{"id":5791,"date":"2021-04-22T07:17:25","date_gmt":"2021-04-22T07:17:25","guid":{"rendered":"https:\/\/tierraderesistentes.com\/es\/?p=5791"},"modified":"2021-06-16T18:41:52","modified_gmt":"2021-06-16T18:41:52","slug":"el-laberinto-burocratico-de-escazu-en-guatemala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tierraderesistentes.com\/es\/2021\/04\/22\/el-laberinto-burocratico-de-escazu-en-guatemala\/","title":{"rendered":"Un laberinto burocr\u00e1tico"},"content":{"rendered":"\n

A pesar de que en septiembre de 2018 el exministro de Ambiente sign\u00f3 el tratado multilateral en la sede de las Naciones Unidas, el actual gobierno mantiene estancado el proceso para ratificarlo. Hasta ahora, dos a\u00f1os y medio despu\u00e9s de la firma, el Ministerio de Relaciones Exteriores espera la opini\u00f3n de cuatro entidades m\u00e1s para evaluar si procede su confirmaci\u00f3n. Activistas de derechos humanos defienden la puesta en marcha del acuerdo, mientras que el sector industrial se opone<\/em>. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de los retrasos provocados por la pandemia de la Covid-19, doce pa\u00edses abrieron la puerta para que desde el 22 de abril de 2021 entre en vigencia el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Estos gobiernos ratificaron el tratado de los 24 que firmaron para comprometerse a aprobarlo en sus procesos internos respectivos. <\/p>\n\n\n\n

Guatemala es parte del grupo de pa\u00edses firmantes pero sin ratificar<\/strong>. A pesar de su afrenta constante contra las y los defensores de derechos humanos, el gobierno del expresidente Jimmy Morales extendi\u00f3 su aprobaci\u00f3n al acuerdo y lo firm\u00f3 sin mucho titubeo. El representante de Guatemala en ese momento fue el exministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso. <\/p>\n\n\n\n

Pasos cortos en caminos enredados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Lo que dos administraciones gubernamentales han conseguido hasta ahora en Guatemala es poco, comparado con la agilidad de doce naciones latinoamericanas que ya ratificaron y son parte del Acuerdo de Escaz\u00fa. Esa parsimonia del Ejecutivo deriva en que el pa\u00eds camine contrarreloj en un asunto de preocupaci\u00f3n internacional: el cambio clim\u00e1tico y las luchas comunitarias por el territorio enfrentadas contra corporaciones trasnacionales. <\/p>\n\n\n\n

El esquema jur\u00eddico para ratificar un acuerdo internacional en Guatemala atraviesa caminos extensos sin plazo determinado.<\/strong> Algunos son de doble v\u00eda o se cruzan entre el Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo. El expediente va y viene desde su origen hasta su final. Entre tanto, debe pasar por las manos de diplom\u00e1ticos, t\u00e9cnicos, empresarios, acad\u00e9micos, sociedad civil, congresistas y el propio presidente del pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

El proceso se rige por medio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica que establece que el Congreso debe aprobar el acuerdo con la votaci\u00f3n de las dos terceras partes de los diputados. Sin embargo, antes de ese paso, la Canciller\u00eda debe emitir un dictamen favorable, enviarlo a la Secretar\u00eda General de la Presidencia y esta oficina lo remite al Organismo Legislativo. Ya ah\u00ed, el pleno debe conocer el documento y entregarlo a las comisiones pertinentes para su an\u00e1lisis. <\/p>\n\n\n\n

En este caso, podr\u00eda ingresar a la Comisi\u00f3n de Medio Ambiente, Ecolog\u00eda y Recursos Naturales y a la Comisi\u00f3n de Relaciones Exteriores. Estas salas de trabajo evaluar\u00e1n la factibilidad del proyecto y si dictaminan a favor, pasar\u00e1 al pleno para aprobarlo. El siguiente paso es regresarlo a la Presidencia del Ejecutivo para que el mandatario sancione o vete el decreto.  <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las fuentes consultadas, el Acuerdo de Escaz\u00fa est\u00e1 enredado en un laberinto burocr\u00e1tico que genera incertidumbre sobre su ratificaci\u00f3n. El silencio administrativo dibuja un escenario pesimista para las organizaciones de derechos humanos que persiguen su aprobaci\u00f3n.  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con Sara Son, de la Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el expediente del Acuerdo de Escaz\u00fa se envi\u00f3 a cuatro entidades estatales que est\u00e1n involucradas en los temas que procura el convenio multilateral. El Minex remiti\u00f3 el documento a la Secretar\u00eda General de la Presidencia, al Organismo Judicial (OJ), al Ministerio P\u00fablico (MP) y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), asegur\u00f3. <\/p>\n\n\n\n

El objetivo que busca la Canciller\u00eda es obtener opiniones t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas de cada instituci\u00f3n para evaluarlas y con base en ellas, elaborar la propia. Las entidades consultadas no tienen plazo para entregar sus evaluaciones. De acuerdo con el Minex, s\u00f3lo el OJ ha entregado el dictamen a esa cartera, el cual es favorable, asegur\u00f3 la vocera. Sin embargo, Mario Siekavizza, portavoz de ese organismo, neg\u00f3 que esa entidad emita opiniones, pues esa facultad es de la Corte de Constitucionalidad (CC). Aunque, el comunicador explic\u00f3 que, de existir el documento, habr\u00eda que solicitarlo por medio de la oficina de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica. <\/p>\n\n\n\n

En tanto, una asistente del despacho de la Secretar\u00eda General de la Presidencia tambi\u00e9n manifest\u00f3 su desconocimiento sobre el tema y refiri\u00f3 que habr\u00eda que solicitar la informaci\u00f3n por medio de una carta que deb\u00eda entregarse de manera presencial. Al cierre de esta publicaci\u00f3n a\u00fan no hab\u00eda respuesta. <\/p>\n\n\n\n

Pero, contrario a lo que expresan las fuentes oficiales ahora, el informe de la primera reuni\u00f3n de pa\u00edses signatarios del Acuerdo de Escaz\u00fa, en San Jos\u00e9 de Costa Rica entre el 11 y 12 de octubre, revela otras disposiciones. En aquel momento, con el gobierno de Jimmy Morales, el proceso avanzaba. <\/p>\n\n\n\n

El delegado de Guatemala fue Byron Boanerges Barrera, entonces director de Formaci\u00f3n y Participaci\u00f3n Social del ministerio de Ambiente. En su alocuci\u00f3n, registra el acta, \u201cinform\u00f3 de la continuaci\u00f3n del proceso de socializaci\u00f3n del Acuerdo con sectores sociales, instituciones de gobierno y acad\u00e9micos. Adem\u00e1s, se hab\u00edan conformado mesas t\u00e9cnicas con el sector privado\u201d. <\/p>\n\n\n\n

El informe registra que Barrera asegur\u00f3 que el acuerdo hab\u00eda seguido avanzando. \u201cSe hab\u00edan obtenido dict\u00e1menes positivos en el poder ejecutivo y correspond\u00eda ratificarlo al Congreso de la Rep\u00fablica\u201d, cita el documento.<\/p>\n\n\n\n

Agencia Ocote<\/strong><\/em> intent\u00f3 obtener informaci\u00f3n actualizada con la nueva directora de del MARN, Ingrid Ant\u00f3n, pero no posible obtener una respuesta. Sin embargo, la oficina de comunicaci\u00f3n del MARN inform\u00f3 que la Secretar\u00eda General de la Presidencia fue la entidad que solicit\u00f3 la opini\u00f3n jur\u00eddica de ese ministerio y ya se envi\u00f3. Al preguntar sobre la orientaci\u00f3n de esa evaluaci\u00f3n, el encargado dijo que el resultado no se puede compartir porque la secretar\u00eda mencionada est\u00e1 analiz\u00e1ndolo.  <\/p>\n\n\n\n

Desde el Congreso tampoco se vislumbra una salida<\/strong>. La diputada Andrea Villagr\u00e1n asegur\u00f3 que ella ha mostrado inter\u00e9s en el tema, pero en los tres a\u00f1os que ha integrado esta sala de trabajo, nadie ha mencionado el Acuerdo de Escaz\u00fa. Ella indic\u00f3 que ya ha solicitado que se discuta el tema para pedir informaci\u00f3n al Ejecutivo, pero no ha tenido \u00e9xito. <\/p>\n\n\n\n

El pasado 8 de abril, Villagr\u00e1n le requiri\u00f3 informaci\u00f3n al canciller Pedro Brolo sobre el proceso que lleva el tratado. El ministro respondi\u00f3 el 16 de abril con una nota en la que afirma que el acuerdo se encuentra en proceso de consultas en la Secretar\u00eda General de la Presidencia. <\/p>\n\n\n\n

Agrega que ese ministerio solicit\u00f3 las opiniones de once instituciones p\u00fablicas: Procuradur\u00eda de Derechos Humanos, Secretar\u00eda de Planificaci\u00f3n y Programaci\u00f3n de la Presidencia, Consejo Nacional de \u00c1reas Protegidas, Ministerio de Finanzas P\u00fablicas, Instituto Nacional de Bosques, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Organismo Judicial, Ministerio de Econom\u00eda, Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Energ\u00eda y Minas y el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n\n\n\n

De las instituciones citadas, solo el MP mantiene el acuerdo en evaluaci\u00f3n, pues no ha entregado su opini\u00f3n. La Secretar\u00eda de Planificaci\u00f3n evit\u00f3 pronunciarse, pues se\u00f1al\u00f3 que no le compete porque el acuerdo no requiere fondos de la cooperaci\u00f3n internacional. Seis instituciones respondieron antes de la firma del convenio que se efectu\u00f3 el 27 de septiembre de 2018, mientras que cuatro entidades respondieron despu\u00e9s, tres de ellas durante 2019. <\/p>\n\n\n\n

Lo que el informe de Brolo no explica es si estas opiniones se solicitaron para firmar el tratado o para ratificarlo. La nota del ministro Brolo contradice lo que declar\u00f3 la portavoz de la Canciller\u00eda, pues ella asegur\u00f3 que el ministerio a\u00fan espera las opiniones de s\u00f3lo cuatro entidades. <\/p>\n\n\n\n

La carta tambi\u00e9n desmiente al vocero del OJ que neg\u00f3 que ese organismo d\u00e9 opiniones jur\u00eddicas a otras instituciones.  El diputado Rom\u00e1n Castellanos de la bancada del Movimiento Semilla pertenece a la Comisi\u00f3n de Ambiente, Ecolog\u00eda y Recursos Naturales. Seg\u00fan el congresista, en esa sala de trabajo tampoco se han referido al tema, sin embargo, asegur\u00f3 que tiene una reuni\u00f3n programada para el pr\u00f3ximo martes 20 de abril con Arturo Villagr\u00e1n, director de Tratados Internacionales y Traducciones y la directora de Asuntos Jur\u00eddicos del Minex para abordarlo.  <\/p>\n\n\n\n

El panorama es tortuoso. En ese sentido, Mara Bocaletti, directora de Plataforma Internacional Contra la Impunidad, una alianza de organizaciones de Suiza, Pa\u00edses Bajos y Centroam\u00e9rica que promueve la protecci\u00f3n de ind\u00edgenas y defensores de Derechos Humanos y el fortalecimiento del poder judicial, asegura que la \u00fanica entidad que como garante de derechos est\u00e1 mucho m\u00e1s activa realizando sensibilizaciones en foros y discusiones para promover la ratificaci\u00f3n ha sido la Procuradur\u00eda de Derechos Humanos entre el procurador y la titular de la Defensor\u00eda del Medio Ambiente. <\/p>\n\n\n\n

En efecto, la CEPAL promovi\u00f3 una segunda reuni\u00f3n de pa\u00edses signatarios para proseguir con la evaluaci\u00f3n multilateral. La sesi\u00f3n se realiz\u00f3 de manera virtual entre el 9 y el 10 de diciembre del a\u00f1o pasado. En esta ocasi\u00f3n, el \u00fanico representante de Guatemala fue el procurador de Derechos Humanos, Jord\u00e1n Rodas, como invitado especial. Sin la participaci\u00f3n de alg\u00fan funcionario del Ejecutivo como s\u00ed sucedi\u00f3 en el encuentro anterior. <\/p>\n\n\n\n

En entrevista con Agencia Ocote<\/em>, Rodas expres\u00f3 que es evidente que el gobierno de Giammattei no ve este tema con seriedad. \u201cNo lo perciben como un instrumento prioritario, nos estamos quedando a la saga de la regi\u00f3n. Hoy que se habla de cambio clim\u00e1tico y de acceso a la informaci\u00f3n y la justicia, se nota que Guatemala no est\u00e1 interesada en tratar el tema. Recomiendo al canciller, Pedro Brolo que agilice el proceso\u201d, expuso el procurador.   <\/p>\n\n\n\n

Tres d\u00e9cadas de cabildeos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El Acuerdo de Escaz\u00fa es una herramienta legal multilateral que se consolid\u00f3 y adopt\u00f3 en marzo de 2018 en Escaz\u00fa, Costa Rica, pero que tiene una historia m\u00e1s amplia de esfuerzos desde, al menos, 1992. <\/p>\n\n\n\n

Ese a\u00f1o se realiz\u00f3 la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El principio 10 es el que da vida a todos los movimientos posteriores y que desembocan en 2012 con la Declaraci\u00f3n sobre la Aplicaci\u00f3n del Principio 10<\/p>\n\n\n\n

de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo, conformada por pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en R\u00edo de Janeiro. <\/p>\n\n\n\n

El Principio 10 establece lo siguiente: \u201cel mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deber\u00e1 tener acceso adecuado a la informaci\u00f3n sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades p\u00fablicas, incluida la informaci\u00f3n sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, as\u00ed como la oportunidad de participar en los procesos de adopci\u00f3n de decisiones. Los Estados deber\u00e1n facilitar y fomentar la sensibilizaci\u00f3n y la participaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n poniendo la informaci\u00f3n a disposici\u00f3n de todos. Deber\u00e1 proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de da\u00f1os y los recursos pertinentes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, se llega al Acuerdo de Escaz\u00fa donde se invoca el acceso a la informaci\u00f3n como fundamento de los derechos consiguientes. En Guatemala, este punto est\u00e1 avanzado con el art\u00edculo 30 constitucional que ordena que los actos de la administraci\u00f3n deben ser p\u00fablicos, aunque su cumplimiento sea se\u00f1alado de ambiguo. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, desde 2008 la Ley de Libre Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica establece mecanismos de transparencia gubernamental que permiten obtener informaci\u00f3n detallada de los procesos, los archivos, la ejecuci\u00f3n presupuestaria, las compras, la toma de decisiones y las contrataciones de todas las entidades que reciben fondos p\u00fablicos. <\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, el acuerdo, en el apartado de informaci\u00f3n p\u00fablica busca  la implementaci\u00f3n de herramientas inclusivas. Y la ley en Guatemala obliga a que toda la informaci\u00f3n de oficio est\u00e9 en todos los idiomas hablados en el pa\u00eds con formatos de preferencia reutilizables, procesables y amigables para la mejor socializaci\u00f3n de los datos.   <\/p>\n\n\n\n

La abogada ambientalista, Diana Monroy, expuso que \u201cla publicidad de las decisiones p\u00fablicas permite a la ciudadan\u00eda verificar si una decisi\u00f3n en efecto fue tomada con base cient\u00edfica o no, si fue producto de consulta libre, previa e informada o no; hay ejemplos sobre c\u00f3mo decisiones p\u00fablicas tomadas en una oficina centralizada pueden transgredir par\u00e1metros cient\u00edficos sobre contaminaci\u00f3n, capacidad de carga de la tierra, regeneraci\u00f3n de ecosistemas o no se han realizado verdaderos procesos de consulta\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La ratificaci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa permitir\u00eda el intercambio de informaci\u00f3n y la situaci\u00f3n ambiental entre fronteras, a\u00f1ade Monroy. \u201cEstas divisiones que actualmente complejizan la toma de decisiones con base al funcionamiento real de los ecosistemas. La naturaleza existe y se manifiesta fuera de la creaci\u00f3n de categor\u00edas administrativas\u201d, sentenci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Canciller\u00eda: Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. El proceso para ratificar el Acuerdo de Escaz\u00fa a\u00fan est\u00e1 en las manos del canciller Predo Brolo. El ministro pertenece al c\u00edrculo cercano del presidente Alejandro Giammattei. Ninguno ha dado pasos claros sobre el avance en el tema. <\/em>
<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

El horizonte del Acuerdo de Escaz\u00fa es amplio y robustece la legislaci\u00f3n interna, pues determina un sistema de informaci\u00f3n espec\u00edfico para temas ambientales, afirma la abogada. <\/p>\n\n\n\n

El sector privado organizado se opone<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Los pa\u00edses firmantes del acuerdo deben adoptar las medidas pertinentes para promover el acceso a la informaci\u00f3n ambiental incluida la que est\u00e1 en manos de entidades privadas \u201cen particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Al respecto, el director ejecutivo de la C\u00e1mara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, ve con preocupaci\u00f3n que el Acuerdo de Escaz\u00fa se ha publicitado poco para el an\u00e1lisis de distintos sectores interesados. \u201cEl tratado fomenta la participaci\u00f3n, pero el gobierno pasado desde el principio no tom\u00f3 en cuenta al sector privado en el proceso. El pa\u00eds firm\u00f3 sin haber hecho las consultas\u201d, lament\u00f3 Zepeda. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el empresario acot\u00f3 que el acuerdo refiere que la tem\u00e1tica toral es el medio ambiente, pero al revisar el contenido est\u00e1 orientado a temas sociales y de derechos humanos. \u201cNo tenemos nada en contra de eso, solamente creemos que los temas sociales y de Derechos Humanos se deben abordar como tal y no como otro tema\u201d, enfatiz\u00f3. <\/p>\n\n\n\n

Zepeda reiter\u00f3 que el gobierno no ha socializado el acuerdo lo suficiente. <\/strong>\u201cNos preocupa que esto genere m\u00e1s desempleo e incentivos para que la gente est\u00e9 migrando. Necesitamos crear condiciones dignas para el desarrollo de la gente\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Incluso, el directivo de la CIG estableci\u00f3 que el Acuerdo de Escaz\u00fa tiene ambig\u00fcedades y discrepancias con legislaci\u00f3n interna o tratados ya firmados en temas de transparencia y publicidad como la misma Declaraci\u00f3n de R\u00edo o el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroam\u00e9rica y Rep\u00fablica Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en ingl\u00e9s), aunque no especific\u00f3 cu\u00e1les son los elementos que ri\u00f1en con el Acuerdo. <\/p>\n\n\n\n

\u201cNo tenemos nada en contra de eso, solamente creemos que los temas sociales y de Derechos Humanos se deben abordar como tal y no como otro tema\u201d.<\/p>Javier Zepeda, director ejecutivo de la C\u00e1mara de Industria de Guatemala (CIG)<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, dijo que los empresarios organizados en la patronal han tratado el tema con ambos gobiernos (el de Morales y el de Giammattei), pero s\u00f3lo de manera superficial para expresar su preocupaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Lo que Zepeda omiti\u00f3 es que tanto la CIG como el Comit\u00e9 Coordinador de Asociaciones Agr\u00edcolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) enviaron su opini\u00f3n a la Canciller\u00eda para plantear su negativa a la ratificaci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa. As\u00ed lo revela la nota remitida a la diputada Villagr\u00e1n. Ese documento registra que los industriales s\u00f3lo manifestaron su opini\u00f3n de no ratificar el tratado. Pero el Cacif s\u00ed anot\u00f3 que la ratificaci\u00f3n es inconveniente para el pa\u00eds porque existen \u201cgraves incongruencias y violaciones en las que se podr\u00eda incurrir, respecto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica, los principios de derecho internacional y otros acuerdos en materia de Derechos Humanos\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Como argumenta Zepeda, otro de los grandes objetivos del Acuerdo es promover la participaci\u00f3n de las comunidades o de la poblaci\u00f3n general en todos los procesos que conciernen al medio ambiente. <\/p>\n\n\n\n

El tratado fomenta que la ciudadan\u00eda sea parte de la toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a asuntos ambientales de inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong>, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, promueve que el Estado se compromete a que las autoridades se esfuercen por identificar \u201cal p\u00fablico directamente afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, y promover\u00e1 acciones espec\u00edficas para facilitar su participaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Otro de los apartados detalla la prioridad de que los defensores del territorio tengan acceso libre, gratuito e inmediato a la justicia. En ese sentido, el acuerdo busca que las personas a quienes les fall\u00f3 el sistema porque no obtuvieron informaci\u00f3n oportuna, accesible o certera tengan espacios que garanticen sus derechos adquiridos tras este acuerdo. <\/p>\n\n\n\n

Este punto tambi\u00e9n establece que las personas inconformes con los procesos desarrollados para tomar decisiones que afecten la comunidad o el medio ambiente, tengan posibilidades amplias para impugnar y apelar. Tambi\u00e9n compromete a los pa\u00edses a crear mecanismos eficaces de procuraci\u00f3n de justicia con acceso a la especializaci\u00f3n en temas ambientales para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer da\u00f1os al medio ambiente. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los Estados deben procurar lineamientos para la reparaci\u00f3n de da\u00f1os  como la restituci\u00f3n al Estado previo al da\u00f1o, la restauraci\u00f3n, la compensaci\u00f3n o el pago de una sanci\u00f3n econ\u00f3mica, la satisfacci\u00f3n, las garant\u00edas de no repetici\u00f3n, la atenci\u00f3n a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Bocaletti de Plataforma Internacional indica que \u201csi no se vislumbra el tema de acceso a la justicia y reparaci\u00f3n estamos dejando un gran vac\u00edo y no vamos a resolver las cuestiones de fondo y estructurales. Los da\u00f1os han ocurrido y para generar confianza entre los sectores, estos se tienen que remediar\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Para lograr el cumplimiento de las metas, otro de los objetivos es el fortalecimiento de capacidades para atender las demandas de acceso a la informaci\u00f3n y acceso a la justicia. La parte signataria debe comprometerse a establecer presupuestos y recursos para las instituciones priorizadas por el acuerdo, capacitar a funcionarios que atiendan las necesidades del p\u00fablico objetivo del tratado como jueces, personal administrativo, empleados de instituciones de Derechos Humanos, entre otros. <\/p>\n\n\n\n

Monroy explica que dada la complejidad de la problem\u00e1tica socioambiental de Guatemala debe de reconocerse que se requiere de una diversidad de condiciones para garantizar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n efectiva de los derechos de los defensores del medio ambiente. <\/p>\n\n\n\n

\u201cSi no se vislumbra el tema de acceso a la justicia y reparaci\u00f3n estamos dejando un gran vac\u00edo y no vamos a resolver las cuestiones de fondo y estructurales\u00bb.<\/p>Bocaletti de Plataforma Internacional.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

\u201cLa importancia jur\u00eddica de Escaz\u00fa radica en la posibilidad de materializar una democracia ambiental en el sentido que pone sobre la mesa la obligatoriedad estatal sobre acceso a la informaci\u00f3n y la responsabilidad colectiva para promover y fortalecer el derecho a la defensa a un medio ambiente sano a nivel local, nacional y regional\u201d, detalla la abogada.  <\/p>\n\n\n\n

Para Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protecci\u00f3n a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), la posibilidad de lograr una implementaci\u00f3n eficaz recae en los mismos alcances del Acuerdo de Escaz\u00fa, pues el documento establece que la CEPAL funcionar\u00e1 como \u00f3rgano facilitador de los mecanismos que el pa\u00eds deba ejecutar. Adem\u00e1s, la activista reiter\u00f3 que el gobierno no tiene excusa porque existen organizaciones de sociedad civil con las suficientes capacidades para aportar al fortalecimiento de capacidades. <\/p>\n\n\n\n

\u201cSolo el hecho de ratificar este acuerdo es un claro mensaje de que la relaci\u00f3n entre Estado, empresas y sociedad va a cambiar en el tema que genera el mayor grado de conflictividad social\u201d, indic\u00f3 Samayoa. <\/p>\n\n\n\n

Defender y morir por la tierra<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Foto: Asociaci\u00f3n Estore\u00f1a para el Desarrollo Integral (AEPDI) La Compa\u00f1\u00eda Guatemalteca de Niquel (CGN) opera entre reclamos sonoros de contaminaci\u00f3n, pocas contestaciones laborales para los locales y condiciones laborales precarias. Pobladores y l\u00edderes se han opuesto a la mina durante a\u00f1os, pero el gobierno presta poca atenci\u00f3n y, al contrario, hay se\u00f1alamientos de favorecer a la empresa con la fuerza estatal. <\/em>
<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

\u201cEl Acuerdo de Escaz\u00fa es una posibilidad de herramienta de participaci\u00f3n democr\u00e1tica ambiental al generar condiciones legales y estatales para atender la actual conflictividad socioambiental bajo condiciones de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y protecci\u00f3n de la ciudadan\u00eda que ejerce defensa ambiental\u201d, comenta Diana Monroy.  <\/p>\n\n\n\n

El objetivo del tratado que resulta innovador en materia de acuerdos multilaterales es el que busca que las partes otorguen el correcto reconocimiento de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos en temas ambientales. <\/p>\n\n\n\n

El inciso 2 del art\u00edculo 9 establece que \u201ccada parte tomar\u00e1 las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opini\u00f3n y expresi\u00f3n, derecho de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n pac\u00edficas y derecho a circular libremente, as\u00ed como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el \u00e1mbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos b\u00e1sicos de su sistema jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n\n\n\n

\u201cCuando se habita un territorio que puntea en los primeros lugares del mundo sobre criminalizaci\u00f3n de defensores del ambiente, es complicado imaginar escenarios con mecanismos que procuren agilizar la cooperaci\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n entre partes\u201d, reflexiona la abogada. <\/p>\n\n\n\n

Y es que Guatemala ha sido un territorio hostil para las defensoras y defensores de Derechos Humanos, pero sobre todo para aquellas personas que defienden sus comunidades de proyectos industriales de gran complejidad y que obtienen resguardo de las fuerzas estatales de seguridad como el Ej\u00e9rcito y la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC).<\/p>\n\n\n\n

La realidad de Guatemala alarm\u00f3 a la organizaci\u00f3n Global Witness que public\u00f3 el informe \u201cDefendiendo el ma\u00f1ana\u201d <\/strong>en julio del a\u00f1o pasado con Guatemala en el sexto lugar a escala mundial en homicidios de defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales. En total, Guatemala registr\u00f3 12 muertes de personas defensoras de la tierra en 2019, seg\u00fan este informe. El pa\u00eds se enlista junto con Colombia, Filipinas, Brasil, M\u00e9xico y Honduras como los seis pa\u00edses m\u00e1s violentos del mundo para este sector. <\/p>\n\n\n\n

\u201cDurante a\u00f1os, los defensores de la tierra y el medio ambiente han sido la primera l\u00ednea de defensa contra las causas y los impactos del colapso clim\u00e1tico. Una y otra vez, han desafiado a las empresas que operan imprudentemente, arrasando sin obst\u00e1culos a trav\u00e9s de bosques, cielos, humedales, oc\u00e9anos y puntos cr\u00edticos de biodiversidad\u201d, refiere el informe. <\/p>\n\n\n\n

\u201cCuando se habita un territorio que puntea en los primeros lugares del mundo sobre criminalizaci\u00f3n de defensores del ambiente, es complicado imaginar escenarios con mecanismos que procuren agilizar la cooperaci\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n entre partes\u201d<\/p>Diana Monroy abogada de Udefegua.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

La Udefegua tiene un registro m\u00e1s actualizado y puntual de la situaci\u00f3n en Guatemala. De los 1,055 casos de agresi\u00f3n a defensoras y defensores de Derechos Humanos identificados el a\u00f1o pasado, 244 corresponden a agresiones contra defensores y defensoras del territorio, ambientalistas, campesinos y campesinas y organizaciones de desarrollo que se dedican tambi\u00e9n a defensa del territorio y recursos naturales.<\/p>\n\n\n\n

La directora de Udefegua se\u00f1ala que los niveles de impunidad prevalecen a pesar de que existe una institucionalidad creada y supuestamente fortalecida. Las amenazas, por ejemplo, suelen archivarse. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cLa situaci\u00f3n es grave. Pasamos de las amenazas a la criminalizaci\u00f3n. Muchas de las denuncias que recibimos son por acciones judiciales infundadas, en el caso de las y los defensores de la tierra, la mayor\u00eda de denunciantes son las empresas que operan en esas regiones. Entonces, nos encontramos no solo con la fuerza del Ministerio P\u00fablico, sino con la fuerza de querellantes adhesivos que buscan intereses de las propias empresas\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La defensora del territorio de Totonicap\u00e1n, Andrea Ixchi\u00fa, percibe el Acuerdo de Escaz\u00fa como un instrumento legal necesario, pero matiz\u00f3 que existe una asignatura pendiente en el tratamiento de las comunidades y organizaciones ind\u00edgenas. <\/p>\n\n\n\n

Ixchi\u00fa est\u00e1 a favor de toda la legislaci\u00f3n que endurezca las normas contra las empresas de la industria extractiva, pero es cr\u00edtica de que el Acuerdo de Escaz\u00fa no tom\u00f3 en cuenta que existen otras formas de administrar los territorios, pues muchos de estos son gestionados por organizaciones o pueblos ind\u00edgenas. <\/p>\n\n\n\n

\u201cM\u00e1s all\u00e1 del reconocimiento de defensor est\u00e1 el reconocimiento del derecho de las poblaciones ind\u00edgenas en la administraci\u00f3n de sus territorios. Ese es parte de los pendientes porque hemos notado que los Estados criminalizan a autoridades ind\u00edgenas que hacen uso de su defensa del territorio para evitar el ingreso de proyectos extractivos promovidos por el Estado y es donde la legislaci\u00f3n ambiental nos juega en contra\u201d, afirma la activista.  <\/p>\n\n\n\n

La defensora reclama: \u201cEstamos gobernados por gente c\u00ednica y con mirada colonial extractivista que ve en los r\u00edos su tanque de agua para la finca, que ve en un bosque un mont\u00f3n de madera sin talar. No necesariamente est\u00e1n pensando en herramientas legales que garanticen la vida para el futuro. Distintos gobiernos han ratificado convenios en distintas materias, pero no les dan insumos ni dientes para actuar\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Belice quiere apoyo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El vecino de Guatemala, Belice, tambi\u00e9n firm\u00f3 el Acuerdo. . Esta naci\u00f3n sign\u00f3 el tratado multilateral el pasado 24 de septiembre y no ha tenido participaci\u00f3n activa en las reuniones con los dem\u00e1s pa\u00edses firmantes del convenio. En las actas no queda registro de alguna intervenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Agencia Ocote<\/strong> consult\u00f3 en el Ministerio de Ambiente sobre el proceso que requiere la ratificaci\u00f3n del acuerdo en aquel pa\u00eds. En respuesta, Vanessa Figueroa, coordinadora pol\u00edtica de la entidad explic\u00f3: \u201cel proceso para ratificar requiere de numerosos pasos como la realizaci\u00f3n de una serie de consultas y sensibilizaci\u00f3n de las partes interesadas. Despu\u00e9s de crear conciencia y desarrollar la capacidad de las partes interesadas, ser\u00e1 necesario desarrollar un documento de gabinete para obtener la aprobaci\u00f3n de la revisi\u00f3n y redacci\u00f3n legislativa para incorporar el acuerdo de Escaz\u00fa en nuestra ley nacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La funcionaria asegur\u00f3 que, hasta el momento, Belice no ha iniciado el proceso de consulta. \u201cApenas la semana pasada, representantes del gobierno se reunieron con gente de la CELAC de la Secretar\u00eda de Escaz\u00fa para discutir c\u00f3mo podemos obtener apoyo para el proceso de ratificaci\u00f3n\u201d, destac\u00f3 Figueroa.  <\/p>\n\n\n\n

En tanto, ya que no fue posible ratificar el acuerdo antes de que entre en vigencia, Belice est\u00e1 interesado en participar como observador de la Conferencia de las Partes. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

*Este reportaje hace parte de Tierra de Resistentes, proyecto coordinado por Consejo de Redacci\u00f3n en alianza con la organizaci\u00f3n colombiana Ambiente & Sociedad y financiado por Rainforest Foundation Norway.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A pesar de que en septiembre de 2018 el exministro de Ambiente sign\u00f3 el tratado multilateral en la sede de las Naciones Unidas, el actual gobierno mantiene estancado el proceso para ratificarlo. Hasta ahora, dos a\u00f1os y medio despu\u00e9s de la firma, el Ministerio de Relaciones Exteriores espera la opini\u00f3n de cuatro entidades m\u00e1s para […]<\/p>\n","protected":false},"author":141,"featured_media":5793,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[429],"tags":[350,413,412,385,410],"coauthors":[414],"class_list":{"0":"post-5791","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-guatemala-escazu","8":"tag-acuerdo-de-escazu","9":"tag-belice","10":"tag-burocracia","11":"tag-escazu","12":"tag-guatemala"},"acf":[],"yoast_head":"\nUn laberinto burocr\u00e1tico<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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