{"id":1551,"date":"2020-04-22T03:31:00","date_gmt":"2020-04-22T03:31:00","guid":{"rendered":"http:\/\/tierra.jerrejerre.com\/es\/?p=1551"},"modified":"2024-09-09T21:47:01","modified_gmt":"2024-09-09T21:47:01","slug":"soldados-avisados-cayeron-en-las-guerras-ambientales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tierraderesistentes.com\/es\/2020\/04\/22\/soldados-avisados-cayeron-en-las-guerras-ambientales\/","title":{"rendered":"Soldados avisados cayeron en las guerras ambientales"},"content":{"rendered":"\n

En uno de cada dos episodios de violencia contra defensores de bosques, aguas y tierras en Am\u00e9rica Latina, \u00e9stos hab\u00edan previamente denunciado su riesgo a autoridades, que sin embargo no actuaron a tiempo. Ni siquiera cuando la Corte y la Comisi\u00f3n Interamericanas de Derechos Humanos urgieron a los gobiernos protegerlos, insistieron y les enviaron reprimendas. A\u00fan as\u00ed, muchos advertidos de los riesgos, en el \u00faltimo a\u00f1o, diez pa\u00edses latinoamericanos perdieron a 49 l\u00edderes ambientalistas y hoy, permiten que la intimidaci\u00f3n siga.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El 25 de febrero\nde 2019, Jos\u00e9 Salom\u00f3n Matute, de 73 a\u00f1os, y su hijo Juan Samael, de 29 a\u00f1os, salieron<\/a> temprano de su comunidad de San\nFrancisco de Locomapa, en el norte de Honduras, para trabajar en su cultivo de\nfr\u00edjoles. Dos desconocidos los abordaron en el camino y les dispararon. Murieron\nese mismo d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Ambos eran ind\u00edgenas tolupanes y llevaban seis a\u00f1os luchando por proteger los bosques de Yoro de actores criminales que codiciaban su madera y sus tierras. Otros tres tolupanes de Locomapa hab\u00edan sido asesinados en agosto de 2013. La comunidad tolup\u00e1n forma parte del colectivo Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cuyos miembros, por su oposici\u00f3n a esos intereses delincuenciales, han venido siendo v\u00edctimas de m\u00faltiples amenazas y hostigamientos.<\/p>\n\n\n\n

Esa persecuci\u00f3n constante llev\u00f3 a que, en diciembre de 2013, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instara<\/a> al Estado hondure\u00f1o adoptar medidas urgentes para \u201cpreservar la vida y la integridad personal\u201d de 38 tolupanes integrantes del MADJ, como cuenta el reportaje<\/a> de Vienna Herrera<\/a> <\/a>en Tierra de Resistentes<\/em>, una investigaci\u00f3n period\u00edstica colaborativa liderada por Consejo de Redacci\u00f3n, el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP) y 19 medios de diez pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Entre esos\nl\u00edderes ind\u00edgenas amenazados estaba<\/a> Salom\u00f3n Matute.<\/p>\n\n\n\n

Los hechos posteriores demostraron, sin embargo, que poco de lo recomendado por la CIDH en esas medidas cautelares se hab\u00eda cumplido.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cLa Comisi\u00f3n no cuenta con informaci\u00f3n concreta que indique que, al momento que se perpetu\u00f3 el asesinato, Salom\u00f3n Matute contara con medidas implementadas por el Estado para su protecci\u00f3n\u201d, fue una de las conclusiones<\/a> m\u00e1s duras del organismo que, junto con la Corte, conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA).<\/p>\n\n\n\n

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LOS IND\u00cdGENAS TOLUPANES DE SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA, EN HONDURAS, SON UNA DE LAS COMUNIDADES QUE PESE A TENER MEDIDAS CAUTELARES DE LA OEA SIGUEN SIENDO ATACADOS. FOTO: MART\u00cdN C\u00c1LIX.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En esa misma reprensi\u00f3n p\u00fablica, que se dio una semana despu\u00e9s del asesinato de los Matute, la CIDH enumer\u00f3 varias de las fallas de Honduras a la hora de proteger a los tolupanes. Inform\u00f3 que hab\u00eda solicitado en 2017 a la Direcci\u00f3n General del Sistema de Protecci\u00f3n hondure\u00f1o que garantizara medidas de protecci\u00f3n a los l\u00edderes, y seis meses despu\u00e9s a\u00fan no se hab\u00edan materializado. A\u00f1adi\u00f3 que no hab\u00eda avances, a pesar de que en 2018, la Comisi\u00f3n hab\u00eda insistido en la urgencia del caso dos veces, durante sus periodos de sesiones en Bogot\u00e1 y en Boulder.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTras el\notorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una\nsituaci\u00f3n de riesgo, existe un deber especial de protecci\u00f3n por parte del\nEstado\u201d, advirti\u00f3<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u00abTras el otorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una situaci\u00f3n de riesgo, existe un deber especial de protecci\u00f3n por parte del Estado\u00bb<\/p>CIDH al Estado de Honduras<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Lo que sucedi\u00f3 con los Matute no es una excepci\u00f3n. M\u00e1s bien, ocurre a menudo. La base de datos levantada por el proyecto Tierra de Resistentes<\/em><\/a> \u2013que document\u00f3 2.370 episodios de violencia en diez pa\u00edses en a lo largo de la \u00faltima d\u00e9cada- demuestra que esos gobiernos latinoamericanos no han conseguido proteger adecuadamente a sus defensores ambientales, a\u00fan en casos cuando, con antelaci\u00f3n, se hab\u00edan elevado alertas sobre el riesgo que corr\u00edan a instancias internacionales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Son tragedias\nanunciadas que no cesan. Los Estados con frecuencia est\u00e1n advertidos del\npeligro, incluso por el Sistema Interamericano, la m\u00e1s alta instancia de\nprotecci\u00f3n de los derechos humanos en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De nada valieron las advertencias<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Las investigaciones de Tierra de Resistentes<\/em> en diez pa\u00edses de la regi\u00f3n<\/a> encontraron que defender las selvas, monta\u00f1as, bosques y r\u00edos de Am\u00e9rica Latina es una actividad peligrosa.<\/p>\n\n\n\n

Seis de ellos figuran en el deshonroso \u2018top 10\u2019 de pa\u00edses m\u00e1s hostiles para l\u00edderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales, que incluy\u00f3 Michel Forst -el saliente Relator Especial sobre defensores de derechos humanos- en el informe que present\u00f3 a Naciones Unidas sobre el tema ambiental en 2016 (ver entrevista con Michel Forst<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

Aunque las estad\u00edsticas son escabrosas, los episodios de violencia o su gravedad podr\u00edan ser menos numerosos si los Estados tomaran en cuenta las advertencias<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, no las est\u00e1n acogiendo con la suficiente consistencia. En nuestra investigaci\u00f3n encontramos 2.136 casos de violencia contra l\u00edderes y 234 casos contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente o el territorio. En al menos 1.327 de esos casos (o 56% del total que logramos documentar), las propias v\u00edctimas, las comunidades a las que pertenecen o las organizaciones que trabajan con ellos, hicieron denuncias de los ataques ante las autoridades. Sus denuncias han debido prender las alarmas del Estado sobre el riesgo que corr\u00edan y el apremio por protegerlos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

V\u00edctimas, comunidades y sus organizaciones presentaron sus casos ante instituciones nacionales como fiscal\u00edas de derechos humanos, defensor\u00edas del pueblo o la fuerza p\u00fablica, pero tambi\u00e9n ante organismos internacionales como la Comisi\u00f3n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.<\/p>\n\n\n\n

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En 1.327 de esos casos (o 56% del total que documentamos), las v\u00edctimas, sus comunidades u organizaciones aliadas hab\u00edan hecho denuncias ante las autoridades anteriormente. Foto: C\u00e9sar Rojas.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Tr\u00e1gicamente, a pesar de que la sabidur\u00eda popular dice que soldado advertido no deber\u00eda morir en guerra, la violencia ha continuado o inclusive ha arreciado<\/strong>. En cinco pa\u00edses \u2013Brasil, Colombia, Honduras, M\u00e9xico y Venezuela\u2013 hallamos casos que revelan que los Estados no est\u00e1n haciendo lo suficiente por proteger a estos ciudadanos, cuyo \u00fanico crimen es velar por el patrimonio natural y la propiedad colectiva de la tierra en sus pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Ponerle rostro a esa informaci\u00f3n, surgida de nuestra base de datos, permite comprobar que ni la intervenci\u00f3n de las instancias m\u00e1s altas de derechos humanos de la regi\u00f3n ha logrado llevar a los Estados a prevenir algunos desenlaces fat\u00eddicos. Apenas en el \u00faltimo a\u00f1o, 49 defensores ambientales y de tierras han sido asesinados en la decena de pa\u00edses que analizamos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n muestra que -aunque la CIDH no los suele clasificar como defensores ambientales, sino de derechos humanos- son justamente el grupo de l\u00edderes c\u00edvicos que busca proteger el nuevo Acuerdo de Escaz\u00fa negociado por los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe en el marco del sistema de Naciones Unidas. Este innovador tratado regional sobre cuestiones ambientales, que hasta marzo han firmado<\/a> 22 pa\u00edses y est\u00e1 a solo tres ratificaciones de entrar en vigor, los obligar\u00eda a tomar medidas m\u00e1s robustas para cuidarlos.<\/p>\n\n\n\n

Tres a\u00f1os gritando auxilio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En algunos casos, la\nviolencia ocurri\u00f3 contra l\u00edderes que ten\u00edan medidas cautelares de la Comisi\u00f3n\nInteramericana, pero, a\u00fan as\u00ed, segu\u00edan pidiendo ayuda por las constantes\namenazas.<\/p>\n\n\n\n

Es el caso de Juan Ontiveros Ramos, un ind\u00edgena rar\u00e1muri de la Sierra Tarahumara en el norte de M\u00e9xico, quien fue asesinado en 2017. El 31 de enero de ese a\u00f1o, hombres armados lo golpearon y se lo llevaron de su casa en la comunidad de Chor\u00e9achi. Un d\u00eda despu\u00e9s, apareci\u00f3 su cuerpo.<\/p>\n\n\n\n

Dos semanas antes, un\ndesconocido hab\u00eda asesinado a Isidro Baldenegro, otro conocido l\u00edder rar\u00e1muri\nque hab\u00eda liderado varias caravanas ind\u00edgenas para exigir a las autoridades que\ndetuvieran la tala ilegal de \u00e1rboles en su comunidad de Coloradas de la Virgen.\nHab\u00eda ganado el Premio Goldman, el m\u00e1s prestigioso\npara defensores ambientales en el mundo, en 2005.<\/p>\n\n\n\n

Ambos eran reconocidos l\u00edderes de los rar\u00e1muri, que -junto a los \u00f3dami- protegen una de las zonas boscosas m\u00e1s valiosas de M\u00e9xico. Desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada vienen enfrentando, solos, al narcotr\u00e1fico, a comerciantes de madera ilegal y a jefes pol\u00edticos locales, ante la indiferencia gubernamental, como contaron Thelma G\u00f3mez Dur\u00e1n<\/a> y Patricia Mayorga<\/a> en su investigaci\u00f3n sobre la Sierra Tarahumara<\/a> publicada en la primera parte de Tierra de Resistentes<\/em><\/a>,<\/em> publicada en 2019.<\/p>\n\n\n\n

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Los ind\u00edgenas rar\u00e1muri de la Sierra Tarahumara en M\u00e9xico han sufrido m\u00faltiples asesinatos y ataques pese a haber llevado su caso desde 2014 a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, que determin\u00f3 en 2017 que el pa\u00eds no hab\u00eda hecho lo suficiente por protegerlos. Foto: Ginnette Riquelme.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ontiveros hab\u00eda estado reunido<\/a> con funcionarios de\nla Unidad de Derechos Humanos de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n del Gobierno\nFederal mexicano y con personal de la Alianza Sierra Madre y el Centro de\nDerechos Humanos de las Mujeres, dos organizaciones que apoyan a su comunidad,\ndiez d\u00edas antes de que lo mataran. En esa reuni\u00f3n discutieron la precaria\nsituaci\u00f3n de seguridad en la zona, justo despu\u00e9s de la muerte de Baldenegro.<\/p>\n\n\n\n

La comunidad\nind\u00edgena de la Sierra Tarahumara hab\u00eda llevado su caso<\/a> a la CIDH desde febrero de\n2014, meses despu\u00e9s de que fueran asesinados \u2014en episodios separados\u2014 Jaime\nZubias Ceballos y Socorro Ayala Ramos. Ocho meses m\u00e1s tarde, en octubre de\n2014, la CIDH solicit\u00f3<\/a> al Estado mexicano que protegiera a\nPrudencio Ramos y \u00c1ngela Ayala, dos personas de la comunidad de Chor\u00e9achi que\nhab\u00edan recibido amenazas.<\/p>\n\n\n\n

Ontiveros hab\u00eda presentado personalmente su testimonio en video a la CIDH en una reuni\u00f3n de implementaci\u00f3n de medidas cautelares en octubre de 2015<\/strong>, seg\u00fan denunci\u00f3<\/a> la Red TDT que re\u00fane a las organizaciones mexicanas de derechos humanos. Finalmente, el 28 de octubre de 2016 la CIDH extendi\u00f3 esas medidas colectivas a toda la comunidad.<\/p>\n\n\n\n

Michel Forst, el\nrelator especial de la ONU que acababa de realizar una visita de inspecci\u00f3n<\/a> a M\u00e9xico, lanz\u00f3 una\nadvertencia \u2013cuando ya hab\u00eda sido asesinado a Baldenegro, pero a\u00fan no Ontiveros\u2013\nsobre la vulnerabilidad de ese pueblo ind\u00edgena y \u201clos riesgos originados por el\ncrimen organizado y la falta de protecci\u00f3n por parte de las autoridades\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLlamo a las\nautoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen\ndebidamente todos los delitos contra los defensores de los derechos de los\npueblos de la Sierra Tarahumara\u201d, dijo Forst p\u00fablicamente.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, Ontiveros\nfue asesinado.<\/p>\n\n\n\n

La conclusi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana es que M\u00e9xico no protegi\u00f3 a los rar\u00e1muri. \u201cSi bien el Estado mexicano ha respondido formalmente a las medidas cautelares y reiterado su disposici\u00f3n de dar cumplimiento a las mismas, la informaci\u00f3n (\u2026) refleja que pese al tiempo transcurrido, no se han adoptado medidas adecuadas y efectivas para atender la situaci\u00f3n de seguridad de la comunidad<\/strong>\u201d, dijo<\/a> en febrero de 2017.<\/p>\n\n\n\n

La Corte Interamericana\nexpidi\u00f3<\/a> a fines de marzo\nmedidas provisionales para la comunidad de Chor\u00e9achi, elevando el nivel de\nurgencia del caso y obligando legalmente al Estado mexicano a protegerlos. \u201cEl\nEstado de M\u00e9xico debe continuar implementando las medidas de protecci\u00f3n que ya\nfueron dispuestas\u201d, advirti\u00f3<\/a>, conmin\u00e1ndolo a presentar un informe\nsobre los avances a m\u00e1s tardar en abril de ese a\u00f1o y a seguir report\u00e1ndole a la\nCorte cada tres meses.<\/p>\n\n\n\n

El Gobierno adujo<\/a> en un inicio que se le \u201cdificulta la implementaci\u00f3n de la [\u2026] medida cautelar\u201d dado que la CIDH no hab\u00eda individualizado qui\u00e9nes eran las personas que estaban en riesgo y que eran muchas<\/strong>. La Corte, sin embargo, respondi\u00f3<\/a> que \u2013aunque la Comisi\u00f3n usualmente hac\u00eda listas\u2013 en ocasiones se refer\u00eda a un grupo, que en todo caso deber\u00eda ser f\u00e1cil de identificar. <\/p>\n\n\n\n

Al final, lo\n\u00fanico que se ha implementado en la comunidad de Chor\u00e9achi es que recibe visitas\nperi\u00f3dicas del Ministerio P\u00fablico. Por fortuna, no ha tenido ataques desde el\nasesinato de Ontiveros.<\/p>\n\n\n\n

Un doble asesinato pese a cuatro alertas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Los dirigentes campesinos Jos\u00e9 \u00c1ngel Flores y Silmer Dionisio George fueron asesinados el 18 de octubre de 2016 en el norte de Honduras. Hab\u00eda al menos cuatro alertas internacionales sobre el riesgo que corr\u00edan<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Flores, el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Agu\u00e1n\n(MUCA) que hab\u00eda denunciado ser v\u00edctima de un atentado en abril de 2015, se encontraba en la sede de la cooperativa\ncampesina La Confianza, en el pueblo de Tocoa, cuando un grupo de encapuchados\nle dispararon. George, otro integrante del mismo colectivo a su lado, result\u00f3\ngravemente herido y muri\u00f3 horas despu\u00e9s en el hospital. Ambos sal\u00edan de una\nreuni\u00f3n de las Empresas Asociativas del Asentamiento La Confianza con otros 40\ncampesinos.<\/p>\n\n\n\n

Los dos\nl\u00edderes estaban cobijados por medidas cautelares de la CIDH que el 8 de mayo de\n2014 hab\u00eda conminado<\/a> al Estado hondure\u00f1o proteger a\nlos miembros de cuatro organizaciones campesinas \u2013entre ellas el MUCA- que\nven\u00edan denunciando decenas de asesinatos, secuestros y amenazas por parte de\ngrupos paramilitares en las f\u00e9rtiles tierras en torno al r\u00edo Agu\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

En parte, esa violencia est\u00e1 ligada, seg\u00fan vienen denunciando<\/a> organizaciones civiles como Human Rights Watch, a presiones para forzar la venta de propiedades colectivas de reforma agraria que originalmente hab\u00edan sido adjudicadas a 84 cooperativas<\/strong>. Este acoso comenz\u00f3 despu\u00e9s de otra reforma legal en 1992 que permiti\u00f3 concentrar la tierra y que atrajo a empresarios de palma africana<\/span>. Solo el MUCA denuncia 17 asesinatos ocurridos entre 2010 y 2013. Adem\u00e1s del conflicto por la tierra y por compraventas irregulares, esas organizaciones campesinas vienen denunciando que la miner\u00eda de \u00f3xido de hierro en cercan\u00edas del Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras podr\u00eda contaminar el agua que usan para cultivar.<\/p>\n\n\n\n

En diciembre de 2012, la entonces relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, advirti\u00f3 en su informe<\/a> al Consejo de Derechos Humanos, tras visitar el pa\u00eds, pero no poder viajar a la zona por la inseguridad, que le preocupaba \u201cprofundamente la situaci\u00f3n de violencia e impunidad que impera en el Bajo Agu\u00e1n y el despliegue de fuerzas militares en la zona\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios expres\u00f3<\/a> su temor, tras una visita al pa\u00eds, por \u201cel involucramiento en violaciones de los derechos humanos de compa\u00f1\u00edas de seguridad privadas<\/span> contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLa CIDH considera de suma gravedad que el Estado de Honduras no haya adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de estas personas\u00bb<\/p>Pronunciamiento de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos CIDH <\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Tras el asesinato de Flores y de George, en octubre de 2016, la Comisi\u00f3n Interamericana reprendi\u00f3 duramente al Gobierno hondure\u00f1o. \u201cLa CIDH considera de suma gravedad que el Estado de Honduras no haya adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de estas personas [y] expresa su consternaci\u00f3n y preocupaci\u00f3n debido a que, tras haber celebrado tres reuniones de trabajo en la CIDH, no se est\u00e9n implementando medidas id\u00f3neas y efectivas para proteger a los beneficiarios de las medidas cautelares\u201d, dijo<\/a>, subrayando que el 21 de octubre de 2015 ya le hab\u00eda llamado la atenci\u00f3n sobre esas falencias.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Luego, el 6 de diciembre de 2016, la CIDH reiter\u00f3 la urgencia de que Honduras cumpla con las medidas cautelares para el MUCA y las ampli\u00f3<\/a> para cobijar a otros 14 integrantes del colectivo, a las familias de los dos dirigentes asesinados, a sus abogados y a cinco testigos presenciales de los hechos<\/strong>. En ese documento, volvi\u00f3 a hacer \u00e9nfasis en que \u201clos asesinatos ocurrieron sin que ambas personas contaran con mecanismos id\u00f3neos de protecci\u00f3n\u201d y que \u201cel patr\u00f3n de violencia (\u2026) a\u00fan continuara activo y afectando la situaci\u00f3n de seguridad de los beneficiarios\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ni a la CIDH le dan tregua los violentos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La persecuci\u00f3n\nno solamente contin\u00faa contra muchos l\u00edderes y comunidades que han buscado apoyo\nde la CIDH, sino que la propia Comisi\u00f3n Interamericana ha sido objeto de\nataques. <\/p>\n\n\n\n

El 8 de noviembre de 2018, un equipo de la CIDH fue intimidado por un grupo de productores de soja mientras visitaba<\/a> la aldea de A\u00e7aizal, en el altiplano cercano a la ciudad de Santar\u00e9m en el estado amaz\u00f3nico de Par\u00e1, en la Amazonia brasilera<\/strong>. Hab\u00eda viajado para reunirse con representantes de la comunidad ind\u00edgena munduruku que ven\u00edan denunciando ataques en su contra por defender su territorio ancestral. La comitiva la lideraba uno de los propios comisionados, el ex ministro de justicia peruano Francisco Eguiguren.<\/p>\n\n\n\n

Un grupo de sojeros <\/span>intent\u00f3 varias veces sabotear, \u201cde manera intimidatoria y amenazadora\u201d en palabras<\/a> de la Comisi\u00f3n, ese espacio concebido para hablar con los ind\u00edgenas. A pesar de contar con protecci\u00f3n policial, la comitiva fue seguida hasta la comunidad ind\u00edgena por dos camionetas. Una vez all\u00ed, sus ocupantes insistieron en participar en la reuni\u00f3n<\/strong>, pronunciando discursos racistas y violentos contra los asistentes y anotando las matr\u00edculas de los veh\u00edculos que los hab\u00edan transportado, seg\u00fan denunci\u00f3<\/a> el Comit\u00e9 Brasileiro de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH). Abandonaron el lugar solamente cuando intercedi\u00f3 la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

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En 2018, un equipo de la CIDH fue intimidado por productores de soja mientras visitaba la aldea ind\u00edgena munduruku de A\u00e7aizal, en la Amazonia brasilera, que hab\u00eda denunciado ataques por defender su territorio ancestral. Foto: CIDH.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Al final, los funcionarios de la Comisi\u00f3n lograron conversar con los munduruku, sin presencia de sus opositores<\/strong>. Con ellos estuvieron tambi\u00e9n representantes de la Comisi\u00f3n Pastoral de la Terra (CPT) y del Consejo Indigenista Misionario (Cimi), dos instituciones ligadas a la Iglesia Cat\u00f3lica que llevan cuatro d\u00e9cadas documentando la violencia contra comunidades rurales y acompa\u00f1ando a comunidades ind\u00edgenas, respectivamente, en Brasil. Ambas registraron<\/a> la tentativa de saboteo de los sojeros.<\/p>\n\n\n\n

En todo caso, los visitantes dejaron constancia del ataque en varios documentos p\u00fablicos. \u201cLa CIDH quiere registrar p\u00fablicamente que no s\u00f3lo recibi\u00f3 denuncias sobre estas pr\u00e1cticas, sino que fue objeto directo de hostigamientos en la localidad\u201d, inform\u00f3<\/a> en un comunicado al finalizar su visita.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa CIDH quiere registrar p\u00fablicamente que no s\u00f3lo recibi\u00f3 denuncias sobre estas pr\u00e1cticas, sino que fue objeto directo de hostigamientos en la localidad\u201d<\/p>Comunicado de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos CIDH luego de una visita al Brasil<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

A\u00e7aizal, dentro del Territorio Ind\u00edgena Munduruku do Planalto Santareno, era de inter\u00e9s para la Comisi\u00f3n porque buscaba documentar<\/a> los conflictos originados en la ausencia de una demarcaci\u00f3n clara de los territorios ind\u00edgenas y afrodescendientes tradicionales, por parte del gobierno federal brasilero<\/span>. Tambi\u00e9n quer\u00eda encontrar evidencias de los riesgos a los que se exponen los l\u00edderes que, como los A\u00e7aizal y aldeas vecinas, reclaman l\u00edmites claros para sus tierras colectivas. <\/p>\n\n\n\n

\u201cDiversas tierras no demarcadas (\u2026) ser\u00edan afectadas por el ingreso de invasores para la extracci\u00f3n de recursos naturales, y ser\u00eda muy com\u00fan la presencia de poseedores y supuestos propietarios no ind\u00edgenas, frecuentemente violentos e intimidantes\u201d, dijo<\/a> la CIDH en su informe \u2018Pueblos ind\u00edgenas y tribales en la Panamazon\u00eda\u2019 de 2019. En ese mismo documento, los comisionados hicieron \u00e9nfasis<\/a> en que hab\u00edan sido testigos de \u201cla situaci\u00f3n de conflicto y violencia promovida por sectores ligados a los agro-negocios, quienes hist\u00f3ricamente han practicado la apropiaci\u00f3n y saqueo de tierras y territorios de pueblos tradicionales<\/strong>, originarios, y de los pueblos del campo del oeste de Par\u00e1 en general\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esa expansi\u00f3n de la frontera agropecuaria en la Amazonia brasilera conlleva otro riesgo para los ind\u00edgenas, que la CIDH tambi\u00e9n document\u00f3 en esa visita: el aumento en el uso de pesticidas. \u201cLos pueblos ind\u00edgenas de A\u00e7aizal (\u2026) estar\u00edan siendo afectados por la contaminaci\u00f3n de r\u00edos, capas fre\u00e1ticas y acu\u00edferos subterr\u00e1neos por el uso indiscriminado de agrot\u00f3xicos y otros componentes qu\u00edmicos\u201d, escribi\u00f3<\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En ese mismo\nviaje de la CIDH a Brasil sucedi\u00f3 otro episodio violento. Un d\u00eda antes del\nsaboteo en A\u00e7aizal, otro equipo de la Comisi\u00f3n \u2013liderado por la comisionada\nchilena Antonia Urrejola, que tambi\u00e9n es la relatora sobre derechos de pueblos\nind\u00edgenas\u2013 enfrent\u00f3 una situaci\u00f3n similar en una aldea cerca de la frontera con\nParaguay.<\/p>\n\n\n\n

Varios l\u00edderes ind\u00edgenas del pueblo guarani-kaiow\u00e1 fueron atacados esa ma\u00f1ana por granjeros locales portando pistolas de balas de goma<\/span>, denunci\u00f3<\/a> el Consejo Indigenista Misionero (Cimi). Tras el tiroteo, en el que resultaron heridas tres personas, los agricultores cerraron el acceso a la v\u00eda y les impidieron a los representantes de los guarani-kaiow\u00e1 llegar a hablar con Urrejola y la CIDH en la Reserva Ind\u00edgena Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul. En su informe<\/a> p\u00fablico, la CIDH habla de un ind\u00edgena herido en ese episodio. Adem\u00e1s de esa agresi\u00f3n, los ind\u00edgenas denunciaron<\/a> que los granjeros derramaron una sustancia t\u00f3xica sobre varios ni\u00f1os y adultos, que les ocasion\u00f3 ataques de diarrea y v\u00f3mito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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La comunidad guarani-kaiow\u00e1 de la Reserva Ind\u00edgena de Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul, fue atacada por granjeros que llevaban pistolas de balas de goma el d\u00eda que se reun\u00edan con la CIDH. Foto: Consejo Indigenista Misionero (Cimi)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ese ataque es apenas un episodio de la dif\u00edcil situaci\u00f3n en la que se encuentran los 18 mil guarani-kaiow\u00e1 en su Reserva Ind\u00edgena de Dourados \u2013con 3.475 hect\u00e1reas-. Ellos constituyen la mayor poblaci\u00f3n ind\u00edgena de Brasil. Alrededor de la reserva, las tierras han sido ocupadas, apropiadas o acaparadas por terratenientes, y en la pr\u00e1ctica han confinado a los ind\u00edgenas dentro de un territorio insuficiente para vivir dignamente. Debido a esa sobrepoblaci\u00f3n, en los \u00faltimos a\u00f1os muchos ind\u00edgenas han ocupado \u00e1reas que consideran parte de su territorio ancestral y que les sol\u00edan pertenecer hace un siglo, antes de la creaci\u00f3n de la reserva, pero que hoy son formalmente de esos granjeros.<\/strong> Esos enfrentamientos por la tierra se han tornado violentos debido a que los rancheros han conformado milicias, bajo la apariencia de empresas de seguridad privada, para defender sus intereses.<\/p>\n\n\n\n

En palabras<\/a> de la Comisi\u00f3n, el pueblo\nguarani-kaiow\u00e1 de Dourados \u201csobrevive en un ambiente de violencia de milicias\narmadas, violaciones al derecho al territorio tradicional y denuncias recibidas\nde separaci\u00f3n de las madres y ni\u00f1os ind\u00edgenas\u201d, agravado por la falta de\ndemarcaci\u00f3n de tierras ancestrales por parte del gobierno brasilero. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, seg\u00fan las recomendaciones emitidas por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, Victoria Tauli-Corpuz, el Estado brasile\u00f1o sigue sin adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir y sancionar la violencia en contra de las comunidades ind\u00edgenas guarani-kaiow\u00e1<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

La confluencia de estos factores es el caldo de cultivo perfecto para que la violencia contra los ind\u00edgenas crezca. El estado de Mato Grosso do Sul tiene el n\u00famero m\u00e1s alto de asesinatos de l\u00edderes ind\u00edgenas en 2016 y, seg\u00fan ha observado<\/a> la CIDH, el gobierno nacional no ha atendido las medidas urgentes recomendadas por la relatora Tauli-Corpuz para proteger a los guarani-kaiow\u00e1. Entre octubre y noviembre de 2018, mes de la visita de la CIDH, el Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia Cat\u00f3lica (Cimi) document\u00f3<\/a> al menos cuatro ataques en Dourados, que dejaron 19 heridos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Posterior a la visita de Urrejola, la situaci\u00f3n empeor\u00f3. En julio de 2019, sucedi\u00f3 quiz\u00e1s el episodio m\u00e1s brutal hasta la fecha. Durante dos noches consecutivas, un grupo de granjeros atac\u00f3 la aldea de \u00d1u Vera, destruyendo chozas con un tractor modificado y disparando balas de goma contra los pobladores, seg\u00fan constat\u00f3<\/a> Cimi<\/strong>. Un joven ind\u00edgena de 14 a\u00f1os, Romildo Martins Ramires, result\u00f3 gravemente herido. Los invasores le dispararon 18 veces y lo arrojaron a una fogata. Los atacantes impidieron que los ind\u00edgenas lo socorrieran, seg\u00fan la denuncia<\/a> que presentaron ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica. Muri\u00f3 cinco d\u00edas despu\u00e9s en el hospital a ra\u00edz de las quemaduras.<\/p>\n\n\n\n

Al final, la\nCIDH mencion\u00f3 a las dos comunidades \u2013A\u00e7aizal y Dourados- como \u201csituaciones\nurgentes que exigen de las autoridades nacionales y de la sociedad en su\nconjunto la debida visibilidad, atenci\u00f3n y soluci\u00f3n urgente\u201d en el comunicado<\/a> p\u00fablico tras su visita.<\/p>\n\n\n\n

Ataques tras alertas en Honduras<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En este pa\u00eds con apenas 9 millones de habitantes, Tierra de Resistentes<\/em> document\u00f3 685 ataques en una d\u00e9cada<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Quiz\u00e1s el crimen contra un defensor ambiental m\u00e1s emblem\u00e1tico de toda Am\u00e9rica Latina, sucedi\u00f3 en este pa\u00eds, y fue el asesinato de la l\u00edder ind\u00edgena Berta C\u00e1ceres. <\/p>\n\n\n\n

Esta\nreconocida l\u00edder lenca, quien cofund\u00f3 y luego dirigi\u00f3 el Consejo C\u00edvico de\nOrganizaciones Populares e Ind\u00edgenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3\nde marzo de 2016 por desconocidos que entraron a su casa en La Esperanza, en el\nsuroccidente del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

C\u00e1ceres aparec\u00eda con frecuencia en los medios de comunicaci\u00f3n por su oposici\u00f3n al proyecto hidroel\u00e9ctrico de Agua Zarca<\/span>, en el noroccidente del pa\u00eds. Ella denunciaba que este proyecto pod\u00eda tener un impacto negativo sobre el r\u00edo Gualcarque, y adem\u00e1s, que no se hab\u00eda respetado el derecho a la consulta previa de las comunidades ind\u00edgenas afectadas en la zona. Por esa labor recibi\u00f3<\/a> en 2015 el Premio Ambiental Goldman, el mismo que hab\u00eda recibido diez a\u00f1os antes el tambi\u00e9n activista ambiental asesinado, el mexicano Isidro Baldenegro, que mencionamos arriba.<\/p>\n\n\n\n

A lo largo de a\u00f1os de defensa ambiental, C\u00e1ceres hab\u00eda denunciado una multitud de ataques contra ella y otros integrantes de Copinh<\/strong>. Incluso reiter\u00f3 sus quejas en una rueda de prensa una semana antes de su asesinato. Durante el a\u00f1o anterior a su asesinato, la CIDH lanz\u00f3 al menos cuatro advertencias al Estado hondure\u00f1o sobre el alto riesgo que corr\u00eda esta dirigente.<\/p>\n\n\n\n

El 21 de octubre de 2015, en una reuni\u00f3n en Washington, la Comisi\u00f3n llam\u00f3 la atenci\u00f3n<\/a> a los representantes del gobierno sobre las falencias en la protecci\u00f3n que le estaban dando. Mes y medio m\u00e1s tarde, el 8 de diciembre, envi\u00f3 una carta a Honduras solicitando reportes sobre dichas medidas de protecci\u00f3n. En su informe<\/a> \u2018Situaci\u00f3n de derechos humanos en Honduras\u2019 a finales de 2015, la CIDH volvi\u00f3 a alertar sobre los ataques contra C\u00e1ceres y advirti\u00f3 que estaba siguiendo de cerca un hostigamiento judicial en contra suyo. La l\u00edder contaba con medidas cautelares<\/a> de la CIDH desde el 29 de junio de 2009.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Doce d\u00edas\ndespu\u00e9s de la muerte de C\u00e1ceres, otro dirigente de Copinh fue asesinado en\ncircunstancias similares. Ese 15 de marzo de 2016, dos desconocidos mataron a\nNelson No\u00e9 Garc\u00eda, quien poco antes hab\u00eda estado acompa\u00f1ando a varias familias\nde la comunidad de R\u00edo Chiquito que hab\u00edan sido desalojadas por la fuerza\np\u00fablica. Garc\u00eda era uno de los beneficiarios de las medidas cautelares<\/a> otorgadas por la CIDH luego\ndel asesinato de C\u00e1ceres, para proteger a los familiares de la l\u00edder, su\nabogado y a los dirigentes de Copinh.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEste y otros asesinatos de personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisi\u00f3n ponen en tela de juicio la eficacia del Estado de Honduras para implementar dichas medidas, proteger a las personas beneficiarias y cumplir sus obligaciones internacionales\u201d, concluy\u00f3<\/a> la Comisi\u00f3n un mes despu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

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Honduras, donde Tierra de Resistentes document\u00f3 685 ataques en una d\u00e9cada, ha recibido m\u00faltiples advertencias de la CIDH de que no est\u00e1 cumpliendo con proteger a los l\u00edderes que reciben medidas cautelares por su nivel de riesgo. Foto: Mart\u00edn C\u00e1lix.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En noviembre de 2018, en medio de enorme presi\u00f3n internacional, un tribunal hondure\u00f1o conden\u00f3<\/a> a siete personas por el asesinato de C\u00e1ceres a penas de entre 30 y 50 a\u00f1os<\/strong>. Entre ellos estaban el gerente ambiental y el ex gerente de seguridad de la empresa Desarrollo Energ\u00e9ticos S.A. (Desa)<\/span>, a cargo de la hidroel\u00e9ctrica en el r\u00edo Gualcarque a la que ella se hab\u00eda opuesto. Una semana despu\u00e9s del juicio, la jurista jamaiquina Margarette May Macaulay \u2013ex juez de la Corte Americana y en ese momento presidenta de la CIDH- inst\u00f3<\/a> al Gobierno hondure\u00f1o en una audiencia p\u00fablica a cancelar la concesi\u00f3n de Desa. Un a\u00f1o despu\u00e9s, el proyecto se ha visto paralizado por la presi\u00f3n internacional y la falta de apoyo de bancos, pero la concesi\u00f3n sigue vigente.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEste crimen\nno hubiera sucedido si se hubiera garantizado la consulta previa a la comunidad\nlenca y si el Estado de Honduras hubiera cumplido con las medidas de protecci\u00f3n\notorgadas\u201d, dijo<\/a> Laura Z\u00fa\u00f1iga C\u00e1ceres, una de las hijas de\nBerta. <\/p>\n\n\n\n

Otro caso\nsimilar es el de la dirigente campesina Margarita Murillo, asesinada en el 27 de agosto de 2014 en\nel noroccidente del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Murillo, una l\u00edder social que presid\u00eda la Asociativa Campesina de Producci\u00f3n Las Ventanas y formaba parte del Foro Social del Valle de Sula en el departamento de Cort\u00e9s, fue asesinada<\/a> por hombres encapuchados que le dispararon cuatro veces mientras sembraba. En ese momento trabajaba en una parcela en la comunidad de El Plan\u00f3n, en el municipio de Villanueva, que hab\u00eda sido recuperada por su cooperativa hac\u00eda siete a\u00f1os. Adem\u00e1s, estaban en proceso de legalizarla. Exactamente un mes antes, el 26 de julio, denunci\u00f3 que su hijo de 23 a\u00f1os hab\u00eda sido secuestrado en su casa en la comunidad de Mara\u00f1\u00f3n, al parecer por un grupo de militares<\/span>.<\/p>\n\n\n\n

En 2009, la Comisi\u00f3n Interamericana lanz\u00f3 una primera alerta sobre el riesgo que enfrentaba Murillo. En su informe \u2018Honduras: derechos humanos y golpe de Estado\u2019, publicado tras el golpe que derroc\u00f3 al gobierno del presidente Manuel Zelaya, la incluy\u00f3<\/a> en una lista de nueve l\u00edderes sociales y pol\u00edticos que hab\u00edan sido \u201camenazados con \u00f3rdenes de captura, perseguidos, golpeados y detenidos ilegalmente por las fuerzas de seguridad\u201d<\/strong>. Ese riesgo probablemente estaba ligado a su actividad pol\u00edtica, como coordinadora del Frente Nacional de Resistencia Popular, que surgi\u00f3 en ese momento para defender a Zelaya, en el noroccidente del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Los motivos detr\u00e1s del asesinato de Murillo son quiz\u00e1s m\u00e1s dif\u00edciles de esclarecer, dada su doble condici\u00f3n de l\u00edder agraria y pol\u00edtica. En 2013, hab\u00eda sido incluso candidata a diputada del Congreso nacional con el Partido Libre con el que Zelaya busc\u00f3 volver al poder. De ah\u00ed que, tras su asesinato, la CIDH inst\u00f3<\/a> al Estado hundure\u00f1o a \u201cabrir l\u00edneas de investigaci\u00f3n que tengan en cuenta si el asesinato de la se\u00f1ora Murillo fue cometido por su labor de defensa de los derechos humanos\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En todo caso, el\nSistema Interamericano viene advirtiendo a Honduras desde hace m\u00e1s de una\nd\u00e9cada que sus medidas para proteger a l\u00edderes amenazados son insuficientes.<\/p>\n\n\n\n

En 2009, la Corte Interamericana fall\u00f3 en contra<\/a> del pa\u00eds, a ra\u00edz de la impunidad en torno al asesinato en 1995 de Blanca Jeannette Kawas, quien se hab\u00eda opuesto a la explotaci\u00f3n ilegal de madera<\/strong> en los bosques de mangle de la pen\u00ednsula de Punta Sal (hoy protegidos como parque nacional con el nombre de la l\u00edder ambiental).<\/p>\n\n\n\n

Sobre ese mismo caso,\nla Comisi\u00f3n advirti\u00f3<\/a> que \u201clos efectos\ncausados por la impunidad del caso y la falta de adopci\u00f3n de medidas que eviten\nla repetici\u00f3n de los hechos ha alimentado un contexto de impunidad de los actos\nde violencia cometidos en contra de las defensoras y defensores de derechos\nhumanos y del medio ambiente y los recursos naturales en Honduras\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico y Colombia tambi\u00e9n cayeron<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Tierra de Resistentes<\/em> muestra que ese panorama, tristemente,\nes similar en otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y que beneficiarios de medidas\ncautelares de la CIDH, no son los suficientemente protegidos.  <\/p>\n\n\n\n

El 12 de enero de 2015, hombres encapuchados y armados llegaron a la casa de Juli\u00e1n Gonz\u00e1lez Dom\u00ednguez, l\u00edder de la comunidad ind\u00edgena triqui en el sur de M\u00e9xico, y se lo llevaron a la fuerza. Horas despu\u00e9s, su cuerpo sin vida fue encontrado<\/a> con las manos esposadas en la espalda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gonz\u00e1lez era l\u00edder de la comunidad de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, que se vio obligada a desplazarse tras repetidos ataques violentos por parte de un grupo armado, cuyas incursiones dejaron al menos 25 personas muertas y 17 heridas<\/strong>. Los desconocidos lo buscaron en Juxtlahuaca, un pueblo a 235 kil\u00f3metros de distancia. Meses antes hab\u00eda denunciado amenazas por su lucha de defensa del territorio triqui, en donde existe un conflicto agrario desde hace d\u00e9cadas y por cuya autonom\u00eda hab\u00edan abogado.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9l era uno de los 135\nind\u00edgenas triqui de la comunidad de San Juan Copala a\nquienes la CIDH\notorg\u00f3 medidas cautelares el 7 de octubre de 2010, por el riesgo que corr\u00edan\ntras el desplazamiento. Otro l\u00edder cobijado por esas mismas medidas, el ex\nalcalde Antonio Jacinto L\u00f3pez Mart\u00ednez, hab\u00eda sido asesinado<\/a> el 17 de octubre de\n2011 en una calle del pueblo de Tlaxiaco.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la falta del cabal cumplimiento de las medidas cautelares\u201d<\/p>Subsecretario de derechos humanos, Roberto Campa<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de su asesinato, el gobierno pidi\u00f3 disculpas<\/a> a la familia de L\u00f3pez y reconoci\u00f3 no haber cumplido con el mensaje de CIDH<\/strong>. \u201cEl Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la falta del cabal cumplimiento de las medidas cautelares\u201d, dijo<\/a> el entonces subsecretario de derechos humanos Roberto Campa. \u201cSe se\u00f1ala la obligaci\u00f3n de capacitar a funcionarios p\u00fablicos responsables de la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n que hayan sido dictadas desde alg\u00fan mecanismo nacional o internacional de derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En otros\ncasos, la situaci\u00f3n de seguridad sigue siendo muy precaria. <\/p>\n\n\n\n

Un ejemplo es\nel de los ind\u00edgenas siona que habitan los resguardos de Buenavista y Santa Cruz\nde Pi\u00f1u\u00f1a Blanco, sobre el r\u00edo Putumayo y a la entrada de la Amazonia\ncolombiana.<\/p>\n\n\n\n

El 14 de julio de 2018, la CIDH les otorg\u00f3 medidas cautelares<\/a> tras constatar los riesgos que enfrentaba este pueblo ind\u00edgena, declarado como uno de los 34 \u201cen peligro de ser exterminados \u2013cultural o f\u00edsicamente- por el conflicto armado interno\u201d colombiano en un c\u00e9lebre auto<\/a> de la Corte Constitucional en 2009.<\/p>\n\n\n\n

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Los ind\u00edgenas siona de dos resguardos en Putumayo, en la Amazonia colombiana, recibieron medidas cautelares de la CIDH en 2018, pero se han registrado ataques muy cerca de su territorio y la situaci\u00f3n sigue siendo precaria. Foto: C\u00e9sar Rojas.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los habitantes de los dos resguardos denunciaron que a lo largo de 2017, un a\u00f1o despu\u00e9s de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, llegaron panfletos orden\u00e1ndoles oponerse a la sustituci\u00f3n de cultivos de coca, restringiendo la movilidad con horarios y amenazando a sus l\u00edderes<\/strong>. Luego, en febrero de 2018, relataron que desconocidos hab\u00edan convocado a las autoridades siona y a su guardia ind\u00edgena a una reuni\u00f3n para \u2013en sus palabras- \u201cdarles a conocer que son la nueva fuerza de control territorial\u201d. A ra\u00edz del riesgo de confinamiento, la CIDH solicit\u00f3 al Estado colombiano adoptar medidas para protegerlos y retirar las minas antipersonal que se encontraron en Buenavista.<\/p>\n\n\n\n

Al a\u00f1o siguiente, sin embargo, las condiciones de seguridad de los dos resguardos segu\u00edan siendo precarias, como cuenta el reportaje<\/a> de C\u00e9sar Rojas<\/a> en Tierra de Resistentes<\/em>. El 26 de septiembre de 2019, la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013encargada de vigilar la situaci\u00f3n humanitaria en el pa\u00eds- lanz\u00f3 una alerta temprana sobre la situaci\u00f3n de riesgo en todo el corregimiento donde, entre otras comunidades ind\u00edgenas y no ind\u00edgenas, est\u00e1 el resguardo de Pi\u00f1u\u00f1a Blanco.<\/p>\n\n\n\n

Document\u00f3 ocho episodios violentos entre julio y septiembre pasados.<\/strong> En uno de ellos, el 28 de julio, desconocidos armados que se identificaron como las Farc \u2013pese a que \u00e9stas se desarmaron\u2013 llegaron a la vereda Pueblo Bello y le dijeron a la comunidad que planeaban quedarse. Esa tarde, en una vereda vecina, se enfrentaron a la llamada \u2018Mafia\u2019, otro grupo criminal integrado en parte por antiguos paramilitares. Un campesino fue herido, tras lo cual se suspendieron las clases durante cinco d\u00edas y los pobladores se escondieron en la escuela y el centro de salud, que son las \u00fanicas estructuras en concreto del caser\u00edo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa recomendaci\u00f3n es no acercarse all\u00e1 hasta que la situaci\u00f3n no mejore\u201d<\/p>Amanda Camilo, l\u00edder de v\u00edctimas<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Hoy, el resguardo sigue siendo inaccesible, a\u00fan para funcionarios p\u00fablicos que trabajan con las personas m\u00e1s amenazadas. \u201cLa recomendaci\u00f3n es no acercarse all\u00e1 hasta que la situaci\u00f3n no mejore\u201d, dice Amanda Camilo, una respetada l\u00edder de v\u00edctimas que trabaja como coordinadora regional en la Comisi\u00f3n de la Verdad surgida del Acuerdo de Paz. Camilo, quien trabaja en Puerto As\u00eds, no ha podido trasladarse con su equipo al resguardo de Pi\u00f1u\u00f1a Blanco para entrevistar a los pobladores y documentar lo que les sucedi\u00f3 a los siona.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La CIDH s\u00ed est\u00e1 llegando a tiempo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Aunque el\nSistema Interamericano no tiene capacidad de obligar a los Estados a proteger a\nlos l\u00edderes, en muchos casos reacciona con celeridad y sentido de urgencia.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, por ejemplo en Kumarakapay \u2013tambi\u00e9n llamado  San Francisco de Yuruan \u2013en la Amazonia venezolana, los ind\u00edgenas pemones, como lo narr\u00f3<\/a> Tierra de Resistentes<\/em>, solicitaron protecci\u00f3n a la CIDH el 25 de febrero de 2019, tres d\u00edas despu\u00e9s de un ataque militar que ocasion\u00f3 la muerte de tres integrantes de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n

Esto sucedi\u00f3 en momentos en que la oposici\u00f3n, a la cabeza del presidente interino Juan Guaid\u00f3 y la Asamblea Nacional, organizaron un operativo para ingresar al pa\u00eds ayuda humanitaria desde Colombia, Brasil y varias islas caribe\u00f1as. Como documenta el reportaje de Lisseth Boon<\/a> y Lorena Mel\u00e9ndez<\/a>, los ind\u00edgenas de Kumarakapay esperaban ansiosos la llegada de insumos m\u00e9dicos, medicinas y alimentos a su comunidad en las afueras del Parque Nacional Canaima y cerca de la frontera con Brasil, por lo que impidieron el paso de cuatro convoyes militares que pretend\u00edan evitar la entrada de la ayuda por orden del gobierno de Nicol\u00e1s Maduro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La respuesta de efectivos del Ej\u00e9rcito <\/span>fue dispararles con sus fusiles, matando a tres personas e hiriendo a otras catorce. Algunos todav\u00eda tienen balas alojadas en sus cuerpos, otros quedaron con discapacidades motoras o parapl\u00e9jicos. La persecuci\u00f3n continu\u00f3 esa misma noche, con allanamientos ilegales. Temerosos, los ind\u00edgenas se refugiaron en las monta\u00f1as y se encerraron durante d\u00edas en sus casas, sin siquiera poder movilizarse hacia sus conucos para buscar alimentos.<\/strong> Al menos 80 habitantes de Kumarakapay huyeron hacia Brasil ante el acoso militar.<\/p>\n\n\n\n

Lejos de reconocer la muerte de tres pemones, el gobierno neg\u00f3 la participaci\u00f3n de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ej\u00e9rcito en el ataque contra Kumarakapay<\/strong>. Diosdado Cabello, presidente del partido oficialista, lo calific\u00f3<\/a> como un \u2018falso positivo\u2019 y acus\u00f3 de la matanza al partido opositor Voluntad Popular y a su diputado Am\u00e9rico de Grazia, quien con frecuencia denuncia irregularidades en la explotaci\u00f3n minera en el Arco Minero del Orinoco y abusos militares contra la poblaci\u00f3n en el estado de Bol\u00edvar. <\/p>\n\n\n\n

La CIDH respondi\u00f3 tres d\u00edas despu\u00e9s, otorg\u00e1ndoles medidas cautelares<\/a> por determinar que est\u00e1n en \u201csituaci\u00f3n de gravedad o urgencia\u201d<\/strong>. Para remediar esa situaci\u00f3n, solicit\u00f3 al Estado venezolano garantizar la seguridad de los pemones, proveer asistencia m\u00e9dica a los heridos, asegurar que los agentes estatales no hagan uso desproporcionado de la fuerza y evitar que terceros \u2013como los llamados \u2018colectivos\u2019 chavistas<\/span>\u2013 generen otras situaciones de riesgo.<\/p>\n\n\n\n

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Aunque el Sistema Interamericano no tiene capacidad de obligar a los Estados a proteger a los l\u00edderes, en casos como el de Lisa Henrito y los ind\u00edgenas pemones de la Amazonia venezolana ha reaccionado con celeridad y sentido de urgencia. Foto: Lorena Mel\u00e9ndez.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u00bfEntonces c\u00f3mo protegemos a los l\u00edderes ambientales?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Este penoso recuento abre preguntas sobre la efectividad de las medidas de protecci\u00f3n de la entidades nacionales y del Sistema Interamericano y el compromiso de los pa\u00edses a seguirlas. Si ni siquiera la mayor presi\u00f3n internacional lleva a un Estado a cobijar a sus l\u00edderes ambientales entonces, \u00bfc\u00f3mo evitar la violencia en su contra?<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

\u00bfEs el problema que esos Estados no tienen la capacidad de hacerlo, vi\u00e9ndose sobrepasados por mafias, narcos u otros intereses criminales? \u00bfEst\u00e1n corrompidos o cooptados por intereses comerciales que quieren apropiarse de la tierra para la agroindustria, la extracci\u00f3n de recursos naturales, proyectos de infraestructura o econom\u00edas il\u00edcitas? <\/strong>\u00bfNo comprenden que esos l\u00edderes, al luchar por sus territorios, con frecuencia est\u00e1n protegiendo ecosistemas que prestan servicios fundamentales, desde provisi\u00f3n de agua hasta calidad del aire, al resto de la sociedad? \u00bfNo ven con claridad que muchas veces son ellos mejores guardianes que militares o polic\u00edas?<\/p>\n\n\n\n

Respuestas\nafirmativas a estas preguntas, en parte, explican por qu\u00e9 los Estados\nlatinoamericanos no hacen el esfuerzo necesario para proteger efectivamente a\nestos ciudadanos que tanto contribuyen al bien com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n

Por m\u00e1s activa que sea, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada hace sesenta a\u00f1os, tiene sus l\u00edmites. No es obligatorio para los pa\u00edses cumplir con sus medidas cautelares.<\/strong> Como \u00f3rgano pol\u00edtico del Sistema Interamericano, en sentido estricto sus recomendaciones no son vinculantes a la luz del derecho internacional, aunque los Estados deber\u00edan atenderlas en virtud del principio de buena fe.<\/p>\n\n\n\n

Solo se vuelven\nobligaciones legales cuando la Comisi\u00f3n traslada el caso a la Corte\nInteramericana (creada veinte a\u00f1os despu\u00e9s de la Comisi\u00f3n) y \u00e9sta las\ntransforma en medidas provisionales, como sucedi\u00f3 en el caso de la comunidad\nrar\u00e1muri de Chor\u00e9achi en M\u00e9xico. En ese caso, s\u00ed equivalen a \u00f3rdenes judiciales\nque, de no ser cumplidas, pueden acarrear una responsabilidad legal\ninternacional al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, las medidas cautelares de la CIDH s\u00ed tienen un efecto hacia adentro de los pa\u00edses. Los Estados de Am\u00e9rica Latina est\u00e1n obligados por sus constituciones a garantizar la protecci\u00f3n de los derechos humanos de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, a tomar medidas para asegurarse de que no los violen. Ese deber es doble \u2013o reforzado, en el lenguaje jur\u00eddico- frente a algunos grupos espec\u00edficos, como ocurre con la poblaci\u00f3n detenida que est\u00e1 bajo custodia estatal. En esos casos, si algo le ocurre a una persona, se invierte la carga de la prueba y es el Estado quien debe demostrar que no fue responsable.<\/strong> En esa categor\u00eda justamente quedan quienes reciben medidas cautelares de la OEA, que no se levantan hasta que los pa\u00edses demuestran que ya se super\u00f3 la situaci\u00f3n de riesgo.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de la posibilidad de ser condenados por la Corte, los Estados, como vimos, a veces no protegen debidamente a las v\u00edctimas, ni capturan a los victimarios. Un hecho pol\u00edtico, sin embargo, podr\u00eda mejorar la situaci\u00f3n: que entre en vigor el Acuerdo de Escaz\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

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Una medida nueva para proteger a los defensores ambientales es el Acuerdo de Escaz\u00fa, que fue negociado por los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina en el marco del sistema de Naciones Unidas y los obligar\u00eda a tomar medidas m\u00e1s robustas para cuidarlos. Foto: C\u00e9sar Rojas.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Este tratado regional sin precedentes, que se negoci\u00f3 en la ciudad costarricense de Escaz\u00fa, auspiciado por la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (Cepal), busca mejorar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, la participaci\u00f3n ciudadana y la justicia en temas ambientales en la regi\u00f3n. Uno de sus ejes es justamente prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra defensores ambientales. Es el primer tratado internacional que contempla medidas para proteger espec\u00edficamente a estos defensores.  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desde de que se\nabriera para firmas en septiembre de 2018, en la Asamblea General de la ONU, 22\npa\u00edses latinoamericanos y caribe\u00f1os lo han firmado<\/a> y falta\nsolamente que tres pa\u00edses m\u00e1s lo ratifiquen para que entre en vigor.<\/p>\n\n\n\n

Aunque no\nestablece medidas espec\u00edficas, sino que deja que cada pa\u00eds las defina, para\nmuchas comunidades y organizaciones de base la vigencia de este tratado les\nabre una ventana de oportunidad de di\u00e1logo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEscaz\u00fa tiene en el centro las opiniones y las visiones de la gente. Eso puede abrir el debate sobre cu\u00e1les son las medidas m\u00e1s adecuadas y efectivas, porque la realidad es que, con frecuencia, los Estados no consideran ni apoyan las medidas de autoprotecci\u00f3n de las comunidades y dise\u00f1an otras que no obedecen a las caracter\u00edsticas del lugar donde viven y son, por lo tanto, inefectivas<\/strong>\u201d, dice la abogada ambiental Lina Mu\u00f1oz \u00c1vila, profesora de la Universidad del Rosario que estuvo en la negociaci\u00f3n del acuerdo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSi se tienen\nmejores est\u00e1ndares de participaci\u00f3n, las comunidades y los l\u00edderes podr\u00e1n\nparticipar en el dise\u00f1o de esas medidas\u201d, explica. Tan es as\u00ed que las\norganizaciones sociales y las comunidades fueron claves en convencer al\npresidente colombiano Iv\u00e1n Duque de que firmara Escaz\u00fa en diciembre pasado,\nreversando su oposici\u00f3n inicial al tratado.<\/p>\n\n\n\n

Que esa oportunidad se convierta en realidad \u2013y que Am\u00e9rica Latina deje de ser la regi\u00f3n m\u00e1s peligrosa del mundo para los defensores ambientales\u2013  depender\u00e1 de que esos l\u00edderes y esas comunidades dejen de ser vistos como opositores al desarrollo econ\u00f3mico y sean apreciados como guardianes de un patrimonio colectivo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n