A pesar de que en septiembre de 2018 el exministro de Ambiente signó el tratado multilateral en la sede de las Naciones Unidas, el actual gobierno mantiene estancado el proceso para ratificarlo. Hasta ahora, dos años y medio después de la firma, el Ministerio de Relaciones Exteriores espera la opinión de cuatro entidades más para evaluar si procede su confirmación. Activistas de derechos humanos defienden la puesta en marcha del acuerdo, mientras que el sector industrial se opone.
Después de los retrasos provocados por la pandemia de la Covid-19, doce países abrieron la puerta para que desde el 22 de abril de 2021 entre en vigencia el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Estos gobiernos ratificaron el tratado de los 24 que firmaron para comprometerse a aprobarlo en sus procesos internos respectivos.
Guatemala es parte del grupo de países firmantes pero sin ratificar. A pesar de su afrenta constante contra las y los defensores de derechos humanos, el gobierno del expresidente Jimmy Morales extendió su aprobación al acuerdo y lo firmó sin mucho titubeo. El representante de Guatemala en ese momento fue el exministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso.
Pasos cortos en caminos enredados
Lo que dos administraciones gubernamentales han conseguido hasta ahora en Guatemala es poco, comparado con la agilidad de doce naciones latinoamericanas que ya ratificaron y son parte del Acuerdo de Escazú. Esa parsimonia del Ejecutivo deriva en que el país camine contrarreloj en un asunto de preocupación internacional: el cambio climático y las luchas comunitarias por el territorio enfrentadas contra corporaciones trasnacionales.
El esquema jurídico para ratificar un acuerdo internacional en Guatemala atraviesa caminos extensos sin plazo determinado. Algunos son de doble vía o se cruzan entre el Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo. El expediente va y viene desde su origen hasta su final. Entre tanto, debe pasar por las manos de diplomáticos, técnicos, empresarios, académicos, sociedad civil, congresistas y el propio presidente del país.
El proceso se rige por medio de la Constitución Política de la República que establece que el Congreso debe aprobar el acuerdo con la votación de las dos terceras partes de los diputados. Sin embargo, antes de ese paso, la Cancillería debe emitir un dictamen favorable, enviarlo a la Secretaría General de la Presidencia y esta oficina lo remite al Organismo Legislativo. Ya ahí, el pleno debe conocer el documento y entregarlo a las comisiones pertinentes para su análisis.
En este caso, podría ingresar a la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Recursos Naturales y a la Comisión de Relaciones Exteriores. Estas salas de trabajo evaluarán la factibilidad del proyecto y si dictaminan a favor, pasará al pleno para aprobarlo. El siguiente paso es regresarlo a la Presidencia del Ejecutivo para que el mandatario sancione o vete el decreto.
Según las fuentes consultadas, el Acuerdo de Escazú está enredado en un laberinto burocrático que genera incertidumbre sobre su ratificación. El silencio administrativo dibuja un escenario pesimista para las organizaciones de derechos humanos que persiguen su aprobación.
De acuerdo con Sara Son, de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el expediente del Acuerdo de Escazú se envió a cuatro entidades estatales que están involucradas en los temas que procura el convenio multilateral. El Minex remitió el documento a la Secretaría General de la Presidencia, al Organismo Judicial (OJ), al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), aseguró.
El objetivo que busca la Cancillería es obtener opiniones técnicas y jurídicas de cada institución para evaluarlas y con base en ellas, elaborar la propia. Las entidades consultadas no tienen plazo para entregar sus evaluaciones. De acuerdo con el Minex, sólo el OJ ha entregado el dictamen a esa cartera, el cual es favorable, aseguró la vocera. Sin embargo, Mario Siekavizza, portavoz de ese organismo, negó que esa entidad emita opiniones, pues esa facultad es de la Corte de Constitucionalidad (CC). Aunque, el comunicador explicó que, de existir el documento, habría que solicitarlo por medio de la oficina de Acceso a la Información Pública.
En tanto, una asistente del despacho de la Secretaría General de la Presidencia también manifestó su desconocimiento sobre el tema y refirió que habría que solicitar la información por medio de una carta que debía entregarse de manera presencial. Al cierre de esta publicación aún no había respuesta.
Pero, contrario a lo que expresan las fuentes oficiales ahora, el informe de la primera reunión de países signatarios del Acuerdo de Escazú, en San José de Costa Rica entre el 11 y 12 de octubre, revela otras disposiciones. En aquel momento, con el gobierno de Jimmy Morales, el proceso avanzaba.
El delegado de Guatemala fue Byron Boanerges Barrera, entonces director de Formación y Participación Social del ministerio de Ambiente. En su alocución, registra el acta, “informó de la continuación del proceso de socialización del Acuerdo con sectores sociales, instituciones de gobierno y académicos. Además, se habían conformado mesas técnicas con el sector privado”.
El informe registra que Barrera aseguró que el acuerdo había seguido avanzando. “Se habían obtenido dictámenes positivos en el poder ejecutivo y correspondía ratificarlo al Congreso de la República”, cita el documento.
Agencia Ocote intentó obtener información actualizada con la nueva directora de del MARN, Ingrid Antón, pero no posible obtener una respuesta. Sin embargo, la oficina de comunicación del MARN informó que la Secretaría General de la Presidencia fue la entidad que solicitó la opinión jurídica de ese ministerio y ya se envió. Al preguntar sobre la orientación de esa evaluación, el encargado dijo que el resultado no se puede compartir porque la secretaría mencionada está analizándolo.
Desde el Congreso tampoco se vislumbra una salida. La diputada Andrea Villagrán aseguró que ella ha mostrado interés en el tema, pero en los tres años que ha integrado esta sala de trabajo, nadie ha mencionado el Acuerdo de Escazú. Ella indicó que ya ha solicitado que se discuta el tema para pedir información al Ejecutivo, pero no ha tenido éxito.
El pasado 8 de abril, Villagrán le requirió información al canciller Pedro Brolo sobre el proceso que lleva el tratado. El ministro respondió el 16 de abril con una nota en la que afirma que el acuerdo se encuentra en proceso de consultas en la Secretaría General de la Presidencia.
Agrega que ese ministerio solicitó las opiniones de once instituciones públicas: Procuraduría de Derechos Humanos, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto Nacional de Bosques, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Organismo Judicial, Ministerio de Economía, Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio Público.
De las instituciones citadas, solo el MP mantiene el acuerdo en evaluación, pues no ha entregado su opinión. La Secretaría de Planificación evitó pronunciarse, pues señaló que no le compete porque el acuerdo no requiere fondos de la cooperación internacional. Seis instituciones respondieron antes de la firma del convenio que se efectuó el 27 de septiembre de 2018, mientras que cuatro entidades respondieron después, tres de ellas durante 2019.
Lo que el informe de Brolo no explica es si estas opiniones se solicitaron para firmar el tratado o para ratificarlo. La nota del ministro Brolo contradice lo que declaró la portavoz de la Cancillería, pues ella aseguró que el ministerio aún espera las opiniones de sólo cuatro entidades.
La carta también desmiente al vocero del OJ que negó que ese organismo dé opiniones jurídicas a otras instituciones. El diputado Román Castellanos de la bancada del Movimiento Semilla pertenece a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales. Según el congresista, en esa sala de trabajo tampoco se han referido al tema, sin embargo, aseguró que tiene una reunión programada para el próximo martes 20 de abril con Arturo Villagrán, director de Tratados Internacionales y Traducciones y la directora de Asuntos Jurídicos del Minex para abordarlo.
El panorama es tortuoso. En ese sentido, Mara Bocaletti, directora de Plataforma Internacional Contra la Impunidad, una alianza de organizaciones de Suiza, Países Bajos y Centroamérica que promueve la protección de indígenas y defensores de Derechos Humanos y el fortalecimiento del poder judicial, asegura que la única entidad que como garante de derechos está mucho más activa realizando sensibilizaciones en foros y discusiones para promover la ratificación ha sido la Procuraduría de Derechos Humanos entre el procurador y la titular de la Defensoría del Medio Ambiente.
En efecto, la CEPAL promovió una segunda reunión de países signatarios para proseguir con la evaluación multilateral. La sesión se realizó de manera virtual entre el 9 y el 10 de diciembre del año pasado. En esta ocasión, el único representante de Guatemala fue el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, como invitado especial. Sin la participación de algún funcionario del Ejecutivo como sí sucedió en el encuentro anterior.
En entrevista con Agencia Ocote, Rodas expresó que es evidente que el gobierno de Giammattei no ve este tema con seriedad. “No lo perciben como un instrumento prioritario, nos estamos quedando a la saga de la región. Hoy que se habla de cambio climático y de acceso a la información y la justicia, se nota que Guatemala no está interesada en tratar el tema. Recomiendo al canciller, Pedro Brolo que agilice el proceso”, expuso el procurador.
Tres décadas de cabildeos
El Acuerdo de Escazú es una herramienta legal multilateral que se consolidó y adoptó en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, pero que tiene una historia más amplia de esfuerzos desde, al menos, 1992.
Ese año se realizó la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El principio 10 es el que da vida a todos los movimientos posteriores y que desembocan en 2012 con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10
de la Declaración de Río, conformada por países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro.
El Principio 10 establece lo siguiente: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
De esta manera, se llega al Acuerdo de Escazú donde se invoca el acceso a la información como fundamento de los derechos consiguientes. En Guatemala, este punto está avanzado con el artículo 30 constitucional que ordena que los actos de la administración deben ser públicos, aunque su cumplimiento sea señalado de ambiguo.
Además, desde 2008 la Ley de Libre Acceso a la Información Pública establece mecanismos de transparencia gubernamental que permiten obtener información detallada de los procesos, los archivos, la ejecución presupuestaria, las compras, la toma de decisiones y las contrataciones de todas las entidades que reciben fondos públicos.
Por ejemplo, el acuerdo, en el apartado de información pública busca la implementación de herramientas inclusivas. Y la ley en Guatemala obliga a que toda la información de oficio esté en todos los idiomas hablados en el país con formatos de preferencia reutilizables, procesables y amigables para la mejor socialización de los datos.
La abogada ambientalista, Diana Monroy, expuso que “la publicidad de las decisiones públicas permite a la ciudadanía verificar si una decisión en efecto fue tomada con base científica o no, si fue producto de consulta libre, previa e informada o no; hay ejemplos sobre cómo decisiones públicas tomadas en una oficina centralizada pueden transgredir parámetros científicos sobre contaminación, capacidad de carga de la tierra, regeneración de ecosistemas o no se han realizado verdaderos procesos de consulta”.
La ratificación del Acuerdo de Escazú permitiría el intercambio de información y la situación ambiental entre fronteras, añade Monroy. “Estas divisiones que actualmente complejizan la toma de decisiones con base al funcionamiento real de los ecosistemas. La naturaleza existe y se manifiesta fuera de la creación de categorías administrativas”, sentenció.
El horizonte del Acuerdo de Escazú es amplio y robustece la legislación interna, pues determina un sistema de información específico para temas ambientales, afirma la abogada.
El sector privado organizado se opone
Los países firmantes del acuerdo deben adoptar las medidas pertinentes para promover el acceso a la información ambiental incluida la que está en manos de entidades privadas “en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente”.
Al respecto, el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, ve con preocupación que el Acuerdo de Escazú se ha publicitado poco para el análisis de distintos sectores interesados. “El tratado fomenta la participación, pero el gobierno pasado desde el principio no tomó en cuenta al sector privado en el proceso. El país firmó sin haber hecho las consultas”, lamentó Zepeda.
Además, el empresario acotó que el acuerdo refiere que la temática toral es el medio ambiente, pero al revisar el contenido está orientado a temas sociales y de derechos humanos. “No tenemos nada en contra de eso, solamente creemos que los temas sociales y de Derechos Humanos se deben abordar como tal y no como otro tema”, enfatizó.
Zepeda reiteró que el gobierno no ha socializado el acuerdo lo suficiente. “Nos preocupa que esto genere más desempleo e incentivos para que la gente esté migrando. Necesitamos crear condiciones dignas para el desarrollo de la gente”, apuntó.
Incluso, el directivo de la CIG estableció que el Acuerdo de Escazú tiene ambigüedades y discrepancias con legislación interna o tratados ya firmados en temas de transparencia y publicidad como la misma Declaración de Río o el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés), aunque no especificó cuáles son los elementos que riñen con el Acuerdo.
“No tenemos nada en contra de eso, solamente creemos que los temas sociales y de Derechos Humanos se deben abordar como tal y no como otro tema”.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)
Por último, dijo que los empresarios organizados en la patronal han tratado el tema con ambos gobiernos (el de Morales y el de Giammattei), pero sólo de manera superficial para expresar su preocupación.
Lo que Zepeda omitió es que tanto la CIG como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) enviaron su opinión a la Cancillería para plantear su negativa a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Así lo revela la nota remitida a la diputada Villagrán. Ese documento registra que los industriales sólo manifestaron su opinión de no ratificar el tratado. Pero el Cacif sí anotó que la ratificación es inconveniente para el país porque existen “graves incongruencias y violaciones en las que se podría incurrir, respecto de la Constitución Política de la República, los principios de derecho internacional y otros acuerdos en materia de Derechos Humanos”.
Como argumenta Zepeda, otro de los grandes objetivos del Acuerdo es promover la participación de las comunidades o de la población general en todos los procesos que conciernen al medio ambiente.
El tratado fomenta que la ciudadanía sea parte de la toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente.
Por otro lado, promueve que el Estado se compromete a que las autoridades se esfuercen por identificar “al público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, y promoverá acciones específicas para facilitar su participación”.
Otro de los apartados detalla la prioridad de que los defensores del territorio tengan acceso libre, gratuito e inmediato a la justicia. En ese sentido, el acuerdo busca que las personas a quienes les falló el sistema porque no obtuvieron información oportuna, accesible o certera tengan espacios que garanticen sus derechos adquiridos tras este acuerdo.
Este punto también establece que las personas inconformes con los procesos desarrollados para tomar decisiones que afecten la comunidad o el medio ambiente, tengan posibilidades amplias para impugnar y apelar. También compromete a los países a crear mecanismos eficaces de procuración de justicia con acceso a la especialización en temas ambientales para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente.
Además, los Estados deben procurar lineamientos para la reparación de daños como la restitución al Estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.
Bocaletti de Plataforma Internacional indica que “si no se vislumbra el tema de acceso a la justicia y reparación estamos dejando un gran vacío y no vamos a resolver las cuestiones de fondo y estructurales. Los daños han ocurrido y para generar confianza entre los sectores, estos se tienen que remediar”.
Para lograr el cumplimiento de las metas, otro de los objetivos es el fortalecimiento de capacidades para atender las demandas de acceso a la información y acceso a la justicia. La parte signataria debe comprometerse a establecer presupuestos y recursos para las instituciones priorizadas por el acuerdo, capacitar a funcionarios que atiendan las necesidades del público objetivo del tratado como jueces, personal administrativo, empleados de instituciones de Derechos Humanos, entre otros.
Monroy explica que dada la complejidad de la problemática socioambiental de Guatemala debe de reconocerse que se requiere de una diversidad de condiciones para garantizar el acceso a la información pública y la protección efectiva de los derechos de los defensores del medio ambiente.
“Si no se vislumbra el tema de acceso a la justicia y reparación estamos dejando un gran vacío y no vamos a resolver las cuestiones de fondo y estructurales”.
Bocaletti de Plataforma Internacional.
“La importancia jurídica de Escazú radica en la posibilidad de materializar una democracia ambiental en el sentido que pone sobre la mesa la obligatoriedad estatal sobre acceso a la información y la responsabilidad colectiva para promover y fortalecer el derecho a la defensa a un medio ambiente sano a nivel local, nacional y regional”, detalla la abogada.
Para Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), la posibilidad de lograr una implementación eficaz recae en los mismos alcances del Acuerdo de Escazú, pues el documento establece que la CEPAL funcionará como órgano facilitador de los mecanismos que el país deba ejecutar. Además, la activista reiteró que el gobierno no tiene excusa porque existen organizaciones de sociedad civil con las suficientes capacidades para aportar al fortalecimiento de capacidades.
“Solo el hecho de ratificar este acuerdo es un claro mensaje de que la relación entre Estado, empresas y sociedad va a cambiar en el tema que genera el mayor grado de conflictividad social”, indicó Samayoa.
Defender y morir por la tierra
“El Acuerdo de Escazú es una posibilidad de herramienta de participación democrática ambiental al generar condiciones legales y estatales para atender la actual conflictividad socioambiental bajo condiciones de acceso a la información pública y protección de la ciudadanía que ejerce defensa ambiental”, comenta Diana Monroy.
El objetivo del tratado que resulta innovador en materia de acuerdos multilaterales es el que busca que las partes otorguen el correcto reconocimiento de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos en temas ambientales.
El inciso 2 del artículo 9 establece que “cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico”.
“Cuando se habita un territorio que puntea en los primeros lugares del mundo sobre criminalización de defensores del ambiente, es complicado imaginar escenarios con mecanismos que procuren agilizar la cooperación y el intercambio de información entre partes”, reflexiona la abogada.
Y es que Guatemala ha sido un territorio hostil para las defensoras y defensores de Derechos Humanos, pero sobre todo para aquellas personas que defienden sus comunidades de proyectos industriales de gran complejidad y que obtienen resguardo de las fuerzas estatales de seguridad como el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC).
La realidad de Guatemala alarmó a la organización Global Witness que publicó el informe “Defendiendo el mañana” en julio del año pasado con Guatemala en el sexto lugar a escala mundial en homicidios de defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales. En total, Guatemala registró 12 muertes de personas defensoras de la tierra en 2019, según este informe. El país se enlista junto con Colombia, Filipinas, Brasil, México y Honduras como los seis países más violentos del mundo para este sector.
“Durante años, los defensores de la tierra y el medio ambiente han sido la primera línea de defensa contra las causas y los impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a las empresas que operan imprudentemente, arrasando sin obstáculos a través de bosques, cielos, humedales, océanos y puntos críticos de biodiversidad”, refiere el informe.
“Cuando se habita un territorio que puntea en los primeros lugares del mundo sobre criminalización de defensores del ambiente, es complicado imaginar escenarios con mecanismos que procuren agilizar la cooperación y el intercambio de información entre partes”
Diana Monroy abogada de Udefegua.
La Udefegua tiene un registro más actualizado y puntual de la situación en Guatemala. De los 1,055 casos de agresión a defensoras y defensores de Derechos Humanos identificados el año pasado, 244 corresponden a agresiones contra defensores y defensoras del territorio, ambientalistas, campesinos y campesinas y organizaciones de desarrollo que se dedican también a defensa del territorio y recursos naturales.
La directora de Udefegua señala que los niveles de impunidad prevalecen a pesar de que existe una institucionalidad creada y supuestamente fortalecida. Las amenazas, por ejemplo, suelen archivarse.
“La situación es grave. Pasamos de las amenazas a la criminalización. Muchas de las denuncias que recibimos son por acciones judiciales infundadas, en el caso de las y los defensores de la tierra, la mayoría de denunciantes son las empresas que operan en esas regiones. Entonces, nos encontramos no solo con la fuerza del Ministerio Público, sino con la fuerza de querellantes adhesivos que buscan intereses de las propias empresas”, explicó.
La defensora del territorio de Totonicapán, Andrea Ixchiú, percibe el Acuerdo de Escazú como un instrumento legal necesario, pero matizó que existe una asignatura pendiente en el tratamiento de las comunidades y organizaciones indígenas.
Ixchiú está a favor de toda la legislación que endurezca las normas contra las empresas de la industria extractiva, pero es crítica de que el Acuerdo de Escazú no tomó en cuenta que existen otras formas de administrar los territorios, pues muchos de estos son gestionados por organizaciones o pueblos indígenas.
“Más allá del reconocimiento de defensor está el reconocimiento del derecho de las poblaciones indígenas en la administración de sus territorios. Ese es parte de los pendientes porque hemos notado que los Estados criminalizan a autoridades indígenas que hacen uso de su defensa del territorio para evitar el ingreso de proyectos extractivos promovidos por el Estado y es donde la legislación ambiental nos juega en contra”, afirma la activista.
La defensora reclama: “Estamos gobernados por gente cínica y con mirada colonial extractivista que ve en los ríos su tanque de agua para la finca, que ve en un bosque un montón de madera sin talar. No necesariamente están pensando en herramientas legales que garanticen la vida para el futuro. Distintos gobiernos han ratificado convenios en distintas materias, pero no les dan insumos ni dientes para actuar”.
Belice quiere apoyo
El vecino de Guatemala, Belice, también firmó el Acuerdo. . Esta nación signó el tratado multilateral el pasado 24 de septiembre y no ha tenido participación activa en las reuniones con los demás países firmantes del convenio. En las actas no queda registro de alguna intervención.
Agencia Ocote consultó en el Ministerio de Ambiente sobre el proceso que requiere la ratificación del acuerdo en aquel país. En respuesta, Vanessa Figueroa, coordinadora política de la entidad explicó: “el proceso para ratificar requiere de numerosos pasos como la realización de una serie de consultas y sensibilización de las partes interesadas. Después de crear conciencia y desarrollar la capacidad de las partes interesadas, será necesario desarrollar un documento de gabinete para obtener la aprobación de la revisión y redacción legislativa para incorporar el acuerdo de Escazú en nuestra ley nacional”.
La funcionaria aseguró que, hasta el momento, Belice no ha iniciado el proceso de consulta. “Apenas la semana pasada, representantes del gobierno se reunieron con gente de la CELAC de la Secretaría de Escazú para discutir cómo podemos obtener apoyo para el proceso de ratificación”, destacó Figueroa.
En tanto, ya que no fue posible ratificar el acuerdo antes de que entre en vigencia, Belice está interesado en participar como observador de la Conferencia de las Partes.
*Este reportaje hace parte de Tierra de Resistentes, proyecto coordinado por Consejo de Redacción en alianza con la organización colombiana Ambiente & Sociedad y financiado por Rainforest Foundation Norway.
