A una semana de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, su ratificación en Colombia sigue en entredicho. Vanessa Torres, abogada y subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad, ONG que ha jalonado la iniciativa, habla del mensaje que enviaría el Gobierno de no hacerlo, de los obstáculos que han encontrado en el camino y de la inevitabilidad de su implementación en el país.

ME GUSTARÍA TRASLADARLE UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SURGIÓ EN UNO DE LOS TITULARES DE ESTE ESPECIAL PERIODÍSTICO, ¿QUIÉN LE TEME A ESCAZÚ EN COLOMBIA?

La firma del Acuerdo (12 de diciembre de 2019) fue sin duda un momento histórico para nosotros como ambientalistas y activistas, pero teníamos muy claro que empezaba un reto mucho mayor que era la ratificación, porque sabemos que sin esta, el articulado del Acuerdo aún no es vinculante directamente para el país. ¿Quién le teme a Escazú? Desafortunadamente los sectores económicos de interés privado le tienen mucho temor a su implementación. Yo diría, principalmente, porque existe mucha desinformación sobre el mismo.

¿A QUÉ SE REFIERE EXACTAMENTE?

Existe una desinformación grande en torno al contenido del Acuerdo, pero creo que también es una desinformación voluntaria. Hay muchos congresistas y miembros del sector privado que se niegan a conversar sobre su contenido a profundidad. Por ejemplo, decir que Colombia ya cuenta con todos los marcos normativos necesarios para garantizar justicia ambiental y participación ciudadana es bastante grave, teniendo en cuenta la situación tan delicada en la que se encuentra el país. Recordemos que Colombia es el quinto país, a nivel global, con mayor número de conflictos socioambientales y, seguramente, este puesto ya lo superamos, porque estas cifras se actualizan todos los días.

ESTA DESINFORMACIÓN SE MOVIÓ DE MANERA MUY SIMILAR EN TODA AMÉRICA LATINA. ¿QUÉ TAN COORDINADAS CREE QUE FUERON ESAS ACCIONES?

 Cuando se analizan los discursos que salieron, por ejemplo en el congreso de Perú, efectivamente se manejaban los mismos argumentos por parte de quienes se oponían a la ratificación. Diría que sí existe una coordinación en torno a los argumentos en contra del Acuerdo. Desafortunadamente esa misma coordinación no existe para sentarse a hablar con las contrapartes, que es donde yo creo que existe un gran problema.

“¿Quién le teme a Escazú? Desafortunadamente los sectores económicos de interés privado le tienen mucho temor a su implementación. Yo diría, principalmente, porque existe mucha desinformación sobre el mismo.”

Vanesa Torres, abogada y subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad.

Y POR EL OTRO LADO, ¿QUÉ TAN ARTICULADAS ESTÁN LAS ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN EL ACUERDO?

Hay una articulación muy grande y sólida. Nosotros como Ambiente y Sociedad estamos articulados con más de treinta organizaciones en toda América Latina y el caribe que participaron en todo el proceso de negociación. Adicionalmente, hemos conformado la Alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia. Entonces puede que sí, que haya una coordinación de los argumentos en contra, pero afortunadamente, desde el lado de la sociedad civil también hay una coalición muy fuerte que seguramente seguirá fortaleciéndose con la entrada en vigencia.

AMBIENTE Y SOCIEDAD HA ACOMPAÑADO EL PROCESO DESDE EL COMIENZO, ¿QUÉ OTRAS TRABAS HAN IDENTIFICADO EN CONTRA DEL ACUERDO EN TODO ESTE TIEMPO?

Para nosotros es incierto el rol del sector empresarial. Existe una relación cercana entre miembros del congreso y actores privados, quienes desafortunadamente han actuado en bloque en contra de un Acuerdo que busca proteger los derechos humanos; esta es una barrera gigantesca. Y es bastante preocupante, porque los argumentos que se han esgrimido están totalmente desligados del contenido del Acuerdo. Por  ejemplo, en la segunda audiencia pública que se hizo en septiembre del año pasado en el Congreso, se afirmó que iba a regular el tema de las semillas nacionales, algo que claramente no está relacionado con su articulado y objetivos. El Acuerdo de Escazú busca la protección de los derechos humanos y ambientales en un país que actualmente es el más peligroso para defender el ambiente y en donde ya se han cometido, hasta este mes, 32 masacres

SE HA DICHO QUE EL ACUERDO PONE EN ENTREDICHO LA SOBERANÍA DE LOS PAÍSES, ¿QUÉ TAN CIERTO ES ESTO?

Es importante reiterar que estos acuerdos internacionales se construyen en el marco de estándares internacionales sólidos. El Acuerdo se guía por dos principios clave que protegen, respetan y refuerzan de manera explícita la soberanía de los Estados. El primero de ellos es el respeto por la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, esto lo dice textualmente en su artículo tercero. Y, adicionalmente, en su artículo cuarto establece que la incorporación de las obligaciones contenidas en el Acuerdo se realizarán según la legislación de cada uno de los países. No entra a reemplazar la legislación, sí a llenar vacíos cuando no existe regulación sobre alguno de los estándares. Pero jamás entra a desconocer un marco normativo o un precedente jurisprudencial ya existente.

EL GOBIERNO DE COLOMBIA DICE QUE ESTÁ COMPROMETIDO CON ESCAZÚ. ¿ESTÁ DE ACUERDO?

 Creo que el Gobierno Nacional hizo un esfuerzo con la presentación del proyecto de ley con mensaje de urgencia. Sin embargo, para que un proyecto de ley avance en el Congreso necesita un acompañamiento directo por parte del Gobierno, y más cuando es presentado con mensaje de urgencia. Pensamos que el acompañamiento puede ser mucho más efectivo, mucho más directo. No simplemente pensar que con la presentación del proyecto de ley ya se cumple con lo que se le había prometido al país. Colombia necesita la ratificación para que su articulado sea implementado directamente en nuestro marco jurídico.

 ¿QUÉ MENSAJE MANDARÍA EL GOBIERNO DE NO RATIFICAR ESTE ACUERDO?

El Gobierno y el Congreso le están diciendo al mundo que no escuchan a su ciudadanía, porque nosotros solicitamos expresamente la ratificación de este Acuerdo. Estarían diciendo que para ellos no es relevante el asesinato de defensoras y defensores medioambientales. Creo que son dos mensaje bastante graves.  Y por último, estarían diciendo que para ellos, como Congreso y Gobierno, no es relevante la agenda ambiental del país.

¿QUÉ LES HACE PENSAR QUE EL ACUERDO DE ESCAZÚ NO VA A QUEDARSE EN LETRA MUERTA COMO TANTAS LEGISLACIONES AMBIENTALES DE LA REGIÓN?

El tipo de acuerdo del que estamos hablando. A partir del 22 de abril empezó un camino hacia la celebración de la primera Conferencia de las partes, en donde participarán todos los países signatarios, entre ellos Colombia, y también, obviamente, los que ya lo ratificaron y van a implementarlo. Y este espacio, gracias a la participación activa que tuvimos en la etapa de negociación, va a ser uno donde la sociedad civil va a tener un papel protagónico. Esto es muy novedoso, porque permite una participación activa de la sociedad civil en la parte de negociación, de implementación, de revisión del articulado. Es muy importante resaltar el apoyo tan grande que las comunidades afro y los pueblos indígenas le han dado al Acuerdo. Si algo hemos aprendido del contexto que estamos viviendo no solo por la pandemia, sino desde antes, con todas las protestas sociales en América Latina y el Caribe, es que cuando la ciudadanía es activa y participa y aporta técnicamente, las cosas funcionan. Ése es un primer factor a tener en cuenta.

NO ES LO MISMO TENER A JOE BIDEN EN LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS QUE TENER A DONALD TRUMP. ¿ESO INFLUIRÁ EN ALGO EN EL ACUERDO?

Sin lugar a dudas. Todas las agendas en el marco ambiental  están conectadas. El cambio político que se está dando está a favor del Acuerdo de Escazú es algo que hemos discutido. Digamos que no logremos ratificarlo en lo que queda de Gobierno; ¡se puede volver a presentar! O sea, no depende del gobierno de turno, es un proceso que ya está vivo y nos pertenece a todos. Vamos a seguir insistiendo como sociedad civil, no se va a quedar huérfano y en cualquier momento lo tendremos. Una vez empiecen las discusiones en las conferencias de las partes, Colombia va a tener que asistir por ser país signatario. Y la pregunta de todos los  que estemos ahí va a ser: ¿Por qué no ratificaron el Acuerdo? Y van a empezarse a discutirse temáticas fundamentales para la región, como cuál va a  ser el estandar de protección para las y los defensores de América Latina y el Caribe. Colombia no puede quedarse por fuera de esas discusiones, por eso estamos seguros de que este Gobierno o el que siga tendrá que ratificarlo.

“Si algo hemos aprendido del contexto que estamos viviendo no solo por la pandemia, sino desde antes, con todas las protestas sociales en América Latina y el Caribe, es que cuando la ciudadanía es activa y participa y aporta técnicamente, las cosas funcionan”.