Desde que Honduras fue catalogada por la ONG británica Global Witness como el país más peligroso para el activismo por el ambiente en el mundo, se han vuelto visibles los conflictos y episodios de violencia contra líderes e integrantes de comunidades que se han opuesto a proyectos mineros, hidroeléctricos, madereros y de turismo. El asesinato de la líder social Berta Cáceres fue un hito que destapó la falta de consulta previa, la apuesta del Estado por el modelo extractivo y su falta de reacción ante la demanda internacional de protección a defensores del medio ambiente, que generan un ciclo de violencia impulsado por la impunidad. Cáceres no es la única víctima de este contexto.