonora y Bacanuchi.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de la nueva presa de jales, los habitantes de Bacanuchi reclamaron que \u00e9sta se construy\u00f3 sin un proceso previo de informaci\u00f3n y consulta a la comunidad. Durante el proceso legal, se cit\u00f3 el Acuerdo de Escaz\u00fa<\/strong>, explica la abogada Victoria Beltr\u00e1n, coordinadora del \u00e1rea legal de PODER, organizaci\u00f3n civil que acompa\u00f1a en sus demandas a la comunidad.<\/p>\n\n\n\n

En octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n fall\u00f3 a favor de la comunidad de Bacanuchi, al se\u00f1alar que se viol\u00f3 su derecho a participar de manera informada en decisiones que pudieran afectar el medio ambiente sano. Los jueces reconocieron, por primera vez en M\u00e9xico, el derecho de consulta previa para una comunidad no ind\u00edgena; adem\u00e1s, ordenaron al Gobierno realizar una reuni\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n para explicar el alcance del proyecto. A\u00fan as\u00ed, la lucha de Bacanuchi contin\u00faa, porque hasta ahora est\u00e1 pendiente el cumplimiento de la sentencia.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Cortes\u00eda Mar\u00eda Fernanda Wray\/PODER. Reuni\u00f3n p\u00fablica en la comunidad de Bacanuchi, Sonora, donde se construy\u00f3 una presa de jales.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para Beltr\u00e1n, el Acuerdo de Escaz\u00fa abre la puerta para comenzar un rescate y reapropiaci\u00f3n del derecho a la participaci\u00f3n<\/strong>; \u201cun derecho que en alg\u00fan momento se desvaneci\u00f3\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Un ejemplo de lo que se\u00f1ala Beltr\u00e1n es el caso de la consulta p\u00fablica que se realiz\u00f3 entre noviembre y diciembre de 2019 para uno de los proyectos insignia del gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, el llamado Tren Maya que se construye en la Pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n, al sur de M\u00e9xico, en un territorio donde se encuentra uno de los bosques tropicales m\u00e1s importantes en Am\u00e9rica Latina y el Caribe: la selva maya.<\/p>\n\n\n\n

La Oficina de M\u00e9xico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirti\u00f3 que la consulta para el Tren Maya no cumpli\u00f3 con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Victoria Beltr\u00e1n destaca que, para garantizar el derecho a la participaci\u00f3n, \u00e9sta tiene que ser \u201csignificativa, efectiva y que influya en la toma de decisiones\u201d. Para lograrlo, apunta, se tendr\u00e1 que poner el acento en revertir los desequilibrios de poder en el momento de implementar el Acuerdo de Escaz\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Para el abogado Xavier Mart\u00ednez, del CEMDA, el Acuerdo de Escaz\u00fa tendr\u00e1 que ayudar a impulsar la participaci\u00f3n \u201cen espacios donde tradicionalmente se ha ignorado la voz de las comunidades; como sucede con el otorgamiento de los permisos de cambio de uso de suelo, las concesiones mineras o las concesiones de agua\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Entre mejor se implemente el Acuerdo de Escaz\u00fa en lo que se refiere a informaci\u00f3n y participaci\u00f3n, destaca la abogada Victoria Beltr\u00e1n, \u201cse podr\u00e1 disminuir los conflictos ambientales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cen espacios donde tradicionalmente se ha ignorado la voz de las comunidades; como sucede con el otorgamiento de los permisos de cambio de uso de suelo, las concesiones mineras o las concesiones de agua\u201d.<\/p>Xavier Mart\u00ednez, abogado del CEMDA.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

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Foto: Rob\u00edn Canul.<\/em> El proyecto del Tren Maya contempla la rehabilitaci\u00f3n de las v\u00edas ya existentes, la construcci\u00f3n de nuevas y, sobre todo, el establecimiento de lo que ha llamado \u201cPolos de Desarrollo\u201d.
<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Construir el acceso a la justicia ambiental<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El Acuerdo de Escaz\u00fa propone \u201cuna transformaci\u00f3n de la gobernanza ambiental\u201d, han se\u00f1alado organizaciones que acompa\u00f1an a comunidades en su defensa del ambiente y el territorio, entre ellas Fundar, Centro de An\u00e1lisis e Investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La entrada en vigor de este tratado, destac\u00f3 Fundar en un comunicado en enero pasado, es una oportunidad para que el Estado mexicano avance y muestre voluntad de cumplir con los derechos humanos ambientales, \u201casignando los recursos necesarios\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Desde el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018), el sector ambiental enfrenta una disminuci\u00f3n importante en su presupuesto<\/strong>. Esa tendencia se agudiz\u00f3 con el actual gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n

Si en 2016 se destinaron poco m\u00e1s de 55 mil millones de pesos a todo el sector ambiental; para 2021 esa cantidad disminuy\u00f3 a 31 mil 348 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

A la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente (Profepa), dependencia que tiene como tarea vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales, este a\u00f1o se le destinaron m\u00e1s de 742 millones de pesos; en 2020 recibi\u00f3 793 millones de pesos. Esa falta de presupuesto ha provocado que se tenga \u201cuna institucionalidad (ambiental) muy mermada\u201d, resalta Tom\u00e1s Severino.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, en lo que va del sexenio de L\u00f3pez Obrador, la dependencia con m\u00e1s cambios es la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): en dos a\u00f1os ha tenido tres diferentes titulares.<\/p>\n\n\n\n

La falta de estabilidad en la Semarnat ha provocado, entre otras cosas, que se hayan cerrado espacios de participaci\u00f3n ciudadana en temas ambientales. Olimpia Castillo, de Comunicaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Ambiental, menciona que los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable o del Consejo de Educaci\u00f3n Ambiental \u201csolo existen de nombre\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Cortes\u00eda Fundar.<\/em> Comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en el centro de M\u00e9xico, se han organizado para impedir la instalaci\u00f3n de una hidroel\u00e9ctrica. <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Si en temas de participaci\u00f3n ciudadana en temas ambientales, M\u00e9xico \u201cest\u00e1 mal, en acceso a la justicia ambiental estamos muy mal\u201d, resalta Mauricio Lim\u00f3n, abogado especialista en derecho ambiental y autor del libro Los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, la participaci\u00f3n y la justicia en materia ambiental. El Acuerdo de Escaz\u00fa, un an\u00e1lisis comparado con el Convenio de Aarhus y sus implicaciones para M\u00e9xico <\/em>(publicado por Editorial Tirant lo Blanch, en marzo de 2020).<\/p>\n\n\n\n

Un ejemplo que ilustra la afirmaci\u00f3n del abogado Mauricio Lim\u00f3n ocurre en la actualidad: los ciudadanos pueden presentar denuncias populares ante la Profepa, pero la dependencia no informa a los denunciantes<\/strong> el resultado de su investigaci\u00f3n o de sus procedimientos, por lo que no es posible impugnar la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

“En acceso a la justicia ambiental estamos muy mal\u201d. <\/p>Mauricio Lim\u00f3n, abogado especialista en Derecho Ambiental.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, Olimpia Castillo recuerda que desde 2013 la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se\u00f1ala que el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n deber\u00e1 contar con juzgados de Distrito con jurisdicci\u00f3n especial en materia ambiental. Estos juzgados tendr\u00edan que haberse establecido a m\u00e1s tardar en 2015. Eso no ocurri\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Tom\u00e1s Severino se\u00f1ala que M\u00e9xico podr\u00eda evaluar las experiencias en otros pa\u00edses, como Chile, en donde los tribunales ambientales se componen por dos personas que tienen formaci\u00f3n en leyes y por un especialista en ciencias ambientales o ciencias exactas. \u201cEsto \u2014resalta\u2014 permite tener visiones m\u00e1s amplias para resolver problemas ambientales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El Acuerdo de Escaz\u00fa, considera el abogado Mauricio Lim\u00f3n, debe ser una \u201choja de ruta para el acceso a la justicia ambiental en M\u00e9xico\u201d y para tener mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales. Esa es una de las grandes deudas que se tienen en el pa\u00eds en temas ambientales: las sentencias judiciales no se cumplen.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Archivo PODER.<\/em> La presa de jales en Bacanuchi se construy\u00f3 sin tomar en cuenta la opini\u00f3n de la comunidad. Hasta ahora, la sentencia de la SCJN no se cumple. <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Mauricio Lim\u00f3n recuerda el caso de la Laguna del Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, al norte del pa\u00eds. En 2013, el gobierno municipal promovi\u00f3 la creaci\u00f3n de un \u201cParque Ecol\u00f3gico\u201d, el cual se construir\u00eda con recursos p\u00fablicos y privados. Para hacer esa obra se tal\u00f3 el manglar, lo cual est\u00e1 prohibido por la legislaci\u00f3n mexicana.<\/p>\n\n\n\n

Vecinas de la Laguna del Carpintero presentaron un amparo en contra de esta obra, al se\u00f1alar que con su realizaci\u00f3n se violaba su derecho a un ambiente sano. El caso \u2014donde tambi\u00e9n se invoc\u00f3 al Acuerdo de Escaz\u00fa antes de que entrara en vigor\u2014 lleg\u00f3 hasta la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n. En noviembre de 2018 los jueces resolvieron que s\u00ed se causaron da\u00f1os ambientales, pero se dej\u00f3 en manos de las autoridades municipales, que fueron las que desmontaron el manglar, la supervisi\u00f3n de las obras de restauraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El Acuerdo de Escaz\u00fa tambi\u00e9n ayudar\u00eda a eliminar una de las trabajas que hoy existen para el acceso a la justicia ambiental y que es lo que en t\u00e9rminos jur\u00eddicos se conoce como \u201cla carga de prueba\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El abogado Xavier Mart\u00ednez, de CEMDA, explica que en los litigios se pide que sean las comunidades las que demuestren que, por ejemplo, un r\u00edo contaminado da\u00f1a la salud o que la llegada de una mina transforma su forma de vida; a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Escaz\u00fa, eso podr\u00e1 cambiar, porque la carga de prueba deber\u00e1 presentarla quien est\u00e9 en posibilidades de realizar los estudios.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: An\u00f3nimo.<\/em> Mina Pinos Altos, en Ocampo, Chihuahua, en donde se extrae oro. El proyecto se encuentra cerca del \u00c1rea Natural Protegida Cascada de Basaseachi. Esta imagen fue seleccionada como parte del concurso As\u00ed se mira la miner\u00eda en M\u00e9xico, convocado por el CCMSS. <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La urgencia: proteger a los defensores<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Si algo hace innovador al Acuerdo de Escaz\u00fa es que se trata del primer instrumento jur\u00eddico vinculante que reconoce a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, remarca que los Estados tienen la obligaci\u00f3n de garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en temas ambientales; as\u00ed como realizar la debida investigaci\u00f3n de las agresiones y la eventual sanci\u00f3n de los responsables.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico, la figura de los defensores de ambiente y territorio comenz\u00f3 a reconocerse a partir de 2015<\/strong>, explica Luc\u00eda Vel\u00e1zquez, colaboradora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y quien desde hace siete a\u00f1os investiga y documenta las agresiones en contra de los defensores de ambiente y territorio.<\/p>\n\n\n\n

Entre 1995 y 2019, la investigadora contabiliz\u00f3 147 defensores ambientales asesinados en M\u00e9xico; en ese mismo periodo document\u00f3 503 casos de defensores ambientales agredidos.<\/p>\n\n\n\n

Para el a\u00f1o 2020 se registraron 18 asesinatos de personas defensoras de ambiente y territorio<\/strong>, de acuerdo con un informe realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Y en los primeros tres meses de 2021, reportes period\u00edsticos daban cuenta de seis asesinatos a defensores, entre ellos el de Carlos M\u00e1rquez, en la sierra de Guerrero.<\/p>\n\n\n\n

En el Informe sobre la situaci\u00f3n de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en M\u00e9xico 2020, publicado por CEMDA, tambi\u00e9n se menciona que de los 65 ataques documentados en ese a\u00f1o, nueve fueron casos de estigmatizaci\u00f3n realizados por parte de autoridades del Estado mexicano, entre ellos el propio Presidente de la Rep\u00fablica quien en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n ha realizado se\u00f1alamientos p\u00fablicos en contra de los defensores del medio ambiente y el territorio.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para Xavier Mart\u00ednez, de CEMDA, para avanzar en la construcci\u00f3n  de un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales y de territorio es necesario detener su estigmatizaci\u00f3n y su criminalizaci\u00f3n, adem\u00e1s de garantizar su participaci\u00f3n real en la toma de decisiones.  <\/p>\n\n\n\n

Otra medida urgente es revisar a fondo el Mecanismo de Protecci\u00f3n para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que existe desde 2012 y depende de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n. En los hechos, este instrumento que no ha sido una herramienta eficaz para proteger y evitar los asesinatos de los defensores ambientales y de territorio.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed lo muestra la historia de Juli\u00e1n Carrillo, ind\u00edgena rar\u00e1muri que denunci\u00f3 que personas ajenas a su comunidad, Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, talaron sus bosques para sembrar amapola.<\/p>\n\n\n\n

Por su defensa al ambiente y territorio, Juli\u00e1n y otros habitantes de Coloradas de la Virgen recibieron amenazas. Fue por eso que en 2014, cuatro personas de esta comunidad ubicada en la Sierra Tarahumara \u2014entre ellas Juli\u00e1n\u2014 ingresaron al Mecanismo de Protecci\u00f3n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.<\/p>\n\n\n\n

La protecci\u00f3n que se le otorg\u00f3 a Juli\u00e1n Carrillo se limit\u00f3 a entregarle un tel\u00e9fono satelital y darle acompa\u00f1amiento policiaco durante sus traslados fuera de la comunidad. Esas medidas no sirvieron. A Juli\u00e1n lo asesinaron el 24 de octubre de 2018; las amenazas contra los habitantes de Coloradas de la Virgen siguieron e incluso, muchos de ellos fueron obligados a dejar sus casas y sus tierras.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Cortes\u00eda Alianza Sierra Madre.<\/em> La comunidad de Coloradas de la Virgen se localiza al sur de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Por la defensa que han hecho de sus bosques y territorio, sus habitantes han recibido amenazas y varios, entre ellos Juli\u00e1n Carrillo, han sido asesinados.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

 <\/p>\n\n\n\n

“(…) no solo est\u00e1 en juego el tema ambiental \u00f3 socioambiental sino que est\u00e1n en juego la democracia, el Estado de derecho y la vida de personas y comunidades”. <\/p>Mauricio Lim\u00f3n, abogado del CEMDA.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

\u201cEl mecanismo deja mucho qu\u00e9 desear \u2014se\u00f1ala la investigadora Luc\u00eda Vel\u00e1zquez\u2014, a los defensores no se les da un seguimiento adecuado. No ha servido para protegerlos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A partir del Acuerdo de Escaz\u00fa, apunta Xavier Mart\u00ednez del CEMDA, \u201cel Estado mexicano va a tener que transformar estructuras, como el mecanismo, y alojar presupuestos para garantizar la protecci\u00f3n de los defensores\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El abogado Mauricio Lim\u00f3n resalta que de todos los temas que se deber\u00e1n trabajar a partir del Acuerdo de Escaz\u00fa, el de la protecci\u00f3n a los defensores ambientales es el \u201cpunto m\u00e1s delicado y urgente porque no solo est\u00e1 en juego el tema ambiental \u00f3 socioambiental sino que est\u00e1n en juego la democracia, el Estado de derecho y la vida de personas y comunidades\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Camila Zepeda, directora general de temas globales de la subsecretar\u00eda de Relaciones Exteriores, asegura que se han dado reuniones con la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, los procuradores y otros actores para hacer un diagn\u00f3stico del mecanismo.<\/p>\n\n\n\n

De hecho, Zepeda asegura que desde finales de enero pasado, despu\u00e9s de que M\u00e9xico deposit\u00f3 la ratificaci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa ante las Naciones Unidas, se comenzaron a tener mesas de trabajo con diferentes dependencias para construir una hoja de ruta que permita la implementaci\u00f3n del tratado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Acuerdo de Escaz\u00fa tiene el potencial de permitir que M\u00e9xico actualice sus instituciones e instrumentos normativos para enfrentar con mejores herramientas las crisis ambientales y clim\u00e1ticas que ya est\u00e1n presentes\u201d, insiste Tom\u00e1s Severino.<\/p>\n\n\n\n

Para Olimpia Castillo, el primer paso para hacer que el Acuerdo de Escaz\u00fa funcione es que se conozca su contenido y el potencial que tiene. \u201cFuera del \u00e1mbito ambientalista no se conoce. Tenemos que darlo a conocer y ayudar a que la gente se apropie del acuerdo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En la comunidad Las Conchitas, en San Miguel Totolapan, Guerrero, nada saben sobre el Acuerdo de Escaz\u00fa. Los cerca de 40 habitantes del lugar solo saben que por defender el bosque y el territorio asesinaron a su comisario municipal, Carlos M\u00e1rquez.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s del asesinato de M\u00e1rquez, funcionarios del Mecanismo de Protecci\u00f3n para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llegaron a Las Conchitas. Escucharon a la viuda de Carlos decir que no dejar\u00eda su casa, que se quedar\u00eda en Las Conchitas. La mujer y sus hijos pidieron lo mismo que meses atr\u00e1s solicitaron su esposo y otros habitantes de comunidades de la regi\u00f3n: que las dependencias federales y estatales hagan su trabajo, que no los dejen solos en su lucha por defender su territorio y detengan la tala de sus bosques.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Acuerdo de Escaz\u00fa tiene el potencial de permitir que M\u00e9xico actualice sus instituciones e instrumentos normativos para enfrentar con mejores herramientas las crisis ambientales y clim\u00e1ticas que ya est\u00e1n presentes\u201d.<\/p>Tom\u00e1s Severino.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

*Este reportaje hace parte de Tierra de Resistentes, proyecto coordinado por Consejo de Redacci\u00f3n en alianza con la organizaci\u00f3n colombiana Ambiente & Sociedad y financiado por Rainforest Foundation Norway.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En M\u00e9xico, el innovador tratado para Am\u00e9rica Latina y el Caribe que nace para garantizar el acceso a los derechos de informaci\u00f3n, participaci\u00f3n y justicia ambiental, buscar\u00e1 tener vida m\u00e1s all\u00e1 del papel en un contexto donde no cesan las agresiones contra quienes defienden el ambiente y el territorio. Tan solo en 2020, en el […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":5583,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[426],"tags":[350,23,385,342],"coauthors":[60],"class_list":{"0":"post-5518","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-mexico-escazu","8":"tag-acuerdo-de-escazu","9":"tag-defensores-ambientales","10":"tag-escazu","11":"tag-mexico"},"acf":[],"yoast_head":"\nEl reto de dar vida al Acuerdo en un pa\u00eds donde se asesina a sus defensores ambientales<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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