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Guaviare: proteger la selva con la vida









Por: María Paula Murcia Huertas | MUTANTE

Publicado: Abril 22 de 2020





Desde la firma de los Acuerdos de Paz con la antigua guerrilla de las Farc, Felipe Henao se ha dedicado a dirigir un proyecto de comunicación y educación ambiental en el tercer departamento más deforestado del país: Guaviare. Por ejercer este liderazgo, su vida peligra.




Felipe Henao fue exiliado de Calamar a finales del 2019 después de dos años de recibir amenazas por desempeñarse como líder ambiental del proyecto Pipe Q-ida. Crédito: María Paula Murcia Huertas.









“Ahí empiezan muchos de nuestros videos”, dice Felipe Henao, mientras señala una delgada franja de tierra cubierta de vegetación que divide los ríos Calamar y Unilla, en el departamento de Guaviare. La franja solía ser más ancha, pero los mismos ríos le han robado bocados a la tierra durante años: uno por cada costado, hasta convertirla en ese pasadizo estrecho.

A un lado del pasadizo, las casas de tabla de una callejuela llamada “El Embudo” se tiñen con la luz naranja del atardecer. Al otro, el río Unilla corre leve, nutrido por la lluvia después de 15 días de verano.

Como si dibujara una metáfora de su vida en los últimos meses, Felipe Henao cruza esa franja de tierra desde la última casa hasta un claro a orillas del río. Es el tránsito que este joven de 25 años decidió hacer cuando optó por alejarse de su familia y de su pueblo, Calamar, antes que abandonar su proyecto: ‘Pipe Q-ida’, un colectivo de jóvenes que promueve la pedagogía ambiental, la conservación y la recuperación de la selva amazónica a través de las redes sociales.

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Por la carretera que conduce desde San José del Guaviare, capital de uno de los departamentos fronterizos de la Amazonia colombiana, a Calamar, una estación de policía atrincherada tras bultos de lona verde marca el inicio del casco urbano. Después de pasar esta primera edificación, las que siguen son casi todas casas de tabla, de una planta, pintadas de colores. Como muchos pueblos de Colombia, la mayoría de sus vías son caminos de tierra. En el caso de este municipio es una tierra roja que pinta las camionetas blanquísimas de transporte público que transitan estas vías.

Calamar es un municipio pequeño. El censo del 2018 registró 8.648 habitantes, la cifra más baja entre los cuatro municipios de Guaviare. Está ubicado a orillas del río Unilla, a tres horas de San José del Guaviare, cerca del límite norte de una de las mayores joyas naturales del país. “Somos un municipio verde por excelencia. Puerta norte de la Amazonía colombiana y puerta de entrada al Chiribiquete”, explica Felipe. Para él, su municipio “es el mejor vividero del mundo”.

Calamar es, en efecto, un municipio con una enorme riqueza natural y cultural. Como límite del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, es uno de los municipios guardianes de este territorio que fue declarado por la Unesco como Patrimonio Mixto -cultural y natural- de la Humanidad el 1 de junio 2018, por su ubicación privilegiada entre el bacín amazónico, el Escudo Guyanés y el piedemonte andino, lo que permite las condiciones para una altísima biodiversidad.

Es el parque nacional más grande de Colombia y el segundo de Sudamérica, hogar de al menos tres comunidades indígenas -carijona, urumi y uitoto- en aislamiento voluntario y de más de 75 mil pinturas rupestres en sus tepuyes, algunas de las cuales datan de hace más de 20 mil años. Aunque fue declarado parque en 1989, su existencia permaneció en secreto durante décadas y aún hoy está prohibido el turismo dentro de sus límites. Solo las expediciones científicas tienen permiso de entrar y, aún así, más de la mitad de su territorio sigue inexplorado.





En el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete se han registrado 2.138 especies de flora y 1.676 de fauna. De estas, 32 son posiblemente nuevas para la ciencia. Foto: María Paula Murcia Huertas





De los 5,5 millones de hectáreas que tiene Guaviare, el territorio protegido de Chiribiquete ocupa más del 20 por ciento. Su extensión total, 4,268,095 hectáreas, dividida entre Guaviare y su vecino departamento Caquetá, es igual al tamaño de Dinamarca.

Su delimitación, aunque cambió en 2018 cuando lo ampliaron por segunda vez en los últimos cinco años, es muy clara. El río Itilla, que marca un tramo del lindero norte del parque, es el límite evidente: barrera y lugar de encuentro simultáneamente entre el llano que se expande desde el norte y la selva que se defiende de esos avances.

La explotación del parque está prohibida. Los turistas pueden visitar únicamente mediante sobrevuelos, una actividad muy incipiente que Parques Nacionales apenas reglamentó en 2019. Pero incluso dentro de su territorio, que goza de tantos niveles de protección, hay deforestación. Según datos del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP), entre 2018 y 2019 este territorio perdió 2.200 hectáreas de selva. Es la tercera área protegida más deforestada del país, después de los parques nacionales de Tinigua y la Serranía de La Macarena, ambos ubicados en la transición de los Andes a la Amazonia.

El panorama es peor en la región colindante, pues consiste en áreas sin protección. La deforestación está devorando a Guaviare.

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Hasta 2016 la antigua guerrilla de las Farc controlaba la explotación de la selva en Guaviare. Quien quisiera tumbar árboles debía pedir su permiso y usualmente las únicas talas permitidas eran las de pequeñas extensiones de tierra que las familias campesinas dedicaban al pancoger. Si estas normas se incumplían, la guerrilla imponía multas a los infractores.

Este ejercicio informal de autoridad ambiental -relacionados también con una estrategia militar- mitigó durante décadas los avances de la deforestación en el departamento, hasta la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 que condujo al desarme de 13 mil de sus integrantes. El suyo no era, sin embargo, un interés netamente de conservación: mantener esos bosques en pie aseguraba a la guerrilla –que en otras regiones del país no tenía problema en destruir oleoductos y ocasionar graves derrames petroleros en fuentes de agua- tener escondrijos del Ejército Nacional.

“Sabíamos lo que se le venía a este territorio en el momento en que los Acuerdos de Paz nos dejaron desprotegidos”, explica Felipe. Por eso, a principios de 2016, decidió fundar Pipe Q-ida. “Lo que buscábamos era ser sensibilizadores de la importancia de conservar lo que iba a quedar desprotegido”, dice. La intuición de muchos nativos y campesinos de Guaviare fue tristemente acertada: la salida de las Farc dejó a la selva en un riesgo mayor. “Hoy vemos unos resultados desastrosos en deforestación, acaparamiento de tierras, ganadería extensiva y ampliación de las fronteras agrícolas en el territorio”, dice el activista.

Un vistazo a las orillas de la carretera que conecta a San José del Guaviare con Calamar lo confirma. Donde solía prosperar la selva espesa, hoy crecen extensos potreros yermos. Los muñones de los árboles talados asoman de la tierra como tumbas.

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Felipe Henao en el claro del río Unilla, en donde empiezan todos los videos de Pipe Q-ida. Foto: María Paula Murcia Huertas





Felipe se expresa con soltura. Habla claro y fuerte. Mientras conversa, gesticula y mueve su cuerpo con decisión. Es un joven persuasivo, apasionado por la comunicación desde hace diez años, cuando montó una pequeña emisora en un rincón de su colegio, la Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos, donde cobraba 500 pesos por pasar mensajes de los estudiantes a través de la radio.

Con el tiempo sus proyectos se hicieron más ambiciosos. Empezó a hacer televisión en el canal comunitario de Calamar y fundó más tarde Videoclip, un programa en el que transmitía videos de la música de moda que en el pueblo no conocían, pues no había internet. “Entonces yo me pegaba al internet del hospital, al que tenía acceso solo el gerente. Le pedí la clave para que me dejara descargar los videos de 1:00 a 4:00 de la mañana, porque el internet era remalo”, recuerda y se ríe. “Y ahí mismo comencé a estudiar en la universidad a distancia”.

Con Videoclip, mientras estudiaba Comunicación Social, Felipe empezó a usar la tecnología y los medios para hablar sobre conservación. En los intervalos de tiempo entre videos hacía entrevistas y reflexiones sobre el cuidado del ambiente. Aún hoy conserva hábitos de esa época como hacer tomas con su celular, que maneja como cámara con una gran destreza, en todos los lugares y situaciones en las que está. Ese fue el germen de lo que hoy es su proyecto de conservación.

Pipe Q-ida nació en torno al paraíso natural y cultural cuya entrada es Calamar: su lema es #SomosGuardianesDeChiribiquete y se presenta como una plataforma generadora de cambio. Este proyecto, fundado por Felipe en 2016, hoy cuenta con 220 jóvenes en el municipio a los que capacita -o facilita su capacitación- en diferentes oficios para generar un movimiento de conservación ambiental. Así articulan procesos en distintos frentes como arte, turismo, educación ambiental y comunicación digital para generar conciencia sobre la importancia de la conservación.

Felipe es un muchacho delgado, moreno y de rizos negros cortos que camina por el pueblo con la propiedad de quien conoce su patio. Mientras camina, identifica a los paisanos que participan de alguno de los proyectos de Pipe Q-ida: “Acá vive don Pedro. Su hijo hizo parte de nuestro proceso, pero tuvo que irse a la Armada”; “aquel que está haciendo graffiti allá se capacitó en eso a través de la organización”; “ese es Fabio, que trabaja con Pipe Q-ida en el proyecto de Ambientes para la Paz”. En el pueblo lo saludan con cariño.

“Son los jóvenes activistas quienes se convierten en blanco de amenazas porque los jóvenes son la mano de obra de las actividades ilegales y el querer tener un porvenir diferente no se ve muy bien en el territorio”, dice Yanneth Bagarozza, quien trabaja en el programa Corazón de la Amazonía del Ministerio de Ambiente para detener la deforestación en puntos críticos, sobre todo en las cercanías de Parque Serranía del Chiribiquete. Para ella, los jóvenes no son tenidos en cuenta para la toma de decisiones institucionales ni suele haber programas específicamente dirigidos a ellos.

Ese es el vacío que Felipe ha intentado llenar.

“Nuestro trabajo se enfoca en detener las cifras de deforestación, y eso implica hacerlo con jóvenes del campo, de los colegios, de la ciudad. Nos pusimos en el ojo del huracán”, explica Felipe, dado que es un territorio lleno de actores ilegales con intereses de explotación ambiental. “En 2017 comencé a recibir amenazas por parte de, al parecer, grupos al margen de la ley. Las he recibido escritas, telefónicas, verbales; algunas con armas de fuego. Nos obligaron a acabar el proyecto de educación rural que teníamos en escuelas alrededor del municipio, en donde se estaba presentando la deforestación”, dice. 

El trabajo con Pipe Q-ida significó el destierro para Felipe. En 2018 lo retuvieron tres hombres, presuntamente miembros de las disidencias del Frente Primero de las Farc, dentro del casco urbano de Calamar. Lo agarraron en la noche cerca de la plaza central, lo subieron de manera violenta a un vehículo y ahí le cubrieron la cabeza y lo llevaron a una vereda. Allí le dijeron que tenía tres opciones: o dejaba de hacer su trabajo, o se iba, o lo mataban. Luego, en la madrugada, lo llevaron de vuelta al casco urbano. Más de un año después, Felipe tuvo que salir del municipio e irse a San José del Guaviare, donde se siente “un eterno turista”. Pero ni siquiera este desplazamiento logró que abandonara su vocación como líder ambiental.

“Ahora estamos iniciando otro proceso con alrededor de 80 niños de escuelas rurales que van a recibir capacitación de parte de Pipe Q-ida para restaurar viveros, reforestar la zona de amortiguamiento y trabajar temas de acceso a agua potable”, cuenta Felipe. La organización tiene un brazo fuerte en comunicación digital a través de redes sociales, donde publican su gestión ambiental y expanden su mensaje urgente de protección de la selva.

También trabajan en la gestión de un barco-restaurante como parte del circuito de turismo que están proponiendo los miembros de ‘Ambientes para la Paz: vida digna y reconciliación’, un proyecto del Ministerio de Ambiente y el Gobierno Noruego, que busca apoyar procesos de reincorporación de excombatientes de las Farc y aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático a partir de un esfuerzo por reducir la deforestación.

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Nadie parece ser de Guaviare. El poblamiento de este territorio es el resultado de múltiples bonanzas que, a lo largo de la historia, han atraído a foráneos. Desde el caucho en el siglo XIX, hasta las tigrilladas -el auge del comercio de pieles de tigrillos y otros felinos- de los años 70 y la coca en los últimos 30 años, pasando por las políticas de ‘Retorno al campo’ que incentivaban la colonización y que comenzaron durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. 

Como puerta norte de la Amazonía, Guaviare es una zona limítrofe. Una frontera, no solo geográfica y ecosistémica, sino también identitaria, entre llano y selva. Aunque la ley establece que la mayoría del territorio allí está constituido por zonas protegidas, hoy los llanos y las praderas han reemplazado a la selva casi hasta la frontera con el Parque Nacional Chiribiquete.

“Aquí la gente se siente más llanera que amazónica”, dice Luz Amparo Sánchez, una periodista que nació y vive en San José del Guaviare. Mientras ella habla, al fondo suena música del llano. “Lo amazónico lo relacionan con los indígenas y no se sienten indígenas. Cuando llegan los Nukak, se quedan en el parque [de la ciudad] y la gente dice que están ensuciando la ciudad”.





Para que el proceso de deforestación sea efectivo, los colonos del Guaviare esperan a que el sol en días de verano seque la selva tumbada para después quemarla. Foto: María Paula Murcia Huertas





Un informe del 2010 del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) lo explica así: “La población indígena posee sistemas de subsistencia que no requieren grandes intervenciones del medio para suplir sus necesidades y requerimientos. Pero, por otra parte, la población mestiza que ha llegado a la región procede de los Llanos Orientales y de los departamentos de Huila y Tolima, con una fuerte tradición ganadera, lo que ha llevado a que repliquen estos modelos”.

La región de la Orinoquía tiene cuatro millones de hectáreas con vocación ganadera, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La región amazónica tiene cero. Y aunque Guaviare pertenece a esta última región, el censo pecuario del Instituto Colombiano Agropecuario de 2008 contó 169.000 cabezas de ganado. Para el primer semestre de 2019, según la versión más reciente del mismo censo, había aumentado a 443.633 animales. Es decir, en 11 años el número de vacas estuvo cerca de triplicarse. Hoy hay seis veces más vacas que personas.

La ganadería se ha vuelto tan común en el departamento que en la sabiduría popular ya hay un estimado de la tierra necesaria para la cría de ganado. Muchos coinciden en que el promedio es de una hectárea de pasto por cada animal. Pero la cifra que maneja la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental en la región, muestra que esa ganadería es más extensiva aún: apenas 0,6 animales por hectárea.

Por eso la ganadería es hoy el motor de deforestación más intenso del departamento. Reemplazó la lógica amazónica de la chagra por una de praderización. La chagra ha sido tradicionalmente el lugar donde las comunidades indígenas cultivan alimentos para la subsistencia de cada familia. Tumban y queman porciones pequeñas de selva, en donde siembran lo que comerán luego. Pero el suelo frágil de la selva no es apto para cultivos agrícolas y no resiste la siembra prolongada. Por eso las comunidades han aprendido a rotar sus chagras, de manera que todos ganan: las personas comen, la tierra descansa y la selva se regenera.

La ganadería no funciona igual: según la lógica convencional, para cada vaca hay que tumbar una hectárea de selva y convertirla en potrero. Implica quemas masivas para limpiar el terreno y conseguir más lugar para los animales. Aunque existen modelos más sostenibles y productivos, a partir de prácticas como sembrar cercas vivas, intercalar vacas con árboles y rotar potreros, en Guaviare apenas se ven.

Jhon Perdomo es vecino de la familia de Felipe en “El Embudo”. Es un hombre grande y buen conversador. Dedica sus días a comandar la unidad de bomberos voluntarios de Calamar. “Nosotros clasificamos los incendios en dos”, explica Perdomo. “Están los naturales y los que son provocados por el hombre. Todos los incendios que apagamos son creados por el hombre y están relacionados con la deforestación”, dice.

Las cifras lo confirman. Año a año, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz, la deforestación ha venido aumentando en el departamento. En 2015, el Ideam reportó 9.634 hectáreas de selva deforestada. En 2016 fueron 11.456. Para 2017 aumentaron a 38.221. En 2018 se reportaron 34.527, y aunque las cifras consolidadas de 2019 aún no han sido publicadas, la CDA espera unas 40.000. En los últimos cinco años a la selva de Guaviare le han extirpado una porción de territorio equivalente a más de tres veces el área de Medellín.

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La deforestación en Guaviare no nació con la ganadería. Antes de las vacas, la coca era el principal motivo de destrucción de la selva. Tumbaban para sembrar la planta que a su vez permite producir el oro blanco que se convirtió en la moneda de cambio de la región, que atrajo a personas de todo el país en busca de fortuna. Pedro Padua, abuelo indígena tukano, recuerda que alrededor del año 1970 empezaron a tumbar para sembrar cultivos de uso ilícito en zona rural de Calamar. Según datos del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, en 1999 Guaviare era el segundo departamento de Colombia con más hectáreas de coca sembrada, después de Putumayo. Para marzo de ese año se registraron 28.435 hectáreas.

Felipe nació en 1994, varios años después de que la bonanza cocalera empezara a incidir en la deforestación, pero él también la vivió: de niño le pidió a su papá un pedazo de tierra para cultivar el arbusto en la finca donde vivían. “A los siete años yo ya sabía procesar la coca, porque era el ayudante de mi papá”. Pero en 1999, con la implementación de las políticas de erradicación del Plan Colombia, las aspersiones aéreas con glifosato le truncaron sus aspiraciones. “Algo que le agradezco al glifosato es que hoy no sea yo un cocalero o un raspacho”, dice.

“Cuando había coca no había la misma cantidad de incendios”, cuenta el bombero Perdomo. “Nosotros salíamos a atender incendios muy pequeños. Ahora esos pequeños focos empezaron a convertirse en grandes extensiones”.

Carlos Perdomo, hermano de Jhon y también bombero, llegó a Guaviare en 1980, en plena bonanza cocalera. Carlos cuenta que en ese entonces un jornalero necesitaba 15 días de trabajo con un hacha para talar una hectárea de monte. Hoy, con una motosierra, ese trabajo toma un día o menos. La ganancia que hoy dejan 300 hectáreas de ganado, estiman en la región, equivale a lo que en esa época dejaban dos o tres de coca. 

“Por eso la ganadería es un problema de terratenientes. Los campesinos no tienen la capacidad de tumbar mil hectáreas”, dice Jorge Avendaño, un bogotano que vive en Calamar hace 20 años y se desempeña como veedor en el cuidado del río Unilla que circunda el municipio. A través de su trabajo ha hecho denuncias sobre vertimientos de residuos y exceso en la capacidad de carga de lanchas en el río. Él también ha recibido amenazas.

“Pero a esos lugares no llega la CDA”, agrega Felipe. Es común la percepción de que la autoridad ambiental del departamento no está haciendo su trabajo. “Agarran a un campesino que tumba dos palos, pero al que deforesta toda la finca no le hacen nada”.

Para Fernanda Calderón, directora de la CDA seccional Guaviare, estas acusaciones son normales. Pero dice que no tienen la capacidad de ir más allá. Cuentan con seis funcionarios de planta, de los cuales solo uno responde directamente al problema de la deforestación, y un equipo técnico de siete personas, contratado por Visión Amazonia, para proteger los 5,5 millones de hectáreas que conforman Guaviare.

“Los focos de deforestación están en zonas de reserva forestal en donde no hay títulos. Los predios son baldíos de la Nación. Entonces cuando llegamos a atender una denuncia tratamos de identificar quién es el infractor. Porque generalmente al que encontramos es al jornalero a quien le están pagando por hacer el trabajo de tumbar”, dice Calderón. 

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Angie Perdomo y Jhon Perdomo hacen parte del equipo de bomberos voluntarios de Calamar. Foto: María Paula Murcia Huertas





“Abnegación, valor y disciplina” es el lema de los bomberos voluntarios de Calamar. La precariedad es su rutina, pero en el pueblo todos confían en el trabajo de estas personas que intentan aplacar los efectos ambientales de la tala. “Nosotros no tenemos equipos ni personal para responder al incremento de los incendios. Nos toca multiplicarnos porque solo somos 20 bomberos voluntarios activos. Debería haber por lo menos 35, todos pagos”, dice Jhon Perdomo.

Felipe es uno de los voluntarios activos. Colgado de su cuello, bajo su camiseta, lleva siempre el carnet que lo identifica como bombero. “Yo nunca salgo sin mi carnet. Se me puede quedar la billetera, el celular, pero nunca el carnet”, dice con orgullo.

La estación es una bodega grande con una oficina, un espacio para comer, unas habitaciones y espacio para parquear los tres vehículos que usan: una trajinada camioneta roja doble tracción de platón, un camión cisterna con capacidad de 800 galones que ya se les quedó pequeño para atender los incendios, y una camioneta blanca doble tracción que casi no usan, a pesar de que es mucho más nueva, porque solo tiene capacidad para 55 galones de agua y, puesto que no les pertenece, no la pueden modificar.

Además de carros de bomberos, estos vehículos se utilizan como ambulancia porque el hospital de Calamar no cuenta con una. Los bomberos, además, deben realizar los traslados de muertos, heridos y enfermos, que también han aumentado con los incendios.

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Las últimas amenazas que Felipe recibió llegaron en noviembre de 2019. Vinieron de parte de hombres a los que no conocía, pero en quienes reconoció un acento extranjero. Para ese momento, la Unidad Nacional de Protección ya le había concedido un esquema de seguridad, un año después de que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc –que abandonaron el acuerdo de paz y se mantuvieron en armas- lo secuestraron. Entonces sus captores le dieron tres opciones: irse de Calamar, dejar de hacer su trabajo de conservación o morir.

El esquema consiste en un hombre armado, un chaleco antibalas y un celular. Los tres lo acompañan siempre. Pero aún acompañado, el joven activista siguió recibiendo amenazas. Hombres armados se paraban durante horas frente a su casa a simular que hablaban por teléfono mientras lo vigilaban. Por eso se fue a la capital del departamento.

Felipe recibió del Estado una protección precaria, y los funcionarios lo han revictimizado. “Después de mi rapto ilegal tuve que ir a la Alcaldía a reportar el caso. El alcalde que acaba de salir [Pedro Pablo Novoa, imputado por la Fiscalía en diciembre de 2019 por delitos ambientales en la construcción de una carretera ilegal] hizo consejo de seguridad extraordinario y lo que dijo fue: ‘Ah, es que como ustedes se oponen al desarrollo, eso les pasa. Y, además, amenazas sufrimos todos’”, cuenta Felipe.

Aunque él es quizás el más protegido de los líderes ambientales en Calamar, no es el único que necesita protección. Otros también reciben amenazas constantes. A Jorge Avendaño, el veedor del río Unilla, lo han amenazado por teléfono, lo han insultado por la calle y hasta le rompieron con piedras su taller en el que trabaja como astillero de lanchas en el puerto de carga de Calamar.

El año pasado en las casas de estas personas apareció un panfleto firmado por las “Disidencias de las FARC-EP”: “Este comunicado va dirigido a todos los líderes sociales, ambientalistas, líderes comunales y demás organizaciones sociales que desarrollen actividades en los municipios de Retorno, Calamar, Miraflores y San José del Guaviare. Que a partir del 1 de junio del presente año serán considerados nuevamente objetivo militar por nuestros hombres. Hoy más que nunca, las guerrillas de las FARC, seguimos luchando frente al modelo opresor del Gobierno colombiano y sus aliados estratégicos que buscan combatir a nuestros hombres”, les amenazaban.

Días después, por WhatsApp, algunos de los líderes amenazados recibieron un comunicado más largo, firmado también por las extintas FARC-EP, que parecía contradecir el anterior: “El cinismo de esta oligarquía [las clases dominantes y el gobierno] los lleva a tener una mente retardataria, al justificar la represión contra la protesta social a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta estigmatización a la protesta social, a las organizaciones sociales y a sus líderes, es complementada con falsos positivos judiciales contra líderes sociales, dirigentes políticos, partidos de izquierda, estudiantes, e indígenas y familias campesinas”, dice. 

La falta de coherencia en los mensajes puede ser síntoma de lo que se ha dicho sobre las disidencias: que no tienen un mando y actúan como células disgregadas. Sin embargo, algunos de los líderes que han recibido estos mensajes prefieren dudar de su verdadero origen. Felipe, por ejemplo, dice que no puede afirmar que sus captores en realidad fueran miembros de las disidencias.

“Antes del secuestro yo no había denunciado, porque aquí los líderes tenemos miedo del sistema del Estado. No es seguro”, cuenta Felipe. Aunque dice haber conversado con la oficina regional de la Defensoría del Pueblo en San José del Guaviare, al preguntarle a funcionarios de esta entidad por su caso, dicen que no lo conocen. El origen de las amenazas nunca se ha aclarado. Muchos en la región culpan a las disidencias de las Farc, pero nadie ha podido demostrarlo. Una buena pista palpita detrás de la pregunta que se hacen los activistas de Guaviare.

¿A quién le incomodan los liderazgos ambientales?

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Aunque el turismo dentro del parque no está permitido, el río Itilla, lindero de un tramo del extremo norte del Parque Chiribiquete, es un destino turístico popular en la región. Foto: María Paula Murcia Huertas





Entrar en el Parque Serranía del Chiribiquete, después de atravesar tantos potreros, es impactante. Es una selva muy espesa, con poca luz, donde se siente un calor distinto: un vaho de humedad que brota de tantas plantas reunidas unas junto a las otras.

Es difícil caminar entre la profusión de troncos, espinas, raíces y hojas. No hay senderos y tampoco pasto, porque la vegetación más alta absorbe todo el sol que necesitaría este para prosperar. La selva y el llano no pueden convivir. Una vaca no sobreviviría en este ambiente.

Proteger esta selva es el propósito primordial de Felipe y sus aliados. En el límite contra un llano que se expande, Chiribiquete es todavía una esperanza de conservación. Perder este territorio bajo las llamas, en palabras de Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, experto en mariposas y uno de los científicos que más ha estudiado la Serranía, significaría “acabar con la vida misma”.

“Es un territorio que presta unas funciones ecológicas y ambientales muy importantes. Es un regulador del clima e hídrico, hace recambio de aire y provee ríos aéreos, porque, así como hay agua abajo, también hay agua arriba circulando con la evaporación. Además, conserva un altísimo porcentaje de la biodiversidad del planeta y esto es fundamental para el mantenimiento de la vida y de los ecosistemas” explica Bagarozza, del programa Corazón de la Amazonía, sobre la importancia de la selva amazónica.

Por esto Felipe, además de sus videos, y desatendiendo las amenazas que lo obligaron a desterrarse, ha dedicado su vida a gestionar recursos para reforestar la tierra que han convertido en potreros al Guaviare. A través de Pipe Q-ida se han reforestado 25 hectáreas cercanas al casco urbano de Calamar con árboles nativos. En las jornadas de reforestación han participado habitantes del pueblo, comerciantes, la CDA, el Sinchi, viveros privados, líderes de la comunidad, Policía y Ejército.

Cada quien decide participar como puede: donando tiempo, dinero, plantas, hidratación, trabajo. Felipe coordina todo y ha logrado estas jornadas explicando a todos lo que se pierde si la deforestación sigue devorando la selva en Chiribiquete.

La última de estas jornadas fue entre el 27 y el 29 de noviembre pasados.      “Sembramos 1.400 árboles, para venirme ya de Calamar”, explica Felipe con una sonrisa tímida que trata de ocultar lo que le produce el destierro.

Aparta su mirada al saberse descubierto. Le duele haber salido de su pueblo. “Me hace falta. Ya quiero volver. Espero poder hacerlo pronto”, dice.

PROYECTO Y MEDIOS ALIADOS.
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